Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50%, fue desahuciada el pasado miércoles del piso del Retiro en el que vivía desde 1956. Su contrato era de renta antigua y, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la segunda subrogación a favor de un hijo solo se prolonga dos años, salvo que acredite una discapacidad igual o superior al 65%: por eso la Audiencia Provincial y, en marzo, el Tribunal Supremo dieron el contrato por extinguido. Nadie puede alegrarse de ver a una anciana salir de su casa en camilla, pero tampoco deberíamos soslayar la función social que cumplen los desahucios: si los contratos pudieran incumplirse cada vez que un caso concita la simpatía de la opinión pública, el alquiler dejaría de ser una promesa creíble, y quienes más lo sufrirían serían los inquilinos vulnerables , a los que nadie querría arrendar.Ahora bien, el dilema que se nos ha planteado para este caso concreto (o se atropella la propiedad privada o se abandona a Maricarmen a su suerte) es falso. Existe una tercera vía que permite compatibilizar ambos: pagarle el alquiler a Maricarmen. La misma tarde del desahucio, más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron en Madrid para protestar por su desahucio. Cada una de esas personas consideraba que la situación de Maricarmen era suficientemente dolorosa como para dedicar varias horas de su tiempo vital a exigir un cambio. Pero si cada una de ellas hubiese aportado apenas una cantidad de 50 euros, se habrían reunido más de 500.000, suficientes como para costearle durante casi catorce años un piso de 3.000 euros mensuales en su propio barrio.¿Por qué, entonces, nadie organizó un crowdfunding (como sí suele organizar la izquierda mediática para costear sus propios medios de comunicación o incluso sus propios negocios de restauración)? Pues por dos razones. La primera, que para muchos la indignación es un modo barato de exhibir virtud : gritar sale gratis y reporta estatus; pagar cuesta dinero y no se ve. La segunda, que para otros Maricarmen no es una persona a la que ayudar, sino un símbolo que explotar, de modo que resolverle la vida desactivaría la bandera con la que reclamar prórrogas forzosas, moratorias o expropiaciones, o con la que desgastar al adversario político. El Gobierno culpa a Ayuso, la Comunidad culpa al Ministerio y ninguno le ha resuelto el problema a Maricarmen; de ahí que la protesta terminara frente al ático de la Comunidad de Madrid y no frente a una cuenta bancaria a su nombre. No todos los indignados responden a alguno de esos motivos (muchos, de buena fe, sencillamente no sabían cómo ayudar), pero quienes sí tenían capacidad para organizarlos optaron por el megáfono.Maricarmen necesitaba un techo en su barrio, no un eslogan. Esa solución estaba al alcance de quienes dicen compadecerla, y todavía lo está. Que no la hayan siquiera intentado revela que, para demasiados, su drama importaba menos que el uso personal que podían darle. Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50%, fue desahuciada el pasado miércoles del piso del Retiro en el que vivía desde 1956. Su contrato era de renta antigua y, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, la segunda subrogación a favor de un hijo solo se prolonga dos años, salvo que acredite una discapacidad igual o superior al 65%: por eso la Audiencia Provincial y, en marzo, el Tribunal Supremo dieron el contrato por extinguido. Nadie puede alegrarse de ver a una anciana salir de su casa en camilla, pero tampoco deberíamos soslayar la función social que cumplen los desahucios: si los contratos pudieran incumplirse cada vez que un caso concita la simpatía de la opinión pública, el alquiler dejaría de ser una promesa creíble, y quienes más lo sufrirían serían los inquilinos vulnerables , a los que nadie querría arrendar.Ahora bien, el dilema que se nos ha planteado para este caso concreto (o se atropella la propiedad privada o se abandona a Maricarmen a su suerte) es falso. Existe una tercera vía que permite compatibilizar ambos: pagarle el alquiler a Maricarmen. La misma tarde del desahucio, más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron en Madrid para protestar por su desahucio. Cada una de esas personas consideraba que la situación de Maricarmen era suficientemente dolorosa como para dedicar varias horas de su tiempo vital a exigir un cambio. Pero si cada una de ellas hubiese aportado apenas una cantidad de 50 euros, se habrían reunido más de 500.000, suficientes como para costearle durante casi catorce años un piso de 3.000 euros mensuales en su propio barrio.¿Por qué, entonces, nadie organizó un crowdfunding (como sí suele organizar la izquierda mediática para costear sus propios medios de comunicación o incluso sus propios negocios de restauración)? Pues por dos razones. La primera, que para muchos la indignación es un modo barato de exhibir virtud : gritar sale gratis y reporta estatus; pagar cuesta dinero y no se ve. La segunda, que para otros Maricarmen no es una persona a la que ayudar, sino un símbolo que explotar, de modo que resolverle la vida desactivaría la bandera con la que reclamar prórrogas forzosas, moratorias o expropiaciones, o con la que desgastar al adversario político. El Gobierno culpa a Ayuso, la Comunidad culpa al Ministerio y ninguno le ha resuelto el problema a Maricarmen; de ahí que la protesta terminara frente al ático de la Comunidad de Madrid y no frente a una cuenta bancaria a su nombre. No todos los indignados responden a alguno de esos motivos (muchos, de buena fe, sencillamente no sabían cómo ayudar), pero quienes sí tenían capacidad para organizarlos optaron por el megáfono.Maricarmen necesitaba un techo en su barrio, no un eslogan. Esa solución estaba al alcance de quienes dicen compadecerla, y todavía lo está. Que no la hayan siquiera intentado revela que, para demasiados, su drama importaba menos que el uso personal que podían darle.
Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad reconocida del 50%, fue desahuciada el pasado miércoles del piso del Retiro en el que vivía desde 1956. Su contrato era de renta antigua y, conforme a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, … la segunda subrogación a favor de un hijo solo se prolonga dos años, salvo que acredite una discapacidad igual o superior al 65%: por eso la Audiencia Provincial y, en marzo, el Tribunal Supremo dieron el contrato por extinguido. Nadie puede alegrarse de ver a una anciana salir de su casa en camilla, pero tampoco deberíamos soslayar la función social que cumplen los desahucios: si los contratos pudieran incumplirse cada vez que un caso concita la simpatía de la opinión pública, el alquiler dejaría de ser una promesa creíble, y quienes más lo sufrirían serían los inquilinos vulnerables, a los que nadie querría arrendar.
Ahora bien, el dilema que se nos ha planteado para este caso concreto (o se atropella la propiedad privada o se abandona a Maricarmen a su suerte) es falso. Existe una tercera vía que permite compatibilizar ambos: pagarle el alquiler a Maricarmen. La misma tarde del desahucio, más de 10.000 personas, según la Delegación del Gobierno, se concentraron en Madrid para protestar por su desahucio. Cada una de esas personas consideraba que la situación de Maricarmen era suficientemente dolorosa como para dedicar varias horas de su tiempo vital a exigir un cambio. Pero si cada una de ellas hubiese aportado apenas una cantidad de 50 euros, se habrían reunido más de 500.000, suficientes como para costearle durante casi catorce años un piso de 3.000 euros mensuales en su propio barrio.
¿Por qué, entonces, nadie organizó un crowdfunding (como sí suele organizar la izquierda mediática para costear sus propios medios de comunicación o incluso sus propios negocios de restauración)? Pues por dos razones. La primera, que para muchos la indignación es un modo barato de exhibir virtud: gritar sale gratis y reporta estatus; pagar cuesta dinero y no se ve. La segunda, que para otros Maricarmen no es una persona a la que ayudar, sino un símbolo que explotar, de modo que resolverle la vida desactivaría la bandera con la que reclamar prórrogas forzosas, moratorias o expropiaciones, o con la que desgastar al adversario político. El Gobierno culpa a Ayuso, la Comunidad culpa al Ministerio y ninguno le ha resuelto el problema a Maricarmen; de ahí que la protesta terminara frente al ático de la Comunidad de Madrid y no frente a una cuenta bancaria a su nombre. No todos los indignados responden a alguno de esos motivos (muchos, de buena fe, sencillamente no sabían cómo ayudar), pero quienes sí tenían capacidad para organizarlos optaron por el megáfono.
Maricarmen necesitaba un techo en su barrio, no un eslogan. Esa solución estaba al alcance de quienes dicen compadecerla, y todavía lo está. Que no la hayan siquiera intentado revela que, para demasiados, su drama importaba menos que el uso personal que podían darle.
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