Cinco años después de haber recibido un controvertido rescate de 113 millones de euros por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el grupo Tubos Reunidos ha planteado este lunes un ERE que afectará a 301 personas entre sus centros de Amurrio y Trápaga (87 son eventuales y 214 personas fijas). La medida pretende salvar la compleja situación económica que atraviesa la empresa industrial, provocada en parte, según la compañía, por la caída del mercado estadounidense . Dentro de su estrategia de reducción de costes, contempla además la paralización de la actividad de su acería en Amurrio (Vizcaya). La dirección lo ha dado a conocer este lunes tras su reunión con el comité de empresa, en la que ha presentado su plan de viabilidad después de anunciar pérdidas por valor de 71,3 millones de euros al cierre de 2025. Fue el pasado 30 de enero, tras presentar a Joaquín Fernández de Piérola como nuevo presidente no ejecutivo (la gestión del día a día sigue en manos de Carlos López de las Heras), cuando la cúpula de Tubos Reunidos anunció el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio y Trápaga, en las que trabajan cerca de 1.400 trabajadores. La noticia llegaba en vísperas de la celebración en Bilbao del Congreso Nacional de Industria, en el que el ministro Jordi Hereu se mostró abierto a que el Gobierno de España actúe de nuevo «proactivamente» en la compañía. «De acuerdo con el Gobierno vasco, nos pondremos a trabajar» , dijo Hereu, a la espera de conocer los detalles del ERE. Por su parte, el Ejecutivo autonómico, que tiene entre sus objetivos principales un plan de reindustrialización y ha visto en los últimos tiempos como se despedían de la región gigantes como Guardian Glass, ha fijado como prioridad encontrar un inversor privado para abordar la situación de la compañía. Difícil operación de rescate«No meteremos dinero público solos. Tiene que ser en colaboración con inversores privados» , ha advertido el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que recordaba en este sentido la gestión del préstamo de 112,8 millones otorgado por la SEPI: «Se ha aguantado cuatro años pero se ha engordado la deuda». De acuerdo con los números aportados por Tubos Reunidos, cuatro años después del rescate de la SEPI la deuda neta de Tubos Reunidos ha aumentado hasta los 263,2 millones de euros. La operación mencionada está además en el foco de la polémica por la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando sobre algunos de los rescates de la Sepi. Más allá de esta causa, que instruye el Juzgado de Instrucción nº6 de Madrid, el futuro de la compañía permanece en el aire tras haber reportado unas pérdidas de 71, 3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros al cierre de 2025. La deuda neta de Tubos Reunidos aumentó de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros el año pasado. Un «elevado nivel de endeudamiento» , que también pone sobre la mesa el Gobierno vasco a la hora de hablar de su intervención, dentro de un programa que vence en 2028, que la compañía también achaca a la situación geopolítica y al incremento de los aranceles hasta el 50% en junio en Estados Unidos. Un mercado que durante 2023 y 2024 representó cerca del 50% de su facturación. La compañía trató de compensar este volumen, sin éxito, intensificando su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio. Sin embargo, «la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos derivados de la inestabilidad geopolítica y económica, han limitado la entrada de nuevos pedidos». Una situación que, creen, no es coyuntural.El encuentro entre empresa y representantes de los trabajadores de este lunes se ha celebrado en medio de un clima de tensión por la jornada de huelga iniciada anoche y por los piquetes convocados por los sindicatos. La dirección apremia a cerrar en las próximas semanas un acuerdo para garantizar la continuidad de su actividad en el futuro, donde, más allá de la diversificación, destaca la estrategia para la reducción de costes y de su deuda. Iniciada ya en 2025 con el cierre de la planta de Estados Unidos, la primera pata contempla la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la elaboración de algunos productos (palanquilla y lingote) y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta. La interrupción de la actividad de la acería se produce, según explica Tubos Reunidos, como consecuencia de la inexistencia de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que «conlleva que el coste de producción se haya disparado y la haga inviable». Todo ello implica la puesta en marcha del ERE que la compañía pretende hacer «de forma no traumática y progresiva».Investigación judicialEl pasado 10 de diciembre la Benemérita detuvo a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar (mercantil en el centro de la ‘trama Cerdán’, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Formaban parte de un grupo autodenominado ‘Hirurok’ (los tres, en euskera) que, de acuerdo con las pesquisas, se habría dedicado a intermediar en la adjudicación de contratos públicos a cambio de prestaciones económicas. Entre las cinco operativas donde los agentes detectaron esta práctica, figura el rescate a Tubos Reunidos. Según la documentación a la que tuvo acceso ABC, el grupo ‘Hirurok’ habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez». Un pago derivado de las acciones desarrolladas por ‘Hirurok’ que habrían consistido, en palabras atribuidas a los tres investigados, en una labor de «intermediación» que habría contribuido a la concesión de la ayuda por parte de la SEPI. Cinco años después de haber recibido un controvertido rescate de 113 millones de euros por parte de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), el grupo Tubos Reunidos ha planteado este lunes un ERE que afectará a 301 personas entre sus centros de Amurrio y Trápaga (87 son eventuales y 214 personas fijas). La medida pretende salvar la compleja situación económica que atraviesa la empresa industrial, provocada en parte, según la compañía, por la caída del mercado estadounidense . Dentro de su estrategia de reducción de costes, contempla además la paralización de la actividad de su acería en Amurrio (Vizcaya). La dirección lo ha dado a conocer este lunes tras su reunión con el comité de empresa, en la que ha presentado su plan de viabilidad después de anunciar pérdidas por valor de 71,3 millones de euros al cierre de 2025. Fue el pasado 30 de enero, tras presentar a Joaquín Fernández de Piérola como nuevo presidente no ejecutivo (la gestión del día a día sigue en manos de Carlos López de las Heras), cuando la cúpula de Tubos Reunidos anunció el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio y Trápaga, en las que trabajan cerca de 1.400 trabajadores. La noticia llegaba en vísperas de la celebración en Bilbao del Congreso Nacional de Industria, en el que el ministro Jordi Hereu se mostró abierto a que el Gobierno de España actúe de nuevo «proactivamente» en la compañía. «De acuerdo con el Gobierno vasco, nos pondremos a trabajar» , dijo Hereu, a la espera de conocer los detalles del ERE. Por su parte, el Ejecutivo autonómico, que tiene entre sus objetivos principales un plan de reindustrialización y ha visto en los últimos tiempos como se despedían de la región gigantes como Guardian Glass, ha fijado como prioridad encontrar un inversor privado para abordar la situación de la compañía. Difícil operación de rescate«No meteremos dinero público solos. Tiene que ser en colaboración con inversores privados» , ha advertido el consejero de Industria, Mikel Jauregi, que recordaba en este sentido la gestión del préstamo de 112,8 millones otorgado por la SEPI: «Se ha aguantado cuatro años pero se ha engordado la deuda». De acuerdo con los números aportados por Tubos Reunidos, cuatro años después del rescate de la SEPI la deuda neta de Tubos Reunidos ha aumentado hasta los 263,2 millones de euros. La operación mencionada está además en el foco de la polémica por la investigación que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando sobre algunos de los rescates de la Sepi. Más allá de esta causa, que instruye el Juzgado de Instrucción nº6 de Madrid, el futuro de la compañía permanece en el aire tras haber reportado unas pérdidas de 71, 3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros al cierre de 2025. La deuda neta de Tubos Reunidos aumentó de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros el año pasado. Un «elevado nivel de endeudamiento» , que también pone sobre la mesa el Gobierno vasco a la hora de hablar de su intervención, dentro de un programa que vence en 2028, que la compañía también achaca a la situación geopolítica y al incremento de los aranceles hasta el 50% en junio en Estados Unidos. Un mercado que durante 2023 y 2024 representó cerca del 50% de su facturación. La compañía trató de compensar este volumen, sin éxito, intensificando su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio. Sin embargo, «la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos derivados de la inestabilidad geopolítica y económica, han limitado la entrada de nuevos pedidos». Una situación que, creen, no es coyuntural.El encuentro entre empresa y representantes de los trabajadores de este lunes se ha celebrado en medio de un clima de tensión por la jornada de huelga iniciada anoche y por los piquetes convocados por los sindicatos. La dirección apremia a cerrar en las próximas semanas un acuerdo para garantizar la continuidad de su actividad en el futuro, donde, más allá de la diversificación, destaca la estrategia para la reducción de costes y de su deuda. Iniciada ya en 2025 con el cierre de la planta de Estados Unidos, la primera pata contempla la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la elaboración de algunos productos (palanquilla y lingote) y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta. La interrupción de la actividad de la acería se produce, según explica Tubos Reunidos, como consecuencia de la inexistencia de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que «conlleva que el coste de producción se haya disparado y la haga inviable». Todo ello implica la puesta en marcha del ERE que la compañía pretende hacer «de forma no traumática y progresiva».Investigación judicialEl pasado 10 de diciembre la Benemérita detuvo a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar (mercantil en el centro de la ‘trama Cerdán’, y al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Formaban parte de un grupo autodenominado ‘Hirurok’ (los tres, en euskera) que, de acuerdo con las pesquisas, se habría dedicado a intermediar en la adjudicación de contratos públicos a cambio de prestaciones económicas. Entre las cinco operativas donde los agentes detectaron esta práctica, figura el rescate a Tubos Reunidos. Según la documentación a la que tuvo acceso ABC, el grupo ‘Hirurok’ habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez». Un pago derivado de las acciones desarrolladas por ‘Hirurok’ que habrían consistido, en palabras atribuidas a los tres investigados, en una labor de «intermediación» que habría contribuido a la concesión de la ayuda por parte de la SEPI.
El grupo Tubos Reunidos plantea un ERE que afectará a 301 personas entre Amurrio y Trápaga (87 son eventuales y 214 personas fijas) para salvar la compleja situación económica provocada, en parte, por la caída del mercado estadounidense. Además, dentro de su estrategia de … reducción de costes, figura la paralización de la actividad de su acería en Amurrio (Vizcaya). Así lo ha trasladado la dirección de la compañía —investigada por la Guardia Civil en una presunta trama de mordidas— tras su reunión con el comité de empresa, donde ha presentado su plan de viabilidad después de anunciar pérdidas por valor de 71,3 millones de euros en el cierre de 2025.
Fue el pasado 30 de enero, tras presentar a Joaquín Fernández de Piérola como nuevo presidente no ejecutivo (la gestión del día a día sigue en manos de Carlos López de las Heras), cuando la cúpula de Tubos Reunidos anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en sus plantas de Amurrio y Trápaga (con 1.400 trabajadores). Tras el rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, ahora bajo la lupa de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el apoyo institucional y en concreto por parte del Gobierno vasco, que ha fijado entre sus objetivos principales la recuperación industrial de la comunidad, se alejaba.
«No meteremos dinero público solos. Tiene que ser en colaboración con inversores privados», afirmaba el Consejero de Industria, Mikel Jauregi, que criticaba la gestión del préstamo de 113 millones otorgado por la SEPI: «Se ha aguantado cuatro años pero se ha engordado la deuda». Dicha operación forma parte de la trama en la que se ve implicado el grupo ‘Hirurok’ (compuesto por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández). Según las pesquisas de la UCO, habrían recibido una contraprestación de 114.950 millones de euros por su «intermediación» en la concesión del préstamo orientado a ayudar a grandes empresas ante el impacto de la pandemia.
La decisión estaba falta de los detalles que Tubos Reunidos ha especificado hoy durante la primera reunión con el comité de empresa. Un encuentro que se ha celebrado en medio de la tensión derivada de la jornada de huelga y de los piquetes convocados por los sindicatos. En ella, la dirección ha presentado su plan de viabilidad, que apremia a cerrar en las próximas semanas para garantizar la continuidad de su actividad en el futuro, y donde, más allá de la diversificación, se incluye una pata relacionada con la reducción de costes y de su deuda.
Iniciada ya en 2025 con el cierre de la planta de USA, la reducción de costes contempla la interrupción de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la elaboración de palanquilla y lingote y, las salidas de personal vinculado al proceso productivo y otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta. La interrupción de la actividad de la acería se produce, según explica Tubos Reunidos, como consecuencia de la inexistencia de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que «conlleva que el coste de producción se haya disparado y la haga inviable». Todo ello implica la puesta en marcha del ERE que la compañía pretende hacer «de forma no traumática y progresiva».
Además, en cuanto a su situación financiera, con unas pérdidas de 71, 3 millones de euros y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros al cierre de 2025, la deuda neta de Tubos Reunidos aumentó de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros. Un «elevado nivel de endeudamiento» dentro de un programa que vence en 2028 que la compañía también achaca a la situación geopolítica y al incremento de los aranceles hasta el 50% en junio en Estados Unidos. Un mercado que durante 2023 y 2024 representó cerca del 50% de su facturación.
La compañía trató de compensar este volumen, sin éxito, intensificando su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio. Sin embargo, «la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos derivados de la inestabilidad geopolítica y económica, han limitado la entrada de nuevos pedidos». Una situación que, creen, no es coyuntural, y por la que ven necesario «adaptarse a una demanda previsiblemente inferior a las proyecciones de largo plazo».
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