Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.
El Gobierno italiano introduce nuevas medidas restrictivas tras los disturbios en Milán, pero el presidente de la República frena su plan de dar poderes de policía al Ejército desplegado en la ciudad
Mano dura de la ultraderechista Giorgia Meloni contra los menores que cometen actos violentos en la calle. El Gobierno italiano ha aprobado este martes, después de un día de intensas negociaciones, un decreto con polémicas medidas de seguridad especialmente pensadas para menores, tras los incidentes y saqueos del fin de semana en Milán, donde el 80% de los 271 detenidos no llegaban a la mayoría de edad. Algunas de ellas ya habían sido anunciadas en julio, en medio de fuertes críticas de la oposición, e insertadas en un proyecto de ley que aún se está tramitando en el Parlamento, pero ahora se aplicarán de inmediato: el arresto preventivo o retención en comisaría de 12 a 24 horas —que no es exactamente una detención, que implica la comisión de un delito— de menores antes de movilizaciones públicas, si se sospecha que pueden delinquir, y la rebaja de la imputabilidad penal de 18 a 14 años. También se prevé hacer pagar a los padres los daños materiales causados por sus hijos y se crea el delito de “participación violenta en una manifestación”, penado con hasta cinco años de cárcel.
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