La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido volver a los mercados de capitales treinta años después y pedir dinero a los inversores justo cuando sus tres últimos presidentes están imputados judicialmente por diversos escándalos. No existe, por supuesto, relación jurídica entre ambas cosas. Pero en una institución pública que pretende colocar deuda, la reputación también debería formar parte del balance.Los mercados tienen una característica que los gobiernos suelen descubrir tarde: pueden equivocarse, exagerar un riesgo o infravalorarlo durante años, pero cuando alguien acude a pedirles dinero terminan haciendo preguntas bastante elementales. Quién lo pide, para qué lo quiere y, sobre todo, qué confianza merece. Por eso resulta difícil separar la decisión de la SEPI de volver a emitir deuda del momento en que ha decidido hacerlo. Porque la financiación es, en último término, un ejercicio de confianza y pocas instituciones públicas españolas llegan hoy al mercado con una contradicción semejante entre el poder que acumulan y las grandes dudas que proyecta su gobernanza .La SEPI ya no es aquel holding relativamente discreto que administraba los restos de las grandes privatizaciones. Durante los últimos años se ha convertido en una pieza central de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Compra participaciones, sostiene empresas, cambia consejeros y ejecutivos (normalmente por adláteres del PSC) canaliza fondos europeos, interviene en operaciones consideradas estratégicas y sirve de instrumento para recuperar presencia pública en compañías privadas. Donde antes había fundamentalmente administración de patrimonio, ahora hay política industrial.Ese cambio puede defenderse o discutirse. Al interior del PP lo están haciendo. Lo que es difícil de entender es que una ampliación tan considerable de las funciones del Estado no haya venido acompañada de un fortalecimiento equivalente de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Más poder exige mejores instituciones, no simplemente más presupuesto.Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda gozan de presunción de inocencia. Su responsabilidad penal es cuestión de los tribunales. Pero la responsabilidad institucional pertenece a otro terreno y eso convierte una operación financiera ordinaria en una metáfora política extraordinaria: tres presidentes consecutivos investigados no son una sentencia, pero tampoco una anécdota al margen.El problema de fondo trasciende incluso a la SEPI. España lleva años ensanchando el perímetro de la intervención pública mientras presta mucha menos atención a la calidad de las instituciones encargadas de ejercerla y auditarla . Se discute cuánto debe participar el Estado en Telefónica, Indra o Talgo, pero bastante menos qué contrapesos deberían acompañar esa expansión. El debate relevante no es sólo cuánto Estado queremos, sino qué Estado estamos construyendo .La SEPI encontrará compradores para su deuda. Al fin y al cabo, los mercados saben poner precio al riesgo. Más difícil resulta poner precio al deterioro institucional. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido volver a los mercados de capitales treinta años después y pedir dinero a los inversores justo cuando sus tres últimos presidentes están imputados judicialmente por diversos escándalos. No existe, por supuesto, relación jurídica entre ambas cosas. Pero en una institución pública que pretende colocar deuda, la reputación también debería formar parte del balance.Los mercados tienen una característica que los gobiernos suelen descubrir tarde: pueden equivocarse, exagerar un riesgo o infravalorarlo durante años, pero cuando alguien acude a pedirles dinero terminan haciendo preguntas bastante elementales. Quién lo pide, para qué lo quiere y, sobre todo, qué confianza merece. Por eso resulta difícil separar la decisión de la SEPI de volver a emitir deuda del momento en que ha decidido hacerlo. Porque la financiación es, en último término, un ejercicio de confianza y pocas instituciones públicas españolas llegan hoy al mercado con una contradicción semejante entre el poder que acumulan y las grandes dudas que proyecta su gobernanza .La SEPI ya no es aquel holding relativamente discreto que administraba los restos de las grandes privatizaciones. Durante los últimos años se ha convertido en una pieza central de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Compra participaciones, sostiene empresas, cambia consejeros y ejecutivos (normalmente por adláteres del PSC) canaliza fondos europeos, interviene en operaciones consideradas estratégicas y sirve de instrumento para recuperar presencia pública en compañías privadas. Donde antes había fundamentalmente administración de patrimonio, ahora hay política industrial.Ese cambio puede defenderse o discutirse. Al interior del PP lo están haciendo. Lo que es difícil de entender es que una ampliación tan considerable de las funciones del Estado no haya venido acompañada de un fortalecimiento equivalente de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Más poder exige mejores instituciones, no simplemente más presupuesto.Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda gozan de presunción de inocencia. Su responsabilidad penal es cuestión de los tribunales. Pero la responsabilidad institucional pertenece a otro terreno y eso convierte una operación financiera ordinaria en una metáfora política extraordinaria: tres presidentes consecutivos investigados no son una sentencia, pero tampoco una anécdota al margen.El problema de fondo trasciende incluso a la SEPI. España lleva años ensanchando el perímetro de la intervención pública mientras presta mucha menos atención a la calidad de las instituciones encargadas de ejercerla y auditarla . Se discute cuánto debe participar el Estado en Telefónica, Indra o Talgo, pero bastante menos qué contrapesos deberían acompañar esa expansión. El debate relevante no es sólo cuánto Estado queremos, sino qué Estado estamos construyendo .La SEPI encontrará compradores para su deuda. Al fin y al cabo, los mercados saben poner precio al riesgo. Más difícil resulta poner precio al deterioro institucional.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha decidido volver a los mercados de capitales treinta años después y pedir dinero a los inversores justo cuando sus tres últimos presidentes están imputados judicialmente por diversos escándalos. No existe, por supuesto, relación jurídica entre ambas … cosas. Pero en una institución pública que pretende colocar deuda, la reputación también debería formar parte del balance.
Los mercados tienen una característica que los gobiernos suelen descubrir tarde: pueden equivocarse, exagerar un riesgo o infravalorarlo durante años, pero cuando alguien acude a pedirles dinero terminan haciendo preguntas bastante elementales. Quién lo pide, para qué lo quiere y, sobre todo, qué confianza merece. Por eso resulta difícil separar la decisión de la SEPI de volver a emitir deuda del momento en que ha decidido hacerlo. Porque la financiación es, en último término, un ejercicio de confianza y pocas instituciones públicas españolas llegan hoy al mercado con una contradicción semejante entre el poder que acumulan y las grandes dudas que proyecta su gobernanza.
La SEPI ya no es aquel holding relativamente discreto que administraba los restos de las grandes privatizaciones. Durante los últimos años se ha convertido en una pieza central de la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Compra participaciones, sostiene empresas, cambia consejeros y ejecutivos (normalmente por adláteres del PSC) canaliza fondos europeos, interviene en operaciones consideradas estratégicas y sirve de instrumento para recuperar presencia pública en compañías privadas. Donde antes había fundamentalmente administración de patrimonio, ahora hay política industrial.
Ese cambio puede defenderse o discutirse. Al interior del PP lo están haciendo. Lo que es difícil de entender es que una ampliación tan considerable de las funciones del Estado no haya venido acompañada de un fortalecimiento equivalente de los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. Más poder exige mejores instituciones, no simplemente más presupuesto.
Vicente Fernández, Bartolomé Lora y Belén Gualda gozan de presunción de inocencia. Su responsabilidad penal es cuestión de los tribunales. Pero la responsabilidad institucional pertenece a otro terreno y eso convierte una operación financiera ordinaria en una metáfora política extraordinaria: tres presidentes consecutivos investigados no son una sentencia, pero tampoco una anécdota al margen.
El problema de fondo trasciende incluso a la SEPI. España lleva años ensanchando el perímetro de la intervención pública mientras presta mucha menos atención a la calidad de las instituciones encargadas de ejercerla y auditarla. Se discute cuánto debe participar el Estado en Telefónica, Indra o Talgo, pero bastante menos qué contrapesos deberían acompañar esa expansión. El debate relevante no es sólo cuánto Estado queremos, sino qué Estado estamos construyendo.
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La SEPI encontrará compradores para su deuda. Al fin y al cabo, los mercados saben poner precio al riesgo. Más difícil resulta poner precio al deterioro institucional.
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