A las 18.30 de la tarde, solo media hora antes de que comenzara la segunda votación para la investidura de Jua Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía, PP y Vox rubricaban el acuerdo para hacerla posible. Un documento con 150 puntos que garantiza la aprobación de los cuatro Presupuestos de esta legislatura y que incluye la presencia de la extrema derecha en el Gobierno autonómico. Finalmente, los ultra solo ocuparán una consejería, con rango de vicepresidencia, que incluye las carteras de Turismo, desregulación, justicia y administración local, competencias muy similares a las que en el primer Ejecutivo de coalición de Moreno asumió el líder de Ciudadanos, Juan Marín, en 2019.
Vox entra en el Gobierno de Moreno con una vicepresidencia de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local
Vox entra por primera vez en un Gobierno de Andalucía. Ocho años después de que dieran su apoyo a Juan Manuel Moreno Bonilla para ser investido presidente de Andalucía, pero sin entrar en el Ejecutivo, el nuevo acuerdo de PP y Vox consignado hoy brinda por primera vez un sitio a los ultras en el Gobierno de los andaluces. Manuel Gavira, el líder autonómico de Vox, consigue una megacartera que integra las competencias de Turismo, muy destacables en una comunidad como la andaluza, a las que se añaden las de Justicia y Administración Local, y, como en otros pactos autonómicos entre PP y Vox, las de Desregulación.
La senda estaba marcada en efecto por esos previos de PP y Vox en Extremadura, Aragón y Castilla y León. La exigencia de prioridad nacional, la discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a subvenciones y servicios públicos, es el lema electoral permanente de Vox e incluso su sintonía de campaña. Era una exigencia que el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno, sabía que no podría eludir. Finalmente, a la orden de Génova, el dirigente andaluz ha aceptado su inclusión en el pacto que le permite la mayoría necesaria para repetir como jefe del Ejecutivo. Lo hace como lo han hecho sus compañeros de partido en otras comunidades, disfrazándola de “arraigo”.
El líder del PP y el portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, han oficializado el acuerdo esta tarde en el Parlamento, poco antes de la segunda votación de la investidura de Moreno como presidente de la Junta de Andalucía.
El pacto concede además una vicepresidencia del Parlamento a Vox y también uno de los cinco senadores a los que tiene derecho el PP de Andalucía.
“Desde la experiencia que en Andalucía ha habido de muchos acuerdos, en la época de Chaves, en la época de Griñán, en la época de Susana Díaz, y en mi propia época, donde ya he tenido la experiencia de acordar con Vox en el año 2019 y con el Grupo Ciudadanos, siempre he dicho que es muy importante un acuerdo que el partido con el que se acuerda esté en el Gobierno”, se ha justificado Moreno en la comparecencia ante los medios.
El popular, que llegó a calificar la prioridad nacional de “eslogan electoral”, ha terminado aceptando las directrices que el PP nacional ha impuesto en otras comunidades. De esta forma, el presidente en funciones acepta los términos dictados por Génova: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en el territorio”.
El principal escollo ha sido el alcance de la presencia de Vox en el Consejo de Gobierno de Moreno. El PP, que siempre defendió gobernar en solitario, consideraba que los ultras debían tener consejerías “técnicas” y en proporción a los dos votos que le faltaban a los conservadores para lograr la mayoría absoluta. Aunque aún no se ha informado sobre el reparto de las carteras, el principal caballo de batalla era la Consejería de Agricultura. Los populares también se oponían a ceder las competencias de Igualdad.
En los Gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, los ultras dirigen agricultura, cuentan con una vicepresidencia con competencias en desregulación, familia y servicios sociales. El primer acuerdo de investidura de 2019 en Andalucía entre el PP y los ultras incluía como condición la creación de una Consejería de Familia, que Moreno aceptó y que ha mantenido en su segunda legislatura, aunque siempre vinculada a otras competencias.
El acuerdo implica la formación de un nuevo gobierno de coalición en Andalucía, el quinto desde que se celebraron las primeras elecciones autonómicas en 1982. En la V (1996-2000) y VI legislatura (2000-2004), el PSOE de Manuel Chaves se alió con el Partido Andalucista. En 2012, tras perder las elecciones, el presidente José Antonio Griñán cogobernó con Izquierda Unida en la IX legislatura (2012-2015). La cuarta coalición de gobierno la firmó tras las elecciones de 2018, que supusieron la salida de los socialistas de la Junta de Andalucía, el presidente Juan Manuel Moreno (PP) con Ciudadanos (XI legislatura, 2018-2022). Ahora el líder popular repite coalición, pero con la ultraderecha de Vox.
Moreno ha disfrazado su claudicación para disponer de los dos votos mínimos más que necesitaba con condiciones de arraigo que ya existen en algunos recursos públicos, como la dependencia, cuyo acceso se limita a personas con más de cinco años en el padrón.
El grupo popular, con 53 escaños de los 109 de la Cámara andaluza, se quedó a solo dos de la mayoría absoluta. El rechazo de todas las fuerzas de izquierda a apoyarle le dejó solo ante los 15 diputados de Vox para alcanzar la mayoría necesaria, con los que ha terminado pactando y renunciando a su deseo de gobernar en solitario. Era la fórmula que se adoptó en la legislatura que arrancó en 2018, cuando Vox se quedó fuera del Gobierno, pese a sostenerlo con sus votos.
Los partidos de izquierda (PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía) se han negado a prestar apoyos para el gobierno en solitario del PP y ya daban por hecho el acuerdo con Vox incluso antes del comienzo de las negociaciones, que han tachado de “escenificación”.
