Cuando la magistrada Raquel Rodríguez llegó a su nuevo destino el 9 de febrero, encontró una sala prácticamente vacía. Le esperaba una funcionaria sentada frente a una hilera de cuatro mesas. Ella no tenía ni ordenador en su despacho. Así nació el nuevo juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia en Madrid. Un tribunal de nueva creación que echó a andar ya con atasco de procedimientos. Hasta el 16 de julio ha recibido exactamente 3.751 causas. Rodríguez regresa cada tarde a su casa con una maleta llena de papeles. “No te atreves a aparcar o retrasar cosas”, reconoce la jueza. Sabe que aplazar una decisión puede tener consecuencias fatales en la vida de un menor.
EL PAÍS pasa una jornada en un órgano recién creado para gestionar la violencia contra menores, que nació con atasco y sin personal
Cuando la magistrada Raquel Rodríguez llegó a su nuevo destino el 9 de febrero, encontró una sala prácticamente vacía. Le esperaba una funcionaria sentada frente a una hilera de cuatro mesas. Ella no tenía ni ordenador en su despacho. Así nació el nuevo juzgado de violencia sobre la infancia y la adolescencia en Madrid. Un tribunal de nueva creación que echó a andar ya con atasco de procedimientos. Hasta el 16 de julio ha recibido exactamente 3.751 causas. Rodríguez regresa cada tarde a su casa con una maleta llena de papeles. “No te atreves a aparcar o retrasar cosas”, reconoce la jueza. Sabe que aplazar una decisión puede tener consecuencias fatales en la vida de un menor.
Este juzgado se creó el 1 de enero como parte de la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que contempla la creación de estas secciones especializadas, al igual que hace dos décadas nacieron los juzgados específicos para violencia de género. Por ahora existe en Barcelona, Málaga y Madrid, además del pionero que funciona desde hace un lustro en Las Palmas. Rodríguez solicitó la plaza en cuanto se creó, ilusionada por poner en marcha un nuevo proyecto. “Cuando tomas una decisión y ves que tiene una influencia directa en la vida de alguien, es un subidón”, asegura.
EL PAÍS pasa un día acompañando a la magistrada para entender cómo gestionar semejante volumen de causas. Por comparar, los de violencia de género llevan tramitados algo más de 1.300, y los de instrucción, 2.100. De las más de 3.700 que han entrado en su juzgado, el equipo de infancia ha tramitado más de 2.000. Algunos se archivan en el mismo día y otros se derivan a la intervención social. “Aun así, la entrada de temas sigue siendo brutal”, indica la jueza. Ya está empezando a fechar declaraciones en enero del año que viene. Rodríguez señala que el sistema de alerta en los colegios, vecindarios y entornos familiares está muy engrasado en lo que se refiere a las denuncias por agresiones a menores, pero cuando estas llegan al sistema judicial, se encuentran con un órgano sobrepasado.
Cuando la magistrada regresa a su despacho a las diez, ha celebrado ya el primer juicio rápido del día. Sobre la mesa, esperan cuatro montones de carpetas de asuntos que tienen que quedar resueltos antes de que acabe la jornada, es lo que se llama “la minuta”. Ella llega a la oficina a las ocho y media y se va pasadas las cuatro. Lo que no le dé tiempo, se lo lleva a casa en una maleta y varias bolsas superpuestas. Su salón almacena varias torres de carpetas cada fin de semana.
Entra en su despacho una funcionaria que le pide revisar un expediente de forma urgente.
La magistrada echa un vistazo y da instrucciones inmediatas.
Después, revisa la chuleta que escribe cada día en una cuartilla de papel. Este jueves, con un pilot morado. Dos declaraciones en cámara Gesell, dos detenidos, tres declaraciones de testigos, una indagatoria, una vista por una solicitud de medidas de protección de un padre respecto del hijo.
Hay que ir deprisa, una niña de 13 años espera para declarar en la cámara Gesell por maltrato familiar. Por ley, a los menores no se les puede tomar declaración como a un adulto. Hay que hacerlo en una sala especial, en la que la víctima está sola con una psicóloga, mientras que desde fuera observan jueza, fiscal y abogados.
A las 10.38 comienza la declaración de la pequeña. En esta ocasión va rápido y, 20 minutos después, pueden oír como testigo a la madre. Cerrada esa carpeta, se abre la siguiente. A las 11.07, la magistrada tiene frente a ella a una madre que reclama medidas de protección para su hijo con respecto al padre. Hasta las 12.26 escucha a la denunciante, al progenitor y a las abogadas. “Se resolverá a lo largo de la mañana, puede usted salir”, concluye la vista. En realidad, lo resolverá por la tarde. Porque solo cuando haya tachado todas las tareas de esa cuartilla que lleva encima, será el momento de sentarse en su escritorio a redactar autos.
Este juzgado, que no tiene siquiera una placa identificativa en su puerta, cuenta con una magistrada, cuatro fiscales y una decena de funcionarios. Para los que trabajan en él, la dotación de recursos y personal es insuficiente considerando el volumen de procedimientos. “¿Quién iba a pensar que un juzgado que empieza de cero lo haría tan mal, con atasco?”, señala Beatriz Sánchez, la fiscal del área. Hasta hace una semana, por ejemplo, no pudieron celebrar juicios rápidos.
La sección de infancia y adolescencia no cuenta con su propio médico forense, algo que existe en todos los juzgados y que sirve como apoyo al juez a la hora de analizar lesiones, secuelas o patologías. Tampoco tiene un letrado de la Administración de Justicia, la figura que organiza el día a día de la oficina judicial. Rodríguez señala que el trabajo sale por la implicación de todos los trabajadores, pero que no pueden seguir mucho más con jornadas muy por encima de su horario.
La dotación de recursos materiales depende de la Comunidad de Madrid, mientras que la creación de plazas de jueces y la designación de un letrado de la Administración de Justicia, lo hace el Gobierno de España. La Consejería de Justicia acaba de aprobar la incorporación de 20 funcionarios, que en principio empezarán a trabajar en septiembre. El Ministerio aprobó en julio la creación de una segunda plaza de judicatura para esta plaza, pero ha rechazado el refuerzo para el mes de agosto. Este es un capítulo más del enfrentamiento entre administraciones, que se acusan mutuamente de falta de planificación.
El ritmo en esta sección es frenético, pero esto no se puede trasladar a la toma de decisiones. La magistrada debe decidir sobre lo más profundo de la vida de los ciudadanos. En este caso, sobre si aparta a un niño de su padre. Si se equivoca, puede crear un problema aún mayor del que ya existe. ¿Y si las sospechas de la madre son ciertas y ella permite que el pequeño siga viendo a un maltratador? ¿Y si son infundadas y rompe el vínculo de un progenitor con su hijo? Esta es solo una de las resoluciones que debe adoptar cada jornada laboral.
La magistrada se mueve con soltura por el “laberinto del pladur”, la solución arquitectónica a las adaptaciones que ha sufrido el edificio. Para la segunda toma de declaración en la Gesell, toca esperar. No ha venido el abogado de la defensa. “Como todo es nuevo, los letrados no saben que tienen que estar presentes, cada día tenemos que llamar y esperar a que vengan”, señala Rodríguez.
No hay tiempo que perder. Mientras aguardan al letrado, la magistrada recibe a un hombre contra el que hay una investigación, que se niega a declarar. A continuación, escucha a una niña que ha denunciado a su tío. “¿Estás mejor que hace unos meses?”, le pregunta la magistrada antes de despedirse.
Ya son las 12.57, se abre otro asunto: la sustracción de unos menores por parte de una madre. Los abogados le comunican que han llegado a un acuerdo porque la mujer apareció ayer con los niños. A las 13.09 oye declarar a un testigo que presenció una agresión a un menor. A las 13.23 escucha a otra mujer que vio a unas niñas increpar a un hombre que las había tocado en el metro. Cuando acaba, una funcionaria entra en la sala para anunciar que la sala Gesell está preparada y que el adolescente está muy nervioso.
Carmen de la Sierra y Dolores García son, respectivamente, la psicóloga y la trabajadora social del juzgado. “Los temas que abordamos son muy delicados y necesitamos muchas fuentes para elaborar un informe. No basta con lo que diga el centro de salud, por ejemplo, tenemos que consultar también al colegio, al terapeuta si es que va, a la familia…”, indica De la Sierra. “Solo en una entrevista con un progenitor, podemos invertir tres horas”, secunda García. Muchas veces, las decisiones en este juzgado van más allá del culpable o inocente, y suponen la entrada de un menor en el sistema y seguimiento a través de agentes tutores de la Policía Municipal.
Finaliza el trabajo de Raquel Rodríguez de cara al exterior con la declaración de una última testigo y la puesta a disposición judicial de los dos detenidos del día: un hombre acusado de pegar a su hijo y un exhibicionista. A las tres, se mete en su despacho y empieza su trabajo de redacción. Hasta la torre de carpetas del día siguiente.
