Jaime Ramírez está acostumbrado a vivir frente a un edificio abandonado. Uno muy grande. Desde su ventana, en la calle de Joaquín María López, en Chamberí, ve un antiguo complejo sanitario de 24.000 metros cuadrados con forma de hache: el Hospital del Generalísimo Franco, construido en los cincuenta para uso militar y vacío desde 2001. También el gran jardín que hay en la entrada, un oasis verde en una mole deteriorada y un tanto tétrica. “Me he despertado con él toda la vida. Ahí había cipreses y un olivo grande. Y la catalpa, que llegaba al tercer piso”, enumera. Habla en pasado porque este lunes se llevó una sorpresa. De los diez árboles que veía cada día, seis de obligada conservación por su antigüedad, quedaban tres. Y pronto solo quedará uno, según el Ayuntamiento de Madrid, que ha autorizado la tala.
En 2024, el Ministerio de Defensa adjudicó la concesión del edificio de más de 24.000 metros cuadrados en Chamberí durante 75 años a la Fundación Jiménez Díaz a cambio de una contraprestación total de 180 millones de euros
Jaime Ramírez está acostumbrado a vivir frente a un edificio abandonado. Uno muy grande. Desde su ventana, en la calle de Joaquín María López, en Chamberí, ve un antiguo complejo sanitario de 24.000 metros cuadrados con forma de hache: el Hospital del Generalísimo Franco, construido en los cincuenta para uso militar y vacío desde 2001. También el gran jardín que hay en la entrada, un oasis verde en una mole deteriorada y un tanto tétrica. “Me he despertado con él toda la vida. Ahí había cipreses y un olivo grande. Y la catalpa, que llegaba al tercer piso”, enumera. Habla en pasado porque este lunes se llevó una sorpresa. De los diez árboles que veía cada día, seis de obligada conservación por su antigüedad, quedaban tres. Y pronto solo quedará uno, según el Ayuntamiento de Madrid, que ha autorizado la tala.
El edificio es del Ministerio de Defensa, pero en 2024 lo cedió por 180 millones de euros a la Fundación Jiménez Díaz, en manos del gigante sanitario Quirón, para que lo explote durante 75 años. La operación, muy polémica y criticada en su momento, es ventajosa para el grupo privado: pagará una media de 2,4 millones de euros al año y, a cambio, podrá montar lo que quiera dentro de los usos urbanísticos permitidos, porque no se obliga a un uso concreto en los documentos de la licitación. Sí recogen que destinarlo a una actividad sanitaria, docente o de “interés social” daba más puntos. Y, en principio, en el complejo se va a construir un centro sanitario ambulatorio. También un parking subterráneo en el patio interior de 9.513 metros cuadrados y tres plantas. No se especifica el número de plazas, pero sí que un tercio se reservará para Defensa. Según el pliego, el aparcamiento debía estar listo, como tarde, para 2026.
Los primeros trabajos empezaron el año pasado con la demolición del interior del edificio y han seguido este verano. La encargada de las obras que también afectan a la entrada del complejo, la que ven cada día Ramírez y sus vecinos, es Ferrovial. El martes a las 19.05, el barrio estaba casi desierto ―la mayoría de residentes está ya de vacaciones― y la parcela vacía y cerrada. En el muro, un cartel del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid indica que se han autorizado las obras para un “estacionamiento subterráneo”. Dentro quedan los restos de una tala. Los tocones de los cipreses a la derecha, ramas desperdigadas, tierra removida y, en el hueco donde antes descansaba un olivo, una malla amarilla y un papel que reza: “Zona de protección ambiental”. Un trabajador dice que se lo han llevado a La Moraleja. Permanecen intactos una palmera, un olmo y un tercer árbol, protegidos, por ahora, por varias maderas que rodean sus troncos. “Qué pena, qué desastre”, dice el vecino, de 70 años.
Antes de ceder el edificio a la Jiménez Díaz, se llevó a cabo un movimiento importante. En 2011, el Ayuntamiento aprobó definitivamente un Plan Especial para cambiar el uso del inmueble de sanitario a servicios de la administración pública, y para proteger y rehabilitar los edificios. “Ayer hospital, mañana oficinas”, titularon la nota de prensa para anunciarlo. En ese documento también incluyó la futura construcción del parking y un inventario de los árboles, 27 en total (hoy hay censados 29). De esos, los seis del jardín norte “se consideran de obligada conservación” por su “cierto porte y antigüedad”. Eran los más altos, vistosos y los que más tiempo llevaban allí, haciendo frente a las inclemencias del tiempo y el peso del abandono. Aunque entre ese texto y la cesión pasaron 13 años, en el pliego de la licitación se remarcó que las condiciones de edificación estaban reguladas por el plan especial.
En el área de Urbanismo indican que sí “se trata de un proyecto que se remonta a 2010 [cuando se aprobó inicialmente] para la protección, cambio de uso y ampliación del edificio” y que ya entonces se contabilizaban 27 árboles que se verían afectados por las obras. “Hoy ascienden a 29 ejemplares los que han de ser talados, de los cuales solo se puede trasplantar uno. El resto se pierde”. La justificación para la tala, indica una portavoz, es la “afección por obras”. Y también alude a una información que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida (PP), lanzó en el Debate del Estado de la Ciudad el 30 de junio: “El Ayuntamiento de Madrid ha recibido tres solicitudes del Gobierno de la Nación para talar 70 árboles en el complejo de La Moncloa y otro informe adicional con la petición de tala de 49 más a través de AENA”.
Los datos que ofrece Quirón no coinciden con los del Ayuntamiento. Un portavoz señala que el consistorio madrileño ha autorizado la tala e indicado qué ejemplares deben respetarse. “Se mantienen tres árboles y se trasplanta uno”, apunta. Y añade: “La constructora [Ferrovial] ha recibido las órdenes oportunas y dispone de la autorización de tala”. En la parcela, por ahora, quedan tres árboles.
En Madrid, los árboles con más de 10 años de antigüedad o 20 centímetros de diámetro de tronco están protegidos por la Ley de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. Talarlos requiere, en este caso, autorización del Ayuntamiento y un informe técnico que lo justifique. La normativa obliga también a compensar la pérdida de ejemplares reponiendo un número mínimo de árboles equivalente a la edad de cada eliminado.
Ramírez es miembro de la asociación vecinal El Organillo y tiene decenas de fotos del jardín. ¿Por qué? “Lo he visto siempre. Me alegra. Algunos tienen más de 50 años”, dice en la ventana por la que lleva 70 años mirando. La portavoz municipal lo confirma, porque “su perímetro supera los 1,65 metros”. Ramírez nació en esa casa de Chamberí y recuerda que el edificio comenzó a usarse como hospital militar a finales de los cincuenta. “Franco fue a visitarlo. Yo tenía siete años y era un hospital de alto rango. Ese día los policías entraron en todas las casas del bloque. ‘Guarde al niño’, le dijeron a mi madre”, cuenta. A partir de los noventa, al no haber tantos militares en activo, la asistencia fue bajando y en 2001 se cerró. Desde entonces, ha permanecido así, marchitándose.
Cuando se hicieron públicas las intenciones de Defensa, varios colectivos criticaron y denunciaron la cesión al Grupo Quirón. El ministerio, liderado por Margarita Robles (PSOE), sacó la licitación en noviembre de 2023 y la Fundación Jiménez Díaz fue la única que se presentó a concurso. Podrá explotar las instalaciones hasta 2099. “La concesión demanial se consideró lafigura más idónea” porque permite el uso privativo de bienes de dominio público conservando la propiedad del bien, justificó Defensa en una respuesta escrita a una petición de información de Sumar, socio de gobierno, según recogieron varios medios.
Vicente Losada es miembro de la plataforma Audita Salud, uno de los colectivos que denunció la cesión. “En el pliego no se especificaba cuál iba a ser la función de la Jiménez Díaz en la explotación del espacio. Con el deterioro de la sanidad pública en Madrid, lo normal era que se le hubiera buscado un uso público. Y encima, la adjudicación de 180 millones a 75 años es irrisoria. Si divides por año, es un importe ínfimo. Una ridiculez comparado con los precios de mercado”, se queja por teléfono.
