El Departamento de Interior de la Generalitat-una de las carteras más inflamables de cualquier Gobierno- acumula en las últimas semanas polémicas que erosionan los ánimos en el cuerpo y tensionan a sus máximos responsables. Al debate por la inseguridad en la calle con la que ya echó a andar el PSC, y que la extrema derecha vincula con la inmigración, se suman las críticas por el plan piloto de introducir mossos en las escuelas, que ha rematado la infiltración de dos mossas en una asamblea de profesores. Además de la petición de la dimisión de la consejera Núria Parlon por parte de Junts, arrecian las críticas de ERC, Comuns y CUP, que quieren que el director de la policía, Josep Lluís Trapero, sea cesado.
Al debate sobre la seguridad, se suma la polémica por el plan en las escuelas y la infiltración en asambles de profesores
El Departamento de Interior de la Generalitat-una de las carteras más inflamables de cualquier Gobierno- acumula en las últimas semanas polémicas que erosionan los ánimos en el cuerpo y tensionan a sus máximos responsables. Al debate por la inseguridad en la calle con la que ya echó a andar el PSC, y que la extrema derecha vincula con la inmigración, se suman las críticas por el plan piloto de introducir mossos en las escuelas, que ha rematado la infiltración de dos mossas en una asamblea de profesores. Además de la petición de la dimisión de la consejera Núria Parlon por parte de Junts, arrecian las críticas de ERC, Comuns y CUP, que quieren que el director de la policía, Josep Lluís Trapero, sea cesado.
Uno de los primeros propósitos de Interior cuando llegó el PSC a la presidencia de la Generalitat fue abordar sin complejos la seguridad: un caladero de votos para la extrema derecha y fuente de descontento en muchos barrios catalanes. Desde su aterrizaje, las estadísticas avalan una mejoría: los delitos se redujeron en un 4% el año pasado en Cataluña, y más de un 6% en Barcelona. Además, Parlon admitió en una entrevista radiofónica que buena parte de las personas que delinquen “son personas sin DNI español”, lo que supuso una concesión que neutraliza a quienes aseguran que se oculta la nacionalidad de los delincuentes, pero enseguida intentó desactivar el binomio delincuencia-inmigración: “La inmigración siempre se ha asociado a la voluntad de encontrar una vida mejor”, dijo, para frenar el estigma.
Las declaraciones fueron acompañadas del anuncio de planes específicos para actuar contra los delincuentes: el plan Kanpai, centrado en la multirreincidencia, diseñado con la intención de enseñar musculatura, con mucha policía a la calle, identificando y deteniendo a los ladrones habituales para que acaben ingresando en prisión. Además, se potenció el plan Daga, para incautar armas blancas, que puso en marcha la anterior dirección de Interior, en manos entonces de ERC, después de detectar un incremento significativo de lesiones y peleas con cuchillos, navajas e incluso hachas o sables.
Mediáticamente, la fuerza se dedicó a trasladar los éxitos de cada operativo, con números de detenidos e identificados, acompañado todo ello de presión institucional en Cataluña, pero también en Madrid para reforzar juzgados y lograr acuerdos para ampliar la plantilla de Mossos. Una estrategia que fiaba parte de su éxito al delicado equilibrio de la calle y las redes sociales, donde las noticias sobre peleas, robos y tiroteos entre bandas impactan de manera determinante en la percepción de seguridad. Ese equilibrio se tensionó aún más el primer fin de semana de mayo, cuando una mujer de 41 años fue asesinada por un hombre al que no conocía de nada, que la abordó en la calle en Esplugues y la acuchilló. El episodio fue utilizado por los difusores de bulos, y también por partidos como Aliança Catalana o Vox, que enseguida acusaron a Interior de ocultar un atentado terrorista. La Generalitat, entonces arropada por su socios de Gobierno, lo combatió blandiendo las cifras, aunque admitió que hay una violencia entre las personas que crece de manera sostenida en los últimos años. A pesar de eso, Cataluña tiene una de las tasas de homicidios (0,6 por 100.000 habitantes) más bajas de Europa.
Paralelamente, el Departamento de Interior lidiaba con otro problema sobrevenido: la revelación por parte de este diario de que los Mossos y Educación ultimaban un plan piloto para introducir mossos de paisano en las escuelas. El proyecto recibió el rechazo de los sindicatos de profesores, que además llevaban un tiempo envueltos en un agrio conflicto laboral con el Departamento de Educación. A medida que se gestaba el proyecto, diversas fuentes policiales aseguran que ya advirtieron a la cúpula de Mossos de que el plan -polémico ya de por sí- llegaba en el peor momento posible. En una reunión de presentación a los comisarios, alguno de ellos alertó que suponía rociar con gasolina el conflicto en el sector educativo, explican a este diario diversas fuentes conocedoras de ese encuentro. A pesar de eso, no se plantearon echarlo atrás, explican otras fuentes policiales, sobre una iniciativa que responde a una petición del Departamento de Educación, pero que tiene el apoyo firme y convencido del director de la policía catalana, Josep Lluís Trapero.
Al río revuelto de Interior, se suman incertidumbres internas propias de los Mossos d’Esquadra. En agosto, se jubila el actual jefe operativo de la policía catalana, Miquel Esquius, cuando cumplirá dos años en el cargo. El máximo responsable regula horas pendientes a lo largo de todos sus años de carrera, lo que le permite irse a los 63 años. “Es inadmisible”, lamentan algunas fuentes policiales, sobre el compromiso que consideran que debe mostrar un comisario jefe. Además, se superponen quejas por una cúpula fragmentada, supuestamente muy condicionada por el criterio del director, y cambios que se tachan de arbitrarios y sujetos a amiguismos en otras áreas, como la Comisaría General de Investigación Criminal (CGIC), según lamentan diversas fuentes policiales. Otros mandos, en cambio, alaban la gestión actual y la necesidad de devolver tensión operativa al cuerpo.
La puntilla a la presión sostenida en Interior llegó el jueves pasado, cuando se desveló que dos mossas d’esquadra de los servicios de información de los Mossos habían participado en una asamblea de profesores, haciéndose pasar por uno de ellos. La consejera anunció ayer que se estudiará lo ocurrido, para valorar si fue adecuada y proporcional la decisión “operativa”. Ustec, además de pedir su dimisión, ha anunciado que lo llevará a los tribunales. Llueve sobre mojado en uno de los conflictos laborales más graves que tiene sobre la mesa el Gobierno de la Generalitat. El primer señalado por la infiltración policial fue Trapero, actual director de los Mossos, y una figura icónica después de los atentados terroristas de 2017 y del proceso judicial por el que fue sometido por el referéndum del 1-O. Su cese ha sido pedido al unísono por Junts, ERC, CUP y Comuns. Tanto la consellera del Interior, Núria Parlon, -sobre ambos planea el rumor de una convivencia laboral compleja- como el presidente Salvador Illa han cerrado filas con la labor de la policía catalana.
