Después de unos años de tregua, Barcelona ha reabierto la guerra contra Airbnb por anunciar pisos turísticos ilegales y ha avisado de que en 2028 cerrará los 10.000 apartamentos turísticos legales. El alcalde Jaume Collboni advirtió esta semana al portal de alquiler vacacional de que, si no elimina los anuncios de pisos sin licencia, presentará nuevas demandas, incluso penales. Y ha recordado que la ciudad se valdrá de un decreto autonómico para cerrar la oferta legal en tres años, con el objetivo de las viviendas vuelvan al mercado residencial. El portal, a través de un portavoz oficial, asegura que el veto a la oferta de alojamiento turístico en viviendas no tendrá “un impacto significativo” en su negocio, porque ninguna ciudad representa más del 2% de su facturación y “el 80%” de sus “200 principales mercados cuenta con algún tipo de regulación”. La empresa también insiste en que “en 2024 creció por encima del conjunto de la industria del turismo”. Pero en los últimos meses Airbnb ha elevado el tono contra el alcalde en duros comunicados.
El portal inmobiliario asegura que la prohibición de pisos turísticos en 2028 no afectaría a su negocio, pero eleva el tono contra el alcalde Jaume Collboni
Después de unos años de tregua, Barcelona ha reabierto la guerra contra Airbnb por anunciar pisos turísticos ilegales y ha avisado de que en 2028 cerrará los 10.000 apartamentos turísticos legales. El alcalde Jaume Collboni advirtió esta semana al portal de alquiler vacacional de que, si no elimina los anuncios de pisos sin licencia, presentará nuevas demandas, incluso penales. Y ha recordado que la ciudad se valdrá de un decreto autonómico para cerrar la oferta legal en tres años, con el objetivo de las viviendas vuelvan al mercado residencial. El portal, a través de un portavoz oficial, asegura que el veto a la oferta de alojamiento turístico en viviendas no tendrá “un impacto significativo” en su negocio, porque ninguna ciudad representa más del 2% de su facturación y “el 80%” de sus “200 principales mercados cuenta con algún tipo de regulación”. La empresa también insiste en que “en 2024 creció por encima del conjunto de la industria del turismo”. Pero en los últimos meses Airbnb ha elevado el tono contra el alcalde en duros comunicados.
Varios expertos en turismo aseguran que Barcelona se convierte de nuevo en un quebradero de cabeza para Airbnb. La reducción y eliminación de pisos turísticos en un destino global tendrá impacto por lógica, dicen; pero avisan de que el riesgo más grande es que el veto se replique en ciudades que tienen puesto un ojo en las políticas de gestión del turismo de Barcelona. El temor a un impacto más allá de la capital catalana lo comparte incluso alguna empresa de pisos turísticos. La patronal Apartur insiste en señalar que representan el 40% de las camas turísticas legales de la ciudad y que su cierre sería “una pérdida de competitividad irreparable”, también “para la economía local y de los barrios”.
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y Airbnb comenzó hace diez años, durante el primer mandato de la ex alcaldesa Ada Colau. La ciudad mantuvo una batalla con la compañía que se saldó con dos multas inéditas de 600.000 euros por anunciar oferta ilegal, por su impacto en los barrios, y un acuerdo posterior de retirada apartamentos no registrados si el Ayuntamiento lo requería. Ahora, el Ayuntamiento denuncia que cada mes aparecen entre 300 y 400 anuncios de oferta ilegal, y que el portal tarda en retirarlos. Pero la principal amenaza para el negocio de Airbnb que Barcelona elimine también la oferta legal.
Airbnb ha tenido por costumbre, durante años, responder a los anuncios del consistorio barcelonés con breves comunicados y lenguaje conciliador. El martes, durante la reunión de su director general para España y Portugal, Jaime Rodríguez de Santiago, con el alcalde, no esperaron a que acabara el encuentro y difundieron una nota de dos páginas y siete más de anexos en la que invitaban al Ayuntamiento a “dejar de buscar chivos expiatorios en los alquileres de corta duración” y sugerían fijarse en “hoteles y operadores turísticos a gran escala como impulsores del turismo masivo”. El portal también alerta del impacto que la prohibición tendría en “anfitriones, familias y negocios locales que dependen de estos ingresos [de alojar visitantes]”. En noviembre, cuando Collboni anunció el veto a los pisos turísticos, ya le enviaron una carta pidiendo que “reconsiderara las restricciones a las viviendas turísticas” y asegurando que tras una década no han conseguido atajar la crisis habitacional, ni en Barcelona ni en otras ciudades que también han limitado la oferta, como Nueva York.
El profesor de derecho administrativo de la Universidad de Girona, Josep Maria Aguirre, que participó en la redacción del decreto ley de viviendas turísticas, entiende que “cualquier reducción de la actividad preocupa a Airbnb: menos oferta, menos negocio”. Y asegura que “Airbnb prevé cierto efecto domino con la regulación catalana”, además de que “la batalla que se plantea contra el portal es global, con otras ciudades dispuestas a regular”. “Airbnb no está en situación de quejarse cuando es un colaborador necesario en el auge de las viviendas de uso turístico, que creció a partir de las plataformas y ha tenido un impacto en mercados residenciales ya tensionados por su altísima rentabilidad”, dice Aguirre. Como el alcalde Collboni, celebra el reciente aval del Tribunal Constitucional al decreto del Govern.
Claudio Milano, antropólogo de la Universidad de Barcelona y experto en turismo urbano, señala que “Barcelona ha sido históricamente un laboratorio de políticas urbanas, sobre todo en regulación del turismo: lo que se decide aquí podría tener eco en muchas otras ciudades, lo que podría acabar impactando en el modelo de negocio de Airbnb”. Pero añade que “estas empresas mutan sus operaciones y tienen grande capacidad de adaptación, por ejemplo, incrementando su facturación gracias a los alquileres de temporada”, lo que asegura que ya está ocurriendo.
El doctor y consultor en turismo y profesor de las universidades de Girona y Oberta de Catalunya, Marc Grijalvo, admite que cualquier desaparición de la oferta de viviendas turísticas “sería un problema para las plataformas” y que “por la cuota que tiene Barcelona y el efecto espejo sobre otras ciudades, es un riesgo para Airbnb”. Pero dicho esto, alerta de que las restricciones vigentes no han resuelto el problema de la vivienda en ninguna ciudad. “Igual que hace años hubo una oleada proturismo, ahora es turismofóbica, cuando Airbnb es una arista en unas tensiones que genera el turismo que requieren un debate sereno y sin demagogia sobre qué modelo turístico queremos”.
Y desde la escuela de negocios IESE, el profesor y experto en consumo José Luis Nueno, se muestra contrario a la oferta ilegal de viviendas turísticas y aplaude que se persigan sus anuncios en Airbnb, pero no ve motivo para eliminar la oferta legal. Avisa de las “implicaciones negativas que tendría para la ciudad, donde son una pieza indispensable, tanto para turismo de ocio como de negocios” y arremete contra “la trumpización de los discursos: de los alcaldes que son más amenazantes hablando y las plataformas respondiendo”. “Si Barcelona cumple las amenazas podemos asistir a ausencia de pisos turísticos y que la gente cambie su destino, ciudades no faltan”, alerta y sobre la posibilidad de que otras ciudades repliquen el veto de la capital catalana, cree que “solo lo harán si funciona”. En este sentido avisa: “Esto es un destino entre el top 10 de Europa y probablemente del mundo, si la plataforma lo pierde, se arma, pero ojo porque la ciudad también puede salir perjudicada”.
