La actual legislatura empezó en 2023 gracias a la ley de amnistía y afronta la recta final después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Aún quedan flecos por resolver, principalmente en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, pero parece inevitable que la aplicación de la medida de gracia sea total en los próximos meses, incluido el caso de Carles Puigdemont. Cuando eso ocurra se cerrará, al menos en el plano judicial, uno de los episodios más dramáticos de la etapa democrática.
La política y la justicia han ofrecido una imagen poco edificante en la respuesta al golpe a la democracia que supuso el ‘procés’
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos
La política y la justicia han ofrecido una imagen poco edificante en la respuesta al golpe a la democracia que supuso el ‘procés’
La actual legislatura empezó en 2023 gracias a la ley de amnistía y afronta la recta final después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la compatibilidad de la norma con el derecho comunitario. Aún quedan flecos por resolver, principalmente en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, pero parece inevitable que la aplicación de la medida de gracia sea total en los próximos meses, incluido el caso de Carles Puigdemont. Cuando eso ocurra se cerrará, al menos en el plano judicial, uno de los episodios más dramáticos de la etapa democrática.
Durante estos años, España ha asistido a un enfrentamiento inédito entre poderes del Estado, con secuelas que explican, en parte, el ambiente de polarización extremo. El choque entre el Ejecutivo y una parte de la judicatura ha sido y es indisimulado, y el daño a las instituciones, cuya fortaleza reside en el respeto, mutuo es evidente. Con el paso del tiempo, cuando desaparezcan las urgencias partidistas y los historiadores analicen este periodo, probablemente concluirán que ni la política ni la justicia estuvieron a la altura de la responsabilidad exigida.
La política falló primero. El PSOE aceptó tramitar la ley de amnistía porque necesitó los siete votos de Junts para la investidura de Pedro Sánchez, no por la firme convicción de que la medida gracia era necesaria para pacificar Cataluña y buscar una salida al conflicto. Los socialistas hicieron piruetas dialécticas para defender lo que poco antes consideraban una medida que no encajaba en la Constitución. La amnistía era defendible, y es indiscutible que el paso del tiempo ha demostrado su utilidad, pero habría ganado legitimidad si el PSOE la hubiera llevado en su programa electoral y sometido al juicio de las urnas. Como consecuencia de esta improvisación, la legislatura ha proyectado una imagen de cambalache permanente, con un Gobierno sometido a los vaivenes de Junts, una formación tan decisiva como imprevisible.
Tampoco puede eludir su responsabilidad el PP, bajo cuyo mandato se produjo el golpe secesionista de 2017. Desbordado políticamente, el Gobierno de Mariano Rajoy dejó en manos de los jueces la respuesta a un conflicto que jamás debió salir de la esfera política. Y convertir un problema esencialmente político en uno casi judicial fue un error que todavía perdura. Ya en la oposición, el PP optó por hacer de la amnistía un instrumento de desgaste de un Gobierno en precario, sin presentar alternativa alguna al desafío territorial. Recientemente Feijóo ha planteado pasar página a este episodio, pero su gesto de moderación ha encontrado la resistencia de quienes en su partido creen anatema acercarse a los nacionalistas.
La actuación de una parte de la judicatura tampoco saldrá indemne del veredicto de la Historia. Numerosos jueces consideran la amnistía una claudicación del Estado y una invasión del poder legislativo sobre el judicial. Desde esa convicción, el Tribunal Supremo llevó al límite la interpretación de la ley para restringir su aplicación, en un ejercicio sin precedentes de objeción de conciencia. La innovación que hizo sobre el delito de malversación ignoró a todas luces la nítida voluntad del Legislativo. La independencia judicial protege a los jueces de las presiones, pero no les da carta blanca para corregir las decisiones del Parlamento.
Esa resistencia alcanzó su expresión más controvertida cuando el juez Manuel García-Castellón intentó vincular a Puigdemont con un delito de terrorismo. En un país que conoce perfectamente lo que significó el terror de ETA, esta iniciativa sirvió de combustible para alimentar la teoría de la guerra judicial.
La amnistía, inexorablemente, se aplicará y se pondrá punto final a un periodo que tuvo su origen en la irresponsabilidad de la élite política catalana, que condujo a buena parte de la sociedad al falso convencimiento de que la independencia era posible. En el trayecto, han quedado retratados unos políticos oportunistas que se han deslizado por el peligroso sendero del fin justifica los medios y unos jueces que optaron por el activismo en lugar de hacer una aplicación recta de la ley.
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