La Unión Europea dio luz verde el 15 de junio en Luxemburgo a la apertura formal de las negociaciones con Moldavia y Ucrania después de que Hungría levantara su veto. El inicio de las conversaciones marca el comienzo de un largo proceso en el que ambos países deberán adaptar su legislación e instituciones a los estándares comunitarios en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y la gestión de fronteras, entre otros muchos.
El antiguo enclave soviético, donde hay desplegadas tropas rusas, puede complicar las negociaciones para el ingreso de Chisináu en el bloque comunitario
La Unión Europea dio luz verde el 15 de junio en Luxemburgo a la apertura formal de las negociaciones con Moldavia y Ucrania después de que Hungría levantara su veto. El inicio de las conversaciones marca el comienzo de un largo proceso en el que ambos países deberán adaptar su legislación e instituciones a los estándares comunitarios en ámbitos como la lucha contra la corrupción, la independencia judicial y la gestión de fronteras, entre otros muchos.
En el caso de Moldavia —que aspira a incorporarse al bloque comunitario en 2030—, el principal interrogante tiene nombre propio: Transnistria. Este enclave separatista, incrustado en una estrecha franja a lo largo del río Nistru y Ucrania, escapa al control de Chisináu desde que se autoproclamó independiente en 1992 tras un conflicto armado respaldado por Moscú. Aunque Rusia mantiene tropas en el territorio y apoya de facto al régimen separatista, nunca ha reconocido oficialmente su independencia.
La región rebelde ocupa apenas el 10% del territorio moldavo, pero alberga 1.500 soldados rusos y un depósito de munición en la pequeña localidad de Cobasna, donde se estima que se almacenan unas 20.000 toneladas de armamento heredado de la extinta URSS.
Más de tres décadas después del conflicto, la cuestión sigue siendo uno de los principales desafíos políticos y de seguridad para esta antigua república soviética de 2,5 millones de habitantes. La presidenta Maia Sandu declaró recientemente que lo apropiado sería que Transnistria se reintegrara bajo la soberanía moldava y dentro del proyecto europeo del país. No obstante, advirtió de que esa reunificación no puede otorgar al Kremlin capacidad para condicionar el rumbo europeo de Moldavia. Ese planteamiento deja abierta la posibilidad de un ingreso escalonado en la UE si el conflicto territorial sigue sin resolverse.
Para gestionar la relación con la región separatista, Chisináu creó a principios de este siglo la Oficina de Políticas de Reintegración, órgano clave en estos momentos para solucionar este asunto. “Los beneficios del proceso de integración europea hacen que las políticas de reintegración sean más atractivas para los residentes y empresarios transnistrios, que acceden masivamente a los servicios públicos prestados en la orilla derecha del río Nistru”, señala un portavoz del departamento de comunicación del organismo a EL PAÍS mediante correo electrónico.
La estrategia de Moldavia pasa por la reintegración gradual y pacífica en diferentes ámbitos. “Pondremos en marcha en breve el Fondo de Convergencia, un instrumento que ofrecerá la posibilidad de implementar nuevos proyectos [sociales y de infraestructura] con un gran impacto socioeconómico para nuestros ciudadanos de la región de Transnistria”, remarca la institución, que rechaza una solución inspirada en el modelo chipriota.
Chipre se incorporó a los Veintisiete en 2004 con una parte de su territorio ocupado militarmente por Turquía, con la expectativa de alcanzar una reunificación posterior que nunca ha llegado a materializarse.
Para las autoridades moldavas, en cambio, ambos casos son distintos.
“El escenario chipriota no es válido en el caso de la República de Moldavia o la región de Transnistria: pese a estar temporalmente fuera del control de las autoridades constitucionales, depende de los procesos que tienen lugar en los dos Estados candidatos a la adhesión a la UE [República de Moldavia y Ucrania]”, sostiene la Oficina de Políticas de Reintegración.
La institución destaca además que “la reintegración social y económica de la región está muy avanzada”: “Alrededor de 360.000 habitantes de Transnistria [de una población de medio millón] poseen ciudadanía moldava, de los cuales casi 75.000 disponen de atención médica en Moldavia, y todas las operaciones de comercio exterior de las empresas transnistrias se realizan a través de los puestos aduaneros moldavos”.
Hasta la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, la situación permitía a Tiraspol —la capital de Transnistria— favorecer la circulación de mercancías mediante el contrabando, sobre todo desde o hacia el cercano puerto ucranio de Odesa. Pero, desde el estallido de la guerra, Kiev ha cerrado la frontera e incluso anunció en abril que había colocado minas por temor a una amenaza proveniente de la región separatista. Esto ha hecho que el enclave sea cada vez más dependiente de Chisináu.
“Todos los bienes producidos en Transnistria están controlados por las autoridades moldavas”, argumenta Laurentiu Plesca, analista en la oficina de Bucarest de la organización German Marshall Fund of the United States. “En los últimos cuatro años, las exportaciones del enclave a la UE aumentaron hasta un 80%”, afirma. El investigador también destaca la progresiva integración energética de Moldavia en el mercado europeo, un movimiento que ha reducido aún más el margen de maniobra de las autoridades separatistas.
En 2025, Transnistria perdió su acceso al gas ruso gratuito debido a una disputa entre Rusia y Moldavia y al cierre del gasoducto que atraviesa Ucrania. Hoy en día, recibe suministro a través del mercado europeo mediante intermediarios que están bajo sospecha de ser financiados con dinero ruso, pero la situación continúa siendo precaria.
La crisis energética y económica coincidió además con un aumento significativo de los transnistrios que recurren a los servicios públicos moldavos. El número de residentes de la región registrados en un médico de familia en el lado controlado por Chisináu pasó de 39.238 en junio de 2025 a 50.421 apenas seis meses después. “Rusia dispone hoy de menos margen de maniobra sobre Transnistria”, sostiene Plesca. Como ejemplo, cita una ley aprobada por Moscú en mayo para facilitar la concesión de la nacionalidad rusa a los habitantes del enclave. “El Kremlin intenta justificar así su papel como protector de los aproximadamente 200.000 ciudadanos rusos que viven en la región”, recalca el analista.
El presidente de facto de la región separatista, Vadim Krasnosselski, se mueve entre la lealtad a Rusia y la necesidad de mantener buenas relaciones con el Gobierno moldavo: “Cualquiera que sean las complejidades de nuestras relaciones, siempre confío en los políticos moldavos. Creo que dicen la verdad cuando dicen que se oponen a una solución militar al problema de Transnistria ”, dijo el líder rebelde a principios de mayo.
Otro actor clave es el oligarca Victor Gusan, el poderoso empresario propietario del conglomerado Sheriff, quien monopoliza los principales sectores de la economía local y hasta ahora se aprovecha de las ventajas del statu quo. “El Gobierno moldavo está jugando a varias bandas para intentar ganarse la región: por un lado, coteja a los empresarios locales explicándoles los beneficios de una adhesión y, por otro lado, con políticas que convenzan a sus dirigentes de lo que traería la reintegración”, puntualiza Plesca.
Para Mihai Isac, analista de política internacional, la cuestión de Transnistria “podría ralentizar el proceso porque Chisináu no puede aplicar plenamente la legislación de la UE y los estándares de seguridad en todo su territorio reconocido internacionalmente”. “Cualquier acuerdo de adhesión especial también requeriría la aprobación unánime de todos los Estados miembros de la UE”, advierte a EL PAÍS. “Algunos políticos europeos de alto rango han dicho que este asunto no será un problema en este proceso, el tiempo lo dirá”, agrega el experto.
El experto recuerda el precedente de la reintegración pacífica de la región de Eslavonia Oriental en Croacia tras las guerras yugoslavas. En ese acuerdo, la administración temporal del territorio quedó en manos de una misión de la ONU: se produjo una desmilitarización gradual y se garantizó la protección de los derechos de la minoría serbia, incluida la representación policial y ciertos derechos lingüísticos y culturales. A su juicio, la solución más plausible para Moldavia podría combinar elementos de ambos modelos. “Una adhesión al estilo chipriota seguida de un proceso de reintegración negociado puede ser la opción más realista; todo depende del apoyo político y financiero de los Estados de la UE y de la voluntad política en Chisinau”, concluye Isac.
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