El fiasco de la aprobación a las bravas por parte del Gobierno de la regulación de los ‘lobbies’, rechazada este miércoles en votación parlamentaria, hará que España pierda 260 millones de euros de los fondos que tenía asignados del Plan de Recuperación, según ha reconocido el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López.El ministro ha atribuido este jueves en una entrevista en la ‘Cadena Ser’ el rechazo de la iniciativa a la acción política conjunta de la derecha y la ultraderecha, si bien en su intervención parlamentaria del miércoles en defensa del real decreto ley tuvo que hacer una pirueta de última hora para impedir que uno de los socios del Gobierno, Sumar, votara en contra después de que los sindicatos UGT y CC.OO. hubieran solicitado públicamente de manera formal su devolución.La iniciativa no ha hecho otra cosa que generar desconcierto desde su aprobación por sorpresa en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, el pasado 25 de agosto. Su inclusión en el orden del día del cónclave ministerial cogió por sorpresa al sector, cuyos principales actores reconocieron a ABC no tener la más mínima noticia de que el asunto se iba a aprobar; a los grupos políticos del Congreso, que llevaban más de año y medio tratando de consensuar el contenido de un proyecto de ley; e incluso al organismo independiente encargado de su desarrollo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tuvo que actuar a la carrera para poner en pie en cosa de diez días el Registro Público que la ley preveía y al que había que adscribirse obligatoriamente para poder reunirse con cualquier alto cargo o incluso funcionario de la Administración del Estado.Sin guía de actuación definida por parte de Función Pública, según han reconocido a este diario fuentes de diferentes ámbitos de la Administración, los ministerios enfocaron el asunto como buenamente pudieron, lo que provocó numerosas suspensiones de reuniones y episodios surrealistas, con grandes empresas multinacionales como Google teniendo que tramitar de urgencia una declaración responsable para que su presidenta para el área de Europa, África y Oriente Medio pudiera reunirse con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.El rechazo del Congreso ha puesto fin a tres semanas de caos en la Administración del Estado y también ha confirmado el riesgo de la política de giros de última hora del Gobierno para las arcas públicas. Tanto desde el PP como desde otros organismos independientes como EY, Funcas o BBVA Research se ha advertido del riesgo de que los incumplimientos de los hitos y objetivos acordados con Bruselas desemboquen en un agujero millonario para las arcas públicas. El Gobierno ha decidido ir financiando los programas incluidos en el Plan de Recuperación con endeudamiento ante la imposibilidad de cumplir el exigente calendario de cumplimiento de compromisos, que desbloqueaba el pago efectivo de los fondos europeos. Llegados al cierre del programa todos los retrasos embalsados pueden recortar de forma sustancial el último desembolso, que tiene asignados 21.462 millones en transferencias no reembolsables, y otros 4.400 millones en préstamos. Todo lo que se recorte de esa cuantía irá contra las cuentas de las Administraciones Públicas. El fiasco de la aprobación a las bravas por parte del Gobierno de la regulación de los ‘lobbies’, rechazada este miércoles en votación parlamentaria, hará que España pierda 260 millones de euros de los fondos que tenía asignados del Plan de Recuperación, según ha reconocido el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López.El ministro ha atribuido este jueves en una entrevista en la ‘Cadena Ser’ el rechazo de la iniciativa a la acción política conjunta de la derecha y la ultraderecha, si bien en su intervención parlamentaria del miércoles en defensa del real decreto ley tuvo que hacer una pirueta de última hora para impedir que uno de los socios del Gobierno, Sumar, votara en contra después de que los sindicatos UGT y CC.OO. hubieran solicitado públicamente de manera formal su devolución.La iniciativa no ha hecho otra cosa que generar desconcierto desde su aprobación por sorpresa en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, el pasado 25 de agosto. Su inclusión en el orden del día del cónclave ministerial cogió por sorpresa al sector, cuyos principales actores reconocieron a ABC no tener la más mínima noticia de que el asunto se iba a aprobar; a los grupos políticos del Congreso, que llevaban más de año y medio tratando de consensuar el contenido de un proyecto de ley; e incluso al organismo independiente encargado de su desarrollo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tuvo que actuar a la carrera para poner en pie en cosa de diez días el Registro Público que la ley preveía y al que había que adscribirse obligatoriamente para poder reunirse con cualquier alto cargo o incluso funcionario de la Administración del Estado.Sin guía de actuación definida por parte de Función Pública, según han reconocido a este diario fuentes de diferentes ámbitos de la Administración, los ministerios enfocaron el asunto como buenamente pudieron, lo que provocó numerosas suspensiones de reuniones y episodios surrealistas, con grandes empresas multinacionales como Google teniendo que tramitar de urgencia una declaración responsable para que su presidenta para el área de Europa, África y Oriente Medio pudiera reunirse con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.El rechazo del Congreso ha puesto fin a tres semanas de caos en la Administración del Estado y también ha confirmado el riesgo de la política de giros de última hora del Gobierno para las arcas públicas. Tanto desde el PP como desde otros organismos independientes como EY, Funcas o BBVA Research se ha advertido del riesgo de que los incumplimientos de los hitos y objetivos acordados con Bruselas desemboquen en un agujero millonario para las arcas públicas. El Gobierno ha decidido ir financiando los programas incluidos en el Plan de Recuperación con endeudamiento ante la imposibilidad de cumplir el exigente calendario de cumplimiento de compromisos, que desbloqueaba el pago efectivo de los fondos europeos. Llegados al cierre del programa todos los retrasos embalsados pueden recortar de forma sustancial el último desembolso, que tiene asignados 21.462 millones en transferencias no reembolsables, y otros 4.400 millones en préstamos. Todo lo que se recorte de esa cuantía irá contra las cuentas de las Administraciones Públicas.
El fiasco de la aprobación a las bravas por parte del Gobierno de la regulación de los ‘lobbies’, rechazada este miércoles en votación parlamentaria, hará que España pierda 260 millones de euros de los fondos que tenía asignados del Plan de Recuperación, según ha reconocido … el ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López.
El ministro ha atribuido este jueves en una entrevista en la ‘Cadena Ser’ el rechazo de la iniciativa a la acción política conjunta de la derecha y la ultraderecha, si bien en su intervención parlamentaria del miércoles en defensa del real decreto ley tuvo que hacer una pirueta de última hora para impedir que uno de los socios del Gobierno, Sumar, votara en contra después de que los sindicatos UGT y CC.OO. hubieran solicitado públicamente de manera formal su devolución.
La iniciativa no ha hecho otra cosa que generar desconcierto desde su aprobación por sorpresa en el primer Consejo de Ministros tras el parón estival, el pasado 25 de agosto. Su inclusión en el orden del día del cónclave ministerial cogió por sorpresa al sector, cuyos principales actores reconocieron a ABC no tener la más mínima noticia de que el asunto se iba a aprobar; a los grupos políticos del Congreso, que llevaban más de año y medio tratando de consensuar el contenido de un proyecto de ley; e incluso al organismo independiente encargado de su desarrollo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que tuvo que actuar a la carrera para poner en pie en cosa de diez días el Registro Público que la ley preveía y al que había que adscribirse obligatoriamente para poder reunirse con cualquier alto cargo o incluso funcionario de la Administración del Estado.
Sin guía de actuación definida por parte de Función Pública, según han reconocido a este diario fuentes de diferentes ámbitos de la Administración, los ministerios enfocaron el asunto como buenamente pudieron, lo que provocó numerosas suspensiones de reuniones y episodios surrealistas, con grandes empresas multinacionales como Google teniendo que tramitar de urgencia una declaración responsable para que su presidenta para el área de Europa, África y Oriente Medio pudiera reunirse con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
El rechazo del Congreso ha puesto fin a tres semanas de caos en la Administración del Estado y también ha confirmado el riesgo de la política de giros de última hora del Gobierno para las arcas públicas. Tanto desde el PP como desde otros organismos independientes como EY, Funcas o BBVA Research se ha advertido del riesgo de que los incumplimientos de los hitos y objetivos acordados con Bruselas desemboquen en un agujero millonario para las arcas públicas. El Gobierno ha decidido ir financiando los programas incluidos en el Plan de Recuperación con endeudamiento ante la imposibilidad de cumplir el exigente calendario de cumplimiento de compromisos, que desbloqueaba el pago efectivo de los fondos europeos. Llegados al cierre del programa todos los retrasos embalsados pueden recortar de forma sustancial el último desembolso, que tiene asignados 21.462 millones en transferencias no reembolsables, y otros 4.400 millones en préstamos. Todo lo que se recorte de esa cuantía irá contra las cuentas de las Administraciones Públicas.
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