La mayor parte de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana que operaron durante la dana de 2024 se retiraron en el peor momento de esta desgracia que dejó 230 muertos en Valencia. Así concluye un informe de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) incorporado a la causa que instruye la jueza de Catarroja (Valencia) que indaga la riada, Nuria Ruiz Tobarra, y al que ha tenido acceso EL PAÍS.
Sólo dos de las 25 brigadas trabajaron hasta la madrugada de la jornada de la desgracia, según un informe incorporado a la investigación judicial
LA INVESTIGACIÓN DE LA DANA
Los más de 50 tomos de sumario incluyen declaraciones del equipo que acompañó al ‘expresident’ durante la riada que dejó 230 muertos en 2024

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana -la catástrofe que dejó 230 muertos el 29 de octubre de 2024 en Valencia- ha solicitado a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posibilidad de excluir de la causa que indaga la riada y que acumula más de 50 tomos de sumario las diligencias que afectan al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, según una providencia notificada este martes a las partes.
La magistrada Nuria Ruiz Tobarra pide al Ministerio Público un informe sobre la posiblidad de mantener, revocar o excluir la parte de la investigación que salpica al exjefe del Consell, que el día de la dana pasó casi cuatro horas en un céntrico restaurante de Valencia mientras se inundaba la provincia. Al ser aforado por su condición de diputado autonómico, Mazón sólo puede ser investigado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que ya descartó esta posibilidad e imputarle un delito de comisión por omisión, tal y como solicitaba la instructora de Catarroja.
Las diligencias acumulan pesquisas que salpican al expresident y que se incorporaron al sumario tras un auto de la Audiencia Provincial de Valencia del pasado octubre que permitió citar como testigos a la periodista que comió con el president durante la fatídica jornada, Maribel Vilaplana, a los escoltas y al chófer que acompañaron al popular durante la desgracia. También, avaló las comparecencias de seis altos cargos de Mazón, entre los que figuraban su mano derecha, el exjefe de gabinete José Manuel Cuenca, que defendió en el juzgado que no intervino en la gestión de la desgracia. Una tesis que fue desmontada por la principal investigada en las pesquisas, Salomé Pradas, que aportó un acta notarial al juzgado con unos wasaps que revelaban que Cuenca le instó a no confinar a la población tras el desbordamiento del barranco del Poyo, la rambla que desató la desgracia al sepultar municipios como Catarroja o Paiporta.
La petición de Ruiz Tobarra a la Fiscalía se produce después de que el Ministerio Público respaldara que Mazón se persone en la causa judicial tras pedir que se estimara el recurso de apelación del dirigente contra la decisión de la instructora, que en marzó denegó al popular acceder a la investigación.
Al acceder a las pesquisas, Mazón podría manejar los más de 50 tomos de sumario, donde se recogen más de 500 declaraciones de víctimas, familiares y altos cargos de la Generalitat y del Gobierno -Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- que han desfilado por el juzgado de Catarroja que instruye las pesquisas durante 17 meses.
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