El Gobierno liberal polaco le arrebató el viernes por sorpresa el control del Tribunal Constitucional a la oposición ultraconservadora, que lo retenía desde 2023 y se niega a soltarlo. Ambos bandos han desplegado maniobras dudosas desde el punto de vista legal, salpicadas con imágenes impropias, como los forcejeos del presidente del país, Karol Nawrocki, con jueces del alto tribunal en la madrugada del sábado. En esta nueva batalla política que se añade a una larga guerra, el principal damnificado vuelve a ser la institución que debería velar por el orden constitucional.
El forcejeo del presidente polaco para entrar en la sede de la institución en la madrugada del sábado exalta a sus seguidores y detractores con posturas irreconciliables
El Gobierno liberal polaco le arrebató el viernes por sorpresa el control del Tribunal Constitucional a la oposición ultraconservadora, que lo retenía desde 2023 y se niega a soltarlo. Ambos bandos han desplegado maniobras dudosas desde el punto de vista legal, salpicadas con imágenes impropias, como los forcejeos del presidente del país, Karol Nawrocki, con jueces del alto tribunal en la madrugada del sábado. En esta nueva batalla política que se añade a una larga guerra, el principal damnificado vuelve a ser la institución que debería velar por el orden constitucional.
El primer ministro polaco, Donald Tusk, consideró “escandalosas” las escenas registradas ante la sede del tribunal, donde la policía detuvo a tres personas el viernes. También las de dentro: “Un político no puede entrar en el terreno de los tribunales, dar órdenes ni intimidar. Incluso si es presidente”, afirmó en un mensaje televisado dirigido a la nación el sábado por la noche.
“El ataque contra el Tribunal Constitucional y sus jueces es una nueva etapa en el proceso de destrucción del Estado de derecho en Polonia por parte de PiS y de los presidentes Duda y Nawrocki”, denunció el primer ministro. El jefe del Gobierno defendió que “en ciertos asuntos no puede haber compromiso” y prometió garantizar la seguridad y las condiciones para que el tribunal comience a funcionar “de manera independiente, autónoma y de acuerdo con la Constitución”.
El tribunal lleva semanas flanqueado por varias tiendas de campaña y carpas de la esfera nacionalista, donde se mezclan símbolos patrióticos e imágenes religiosas. En la pequeña acampada conviven medios de comunicación afines y el famoso sindicato Solidaridad, cuya cúpula se ha alineado al partido Ley y Justicia (PiS), de Jaroslaw Kaczynski. Julian Grochowski, un albañil jubilado de 68 años, cuenta que los acampados, entre los que se encuentra, son entre tres y cuatro decenas de personas que hacen turnos. “Tenemos que defender el tribunal porque es el penúltimo bastión de la independencia y la soberanía de Polonia”, proclama tras una noche en vela.
Zbigniew Iwanczuk, un técnico informático de Breslavia de 57 años, se les unió por unas horas este sábado después de coger un autobús a las 1.30 y recorrer unos 350 kilómetros. “Durante la época comunista la policía me detuvo justo aquí. Nunca pensé que el Gobierno polaco podría actuar contra la nación”, dice.
Ante el tribunal han desfilado en los últimos dos días los principales dirigentes de PiS y la extrema derecha, que consideran que la toma de control del tribunal y el despliegue policial equivale a un golpe de Estado. El veterano Kaczynski ha llamado a sus seguidores a unirse a la protesta, pero la asistencia durante el día ha sido moderada: la media de edad es alta, y la lluvia, constante. Es el fin de semana de Todos los Santos, además, y en el país hay una gran tradición por acudir a los cementerios. Por la noche, los manifestantes y el número de policías antidisturbios se han multiplicado en unos centenares.
El presidente Nawrocki ha mantenido consultas con los líderes de las fuerzas parlamentarias, excepto Plataforma Cívica del primer ministro y la izquierda de Nowa Lewica. Nawrocki se encontraba volando hacia Senegal el viernes cuando supo que la jueza del Constitucional, Anna Korwin-Piotrowska, había suspendido durante un mes al presidente del tribunal, Bogdan Swieczkowski, y al vicepresidente, Bartlomiej Sochanski.
La disputa actual se desencadenó con la selección de los últimos 8 de los 15 jueces que tiene el tribunal este año. Los eligió la mayoría que lidera Tusk en el Sejm, la Cámara baja del Parlamento. Nawrocki tomó juramento solo a tres de ellos, pero se negó a hacer lo mismo con los otros cinco. Un buen número de juristas sostienen que ese rechazo es ilegal y está fuera de sus competencias. Dariuzs Mazur, viceministro de Justicia, explica a este periódico que la Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, confirmó recientemente que el presidente está obligado a juramentar a los jueces. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó además a todas las instituciones polacas, en unas medidas cautelares, que les dejaran ejercer.
“Pese a esas resoluciones, el presidente del Constitucional no aplicó las cautelares”, continúa Mazur al teléfono desde Cracovia. A partir de ahí, el fiscal general del Estado, Waldemar Zurek —que es a la vez el ministro de Justicia—, decidió abrir una investigación penal contra Swieczkowski y su vicepresidente. También por una presunta manipulación de la composición de las salas. Mazur añade que el Constitucional no ha presentado su presupuesto.
Zurek pidió el viernes que se levante la inmunidad de Swieczkowski y su número dos. La decisión le corresponde a la Asamblea General del Constitucional, que la jueza Korwin-Piotrowska ha convocado para el 3 de noviembre.
Que Korwin-Piotrowska haya asumido temporalmente la presidencia y haya decidido suspender por un mes a Swieczkowski y Sochanski divide a los juristas polacos. Para el exjuez del Constitucional Miroslaw Wyrzykowski la decisión es correcta. El también profesor retirado de la Universidad de Varsovia recuerda el principio iudex in causa sua, que establece que“no tienen derecho de decidir sobre sí mismos”.
Jakub Jaraczewski, coordinador de investigación de Democracy Reporting International y experto en Estado de derecho, admite que el Gobierno debía actuar. “Ha sido una demostración de fuerza revestida de una débil justificación legal [la argumentación de Korwin-Piotrowska]. La justificación política, en cambio, sí existe: liberar al tribunal, hacerlo independiente y revertir los daños causados en los últimos años”. Este es el tribunal que no solo ha atacado e impedido la acción de este Gobierno, sino que desató protestas masivas con decisiones como la ilegalización del aborto en 2020 o la declaración de la supremacía del derecho nacional sobre el europeo en 2021.
El desencuentro entre ambos bandos es profundo y a un año de las elecciones, es lógico pensar que tanto PiS como Tusk, expertos en polarizar, esperan sacar rédito político de la crisis. Pero el origen del embrollo viene de 2015, cuando antes de perder las elecciones, Plataforma Cívica, el partido de Tusk, eligió cinco jueces, pero para dos de ellos no había aún ninguna vacante que cubrir. El Parlamento dominado por PiS volvió a elegir cinco, en lugar de solo los dos elegidos antes de tiempo. El entonces presidente, Andrzej Duda, prestó juramento a esos tres jueces extra, que son conocidos como “jueces dobles”.
El problema es político y la solución debe serlo también, sostiene Jaraczewski, que pertenece a la corriente que aboga por buscar una solución de consenso. En concreto, él propone acordar fórmulas de reparto de poder, como que el presidente designe a ciertos magistrados y el Parlamento otros, para que “la influencia sobre el tribunal se distribuya equitativamente entre las distintas fuerzas políticas e instituciones”.
Mazur no ve posible llegar a ningún acuerdo con PiS. El exjuez Wyrzykowski, tampoco. Ambos recuerdan que este Gobierno ya intentó sacar adelante sin éxito una ley que proponía, entre otras cosas, una mayoría parlamentaria de dos tercios para elegir a los jueces.
Las posiciones son antagónicas: “No estoy solo triste: como ciudadano, como jurista, como exjuez y como profesor universitario, me siento indignado, porque esto constituye un ataque contra los cimientos mismos de la República. Y ese ataque ha sido llevado a cabo por una autoridad constitucional, el presidente de Polonia”. Frente al tribunal, manifestantes como Renata, de 57 años, están también enfurecidos, pero por lo contrario. La administrativa, que desconfía de los medios y no quiere dar su apellido, carga contra el Gobierno y la jueza Korwin-Piotrowska por tomar el poder, movilizar a la policía e intentar impedir la entrada de Nawrocki al edificio. “¿Cómo pueden tratar así al jefe de Estado?”, clama.
Para Jaraczewski, la situación “es un desastre, y resulta trágico que Polonia no disponga de un tribunal plenamente operativo capaz de revisar la constitucionalidad de las leyes”. Más aún, que ese mismo tribunal esté contribuyendo a agravar el problema. “Pero la solución debe ser distinta de lo que vimos ayer”, insiste.
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