El Gobierno volverá a responder con intervenciones al mercado de la vivienda con un decreto de consecuencias todavía impredecibles . El Ejecutivo que forman PSOE y Sumar quiere solventar así el estallido social que ha provocado el desahucio de la anciana Maricarmen y que ahora ha derivado en una especie de movimiento 15M con cientos de jóvenes -convocados por el Sindicato de Inquilinas, una organización de ultraizquierda cercana a la formación de Yolanda Díaz- acampados en la Puerta del Sol en protesta a los altos precios y la dificultad de acceder a un piso de alquiler en España. Ambas formaciones han decidido seguir la corriente del discurso de los manifestantes y culpar a los «fondos ‘buitre’» y a los propietarios de la situación actual del mercado, obviando los ocho años de promesas incumplidas y políticas fallidas que han provocado una crisis habitacional sin precedentes. Lo que obvia el Gobierno es todo lo que no se ha hecho o evitado hacer de un tiempo a esta parte. Con un déficit que se acerca al millón de viviendas, según las últimas estimaciones del Banco de España, el ritmo de construcción sigue renqueante pese a que los visados de obra nueva han aumentado un 30% en el último lustro. El problema es que han faltado resortes para agilizar el número de viviendas nuevas que salen cada año al mercado. Fundamentalmente porque la esperada reforma de la ley del suelo sigue en el limbo y con ello cientos de ayuntamientos con sus planeamientos urbanísticos paralizados.Entre los expertos consultados por este periódico hay consenso: construir vivienda no es la única solución necesaria para desatascar el mercado, pero es imprescindible para generar oferta en un momento además en el que la creación de hogares se ha disparado por la venida en el último lustro de un fuerte flujo de población inmigrante. «Ha faltado una mejor previsión de las necesidades de vivienda. Si el país estaba experimentando un crecimiento demográfico sostenido, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda suficiente para responder a la demanda», apunta Ramón Bastida , profesor de la UPF-BSM y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM y Metropolitan House.Ante el crecimiento demográfico, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda Ramón Bastida Profesor de la UPF-BSMEl profesor añade otro factor: la congelación del parque de vivienda protegida que no ha aumentado en los últimos años. «Al contrario, parte de las viviendas de protección oficial han pasado al mercado libre y ese parque no se ha renovado al mismo ritmo, reduciendo la disponibilidad de vivienda asequible. Ese es uno de los factores, aunque no el único, que ayudan a explicar la situación actual», define.Por su parte, Matilde Cuena , catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid también destaca como parte fundamental de la crisis de vivienda el parque público de alquiler « extraordinariamente reducido» que tiene nuestro país. Para la docente, además, existe otro elemento del «que se habla poco»: la fiscalidad. «Durante décadas las Administraciones han obtenido importantes ingresos vinculados a la vivienda -por su adquisición, tenencia y transmisión- sin reinvertir una parte suficiente de esos recursos en políticas de vivienda y, particularmente, en crear un parque público estable. Hemos utilizado la vivienda como fuente de ingresos, pero no hemos gastado en vivienda lo necesario para garantizar el acceso a quienes no pueden hacerlo en el mercado».Hay que revisar también la fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda Matilde Cuena Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Con esos mimbres, para Cuena el diagnóstico es claro. Solucionar la escasez de oferta en las áreas de mayor demanda en nuestro país pasa por aumentar la oferta tanto privada, como pública y asequible y para eso es imprescindible reducir la presión sobre los precios. «Para construir hay que liberar suelo, agilizar el planeamiento y las licencias y revisar también una fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda».«Cualquier mercado necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta» Julio Tejedor Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de ZaragozaJulio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza también ve un hándicap la falta de coordinación entre administraciones para promover vivienda. Tiene que haber un acuerdo, un consenso en los elementos fundamentales que estructuren la política de vivienda; puedes pactar las condiciones en las que una empresa pública autonómica o municipal puede desarrollar vivienda social y las condiciones en las que se puede hacer a través de la colaboración público-privada. Luego, cada Gobierno podrá impulsar las soluciones que considere, pero con un consenso en lo fundamental«, opina.Para Tejedor también es fundamental volver a generar seguridad entre los operadores que actúan en el mercado de la vivienda. «Cualquier mercado, y el del alquiler no es distinto, necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta, que al final es la que puede acabar cubriendo las necesidades de alojamiento». El Gobierno volverá a responder con intervenciones al mercado de la vivienda con un decreto de consecuencias todavía impredecibles . El Ejecutivo que forman PSOE y Sumar quiere solventar así el estallido social que ha provocado el desahucio de la anciana Maricarmen y que ahora ha derivado en una especie de movimiento 15M con cientos de jóvenes -convocados por el Sindicato de Inquilinas, una organización de ultraizquierda cercana a la formación de Yolanda Díaz- acampados en la Puerta del Sol en protesta a los altos precios y la dificultad de acceder a un piso de alquiler en España. Ambas formaciones han decidido seguir la corriente del discurso de los manifestantes y culpar a los «fondos ‘buitre’» y a los propietarios de la situación actual del mercado, obviando los ocho años de promesas incumplidas y políticas fallidas que han provocado una crisis habitacional sin precedentes. Lo que obvia el Gobierno es todo lo que no se ha hecho o evitado hacer de un tiempo a esta parte. Con un déficit que se acerca al millón de viviendas, según las últimas estimaciones del Banco de España, el ritmo de construcción sigue renqueante pese a que los visados de obra nueva han aumentado un 30% en el último lustro. El problema es que han faltado resortes para agilizar el número de viviendas nuevas que salen cada año al mercado. Fundamentalmente porque la esperada reforma de la ley del suelo sigue en el limbo y con ello cientos de ayuntamientos con sus planeamientos urbanísticos paralizados.Entre los expertos consultados por este periódico hay consenso: construir vivienda no es la única solución necesaria para desatascar el mercado, pero es imprescindible para generar oferta en un momento además en el que la creación de hogares se ha disparado por la venida en el último lustro de un fuerte flujo de población inmigrante. «Ha faltado una mejor previsión de las necesidades de vivienda. Si el país estaba experimentando un crecimiento demográfico sostenido, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda suficiente para responder a la demanda», apunta Ramón Bastida , profesor de la UPF-BSM y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM y Metropolitan House.Ante el crecimiento demográfico, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda Ramón Bastida Profesor de la UPF-BSMEl profesor añade otro factor: la congelación del parque de vivienda protegida que no ha aumentado en los últimos años. «Al contrario, parte de las viviendas de protección oficial han pasado al mercado libre y ese parque no se ha renovado al mismo ritmo, reduciendo la disponibilidad de vivienda asequible. Ese es uno de los factores, aunque no el único, que ayudan a explicar la situación actual», define.Por su parte, Matilde Cuena , catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid también destaca como parte fundamental de la crisis de vivienda el parque público de alquiler « extraordinariamente reducido» que tiene nuestro país. Para la docente, además, existe otro elemento del «que se habla poco»: la fiscalidad. «Durante décadas las Administraciones han obtenido importantes ingresos vinculados a la vivienda -por su adquisición, tenencia y transmisión- sin reinvertir una parte suficiente de esos recursos en políticas de vivienda y, particularmente, en crear un parque público estable. Hemos utilizado la vivienda como fuente de ingresos, pero no hemos gastado en vivienda lo necesario para garantizar el acceso a quienes no pueden hacerlo en el mercado».Hay que revisar también la fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda Matilde Cuena Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid Con esos mimbres, para Cuena el diagnóstico es claro. Solucionar la escasez de oferta en las áreas de mayor demanda en nuestro país pasa por aumentar la oferta tanto privada, como pública y asequible y para eso es imprescindible reducir la presión sobre los precios. «Para construir hay que liberar suelo, agilizar el planeamiento y las licencias y revisar también una fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda».«Cualquier mercado necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta» Julio Tejedor Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de ZaragozaJulio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza también ve un hándicap la falta de coordinación entre administraciones para promover vivienda. Tiene que haber un acuerdo, un consenso en los elementos fundamentales que estructuren la política de vivienda; puedes pactar las condiciones en las que una empresa pública autonómica o municipal puede desarrollar vivienda social y las condiciones en las que se puede hacer a través de la colaboración público-privada. Luego, cada Gobierno podrá impulsar las soluciones que considere, pero con un consenso en lo fundamental«, opina.Para Tejedor también es fundamental volver a generar seguridad entre los operadores que actúan en el mercado de la vivienda. «Cualquier mercado, y el del alquiler no es distinto, necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta, que al final es la que puede acabar cubriendo las necesidades de alojamiento».
El Gobierno volverá a responder con intervenciones al mercado de la vivienda con un decreto de consecuencias todavía impredecibles. El Ejecutivo que forman PSOE y Sumar quiere solventar así el estallido social que ha provocado el desahucio de la anciana Maricarmen y que ahora … ha derivado en una especie de movimiento 15M con cientos de jóvenes -convocados por el Sindicato de Inquilinas, una organización de ultraizquierda cercana a la formación de Yolanda Díaz- acampados en la Puerta del Sol en protesta a los altos precios y la dificultad de acceder a un piso de alquiler en España. Ambas formaciones han decidido seguir la corriente del discurso de los manifestantes y culpar a los «fondos ‘buitre’» y a los propietarios de la situación actual del mercado, obviando los ocho años de promesas incumplidas y políticas fallidas que han provocado una crisis habitacional sin precedentes.
Lo que obvia el Gobierno es todo lo que no se ha hecho o evitado hacer de un tiempo a esta parte. Con un déficit que se acerca al millón de viviendas, según las últimas estimaciones del Banco de España, el ritmo de construcción sigue renqueante pese a que los visados de obra nueva han aumentado un 30% en el último lustro. El problema es que han faltado resortes para agilizar el número de viviendas nuevas que salen cada año al mercado. Fundamentalmente porque la esperada reforma de la ley del suelo sigue en el limbo y con ello cientos de ayuntamientos con sus planeamientos urbanísticos paralizados.
Entre los expertos consultados por este periódico hay consenso: construir vivienda no es la única solución necesaria para desatascar el mercado, pero es imprescindible para generar oferta en un momento además en el que la creación de hogares se ha disparado por la venida en el último lustro de un fuerte flujo de población inmigrante. «Ha faltado una mejor previsión de las necesidades de vivienda. Si el país estaba experimentando un crecimiento demográfico sostenido, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda suficiente para responder a la demanda», apunta Ramón Bastida, profesor de la UPF-BSM y director de la Cátedra de Vivienda Digna y Sostenible de la UPF-BSM y Metropolitan House.
Ante el crecimiento demográfico, habría sido necesario anticipar ese escenario con un incremento de la construcción de vivienda
Ramón Bastida
Profesor de la UPF-BSM
El profesor añade otro factor: la congelación del parque de vivienda protegida que no ha aumentado en los últimos años. «Al contrario, parte de las viviendas de protección oficial han pasado al mercado libre y ese parque no se ha renovado al mismo ritmo, reduciendo la disponibilidad de vivienda asequible. Ese es uno de los factores, aunque no el único, que ayudan a explicar la situación actual», define.
Por su parte, Matilde Cuena, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid también destaca como parte fundamental de la crisis de vivienda el parque público de alquiler «extraordinariamente reducido» que tiene nuestro país. Para la docente, además, existe otro elemento del «que se habla poco»: la fiscalidad. «Durante décadas las Administraciones han obtenido importantes ingresos vinculados a la vivienda -por su adquisición, tenencia y transmisión- sin reinvertir una parte suficiente de esos recursos en políticas de vivienda y, particularmente, en crear un parque público estable. Hemos utilizado la vivienda como fuente de ingresos, pero no hemos gastado en vivienda lo necesario para garantizar el acceso a quienes no pueden hacerlo en el mercado».
Hay que revisar también la fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda
Matilde Cuena
Catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid
Con esos mimbres, para Cuena el diagnóstico es claro. Solucionar la escasez de oferta en las áreas de mayor demanda en nuestro país pasa por aumentar la oferta tanto privada, como pública y asequible y para eso es imprescindible reducir la presión sobre los precios. «Para construir hay que liberar suelo, agilizar el planeamiento y las licencias y revisar también una fiscalidad que encarece considerablemente el acceso a la vivienda».
«Cualquier mercado necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta»
Julio Tejedor
Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza
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Julio Tejedor, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza también ve un hándicap la falta de coordinación entre administraciones para promover vivienda. Tiene que haber un acuerdo, un consenso en los elementos fundamentales que estructuren la política de vivienda; puedes pactar las condiciones en las que una empresa pública autonómica o municipal puede desarrollar vivienda social y las condiciones en las que se puede hacer a través de la colaboración público-privada. Luego, cada Gobierno podrá impulsar las soluciones que considere, pero con un consenso en lo fundamental«, opina.
Para Tejedor también es fundamental volver a generar seguridad entre los operadores que actúan en el mercado de la vivienda. «Cualquier mercado, y el del alquiler no es distinto, necesita unas condiciones mínimas de seguridad jurídica para estimular la oferta, que al final es la que puede acabar cubriendo las necesidades de alojamiento».
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