La propuesta “una familia, un voto” ha vuelto a irrumpir con fuerza en EE UU y ha abierto las puertas al enésimo debate reaccionario. Desde la constelación ideológica del supremacismo blanco, el masculinismo y la machosfera de MAGA se apuesta ahora por el eliminar el voto de las mujeres y se defiende su sometimiento al esposo como forma de garantizar la estabilidad del orden familiar tradicional. Parece increíble pero la mera circulación pública de esta propuesta sirve ya para desplazar el umbral de lo aceptable.
La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas
La propuesta “una familia, un voto” ha vuelto a irrumpir con fuerza en EE UU y ha abierto las puertas al enésimo debate reaccionario. Desde la constelación ideológica del supremacismo blanco, el masculinismo y la machosfera de MAGA se apuesta ahora por el eliminar el voto de las mujeres y se defiende su sometimiento al esposo como forma de garantizar la estabilidad del orden familiar tradicional. Parece increíble pero la mera circulación pública de esta propuesta sirve ya para desplazar el umbral de lo aceptable.
La unidad familiar como sujeto de derechos políticos hunde sus raíces en la coverture, una doctrina propia del common law anglosajón según la cual una mujer casada quedaba jurídicamente sometida a los intereses de su marido que a cambio se comprometía a otorgarle protección. El hogar debía concebirse como una célula indisoluble dirigida por el varón y, en esa lógica, el voto no se entendía como un derecho individual sino como parte de la estructura familiar jerárquica que representaba el esposo. Esta idea alimentó argumentos para limitar la autonomía de las mujeres casadas en todas sus dimensiones. Casarse era equivalente a perder el control de sus bienes, su salario y buena parte de su capacidad de disposición. Se trataba de regular el matrimonio bajo el principio de la autoridad marital y la dependencia económica. La Decimonovena Enmienda, ratificada en 1920, consolidó el voto femenino en Estados Unidos y rompió con esta forma de representación familiar.
En el Reino Unido, la coverture formó parte del clima que hizo plausible exigir a las mujeres condiciones específicas para votar que no se exigían a los varones. La gran reforma de 1918 concedió el voto a los hombres adultos y a las mujeres mayores de 30 años que cumplían ciertos requisitos como estar casadas con un elector, ser cabeza de familia o tener un título universitario. El varón, solo por serlo, era un sujeto político presunto pero la mujer debía demostrar que lo era. La igualdad plena no llegó hasta 1928, cuando se equiparó el voto femenino y masculino bajo los mismos términos.
En Europa, la resistencia al sufragio femenino fue muy fuerte, pero no adoptó la forma de una regla explícita basada en la familia. La España orgánica del franquismo fue la gran anomalía. El Tercio Familiar concedía todo el peso político a los cabezas de familia asumiendo la visión piramidal que representaba el “voto por familia”.
La nueva ola conservadora que vemos hoy en EE UU conecta con este programa. No se mueve solo por motivaciones antifeministas, oportunistas o electorales. La defensa de la familia patriarcal y del rol tradicional de la esposa-madre es una piedra angular y definitoria de las derechas porque resulta funcional a la lectura represiva de las tradiciones, las iglesias, la raza, la clase social, la nación y el Estado. El familismo y el natalismo aseguran sus presupuestos tradicionalistas, racistas, nacionalistas y clasistas, y garantiza, además, un esquema económico basado en la privatización.
La familia no solo es una pieza constitutiva del conservadurismo clásico sino también un elemento dinamizador del proyecto neoliberal. El neoliberalismo necesita una unidad sólida y estable a la que trasladar los costes del bienestar, las obligaciones de cuidado y los mecanismos de transmisión de la riqueza. Y la familia es el espacio ideal para privatizar los riesgos sociales que suponen la enfermedad, la dependencia, la crianza, la vejez y la precariedad laboral. Funciona como un sustituto parcial del Estado social y como el soporte material del mercado. Por una parte, cuando se recortan gastos en políticas sociales, las cargas y los cuidados acaban recayendo en el ámbito doméstico. Por otra, en el hogar se sostiene el consumo y se compensa la inseguridad laboral cuando las prestaciones no bastan. Así que, aunque no lo parezca, el neoliberalismo y el conservadurismo han acabado siendo buenos aliados tácticos.
En un contexto de crisis del modelo, no parece descabellado que se quiera tutelar otra vez a las mujeres cuyo desempeño como reinas del hogar es de gran relevancia para su sostenimiento. Tampoco sorprende que se eche mano de la clásica “operación” pseudofilosófica que las caracterizaba como seres ontológicamente inmanentes e irracionales, incapaces de ejercer como ciudadanas de pleno derecho.
Uno de los soportes filosóficos más importantes en la jerarquización del género ha consistido en asociar la mente, la razón y el espíritu con lo masculino, y el cuerpo, la sensibilidad y la emoción con lo femenino. La oposición entre razón masculina y emoción femenina se ha manoseado durante siglos para justificar la exclusión de las mujeres del espacio público. A esa oposición apelan ahora quienes esperan que las mujeres hagan concesiones en favor de sus esposos, como si ellos, solo por ser varones, exhibieran cualidades “naturales” para el manejo de la política. Lo cierto es que no las exhiben y que no hay ningún motivo especial para confiar en ellos. Más bien al contrario. Puestos a fabular, dado que son las mujeres las que garantizan los bienes comunes que la política debería proteger, sería más razonable que fueran los varones quienes nos cedieran su voto.
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