«Hay que acabar con el ‘welfare state’ tal como lo conocemos». Esta frase no la pronunció Ronald Reagan, sino Bill Clinton cuando firmó la reforma que llevaría, en agosto de 1996, a la aprobación de la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA). Treinta años después, aquella reforma merece ser recordada precisamente porque en muchos sitios, incluida España, hay indicios en dirección contraria.PRWORA sustituyó el antiguo programa de ayudas monetarias a familias pobres con hijos por un programa temporal que vinculaba más estrechamente la ayuda al empleo y daba mayor responsabilidad a los estados. Introdujo límites temporales, exigencias laborales y sanciones. Sobre todo, estableció una idea que parecía elemental: la ayuda pública debía servir de puente hacia el empleo, no ser una alternativa permanente . Un principio opuesto al de los ministros españoles que se felicitan porque cada vez más gente cobra el salario mínimo o el Ingreso Mínimo Vital. Los resultados fueron suficientemente importantes como para que sus detractores lleven 30 años discutiendo a quién atribuirlos. El empleo de las madres solteras aumentó con fuerza y el número de beneficiarios se desplomó . Naturalmente, PRWORA no actuó en el vacío. Estados Unidos disfrutaba del gran ciclo expansivo de los noventa y había ampliado el crédito fiscal que complementa los ingresos de los trabajadores con bajos salarios y hace más atractivo incorporarse al empleo. Jeffrey Grogger atribuyó a este crédito fiscal alrededor del 34% del aumento del empleo entre las madres solteras entre 1993 y 1999, frente al 21% correspondiente al ciclo y el 13% a la reforma del bienestar. Investigaciones más recientes cuestionan incluso esa distribución y conceden mayor importancia a la reforma y a la economía.Lo relevante es que Clinton entendió una distinción que España está olvidando: proteger al pobre y subvencionar la inactividad son cosas diferentes.El asistencialismo resulta políticamente seductor porque sus beneficios son inmediatos y sus costes, diferidos . Cada nueva transferencia puede justificarse aisladamente. El problema aparece cuando prestaciones, subsidios y complementos se superponen hasta elevar el coste de aceptar un empleo o aumentar las horas trabajadas. El Estado comienza entonces a gravar de facto la salida de la dependencia . Y una política concebida para combatir la exclusión termina administrándola.Eso no obliga a idealizar esta reforma. Su subvención federal lleva prácticamente congelada desde 1997 y ha perdido alrededor del 40% de su valor real. Además, tiene escasa capacidad para responder durante las recesiones: en 2023 sólo 21 familias recibían asistencia monetaria por cada cien familias pobres, frente a 68 en 1996. La enseñanza americana no consiste, por tanto, en desmantelar la protección social. Consiste en diseñarla mejor.España debería considerar la combinación que inspiró la reforma de Clinton: una red sólida para quien realmente no pueda sostenerse y unos incentivos poderosos (especialmente tributarios) para que trabajar y ganar más siempre compense . Derechos, sí; pero acompañados de responsabilidad. La izquierda de Clinton comprendía que el Estado del bienestar sólo conserva legitimidad si ofrece emancipación y no clientelismo. Treinta años después, aquella lección americana resulta muy pertinente. «Hay que acabar con el ‘welfare state’ tal como lo conocemos». Esta frase no la pronunció Ronald Reagan, sino Bill Clinton cuando firmó la reforma que llevaría, en agosto de 1996, a la aprobación de la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA). Treinta años después, aquella reforma merece ser recordada precisamente porque en muchos sitios, incluida España, hay indicios en dirección contraria.PRWORA sustituyó el antiguo programa de ayudas monetarias a familias pobres con hijos por un programa temporal que vinculaba más estrechamente la ayuda al empleo y daba mayor responsabilidad a los estados. Introdujo límites temporales, exigencias laborales y sanciones. Sobre todo, estableció una idea que parecía elemental: la ayuda pública debía servir de puente hacia el empleo, no ser una alternativa permanente . Un principio opuesto al de los ministros españoles que se felicitan porque cada vez más gente cobra el salario mínimo o el Ingreso Mínimo Vital. Los resultados fueron suficientemente importantes como para que sus detractores lleven 30 años discutiendo a quién atribuirlos. El empleo de las madres solteras aumentó con fuerza y el número de beneficiarios se desplomó . Naturalmente, PRWORA no actuó en el vacío. Estados Unidos disfrutaba del gran ciclo expansivo de los noventa y había ampliado el crédito fiscal que complementa los ingresos de los trabajadores con bajos salarios y hace más atractivo incorporarse al empleo. Jeffrey Grogger atribuyó a este crédito fiscal alrededor del 34% del aumento del empleo entre las madres solteras entre 1993 y 1999, frente al 21% correspondiente al ciclo y el 13% a la reforma del bienestar. Investigaciones más recientes cuestionan incluso esa distribución y conceden mayor importancia a la reforma y a la economía.Lo relevante es que Clinton entendió una distinción que España está olvidando: proteger al pobre y subvencionar la inactividad son cosas diferentes.El asistencialismo resulta políticamente seductor porque sus beneficios son inmediatos y sus costes, diferidos . Cada nueva transferencia puede justificarse aisladamente. El problema aparece cuando prestaciones, subsidios y complementos se superponen hasta elevar el coste de aceptar un empleo o aumentar las horas trabajadas. El Estado comienza entonces a gravar de facto la salida de la dependencia . Y una política concebida para combatir la exclusión termina administrándola.Eso no obliga a idealizar esta reforma. Su subvención federal lleva prácticamente congelada desde 1997 y ha perdido alrededor del 40% de su valor real. Además, tiene escasa capacidad para responder durante las recesiones: en 2023 sólo 21 familias recibían asistencia monetaria por cada cien familias pobres, frente a 68 en 1996. La enseñanza americana no consiste, por tanto, en desmantelar la protección social. Consiste en diseñarla mejor.España debería considerar la combinación que inspiró la reforma de Clinton: una red sólida para quien realmente no pueda sostenerse y unos incentivos poderosos (especialmente tributarios) para que trabajar y ganar más siempre compense . Derechos, sí; pero acompañados de responsabilidad. La izquierda de Clinton comprendía que el Estado del bienestar sólo conserva legitimidad si ofrece emancipación y no clientelismo. Treinta años después, aquella lección americana resulta muy pertinente.
«Hay que acabar con el ‘welfare state’ tal como lo conocemos». Esta frase no la pronunció Ronald Reagan, sino Bill Clinton cuando firmó la reforma que llevaría, en agosto de 1996, a la aprobación de la Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act (PRWORA). … Treinta años después, aquella reforma merece ser recordada precisamente porque en muchos sitios, incluida España, hay indicios en dirección contraria.
PRWORA sustituyó el antiguo programa de ayudas monetarias a familias pobres con hijos por un programa temporal que vinculaba más estrechamente la ayuda al empleo y daba mayor responsabilidad a los estados. Introdujo límites temporales, exigencias laborales y sanciones. Sobre todo, estableció una idea que parecía elemental: la ayuda pública debía servir de puente hacia el empleo, no ser una alternativa permanente. Un principio opuesto al de los ministros españoles que se felicitan porque cada vez más gente cobra el salario mínimo o el Ingreso Mínimo Vital.
Los resultados fueron suficientemente importantes como para que sus detractores lleven 30 años discutiendo a quién atribuirlos. El empleo de las madres solteras aumentó con fuerza y el número de beneficiarios se desplomó. Naturalmente, PRWORA no actuó en el vacío. Estados Unidos disfrutaba del gran ciclo expansivo de los noventa y había ampliado el crédito fiscal que complementa los ingresos de los trabajadores con bajos salarios y hace más atractivo incorporarse al empleo. Jeffrey Grogger atribuyó a este crédito fiscal alrededor del 34% del aumento del empleo entre las madres solteras entre 1993 y 1999, frente al 21% correspondiente al ciclo y el 13% a la reforma del bienestar. Investigaciones más recientes cuestionan incluso esa distribución y conceden mayor importancia a la reforma y a la economía.
Lo relevante es que Clinton entendió una distinción que España está olvidando: proteger al pobre y subvencionar la inactividad son cosas diferentes.
El asistencialismo resulta políticamente seductor porque sus beneficios son inmediatos y sus costes, diferidos. Cada nueva transferencia puede justificarse aisladamente. El problema aparece cuando prestaciones, subsidios y complementos se superponen hasta elevar el coste de aceptar un empleo o aumentar las horas trabajadas. El Estado comienza entonces a gravar de facto la salida de la dependencia. Y una política concebida para combatir la exclusión termina administrándola.
Eso no obliga a idealizar esta reforma. Su subvención federal lleva prácticamente congelada desde 1997 y ha perdido alrededor del 40% de su valor real. Además, tiene escasa capacidad para responder durante las recesiones: en 2023 sólo 21 familias recibían asistencia monetaria por cada cien familias pobres, frente a 68 en 1996. La enseñanza americana no consiste, por tanto, en desmantelar la protección social. Consiste en diseñarla mejor.
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España debería considerar la combinación que inspiró la reforma de Clinton: una red sólida para quien realmente no pueda sostenerse y unos incentivos poderosos (especialmente tributarios) para que trabajar y ganar más siempre compense. Derechos, sí; pero acompañados de responsabilidad. La izquierda de Clinton comprendía que el Estado del bienestar sólo conserva legitimidad si ofrece emancipación y no clientelismo. Treinta años después, aquella lección americana resulta muy pertinente.
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