El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo. Este es el desenlace después de que el acto de conciliación celebrado este martes en Madrid haya concluido sin acuerdo tras no retractarse la ministra de sus acusaciones contra el cantante. Las palabras textuales que Yolanda Díaz expuso en su día en sus redes sociales fueron: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».Posteriormente, y a petición de los abogados de Julio Iglesias, Yolanda Díaz se negó a retractarse de los comentarios realizados en público a través de sus redes en relación a la denuncia por presuntos abusos sexuales interpuesta contra el cantante. Según la tesis de la vicepresidenta, sus palabras no causaron daño reputacional ni vulneraron la presunción de inocencia de Julio Iglesias.Noticia relacionada general No No Julio Iglesias y el eterno rumor: ¿conocerá al fin la casa que se compró hace un año en Galicia? A.B. BuendíaEl acto de conciliaciónCelebrado el acto de conciliación en los juzgados de Madrid, y sin que este llegara a prosperar, los abogados de Julio Iglesias, residente de Punta Cana, han decidido emprender el siguiente paso previsto en el proceso, que no es otro que presentar la querella directamente ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargo.Los abogados de Julio Iglesias han decidido presentar la querella ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargoFue en febrero, hace tres meses, cuando Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación en la que reclamaba a Yolanda Díaz que reconociera el daño causado por sus acusaciones vertidas en sus redes sociales y que rectificara sus declaraciones, además de solicitar que le abonara una indemnización acorde con la difusión alcanzada por sus comentarios. El abogado del cantante, José Antonio Choclán, subrayó ya en aquel entonces que ese trámite era en realidad solo un requisito previo obligatorio para poder interponer una querella por injurias y calumnias.«Claros prejuicios de culpabilidad»Dentro de la documentación legal que están elaborando los representantes legales de Julio Iglesias se sitúan las declaraciones de Yolanda Díaz efectuadas del 13 de enero en la red social Bluesky y también las que efectuó al día siguiente en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE. José Antonio Choclán advierte que la ministra emitió «claros prejuicios de culpabilidad» contra su representado al referirse a «presuntos abusos sexuales, condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales en su entorno».La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciadosCabe recordar que el comienzo del caso se sitúa cuando dos antiguas empleadas del cantante le denunciaron por presunta trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciados.El archivo de la denunciaLa Fiscalía decretó el archivo tras tomar declaración como testigos protegidos a las dos extrabajadoras del artista. De haber seguido adelante, se habrían examinado presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales atribuidos a Julio Iglesias y a otras dos personas. En sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las BahamasEn sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y añadía que las personas denunciadas «ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias».España no puede aplicar en este caso ningún principio que justifique intervenir por su cuenta, pese a que Julio Iglesias sí tiene la nacionalidad. La Fiscalía procedía así la aplicación del artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que «obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente».El comienzo del casoLa Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el 5 de enero, y días después, el 16, otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes. La organización Women’s Link Worldwide, que colaboraba con las extrabajadoras del cantante, alegó que habían elegido España porque consideraban que era el país donde el proceso podía tener más recorrido.Durante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputaciónDurante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputación. De esta forma, solicitó a través de sus abogados el archivo de las pesquisas y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones de esta contundente manera: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».Las denunciantes, cuyos detalles no han trascendido, se refirieron en su denuncia a supuestos abusos y vejaciones de las que habrían sido víctimas durante su etapa en la que trabajaron en la propiedad del artista, en concreto en el año 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.Las acusacionesEstas dos extrabajadoras aseguraron que antes del contrato fueron sometidas a pruebas relativas a enfermedades de transmisión sexual y que, una vez dentro del personal, estaban a merced «de la jefatura del personal y del propio Iglesias». Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar el VIH.Tras el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía, la defensa de Julio Iglesias solicitó a la misma que le devolviera el documento para emprender acciones contra las denunciantes, una petición que fue rechazada. El asunto todavía no está zanjado y ha quedado pendiente de resolución ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo. Este es el desenlace después de que el acto de conciliación celebrado este martes en Madrid haya concluido sin acuerdo tras no retractarse la ministra de sus acusaciones contra el cantante. Las palabras textuales que Yolanda Díaz expuso en su día en sus redes sociales fueron: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».Posteriormente, y a petición de los abogados de Julio Iglesias, Yolanda Díaz se negó a retractarse de los comentarios realizados en público a través de sus redes en relación a la denuncia por presuntos abusos sexuales interpuesta contra el cantante. Según la tesis de la vicepresidenta, sus palabras no causaron daño reputacional ni vulneraron la presunción de inocencia de Julio Iglesias.Noticia relacionada general No No Julio Iglesias y el eterno rumor: ¿conocerá al fin la casa que se compró hace un año en Galicia? A.B. BuendíaEl acto de conciliaciónCelebrado el acto de conciliación en los juzgados de Madrid, y sin que este llegara a prosperar, los abogados de Julio Iglesias, residente de Punta Cana, han decidido emprender el siguiente paso previsto en el proceso, que no es otro que presentar la querella directamente ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargo.Los abogados de Julio Iglesias han decidido presentar la querella ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargoFue en febrero, hace tres meses, cuando Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación en la que reclamaba a Yolanda Díaz que reconociera el daño causado por sus acusaciones vertidas en sus redes sociales y que rectificara sus declaraciones, además de solicitar que le abonara una indemnización acorde con la difusión alcanzada por sus comentarios. El abogado del cantante, José Antonio Choclán, subrayó ya en aquel entonces que ese trámite era en realidad solo un requisito previo obligatorio para poder interponer una querella por injurias y calumnias.«Claros prejuicios de culpabilidad»Dentro de la documentación legal que están elaborando los representantes legales de Julio Iglesias se sitúan las declaraciones de Yolanda Díaz efectuadas del 13 de enero en la red social Bluesky y también las que efectuó al día siguiente en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE. José Antonio Choclán advierte que la ministra emitió «claros prejuicios de culpabilidad» contra su representado al referirse a «presuntos abusos sexuales, condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales en su entorno».La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciadosCabe recordar que el comienzo del caso se sitúa cuando dos antiguas empleadas del cantante le denunciaron por presunta trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciados.El archivo de la denunciaLa Fiscalía decretó el archivo tras tomar declaración como testigos protegidos a las dos extrabajadoras del artista. De haber seguido adelante, se habrían examinado presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales atribuidos a Julio Iglesias y a otras dos personas. En sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las BahamasEn sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y añadía que las personas denunciadas «ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias».España no puede aplicar en este caso ningún principio que justifique intervenir por su cuenta, pese a que Julio Iglesias sí tiene la nacionalidad. La Fiscalía procedía así la aplicación del artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que «obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente».El comienzo del casoLa Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el 5 de enero, y días después, el 16, otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes. La organización Women’s Link Worldwide, que colaboraba con las extrabajadoras del cantante, alegó que habían elegido España porque consideraban que era el país donde el proceso podía tener más recorrido.Durante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputaciónDurante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputación. De esta forma, solicitó a través de sus abogados el archivo de las pesquisas y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones de esta contundente manera: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».Las denunciantes, cuyos detalles no han trascendido, se refirieron en su denuncia a supuestos abusos y vejaciones de las que habrían sido víctimas durante su etapa en la que trabajaron en la propiedad del artista, en concreto en el año 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.Las acusacionesEstas dos extrabajadoras aseguraron que antes del contrato fueron sometidas a pruebas relativas a enfermedades de transmisión sexual y que, una vez dentro del personal, estaban a merced «de la jefatura del personal y del propio Iglesias». Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar el VIH.Tras el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía, la defensa de Julio Iglesias solicitó a la misma que le devolviera el documento para emprender acciones contra las denunciantes, una petición que fue rechazada. El asunto todavía no está zanjado y ha quedado pendiente de resolución ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
El cantante Julio Iglesias interpondrá una querella por injurias y calumnias contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ante el Tribunal Supremo. Este es el desenlace después de que el acto de conciliación celebrado este martes en Madrid haya concluido sin … acuerdo tras no retractarse la ministra de sus acusaciones contra el cantante.
Las palabras textuales que Yolanda Díaz expuso en su día en sus redes sociales fueron: «Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente».
Posteriormente, y a petición de los abogados de Julio Iglesias, Yolanda Díaz se negó a retractarse de los comentarios realizados en público a través de sus redes en relación a la denuncia por presuntos abusos sexuales interpuesta contra el cantante. Según la tesis de la vicepresidenta, sus palabras no causaron daño reputacional ni vulneraron la presunción de inocencia de Julio Iglesias.
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El acto de conciliación
Celebrado el acto de conciliación en los juzgados de Madrid, y sin que este llegara a prosperar, los abogados de Julio Iglesias, residente de Punta Cana, han decidido emprender el siguiente paso previsto en el proceso, que no es otro que presentar la querella directamente ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargo.
Los abogados de Julio Iglesias han decidido presentar la querella ante el Tribunal Supremo, competente por el aforamiento de la vicepresidenta en virtud de su cargo
Fue en febrero, hace tres meses, cuando Julio Iglesias presentó una demanda de conciliación en la que reclamaba a Yolanda Díaz que reconociera el daño causado por sus acusaciones vertidas en sus redes sociales y que rectificara sus declaraciones, además de solicitar que le abonara una indemnización acorde con la difusión alcanzada por sus comentarios.
El abogado del cantante, José Antonio Choclán, subrayó ya en aquel entonces que ese trámite era en realidad solo un requisito previo obligatorio para poder interponer una querella por injurias y calumnias.
«Claros prejuicios de culpabilidad»
Dentro de la documentación legal que están elaborando los representantes legales de Julio Iglesias se sitúan las declaraciones de Yolanda Díaz efectuadas del 13 de enero en la red social Bluesky y también las que efectuó al día siguiente en el programa ‘La Hora de la 1’ de RTVE. José Antonio Choclán advierte que la ministra emitió «claros prejuicios de culpabilidad» contra su representado al referirse a «presuntos abusos sexuales, condiciones de trabajo equiparables a la esclavitud y vulneraciones sistemáticas de derechos fundamentales en su entorno».
La Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciados
Cabe recordar que el comienzo del caso se sitúa cuando dos antiguas empleadas del cantante le denunciaron por presunta trata de seres humanos con fines de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional decidió archivar en enero la investigación al estimar que la justicia española carecía de competencias para investigar los hechos denunciados.
El archivo de la denuncia
La Fiscalía decretó el archivo tras tomar declaración como testigos protegidos a las dos extrabajadoras del artista. De haber seguido adelante, se habrían examinado presuntos delitos de trata de seres humanos, agresión sexual, vejaciones, malos tratos de obra e incumplimiento de deberes laborales atribuidos a Julio Iglesias y a otras dos personas.
En sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las Bahamas
En sus argumentos, la Fiscalía explicaba que «la totalidad de los hechos presuntamente delictivos habrían ocurrido fuera del territorio español», concretamente en la República Dominicana y las Bahamas, y añadía que las personas denunciadas «ni residen en España ni mantienen en este país su centro de vida, intereses o actividad, con independencia de que Julio Iglesias tenga propiedades inmobiliarias».
España no puede aplicar en este caso ningún principio que justifique intervenir por su cuenta, pese a que Julio Iglesias sí tiene la nacionalidad. La Fiscalía procedía así la aplicación del artículo 23.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que «obliga al juez español a abstenerse cuando otro Estado es el competente».
El comienzo del caso
La Fiscalía acordó abrir diligencias de investigación preprocesales, con carácter secreto, tras recibir la denuncia el 5 de enero, y días después, el 16, otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes. La organización Women’s Link Worldwide, que colaboraba con las extrabajadoras del cantante, alegó que habían elegido España porque consideraban que era el país donde el proceso podía tener más recorrido.
Durante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputación
Durante todo el proceso, Julio Iglesias lo negó todo y ya avisó desde el principio que adoptaría medidas legales para defenderse de cualquier declaración pública en su contra y que entendiera que dañaba su reputación. De esta forma, solicitó a través de sus abogados el archivo de las pesquisas y en sus redes sociales negó de forma tajante las acusaciones de esta contundente manera: «Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer».
Las denunciantes, cuyos detalles no han trascendido, se refirieron en su denuncia a supuestos abusos y vejaciones de las que habrían sido víctimas durante su etapa en la que trabajaron en la propiedad del artista, en concreto en el año 2021, cuando Julio Iglesias tenía 77 años.
Las acusaciones
Estas dos extrabajadoras aseguraron que antes del contrato fueron sometidas a pruebas relativas a enfermedades de transmisión sexual y que, una vez dentro del personal, estaban a merced «de la jefatura del personal y del propio Iglesias». Una de las empleadas, que ubicaron aquellos hechos en las casas de Julio Iglesias en República Dominicana y Bahamas, aseguró que estaban obligadas a realizarse pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar el VIH.
Tras el archivo de la denuncia por parte de la Fiscalía, la defensa de Julio Iglesias solicitó a la misma que le devolviera el documento para emprender acciones contra las denunciantes, una petición que fue rechazada. El asunto todavía no está zanjado y ha quedado pendiente de resolución ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
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