El apagón del año pasado, el 28 de abril, se mantiene en la penumbra. Doce meses después y con un buen puñado de informes de investigación publicados, apenas hay unas cuantas evidencias. La primera es que Red Eléctrica, la compañía que pertenece a Grupo Redeia, y que preside Beatriz Corredor, está en el centro de todas las miradas. Su empresa es el operador del sistema. Por tanto, si hubo un fallo en dicho sistema, la responsabilidad primera debe obedecer a su gestión. Por otra parte, ese cambio de operativa ha vuelto a poner a pleno rendimiento las centrales de gas. Un axioma que contradice los planes que tenía el Gobierno en la cabeza.Todos los informes que se han publicado, desde el documento del Gobierno, al que ha hecho el organismo europeo Entso-e que agrupa las asociaciones de operadores de red, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalan lo mismo: hay múltiples factores que afectaron a la caída del sistema, y en todos ellos se indica que Red Eléctrica tuvo algo que ver. A la hora de manejar la gestión en los minutos previos al cero eléctrico; el día anterior en la programación; o si no hubo unos servicios de ajuste (petición de más centrales de apoyo) adecuados. Todos los caminos conducen al operador del sistema.Luego, con diferentes matices y en distinto grado, se señala a las compañías eléctricas, las distribuidoras de electricidad en el sistema. Se cuestiona en algunos informes si atendieron a las llamadas de Red Eléctrica para conectarse al sistema el día del apagón; o si estaban capacitadas para gestionar los problemas de tensión que, en principio, son los causantes de la caída de la red.Noticia relacionada general No No Los audios del momento del apagón: «Hostia; ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando» Raúl MasaEn definitiva, muchos informes, y poca claridad. Ahora, en fechas más recientes, y al margen de la investigación de la CNMC, el regulador ha abierto ya más de cincuenta expedientes sancionadores relacionados con el apagón. Para las eléctricas tienen una componente «grave», mientras que para el operador del sistema se investiga una situación «muy grave» que tiene que ver con dos cuestiones: si el día anterior se hizo bien la programación, y si con sus acciones se puso en riesgo el suministro eléctrico. También a Almaraz se le ha abierto un expediente muy grave. El gran cambioA la espera de conocer todo, si finalmente se conoce –y en cuánto tiempo–, hay una cuestión que Red Eléctrica no puede eludir. Si todo se hizo de acuerdo con los criterios de actuación correctos, ¿por qué se ha cambiado el modo de operar el sistema? Una situación que ha provocado un encarecimiento de los costes de la red. Y la traducción de esto es que empresas y ciudadanos pagan más en sus recibos. Además, su cambio de operativa pone en cuestión si el ritmo de penetración de las renovables no era algo forzado teniendo en cuenta la tipología de la infraestructura.Justo el día después del apagón, una vez que se hizo la reposición del sistema, Red Eléctrica empezó a gestionar todo de forma distinta. Las centrales de ciclo combinado de gas, con el objetivo de dar mayor robustez al sistema, han sido esenciales. En el año móvil previo al apagón, de mayo de 2024 a abril de 2025, los ciclos combinados produjeron 37.400 GWh para el sistema eléctrico. Apenas dos meses estuvieron por encima de los 4.000 GWh. Sin embargo, en el año posterior al apagón todo ha cambiado. Desde el pasado 29 de abril, hasta la fecha actual, se han producido 46.400 GWh con centrales de gas. Cerca de un 25% más.De esta forma, hasta siete meses han tenido una generación superior a los 4.000 GWh. La gran mayoría de la entrada de estas centrales se ha producido por servicios de ajuste; es decir, el método que tiene Red Eléctrica para calibrar el sistema y que no haya ningún problema tras las ofertas que lanzan todos los productores al mercado. Por tanto, desde hace un año la compañía que preside Beatriz Corredor asume que necesita hacer cambios. Algo que el 27 de abril, día previo al apagón, no se hizo.Esta situación ha tenido un impacto directo en todos los consumidores. Reclamar que estas centrales entren en acción tiene un coste, dado que su puesta en funcionamiento a través de estos mercados secundarios deben ser retribuidos. Esto se imputa en el precio final de la energía. Algo que se suma a la factura que termina llegando a caso de los consumidores. En este sentido, quienes están dentro del mercado regulado (PVPC), cerca de ocho millones de usuarios, están ya pagando más en sus recibos que en el año anterior. Lo mismo sucede con las empresas e industrias, cuyo gastos son mayores y, por tanto, han elevado la factura final. Pero esta situación también se verá reflejado en quienes tienen contratos en libre mercado. Pese a que se trata de tarifas fijas durante un tiempo, cuando se haga la revisión del contrato, el impacto que ahora han estado gestionan las comercializadoras, finalmente terminará aflorando.Nuevo paradigmaEl apagón, más allá de la cuestión de responsabilidad, también ha traído reflexiones profundas sobre el sistema eléctrico. Una de los grandes protagonistas este año ha sido la energía nuclear. Su principal característica es la capacidad que tiene para ofrecer suministro estable al sistema, algo que se ha convertido en esencial.Esto ha provocado que, finalmente, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) hayan pedido una prórroga de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para 2027, y que ahora lo más probable es que esté abierta –al menos– hasta 2030. No obstante, todavía debe pasar por las manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la decisión final del Gobierno. Aunque con todos estos ingredientes parece difícil que se vaya a oponer; sobre todo, cuando la opinión pública ha tomando conciencia de la necesidad de que no haya problemas con el suministro eléctrico.Clave políticaPor lo que respecta al impacto político del cero eléctrico, la magnitud del apagón se tradujo en una respuesta parlamentaria de gran calado, según consta en un informe de Rud Pedersen al que ha podido acceder este periódico.En concreto, entre las dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, se han registrado más de 270 iniciativas de control y orientación política, incluyendo preguntas escritas y orales, interpelaciones y sus correspondientes mociones consecuencia de interpelación, así como proposiciones no de ley, mociones y solicitudes de informe. Desde el apagón, las cámaras han concluido la tramitación de 112 iniciativas, (respondidas, decaídas, aprobadas o rechazadas), lo que supone que siguen quedando pendiente de resolución más de un 60%.El dato más llamativo no es la cantidad de iniciativas, según señala el documento, sino su distribución. El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna iniciativa en ninguna de las dos Cámaras, ni en el Congreso ni en el Senado, en relación con el apagón del 28-A. Esta ausencia contrasta con la intensa actividad de los grupos de la oposición. El apagón del año pasado, el 28 de abril, se mantiene en la penumbra. Doce meses después y con un buen puñado de informes de investigación publicados, apenas hay unas cuantas evidencias. La primera es que Red Eléctrica, la compañía que pertenece a Grupo Redeia, y que preside Beatriz Corredor, está en el centro de todas las miradas. Su empresa es el operador del sistema. Por tanto, si hubo un fallo en dicho sistema, la responsabilidad primera debe obedecer a su gestión. Por otra parte, ese cambio de operativa ha vuelto a poner a pleno rendimiento las centrales de gas. Un axioma que contradice los planes que tenía el Gobierno en la cabeza.Todos los informes que se han publicado, desde el documento del Gobierno, al que ha hecho el organismo europeo Entso-e que agrupa las asociaciones de operadores de red, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalan lo mismo: hay múltiples factores que afectaron a la caída del sistema, y en todos ellos se indica que Red Eléctrica tuvo algo que ver. A la hora de manejar la gestión en los minutos previos al cero eléctrico; el día anterior en la programación; o si no hubo unos servicios de ajuste (petición de más centrales de apoyo) adecuados. Todos los caminos conducen al operador del sistema.Luego, con diferentes matices y en distinto grado, se señala a las compañías eléctricas, las distribuidoras de electricidad en el sistema. Se cuestiona en algunos informes si atendieron a las llamadas de Red Eléctrica para conectarse al sistema el día del apagón; o si estaban capacitadas para gestionar los problemas de tensión que, en principio, son los causantes de la caída de la red.Noticia relacionada general No No Los audios del momento del apagón: «Hostia; ¡a tomar por culo! Nos estamos desconectando» Raúl MasaEn definitiva, muchos informes, y poca claridad. Ahora, en fechas más recientes, y al margen de la investigación de la CNMC, el regulador ha abierto ya más de cincuenta expedientes sancionadores relacionados con el apagón. Para las eléctricas tienen una componente «grave», mientras que para el operador del sistema se investiga una situación «muy grave» que tiene que ver con dos cuestiones: si el día anterior se hizo bien la programación, y si con sus acciones se puso en riesgo el suministro eléctrico. También a Almaraz se le ha abierto un expediente muy grave. El gran cambioA la espera de conocer todo, si finalmente se conoce –y en cuánto tiempo–, hay una cuestión que Red Eléctrica no puede eludir. Si todo se hizo de acuerdo con los criterios de actuación correctos, ¿por qué se ha cambiado el modo de operar el sistema? Una situación que ha provocado un encarecimiento de los costes de la red. Y la traducción de esto es que empresas y ciudadanos pagan más en sus recibos. Además, su cambio de operativa pone en cuestión si el ritmo de penetración de las renovables no era algo forzado teniendo en cuenta la tipología de la infraestructura.Justo el día después del apagón, una vez que se hizo la reposición del sistema, Red Eléctrica empezó a gestionar todo de forma distinta. Las centrales de ciclo combinado de gas, con el objetivo de dar mayor robustez al sistema, han sido esenciales. En el año móvil previo al apagón, de mayo de 2024 a abril de 2025, los ciclos combinados produjeron 37.400 GWh para el sistema eléctrico. Apenas dos meses estuvieron por encima de los 4.000 GWh. Sin embargo, en el año posterior al apagón todo ha cambiado. Desde el pasado 29 de abril, hasta la fecha actual, se han producido 46.400 GWh con centrales de gas. Cerca de un 25% más.De esta forma, hasta siete meses han tenido una generación superior a los 4.000 GWh. La gran mayoría de la entrada de estas centrales se ha producido por servicios de ajuste; es decir, el método que tiene Red Eléctrica para calibrar el sistema y que no haya ningún problema tras las ofertas que lanzan todos los productores al mercado. Por tanto, desde hace un año la compañía que preside Beatriz Corredor asume que necesita hacer cambios. Algo que el 27 de abril, día previo al apagón, no se hizo.Esta situación ha tenido un impacto directo en todos los consumidores. Reclamar que estas centrales entren en acción tiene un coste, dado que su puesta en funcionamiento a través de estos mercados secundarios deben ser retribuidos. Esto se imputa en el precio final de la energía. Algo que se suma a la factura que termina llegando a caso de los consumidores. En este sentido, quienes están dentro del mercado regulado (PVPC), cerca de ocho millones de usuarios, están ya pagando más en sus recibos que en el año anterior. Lo mismo sucede con las empresas e industrias, cuyo gastos son mayores y, por tanto, han elevado la factura final. Pero esta situación también se verá reflejado en quienes tienen contratos en libre mercado. Pese a que se trata de tarifas fijas durante un tiempo, cuando se haga la revisión del contrato, el impacto que ahora han estado gestionan las comercializadoras, finalmente terminará aflorando.Nuevo paradigmaEl apagón, más allá de la cuestión de responsabilidad, también ha traído reflexiones profundas sobre el sistema eléctrico. Una de los grandes protagonistas este año ha sido la energía nuclear. Su principal característica es la capacidad que tiene para ofrecer suministro estable al sistema, algo que se ha convertido en esencial.Esto ha provocado que, finalmente, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) hayan pedido una prórroga de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para 2027, y que ahora lo más probable es que esté abierta –al menos– hasta 2030. No obstante, todavía debe pasar por las manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la decisión final del Gobierno. Aunque con todos estos ingredientes parece difícil que se vaya a oponer; sobre todo, cuando la opinión pública ha tomando conciencia de la necesidad de que no haya problemas con el suministro eléctrico.Clave políticaPor lo que respecta al impacto político del cero eléctrico, la magnitud del apagón se tradujo en una respuesta parlamentaria de gran calado, según consta en un informe de Rud Pedersen al que ha podido acceder este periódico.En concreto, entre las dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, se han registrado más de 270 iniciativas de control y orientación política, incluyendo preguntas escritas y orales, interpelaciones y sus correspondientes mociones consecuencia de interpelación, así como proposiciones no de ley, mociones y solicitudes de informe. Desde el apagón, las cámaras han concluido la tramitación de 112 iniciativas, (respondidas, decaídas, aprobadas o rechazadas), lo que supone que siguen quedando pendiente de resolución más de un 60%.El dato más llamativo no es la cantidad de iniciativas, según señala el documento, sino su distribución. El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna iniciativa en ninguna de las dos Cámaras, ni en el Congreso ni en el Senado, en relación con el apagón del 28-A. Esta ausencia contrasta con la intensa actividad de los grupos de la oposición.
El apagón del año pasado, el 28 de abril, se mantiene en la penumbra. Doce meses después y con un buen puñado de informes de investigación publicados, apenas hay unas cuantas evidencias. La primera es que Red Eléctrica, la compañía que pertenece a Grupo Redeia, … y que preside Beatriz Corredor, está en el centro de todas las miradas. Su empresa es el operador del sistema. Por tanto, si hubo un fallo en dicho sistema, la responsabilidad primera debe obedecer a su gestión. Por otra parte, ese cambio de operativa ha vuelto a poner a pleno rendimiento las centrales de gas. Un axioma que contradice los planes que tenía el Gobierno en la cabeza.
Todos los informes que se han publicado, desde el documento del Gobierno, al que ha hecho el organismo europeo Entso-e que agrupa las asociaciones de operadores de red, hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) señalan lo mismo: hay múltiples factores que afectaron a la caída del sistema, y en todos ellos se indica que Red Eléctrica tuvo algo que ver. A la hora de manejar la gestión en los minutos previos al cero eléctrico; el día anterior en la programación; o si no hubo unos servicios de ajuste (petición de más centrales de apoyo) adecuados. Todos los caminos conducen al operador del sistema.
Luego, con diferentes matices y en distinto grado, se señala a las compañías eléctricas, las distribuidoras de electricidad en el sistema. Se cuestiona en algunos informes si atendieron a las llamadas de Red Eléctrica para conectarse al sistema el día del apagón; o si estaban capacitadas para gestionar los problemas de tensión que, en principio, son los causantes de la caída de la red.
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En definitiva, muchos informes, y poca claridad. Ahora, en fechas más recientes, y al margen de la investigación de la CNMC, el regulador ha abierto ya más de cincuenta expedientes sancionadores relacionados con el apagón. Para las eléctricas tienen una componente «grave», mientras que para el operador del sistema se investiga una situación «muy grave» que tiene que ver con dos cuestiones: si el día anterior se hizo bien la programación, y si con sus acciones se puso en riesgo el suministro eléctrico. También a Almaraz se le ha abierto un expediente muy grave.
El gran cambio
A la espera de conocer todo, si finalmente se conoce –y en cuánto tiempo–, hay una cuestión que Red Eléctrica no puede eludir. Si todo se hizo de acuerdo con los criterios de actuación correctos, ¿por qué se ha cambiado el modo de operar el sistema? Una situación que ha provocado un encarecimiento de los costes de la red. Y la traducción de esto es que empresas y ciudadanos pagan más en sus recibos. Además, su cambio de operativa pone en cuestión si el ritmo de penetración de las renovables no era algo forzado teniendo en cuenta la tipología de la infraestructura.
Justo el día después del apagón, una vez que se hizo la reposición del sistema, Red Eléctrica empezó a gestionar todo de forma distinta. Las centrales de ciclo combinado de gas, con el objetivo de dar mayor robustez al sistema, han sido esenciales.
En el año móvil previo al apagón, de mayo de 2024 a abril de 2025, los ciclos combinados produjeron 37.400 GWh para el sistema eléctrico. Apenas dos meses estuvieron por encima de los 4.000 GWh. Sin embargo, en el año posterior al apagón todo ha cambiado. Desde el pasado 29 de abril, hasta la fecha actual, se han producido 46.400 GWh con centrales de gas. Cerca de un 25% más.
Generación de los
ciclos combinados de gas
En GWh
mayo 24-abril 25
mayo 25-abril 26
A día 23
Fuente:Red Eléctrica/ ABC
Generación de los ciclos combinados de gas
En GWh
mayo 24-abril 25
mayo 25-abril 26
A día 23
Fuente:Red Eléctrica/ ABC
De esta forma, hasta siete meses han tenido una generación superior a los 4.000 GWh. La gran mayoría de la entrada de estas centrales se ha producido por servicios de ajuste; es decir, el método que tiene Red Eléctrica para calibrar el sistema y que no haya ningún problema tras las ofertas que lanzan todos los productores al mercado. Por tanto, desde hace un año la compañía que preside Beatriz Corredor asume que necesita hacer cambios. Algo que el 27 de abril, día previo al apagón, no se hizo.
Esta situación ha tenido un impacto directo en todos los consumidores. Reclamar que estas centrales entren en acción tiene un coste, dado que su puesta en funcionamiento a través de estos mercados secundarios deben ser retribuidos. Esto se imputa en el precio final de la energía. Algo que se suma a la factura que termina llegando a caso de los consumidores.
En este sentido, quienes están dentro del mercado regulado (PVPC), cerca de ocho millones de usuarios, están ya pagando más en sus recibos que en el año anterior. Lo mismo sucede con las empresas e industrias, cuyo gastos son mayores y, por tanto, han elevado la factura final. Pero esta situación también se verá reflejado en quienes tienen contratos en libre mercado. Pese a que se trata de tarifas fijas durante un tiempo, cuando se haga la revisión del contrato, el impacto que ahora han estado gestionan las comercializadoras, finalmente terminará aflorando.
Nuevo paradigma
El apagón, más allá de la cuestión de responsabilidad, también ha traído reflexiones profundas sobre el sistema eléctrico. Una de los grandes protagonistas este año ha sido la energía nuclear. Su principal característica es la capacidad que tiene para ofrecer suministro estable al sistema, algo que se ha convertido en esencial.
Esto ha provocado que, finalmente, las empresas propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy) hayan pedido una prórroga de la central nuclear de Almaraz, cuyo cierre estaba previsto para 2027, y que ahora lo más probable es que esté abierta –al menos– hasta 2030. No obstante, todavía debe pasar por las manos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), y la decisión final del Gobierno. Aunque con todos estos ingredientes parece difícil que se vaya a oponer; sobre todo, cuando la opinión pública ha tomando conciencia de la necesidad de que no haya problemas con el suministro eléctrico.
Clave política
Por lo que respecta al impacto político del cero eléctrico, la magnitud del apagón se tradujo en una respuesta parlamentaria de gran calado, según consta en un informe de Rud Pedersen al que ha podido acceder este periódico.
En concreto, entre las dos cámaras, Congreso de los Diputados y Senado, se han registrado más de 270 iniciativas de control y orientación política, incluyendo preguntas escritas y orales, interpelaciones y sus correspondientes mociones consecuencia de interpelación, así como proposiciones no de ley, mociones y solicitudes de informe. Desde el apagón, las cámaras han concluido la tramitación de 112 iniciativas, (respondidas, decaídas, aprobadas o rechazadas), lo que supone que siguen quedando pendiente de resolución más de un 60%.
El dato más llamativo no es la cantidad de iniciativas, según señala el documento, sino su distribución. El Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna iniciativa en ninguna de las dos Cámaras, ni en el Congreso ni en el Senado, en relación con el apagón del 28-A. Esta ausencia contrasta con la intensa actividad de los grupos de la oposición.
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