La ley de amnistía afronta la semana que viene un examen decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el jueves, 16 de julio, su primera sentencia sobre la norma impulsada por el Gobierno y sus socios independentistas para dar carpetazo a todas las causas judiciales vinculadas al procés con el objetivo de favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”. La amnistía —acordada como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez— entró en vigor en junio de 2024 y, dos años después, ha beneficiado a más de 300 personas entre políticos, ciudadanos y agentes de policía investigados o condenados por hechos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. Pero la ley no se ha aplicado a algunos de sus destinatarios principales, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica, y sobre quien el Tribunal Supremo mantiene activa una orden de detención tras concluir que el delito de malversación por el que se le procesó no es amnistiable.
El TJUE resolverá el jueves si la ley española choca con el derecho comunitario, uno de los argumentos del Supremo para no aplicar la medida de gracia a los líderes independentistas
La ley de amnistía afronta la semana que viene un examen decisivo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dará a conocer el jueves, 16 de julio, su primera sentencia sobre la norma impulsada por el Gobierno y sus socios independentistas para dar carpetazo a todas las causas judiciales vinculadas al procés con el objetivo de favorecer “la normalización institucional, política y social en Cataluña”. La amnistía —acordada como condición de ERC y Junts para investir a Pedro Sánchez— entró en vigor en junio de 2024 y, dos años después, ha beneficiado a más de 300 personas entre políticos, ciudadanos y agentes de policía investigados o condenados por hechos relacionados con el proceso independentista catalán entre 2011 y 2023. Pero la ley no se ha aplicado a algunos de sus destinatarios principales, incluido el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la justicia española a Bélgica, y sobre quien el Tribunal Supremo mantiene activa una orden de detención tras concluir que el delito de malversación por el que se le procesó no es amnistiable.
