Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acudido este miércoles a los juzgados de la capital para declarar como investigado por un delito de revelación de secretos contra dos periodistas de EL PAÍS que estaban investigando una posible irregularidad urbanística en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso y su pareja y que fueron identificados por la Policía. Antes de entrar a declarar, Rodríguez ha reconocido que difundió una foto y los nombres de los redactores de este periódico, pero que “nunca hubo revelación de secretos”.
El jefe de gabinete de la presidenta madrileña asegura que reconoció personalmente a los redactores y no recabó ninguna información de los policías que los identificaron
Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha acudido este miércoles a los juzgados de la capital para declarar como investigado por un delito de revelación de secretos contra dos periodistas de EL PAÍS que estaban investigando una posible irregularidad urbanística en la vivienda de Isabel Díaz Ayuso y su pareja y que fueron identificados por la Policía. Antes de entrar a declarar, Rodríguez ha reconocido que difundió una foto y los nombres de los redactores de este periódico, pero que “nunca hubo revelación de secretos”.
Según su versión inicial, la foto que envió a varios periodistas fue tomada por “un vecino”, cuyos hijos estaban siendo molestados, siempre según él, por los periodistas, y que luego se la envió.
Apenas una hora después, al salir del juzgado, se ha retractado y ha matizado que la foto se la pasó la pareja de Ayuso, Alberto González Amador: “Me he expresado mal porque no creo que haya muchos vecinos en ese edificio que tengan mi teléfono”. Lo que ha negado en todo momento, como se le acusa, es haber recabado esos datos personales de la Policía, pues dice que reconoció personalmente a los periodistas.
Los hechos investigados ocurrieron hace algo más de dos años: el 19 de marzo de 2024, los dos redactores de este periódico acudieron a las inmediaciones de la vivienda donde viven Ayuso y su pareja para preguntar a los vecinos de la zona si recordaban que hubiese habido alguna reforma, a pesar de dos órdenes municipales de paralización de obra que habían encontrado en un portal urbanístico de acceso público. El asunto se fue agrandando con el tiempo y acabó consistiendo en dilucidar si González Amador había unido de forma irregular dos pisos del mismo edificio, como se demostró más tarde: un ático —propiedad, por entonces, de su abogado y por el que pagaban 5.000 euros mensuales— y el apartamento que está justo debajo y que el empresario compró tras haber cometido un presunto fraude fiscal de 350.000 euros.
Aquel día, los dos informadores fueron interpelados por un policía nacional de paisano, miembro de la seguridad de la presidenta. El agente les solicitó el DNI y su acreditación de prensa. Unas horas después, el equipo de Ayuso envió un mensaje a distintos periodistas con el nombre y la foto de los redactores de EL PAÍS, acompañada del siguiente texto: “Han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras. Todo se ha denunciado a la Policía Nacional, pero el delegado del Gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del Gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía. Además, empleados de elDiario.es encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia”.
Sin embargo, y a pesar de lo que anunciaron, no se produjo denuncia alguna. Este miércoles, Rodríguez ha reconocido que la labor de los periodistas no era delictiva y ha matizado que no denunció “ningún delito”. También ha subrayado que no tuvo conocimiento de que la Policía había identificado a los periodistas.
Los dos informadores, así como su responsable de sección, han declarado después de Rodríguez. Según fuentes presenciales en la declaración, los periodistas de EL PAÍS se han ratificado en los hechos y en la querella. Han contestado a todas las partes: Fiscalía, acusación particular, jueza y abogados. Uno de los periodistas ha confirmado que la identidad de los redactores fue transmitida desde los agentes que estaban allí hasta el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que dirige Rodríguez, como publicó EL PAÍS aquella misma noche. Luis Miguel González Morato, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, ha negado por su parte que tuviese acceso a los datos recabados por los policías aquel día.
Los periodistas han negado en todo momento que se entregaran tarjetas de visita a menores de edad, como aseguraba Rodríguez. La única que se entregó fue a un vecino de unos 60 años que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda y que se ofreció a hacer declaraciones, han relatado. De hecho, su testimonio sirvió para corroborar los hechos que se estaban investigando: que la obra se hizo a pesar de las dos órdenes de paralización del Ayuntamiento de Madrid.
A preguntas de la fiscal y del resto de abogados, los tres periodistas han relatado durante más de una hora que, en la identificación policial, en la que había presentes tres agentes, uno de ellos se fue hacia el coche y comunicó por la radio interna: “Tenemos a dos periodistas”. Los redactores se identificaron en todo momento. Se limitaron a preguntar a los vecinos consultados si recordaban si había habido una obra en el edificio con preguntas simples y ninguna interacción en la vía pública duró más de 30 segundos.
Varios medios online publicaron la información falsa junto a la fotografía, los datos y sin verificación alguna. Rodríguez admitió posteriormente a este diario que había sido él quien había distribuido la información. “Es una conversación personal. No es una cuenta de la Comunidad”, dijo. Días después, en una entrevista con El Mundo, añadió: “Ojo: la identidad la desvelé a 18 personas. Nada más”. EL PSOE presentó una querella, a la que este periódico se adhirió, que fue inicialmente rechazada. La Audiencia Provincial, sin embargo, revocó la decisión y ordenó la reapertura de la investigación, aunque solo contra Miguel Ángel Rodríguez, y no contra los policías que podrían haber filtrado esta información. “Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos”, señalaba la Audiencia en su resolución. El jefe de gabinete de Ayuso ha defendido este miércoles que la querella es una maniobra política del PSOE.
El asunto que investigaban los periodistas de EL PAÍS se remonta a agosto de 2022, cuando Amador inició una reforma en el piso que compró en el distrito de Chamberí. El empresario comunicó al Ayuntamiento una obra de demolición por medio de una declaración responsable, pero el Ayuntamiento le ordenó la paralización porque Amador les había informado de que posteriormente ampliaría ese documento. El Consistorio le avisó de que no es posible ampliar declaraciones responsables. No obstante, Amador envió ese segundo documento y la administración respondió con una nueva orden de paralización que repetía un texto idéntico al que había usado en su primera resolución de cese.
Las obras fueron ejecutadas igualmente y, tras su revelación por la prensa, Más Madrid presentó una denuncia por irregularidad urbanística. El Consistorio abrió una investigación que acabó en una sanción por haber ignorado las órdenes de paralización. Sin embargo, como el Ayuntamiento respondió con un texto idéntico e ignoró la segunda solicitud de Amador, la pareja de Ayuso acabó tumbando en los juzgados la sanción. El Consistorio de José Luis Martínez Almeida no recurrió la decisión y, en noviembre de 2025, la pareja acabó adquiriendo el ático que ya había unido con su piso.
Al jefe de gabinete de la presidenta madrileña se le acusa de un delito de revelación de secretos. Paradójicamente, el tipo penal por el que fue condenado el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por intentar desmentir un bulo del mismo Rodríguez. La declaración de su jefe de gabinete ha pillado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de tour institucional por México, donde ha defendido que el país latinoamericano y España son ejemplos de “cómo mueren las democracias”. Está previsto que Rodríguez cruce el charco este jueves para reunirse con ella.
