La sentencia del Tribunal Supremo notificada el pasado lunes condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por constituir una “organización criminal” para lucrarse del cargo del primero como ministro de Transportes. El alto tribunal solo ha juzgado la parte relativa a los contratos de mascarillas en las primeras semanas de la pandemia de covid-19, además de la contratación en empresas públicas de dos mujeres vinculadas al exministro y algunas gestiones que hicieron Ábalos y García a favor de empresas asociadas con Aldama. Sin embargo, la sentencia también da ya por acreditado que el exministro y su entonces asesor “urdieron” una trama para cobrar comisiones por la adjudicación de obra pública, una afirmación que refuerza la investigación de los supuestos amaños de obra que se investigan en la Audiencia Nacional.
El tribunal asume la versión de Aldama sobre el origen de sus negocios con Ábalos y Koldo García, pero no que las comisiones fueran para financiar el PSOE ni el ‘modus operandi’ con constructoras
La sentencia del Tribunal Supremo notificada el pasado lunes condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por constituir una “organización criminal” para lucrarse del cargo del primero como ministro de Transportes. El alto tribunal solo ha juzgado la parte relativa a los contratos de mascarillas en las primeras semanas de la pandemia de covid-19, además de la contratación en empresas públicas de dos mujeres vinculadas al exministro y algunas gestiones que hicieron Ábalos y García a favor de empresas asociadas con Aldama. Sin embargo, la sentencia también da ya por acreditado que el exministro y su entonces asesor “urdieron” una trama para cobrar comisiones por la adjudicación de obra pública, una afirmación que refuerza la investigación de los supuestos amaños de obra que se investigan en la Audiencia Nacional.
Los hechos que la sentencia del Supremo da por probados son inamovibles, por lo que el relato que ha escrito la Sala Penal para condenar al exministro, su asesor y el comisionista, que incorpora nombres de empresarios y ex altos cargos imputados en las piezas que se instruyen en la Audiencia Nacional, es ya el punto de partida para esas causas. Una de ellas se centra en la adjudicación irregular de contratos de obras públicas del Ministerio de Transportes a cambio de comisiones. Esta pata del caso, que tomó forma con el informe de la Guardia Civil de junio de 2025 que destapó la implicación de Santos Cerdán, empezó a instruirse en el Supremo junto a la trama de las mascarillas, pero el magistrado Leopoldo Puente decidió escindirlo en una pieza separada que acabó derivando a la Audiencia Nacional cuando Ábalos renunció a su escaño y dejó de estar aforado.
Esa investigación está todavía en una fase incipiente, a la espera de informes policiales como el que el juez encomendó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de Cerdán. Pero la instrucción ha recibido un fuerte espaldarazo de la sentencia del Supremo. A lo largo de sus 21 páginas de hechos probados, la Sala Penal da por hecho en varias menciones que Ábalos y Koldo tenían un plan para cobrar comisiones de constructoras a cambio de adjudicaciones antes de conocer a Aldama.
El tribunal sitúa este plan en el inicio de la relación del exministro y su asesor con el empresario: “El testimonio del coacusado [Aldama] pone de relieve cómo el mismo se ganó la confianza de José Luis Ábalos y Koldo García con todos sus contactos en México y Venezuela, y como Koldo García, con conocimiento del ministro, a partir de febrero de 2019, le dice que le van a presentar constructoras, que algunas las conocería porque se dedicaba a ello, para “ayudarlas” para que se lleven la licitación, obteniendo por ello un rendimiento económico, no querían exponerse, por lo que necesitaban un empresario que pudiera tener reuniones con el sector, era su persona de confianza, se trataba de contratos millonarios y de licitaciones millonarias que no se lo podían encargar a cualquiera”, afirma los jueces.
El Supremo ha llegado a esta interpretación a partir de la declaración de Aldama como acusado en el juicio, pese a que el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, expresó dudas sobre esta parte del relato en la que el empresario aseguró que la primera vez que el asesor del ministro le habló de repartirse comisiones fue en relación con las obras públicas que adjudicaba Transportes. Según Aldama, García le dijo que iban a presentarle constructoras que ya trabajaban con el ministerio para que él hiciera de enlace con esos empresarios y que se prestaran a pagar una comisión por cada licitación que se le asignara.
“Yo ya entiendo que no es una relación al uso, no me siento del todo cómodo, pero tampoco me siento incomodo. Yo soy empresario y estaba poniendo todos mis contactos encima de la mesa”, argumentó el comisionista. El fiscal se mostró escéptico: “¿Para qué necesitan Koldo y Ábalos su participación para esas empresas que no tienen vinculación con usted? No acabo de entender qué aporta usted ahí”, advirtió Luzón. Aldama no dudó: “Se lo explico. Simplemente ellos no quieren exponerse necesitan un empresario que pueda tener reuniones y sea conocido en el sector conocido a las constructoras”.
La sentencia, no obstante, no ha asumido de forma íntegra esta parte de la declaración del Aldama, porque este aseguró que Ábalos y García le explicaron que una parte de estas comisiones eran “para financiar al PSOE”. Ni Anticorrupción lo incorporó a su escrito ni el Supremo lo ha incluido en la sentencia. El tribunal tampoco ha dado por probada la “fórmula” que, según el comisionista, le explicó Ábalos para pactar con las constructoras: “Que elijan tres obras. En una, van a ir en baja temeraria; en otra, por debajo de la tabla y en otra, por encima, para que ganen la licitación”.
Será la Audiencia Nacional la que tenga que esclarecer si esos pactos realmente existieron, si dieron fruto y cómo funcionaban. Por ahora, la sentencia da por hecho que, al menos, con Aldama sí que se llegó a ese acuerdo y que este fue el detonante de la entrega mensual de 10.000 euros por parte del empresario a Ábalos y Aldama que el alto tribunal ha dado por acreditada: “Viendo que, a través de las obras públicas, podrían conseguir ingentes cantidades de dinero a repartir entre los tres, urdieron un plan conjunto de actuación, en el que, inicialmente, Víctor de Aldama les tenía que proporcionar a los otros dos acusados 10.000 euros al mes, conforme a los gastos mensuales anunciados por los mismos, además de las importantes cantidades que se obtuvieran de las licitaciones de obras públicas”, exponen los jueces.
El relato del Supremo afianza también la figura de Cerdán como origen de la relación entre Koldo García y Ábalos, un triángulo que, según la Fiscalía y la UCO, constituyó una primera trama de amaño de obra pública poco después de que Ábalos llegara al Ministerio de Transportes. El Supremo de por probado que el exministro conoció a Koldo García a través de Cerdán durante la campaña de Pedro Sánchez para las primarias del PSOE de 2017. Para entonces, García era ya “persona de confianza” de Cerdán, en aquel momento diputado del Parlamento de Navarra. Según la sentencia, cuando Sánchez ganó y nombró a Ábalos secretario de Organización y a Cerdán, secretario de Coordinación Territorial, el diputado navarro “recomendó” al primero que contratara a García como su conductor. Esta sucesión de acontecimientos, ahora ya acreditada, marca el origen de la trama que investiga la Audiencia Nacional y que, según sospechan los investigadores, nació en Navarra en 2015 de la mano de Cerdán y García, y se extendió al resto de España a partir de 2018.
