La defensa del activista propalestino James Fergie Chambers, detenido en Ibiza el pasado julio y cuya extradición solicita Estados Unidos, denuncia que las autoridades de ese país alteraron “de mala fe” las traducciones que aportaron a la justicia española con el fin de “elevar la gravedad de los hechos atribuidos” a su cliente.
La vista para que la Audiencia Nacional decida sobre la petición de la Administración de Trump será el próximo 13 de noviembre
La defensa del activista propalestino James Fergie Chambers, detenido en Ibiza el pasado julio y cuya extradición solicita Estados Unidos, denuncia que las autoridades de ese país alteraron “de mala fe” las traducciones que aportaron a la justicia española con el fin de “elevar la gravedad de los hechos atribuidos” a su cliente.
El equipo de abogados, encabezado por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha remitido al tribunal un escrito con “las discordancias detectadas” en la documentación enviada por Estados Unidos, como cambiar la expresión “acción directa” por “violencia directa”; incorporar a los hechos relacionados con las protestas contra la empresa israelí Elbit Sistems “tres incendios” que no aparecían en el original o la activación de botes de humo por “detonación”. Esas alteraciones, añaden, han llevado a las autoridades españolas a vincular a Chambers con “la promoción de actividades terroristas”, algo, subrayan, que “no está en los cargos, pero que Estados Unidos intenta armar en relación con este caso”. Sostienen que esas alteraciones en la traducción de la documentación enviada a España son relevantes en cuanto que incluyen “presupuestos de violencia, peligrosidad, finalidad y autoría”, y consideran que hay “motivos para sospechar que pueden responder a un ejercicio de mala fe de Estados Unidos dirigido a inducir a error a las autoridades españolas” a la hora de calificar los hechos y decidir sobre la extradición.
En la documentación enviada sobre declaraciones de terceros incluidas en un chat en el que Chambers no estaba, la expresión “global terrorism game” (el juego del terrorismo global») se traduce como “actividades de terrorismo global”. En total, los abogados han detectado “12 alteraciones sustanciales” de la traducción que, además de elevar la gravedad de los hechos denunciados, “podrían incidir en la calificación de los delitos en España, lo cual abriría la puerta a la extradición”.
El activismo de Chambers, millonario estadounidense de 41 años, le ha llevado a apoyar de diversas formas al grupo Palestine Action, nacido en Inglaterra en 2020 con el objetivo de realizar “acciones disruptivas” y cuyo principal objetivo son las instalaciones de Elbit Systems, una empresa de tecnología militar cuyo principal cliente es el ejército israelí. En una entrevista difundida en 2025, Chambers reconoció haber participado en una de esas acciones —“me encadené a la puerta”—. El pasado junio, cuatro miembros de esta organización fueron condenados en Reino Unido a penas de entre cuatro y casi ocho años de cárcel por destruir varios drones en su asalto a la empresa israelí.
Amnistía Internacional criticó en un comunicado que la justicia británica introdujera una “conexión terrorista” en el juicio a las activistas: “Las han condenado como terroristas porque quieren sentar un precedente. Los delitos de daños nunca habían sido tratados antes como terrorismo”. Otra de las acciones de este grupo contra la empresa israelí tuvo lugar en Merrimack (Nuevo Hampshire) en noviembre de 2023. Mientras varios manifestantes sostenían una pancarta en el exterior, otros pintaron con aerosol el edificio y subieron al tejado con bombas de humo. Chambers fue entrevistado en el lugar por una cadena de noticias local. Cuatro mujeres fueron arrestadas. La condena fue finalmente de 60 días de cárcel y una orden de alejamiento de la empresa.
La vista para que la Audiencia Nacional decida si envía o no al acusado a EEUU será el próximo 13 de noviembre, aunque será el Gobierno quien tenga la última palabra. Chambers heredó una fortuna de una de las familias más ricas de Estados Unidos, los propietarios del grupo Cox (centrado en las telecomunicaciones), que factura 20.000 millones de dólares al año. Se ha definido a sí mismo como marxista-leninista y revolucionario. La orden de detención internacional de Interpol le acusaba de tres delitos: lavado de dinero, disturbios y conspiración para disturbios [que no existe como tal en el ordenamiento español], castigados en Estados Unidos con hasta 30 años de cárcel en total. En el momento de la detención, el pasado julio, se encontraba en Ibiza con su mujer, la actriz y productora Stella Schnabel, buscando un colegio para su hijo, ya que pretendían instalarse en la isla.
Chambers ha pedido no ser entregado a las autoridades estadounidenses, ya que considera que todo el caso es una “persecución política” por su apoyo a Palestina y sus críticas a Israel. EL PAÍS le preguntó el pasado agosto, a través de su esposa, a qué grupos había apoyado en Palestina. Desde prisión, el activista envió la siguiente respuesta: “No soy palestino y no tengo control sobre a quiénes votan. Soy un defensor de los derechos humanos y por eso siempre ofreceré mi apoyo moral a las personas que luchan por sus vidas, por las vidas de sus hijos y por la libertad. Ya sea el CNA en Sudáfrica [el histórico partido de Nelson Mandela]; el FNL en Argelia [el partido que lideró la independencia del país], las fuerzas europeas unidas contra Hitler en la década de 1940 o cualquier lucha anticolonial. Siempre apoyaré a esas personas y sus derechos”.
Varios medios internacionales recogen antiguas declaraciones de Chambers defendiendo a Hamás tras los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel en los que murieron 1.200 personas, en concreto, un tuit que dice que “Ninguna facción de la resistencia palestina, Hamás u otras, ha hecho nada malo”. La esposa del acusado, Stella Schnabel, cerró al público las cuentas en redes sociales de su esposo y asegura que no recuerda ese mensaje, pero insiste en que el dinero no ha ido a parar a grupos terroristas.
Donald Trump ha sancionado a ocho jueces y tres fiscales del Tribunal Penal Internacional por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Estados Unidos e Israel. Una de las sancionadas, la jueza de apelaciones ugandesa Solomy Balungi Bossa, declaró en una entrevista reciente a EL PAÍS: “Para Trump somos como los terroristas o narcotraficantes”. Las sanciones, añadió, “son un intento de coacción” para entorpecer la investigación de crímenes de guerra o contra la humanidad. El despacho de Baltasar Garzón encuadra la orden de detención de Chambers en ese contexto y recuerda que Washington también ha sancionado a la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese. El Departamento de Estado de EE UU la acusa de “antisemitismo” y de apoyar “al terrorismo”.
