Tres exámenes como máximo, eliminación de la prueba de inglés en las promociones internas, reducción a seis meses de los periodos de formación previos a tomar posesión de la plaza; la nueva vuelta de tuerca que el Gobierno ha dado en su estrategia de aligerar las pruebas de acceso a los puestos de mayor nivel de la Administración del Estado en la última oferta de empleo público ha desencadenado una reacción airada de la organización Inspectores de Hacienda del Estado, la más representativa de este cuerpo de la Administración y la más activa en la lucha contra lo que consideran una peligrosa rebaja del listón de exigencia para entrar en los cuerpos superiores de la Administración Pública.Según ha podido saber ABC, la asociación remitirá en los próximos días sendas cartas a los ministros de Función Pública, Óscar López, máximo responsable de la regulación de las pruebas de acceso a la condición de funcionario; y al de Hacienda, Arcadi España, principal autoridad sobre el cuerpo superior de inspectores de Hacienda, para advertir de los riesgos que esa estrategia puede implicar sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos y pedirles que se replanteen esta línea de actuación, que bajo su punto de vista puede tener consecuencias devastadores sobre la lucha contra el fraude fiscal .«Bajo el argumento de una supuesta demanda social de cambio en las oposiciones, que no sustentan ni con datos ni con ninguna otra clase tipo de información, se está intentando cambiar un sistema que funciona y que ha sido fundamental para alcanzar los estándares de calidad que tiene en la actual», se queja Ana de la Herrán, presidenta de la asociación Inspectores Hacienda del Estado (IHE). «La formación de un inspector de Hacienda tiene un elevado grado de especialización requiere un tiempo, si ese tiempo se acorta la formación que va a recibir no va a ser la misma y probablemente su desempeño tampoco, y eso provocaría una degradación de la lucha contra el fraude fiscal», advierte.Noticia relacionada No No Los inspectores de Hacienda piden un plan de control específico sobre políticos y altos cargos Bruno PérezLa principal crítica que formula el colectivo de los inspectores de Hacienda, que reconoce que su preocupación por la simplificación de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración es máxima, es que el Gobierno no ha aportado una sola razón basada en evidencias para acometer este cambio y que todo parece venir forzado por la necesidad de incorporar muchos nuevos empleados públicos en un periodo de tiempo más corto.«Si se quiere agilizar el proceso de acceso a un puesto en la Administración no es necesario que se reduzcan pruebas o se acorten los proceso de formación, se puede actuar en muchas fases del procedimiento para hacer todo más rápido», recalca De la Herrán. El Gobierno de coalición de las izquierdas puso en su punto de mira la modificación de los procesos de acceso a la Administración y, singularmente, a los cuerpos superiores como inspectores de Hacienda, jueces, abogados del Estado, diplomáticos, etcétera, casi desde su misma creación. Aunque ahora lo revisten bajo un barniz de demanda social, en los primeros compases de ese movimiento fuentes del área de Función Pública admitían abiertamente que querían romper con lo que veían como una especie de derecho de familia. Tenían la impresión de que existían sagas familiares de altos funcionarios en la Administración que copaban los puestos de altos directivos públicos, una sensación que nunca fueron capaces de acreditar con datos y que se ha revelado más como un prejuicio que otra cosa. Tres exámenes como máximo, eliminación de la prueba de inglés en las promociones internas, reducción a seis meses de los periodos de formación previos a tomar posesión de la plaza; la nueva vuelta de tuerca que el Gobierno ha dado en su estrategia de aligerar las pruebas de acceso a los puestos de mayor nivel de la Administración del Estado en la última oferta de empleo público ha desencadenado una reacción airada de la organización Inspectores de Hacienda del Estado, la más representativa de este cuerpo de la Administración y la más activa en la lucha contra lo que consideran una peligrosa rebaja del listón de exigencia para entrar en los cuerpos superiores de la Administración Pública.Según ha podido saber ABC, la asociación remitirá en los próximos días sendas cartas a los ministros de Función Pública, Óscar López, máximo responsable de la regulación de las pruebas de acceso a la condición de funcionario; y al de Hacienda, Arcadi España, principal autoridad sobre el cuerpo superior de inspectores de Hacienda, para advertir de los riesgos que esa estrategia puede implicar sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos y pedirles que se replanteen esta línea de actuación, que bajo su punto de vista puede tener consecuencias devastadores sobre la lucha contra el fraude fiscal .«Bajo el argumento de una supuesta demanda social de cambio en las oposiciones, que no sustentan ni con datos ni con ninguna otra clase tipo de información, se está intentando cambiar un sistema que funciona y que ha sido fundamental para alcanzar los estándares de calidad que tiene en la actual», se queja Ana de la Herrán, presidenta de la asociación Inspectores Hacienda del Estado (IHE). «La formación de un inspector de Hacienda tiene un elevado grado de especialización requiere un tiempo, si ese tiempo se acorta la formación que va a recibir no va a ser la misma y probablemente su desempeño tampoco, y eso provocaría una degradación de la lucha contra el fraude fiscal», advierte.Noticia relacionada No No Los inspectores de Hacienda piden un plan de control específico sobre políticos y altos cargos Bruno PérezLa principal crítica que formula el colectivo de los inspectores de Hacienda, que reconoce que su preocupación por la simplificación de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración es máxima, es que el Gobierno no ha aportado una sola razón basada en evidencias para acometer este cambio y que todo parece venir forzado por la necesidad de incorporar muchos nuevos empleados públicos en un periodo de tiempo más corto.«Si se quiere agilizar el proceso de acceso a un puesto en la Administración no es necesario que se reduzcan pruebas o se acorten los proceso de formación, se puede actuar en muchas fases del procedimiento para hacer todo más rápido», recalca De la Herrán. El Gobierno de coalición de las izquierdas puso en su punto de mira la modificación de los procesos de acceso a la Administración y, singularmente, a los cuerpos superiores como inspectores de Hacienda, jueces, abogados del Estado, diplomáticos, etcétera, casi desde su misma creación. Aunque ahora lo revisten bajo un barniz de demanda social, en los primeros compases de ese movimiento fuentes del área de Función Pública admitían abiertamente que querían romper con lo que veían como una especie de derecho de familia. Tenían la impresión de que existían sagas familiares de altos funcionarios en la Administración que copaban los puestos de altos directivos públicos, una sensación que nunca fueron capaces de acreditar con datos y que se ha revelado más como un prejuicio que otra cosa.
Tres exámenes como máximo, eliminación de la prueba de inglés en las promociones internas, reducción a seis meses de los periodos de formación previos a tomar posesión de la plaza; la nueva vuelta de tuerca que el Gobierno ha dado en su estrategia de … aligerar las pruebas de acceso a los puestos de mayor nivel de la Administración del Estado en la última oferta de empleo público ha desencadenado una reacción airada de la organización Inspectores de Hacienda del Estado, la más representativa de este cuerpo de la Administración y la más activa en la lucha contra lo que consideran una peligrosa rebaja del listón de exigencia para entrar en los cuerpos superiores de la Administración Pública.
Según ha podido saber ABC, la asociación remitirá en los próximos días sendas cartas a los ministros de Función Pública, Óscar López, máximo responsable de la regulación de las pruebas de acceso a la condición de funcionario; y al de Hacienda, Arcadi España, principal autoridad sobre el cuerpo superior de inspectores de Hacienda, para advertir de los riesgos que esa estrategia puede implicar sobre la calidad en la prestación de los servicios públicos y pedirles que se replanteen esta línea de actuación, que bajo su punto de vista puede tener consecuencias devastadores sobre la lucha contra el fraude fiscal.
«Bajo el argumento de una supuesta demanda social de cambio en las oposiciones, que no sustentan ni con datos ni con ninguna otra clase tipo de información, se está intentando cambiar un sistema que funciona y que ha sido fundamental para alcanzar los estándares de calidad que tiene en la actual», se queja Ana de la Herrán, presidenta de la asociación Inspectores Hacienda del Estado (IHE). «La formación de un inspector de Hacienda tiene un elevado grado de especialización requiere un tiempo, si ese tiempo se acorta la formación que va a recibir no va a ser la misma y probablemente su desempeño tampoco, y eso provocaría una degradación de la lucha contra el fraude fiscal», advierte.
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Bruno Pérez
La principal crítica que formula el colectivo de los inspectores de Hacienda, que reconoce que su preocupación por la simplificación de las pruebas de acceso a los cuerpos superiores de la Administración es máxima, es que el Gobierno no ha aportado una sola razón basada en evidencias para acometer este cambio y que todo parece venir forzado por la necesidad de incorporar muchos nuevos empleados públicos en un periodo de tiempo más corto.
«Si se quiere agilizar el proceso de acceso a un puesto en la Administración no es necesario que se reduzcan pruebas o se acorten los proceso de formación, se puede actuar en muchas fases del procedimiento para hacer todo más rápido», recalca De la Herrán.
El Gobierno de coalición de las izquierdas puso en su punto de mira la modificación de los procesos de acceso a la Administración y, singularmente, a los cuerpos superiores como inspectores de Hacienda, jueces, abogados del Estado, diplomáticos, etcétera, casi desde su misma creación. Aunque ahora lo revisten bajo un barniz de demanda social, en los primeros compases de ese movimiento fuentes del área de Función Pública admitían abiertamente que querían romper con lo que veían como una especie de derecho de familia. Tenían la impresión de que existían sagas familiares de altos funcionarios en la Administración que copaban los puestos de altos directivos públicos, una sensación que nunca fueron capaces de acreditar con datos y que se ha revelado más como un prejuicio que otra cosa.
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