José Perozo, un venezolano de 24 años, vuelve a estar encerrado. En 2024 lo detuvieron durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. Esta vez había salido a llenar unos botellones en un depósito de agua cercano a su casa en Mariara, estado Carabobo, cuando una patrulla se paró a su lado. Lo detuvieron, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Su madre ha recorrido todas las sedes policiales del pueblo sin encontrarlo. “¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?”, suplica Yuraima Piñero.
La atención y los cambios en Venezuela están centrados en lo económico, mientras siguen denunciándose abusos y represión de los cuerpos policiales
José Perozo, un venezolano de 24 años, vuelve a estar encerrado. En 2024 lo detuvieron durante la represión de las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales. Esta vez había salido a llenar unos botellones en un depósito de agua cercano a su casa en Mariara, estado Carabobo, cuando una patrulla se paró a su lado. Lo detuvieron, le pusieron una capucha y se lo llevaron. Su madre ha recorrido todas las sedes policiales del pueblo sin encontrarlo. “¿Hasta cuándo esto, que uno no puede ni salir a la calle?”, suplica Yuraima Piñero.
Mientras ejecutivos de empresas petroleras y mineras e inversores de todo el mundo aterrizan en Caracas en busca de oportunidades económicas, en las calles venezolanas el temor a la detención arbitraria no se ha disipado. La intervención estadounidense en Venezuela ha forzado rápidas reformas para abrir el país al capital extranjero y facilitar la explotación de sus recursos naturales, pero las libertades y la garantía de derechos fundamentales siguen en un plano más secundario.
La liberación de presos políticos parece estancada desde que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció hace un par de semanas que la ley de amnistía había llegado a su fin. Las reformas del sistema judicial avanzan con lentitud, y los cambios en los poderes políticos han sido limitados: los cargos clave siguen en manos de figuras afines al Gobierno.
Y mientras los medios estadounidenses hacen coberturas en terreno cada vez que un funcionario de la Casa Blanca visita al país, la mayor parte de los portales informativos locales independientes sigue bloqueada digitalmente. También la red social X. Algunas televisoras nacionales han abierto, con cautela, la agenda informativa política, pero decenas de emisoras de radio siguen apagadas por disposiciones oficiales. Igualmente hay periodistas que fueron excarcelados y no recibieron la amnistía, por lo que tienen restricciones judiciales.
Al caso de Perozo se suma el de Faustino Hermoso, estudiante universitario detenido en un puesto de control en los Valles de Tuy, en las afueras de Caracas, días después de haber recibido un mensaje amenazante de un policía por un conflicto relacionado con una expareja en común. Dirigentes políticos como Williams Dávila, ex preso político, y Andrés Velásquez, quien salió de la clandestinidad este año, han denunciado que están siendo seguidos y vigilados por los cuerpos de seguridad. Los casos ilustran que, aunque Venezuela cambió con la salida de Nicolás Maduro del poder, el desmantelamiento del aparato represivo —que abarca al gobierno central, las fuerzas de seguridad y los tribunales— está aún pendiente.
Hermoso es sobrino de un profesor universitario y dirigente del partido opositor Bandera Roja, una organización izquierdista crítica con la revolución bolivariana. Sus abogados intentaron presentar un recurso de habeas corpus ante el Palacio de Justicia y el Tribunal Supremo, pero ninguno lo recibió, una práctica que organizaciones de derechos humanos han documentado como sistemática. “Un problema doméstico, en dictadura, se convierte en una vulneración grave a los derechos humanos. Por eso y otras razones hay miles de inocentes en las cárceles de Venezuela”, dijo su abogado, Eduardo Torres, ex preso político liberado en febrero.
Carmen Navas tiene 82 años y un cartel con la foto de su hijo. Víctor Quero Navas fue interceptado por funcionarios de inteligencia militar en Caracas a inicios de 2025, y su detención estaría relacionada, según Foro Penal, la ONG que les asiste, con su paso por el servicio militar. Encerrado en la cárcel del Rodeo, donde se concentra el mayor número de presos políticos, desapareció. Navas ha recorrido calabozos, prisiones y tribunales sin respuesta. La semana pasada se reunió con la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, sin resultado. Los únicos que le han dado información son compañeros de celda del Rodeo, que aseguran haberlo visto por última vez en agosto, cuando estaba delicado de salud por problemas de colon. Este lunes, la madre protestó en la Plaza Altamira de Caracas. “¿Dónde está mi hijo? ¿Por qué no lo dejan ver?”, se repite cada día.
Las organizaciones de derechos humanos contabilizan entre 454 y 665 presos políticos todavía encerrados en distintas cárceles de Venezuela. Las excarcelaciones comenzaron en diciembre, con Nicolás Maduro todavía en el poder, pero se aceleraron en enero cuando Estados Unidos ya había atacado el país para capturar al líder chavista y mantener una especie de tutelaje sobre las decisiones políticas —en lo económico, sobre todo— que se han tomado desde entonces.
En los primeros meses de 2026 se produjeron más de 700 excarcelaciones de detenidos por motivos políticos, pero la mayoría salió con medidas cautelares. Con la ley de amnistía, apenas se liberó a poco más de un centenar, aunque más de 8.000 personas fueron liberadas de sus medidas cautelares, según el chavismo.
El contador de nuevas detenciones, sin embargo, no se ha frenado durante el “nuevo momento político”, como el chavismo ha denominado esta etapa. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha registrado siete nuevos casos de personas arrestadas en 2026, y sabe de otros que no ha podido documentar con las víctimas. Uno de ellos es el de Juan Luis Guédez, trabajador de una institución pública en Guárico, en los llanos centrales venezolanos. Las fuerzas policiales se lo llevaron porque en su escritorio había un papel con el mensaje “fuera la mona”, insulto de connotación racista dirigido a Delcy Rodríguez que se coreó en un acto de la oposición liderada por María Corina Machado en Madrid el pasado mes de abril. Guédez fue imputado por delitos de odio —contemplados en una ley que los activistas de derechos humanos han pedido derogar— y liberado posteriormente con medidas cautelares.
En opinión de Martha Tineo, activista y directora de Justicia, Encuentro y Perdón, el aparato represivo del chavismo, tal como ha documentado la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, es lo suficientemente sofisticado como para activarse y desactivarse según la coyuntura. “Está operando una lógica del doble mensaje: aunque puedes ceder en algo, siempre se envían señales sobre los límites”. Así, se permite a un grupo protestar por un salario digno hasta cierta zona de la ciudad y a otro no, y las liberaciones por amnistía también terminaron siendo discrecionales.
Algunos defensores y miembros del Comité de Familiares de Presos Políticos piden que se concedan indultos procesales a quienes todavía siguen detenidos. Tineo recuerda el antecedente de Hugo Chávez, quien en la década de 1990 recibió un indulto que le devolvió la libertad y los derechos políticos. “Si hay una verdadera voluntad de cambio, que la ley de amnistía no logró, esta medida podría ser una vía para restituir las libertades de estas personas, y solo depende de la presidenta en funciones”, concluye.
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