Aunque la actualidad judicial y política se ha llevado esta semana todo el protagonismo mediático, y ha opacado cualquier otra noticia, lo cierto es que el ámbito económico también ha habido informaciones relevantes que probablemente afecten más a nuestras vidas y nuestros bolsillos que las que se atañen a la corrupción de nuestros políticos. Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto por el que se regula el régimen jurídico de la jubilación flexible, con el objetivo de facilitar que las personas jubiladas puedan seguir trabajando bien por cuenta ajena, pero también por cuenta propia, como autónomos, sin perder por ello la totalidad de la pensión. Una medida, desde mi punto de vista muy acertada, no solo porque puede servir para que la sociedad siga aprovechándose de la experiencia y del activo que supone la población senior, sino también, y no menos importante, porque puede ayudar a mantener un sistema de pensiones cuya sostenibilidad está en el aire. El pasado viernes conocíamos los resultados del n uevo examen de la Autoridad Fiscal al sistema , que concluía que aunque España aprueba la regla de gasto, lo que exime al Gobierno de subir automáticamente las cotizaciones, o de hacer otro tipo de ajustes, lo cierto es que la sostenibilidad del sistema no está garantizada. Y no está garantizada porque a pesar de que la ocupación está en máximos y hay más de 22 millones de cotizantes, los ingresos que generan –casi 250.000 millones este año- no son suficientes para hacer frente a un número cada vez mayor de jubilados y con prestaciones más altas.Noticia relacionada No No Las personas, en el centro El cuidado del talento se convierte en un elemento esencial de competitividad Laura SánchezUna realidad que contrasta con el hecho de que pese a las penalizaciones por la jubilación anticipada, la práctica habitual de las empresas, especialmente de las medianas y grandes, es desprenderse de los trabajadores en edades cercanas a la jubilación. Lo hemos visto en los ERE de las grandes compañías de telecomunicaciones o en los grandes bancos. Se da, además, la paradoja de que a muchos trabajadores en esta tesitura les sale más rentable aceptar la indemnización y cobrar el paro o luego la ayuda para mayores de 52 años, que seguir trabajando.El problema es que lo que es sin duda una gran noticia para los españoles, el tener una de las esperanzas de vida más elevadas del planeta, para nuestro sistema de pensiones es un importante obstáculo . En estos momentos la esperanza de vida se sitúa de media en España en el entorno de los 84 años –81 los hombres y 86 las mujeres–. Esto significa que si uno sale del mercado laboral a los 61 y se jubila a los 63, sumando paro y pensión de jubilación, va a estar cobrando del Estado una media de 23 años… cinco más que cuando empezó el siglo. Si tenemos en cuenta que con el mercado laboral en plena pujanza y en máximos históricos de empleo el Estado tuvo que traspasar el pasado año 48.000 millones para poder hacer frente al pago de pensiones, ¿qué ocurrirá cuando haya vacas flacas y se destruya empleo? Porque la inmigración no es la panacea para todos nuestros males. La Airef asegura en su último informe que la regularización de medio millón de inmigrantes tendrá un mínimo impacto en la recaudación por cotizaciones, entre otras cosa porque los sueldos que cobran son muy bajos. Está claro que empresas y administraciones deben caminar al unísono fomentando y haciendo atractivo que los trabajadores, siempre que el tipo de actividad lo permita, permanezcan el máximo tiempo posible en el mercado laboral. Aunque la actualidad judicial y política se ha llevado esta semana todo el protagonismo mediático, y ha opacado cualquier otra noticia, lo cierto es que el ámbito económico también ha habido informaciones relevantes que probablemente afecten más a nuestras vidas y nuestros bolsillos que las que se atañen a la corrupción de nuestros políticos. Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto por el que se regula el régimen jurídico de la jubilación flexible, con el objetivo de facilitar que las personas jubiladas puedan seguir trabajando bien por cuenta ajena, pero también por cuenta propia, como autónomos, sin perder por ello la totalidad de la pensión. Una medida, desde mi punto de vista muy acertada, no solo porque puede servir para que la sociedad siga aprovechándose de la experiencia y del activo que supone la población senior, sino también, y no menos importante, porque puede ayudar a mantener un sistema de pensiones cuya sostenibilidad está en el aire. El pasado viernes conocíamos los resultados del n uevo examen de la Autoridad Fiscal al sistema , que concluía que aunque España aprueba la regla de gasto, lo que exime al Gobierno de subir automáticamente las cotizaciones, o de hacer otro tipo de ajustes, lo cierto es que la sostenibilidad del sistema no está garantizada. Y no está garantizada porque a pesar de que la ocupación está en máximos y hay más de 22 millones de cotizantes, los ingresos que generan –casi 250.000 millones este año- no son suficientes para hacer frente a un número cada vez mayor de jubilados y con prestaciones más altas.Noticia relacionada No No Las personas, en el centro El cuidado del talento se convierte en un elemento esencial de competitividad Laura SánchezUna realidad que contrasta con el hecho de que pese a las penalizaciones por la jubilación anticipada, la práctica habitual de las empresas, especialmente de las medianas y grandes, es desprenderse de los trabajadores en edades cercanas a la jubilación. Lo hemos visto en los ERE de las grandes compañías de telecomunicaciones o en los grandes bancos. Se da, además, la paradoja de que a muchos trabajadores en esta tesitura les sale más rentable aceptar la indemnización y cobrar el paro o luego la ayuda para mayores de 52 años, que seguir trabajando.El problema es que lo que es sin duda una gran noticia para los españoles, el tener una de las esperanzas de vida más elevadas del planeta, para nuestro sistema de pensiones es un importante obstáculo . En estos momentos la esperanza de vida se sitúa de media en España en el entorno de los 84 años –81 los hombres y 86 las mujeres–. Esto significa que si uno sale del mercado laboral a los 61 y se jubila a los 63, sumando paro y pensión de jubilación, va a estar cobrando del Estado una media de 23 años… cinco más que cuando empezó el siglo. Si tenemos en cuenta que con el mercado laboral en plena pujanza y en máximos históricos de empleo el Estado tuvo que traspasar el pasado año 48.000 millones para poder hacer frente al pago de pensiones, ¿qué ocurrirá cuando haya vacas flacas y se destruya empleo? Porque la inmigración no es la panacea para todos nuestros males. La Airef asegura en su último informe que la regularización de medio millón de inmigrantes tendrá un mínimo impacto en la recaudación por cotizaciones, entre otras cosa porque los sueldos que cobran son muy bajos. Está claro que empresas y administraciones deben caminar al unísono fomentando y haciendo atractivo que los trabajadores, siempre que el tipo de actividad lo permita, permanezcan el máximo tiempo posible en el mercado laboral.
Aunque la actualidad judicial y política se ha llevado esta semana todo el protagonismo mediático, y ha opacado cualquier otra noticia, lo cierto es que el ámbito económico también ha habido informaciones relevantes que probablemente afecten más a nuestras vidas y nuestros bolsillos que las … que se atañen a la corrupción de nuestros políticos.
Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó el martes un real decreto por el que se regula el régimen jurídico de la jubilación flexible, con el objetivo de facilitar que las personas jubiladas puedan seguir trabajando bien por cuenta ajena, pero también por cuenta propia, como autónomos, sin perder por ello la totalidad de la pensión.
Una medida, desde mi punto de vista muy acertada, no solo porque puede servir para que la sociedad siga aprovechándose de la experiencia y del activo que supone la población senior, sino también, y no menos importante, porque puede ayudar a mantener un sistema de pensiones cuya sostenibilidad está en el aire. El pasado viernes conocíamos los resultados del nuevo examen de la Autoridad Fiscal al sistema, que concluía que aunque España aprueba la regla de gasto, lo que exime al Gobierno de subir automáticamente las cotizaciones, o de hacer otro tipo de ajustes, lo cierto es que la sostenibilidad del sistema no está garantizada. Y no está garantizada porque a pesar de que la ocupación está en máximos y hay más de 22 millones de cotizantes, los ingresos que generan –casi 250.000 millones este año- no son suficientes para hacer frente a un número cada vez mayor de jubilados y con prestaciones más altas.
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Las personas, en el centro
Laura Sánchez
Una realidad que contrasta con el hecho de que pese a las penalizaciones por la jubilación anticipada, la práctica habitual de las empresas, especialmente de las medianas y grandes, es desprenderse de los trabajadores en edades cercanas a la jubilación. Lo hemos visto en los ERE de las grandes compañías de telecomunicaciones o en los grandes bancos. Se da, además, la paradoja de que a muchos trabajadores en esta tesitura les sale más rentable aceptar la indemnización y cobrar el paro o luego la ayuda para mayores de 52 años, que seguir trabajando.
El problema es que lo que es sin duda una gran noticia para los españoles, el tener una de las esperanzas de vida más elevadas del planeta, para nuestro sistema de pensiones es un importante obstáculo. En estos momentos la esperanza de vida se sitúa de media en España en el entorno de los 84 años –81 los hombres y 86 las mujeres–. Esto significa que si uno sale del mercado laboral a los 61 y se jubila a los 63, sumando paro y pensión de jubilación, va a estar cobrando del Estado una media de 23 años… cinco más que cuando empezó el siglo.
Si tenemos en cuenta que con el mercado laboral en plena pujanza y en máximos históricos de empleo el Estado tuvo que traspasar el pasado año 48.000 millones para poder hacer frente al pago de pensiones, ¿qué ocurrirá cuando haya vacas flacas y se destruya empleo? Porque la inmigración no es la panacea para todos nuestros males. La Airef asegura en su último informe que la regularización de medio millón de inmigrantes tendrá un mínimo impacto en la recaudación por cotizaciones, entre otras cosa porque los sueldos que cobran son muy bajos.
Está claro que empresas y administraciones deben caminar al unísono fomentando y haciendo atractivo que los trabajadores, siempre que el tipo de actividad lo permita, permanezcan el máximo tiempo posible en el mercado laboral.
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