España tiene vía libre para optar a una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere levantar en el territorio comunitario. La Comisión ha aprobado la creación de una empresa conjunta entre Banco Santander, Telefónica, ACS y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT, comúnmente conocida como la SEPI digital) al entender que no genera problemas de competencia. «La operación se refiere principalmente a servicios de coinserción en centros de datos para terceros en España y contribuye a la estrategia de soberanía tecnológica de la UE orientada a reforzar y ampliar las infraestructuras soberanas de nube e inteligencia artificial en Europa, como parte de la iniciativa de gigafactorías de IA de la UE», recoge el comunicado de Bruselas, que no detecta trabas a nivel de competencia «dadas las limitadas posiciones de mercado de las empresas resultantes de la transacción propuesta».Optar a una de estas gigafactorías supondría un impulso enorme a nivel de país y, en concreto, para las dos regiones que captarían la inversión, que sería de unos 5.000 millones de euros más los puestos de trabajo y riqueza que se crearía en las zonas implicadas. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.Fue el pasado junio cuando el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 719 millones de euros para ponerlos en esta sociedad conjunta de reciente creación. «La SETT realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech», dijo el Gobierno, en referencia a que para ello utilizará fondos europeos. «La aportación del Gobierno al proyecto busca situar a España a la vanguardia de las infraestructuras europeas de inteligencia artificial, con un enfoque especial en sostenibilidad», añadió el Ejecutivo.La sociedad estará controlada y dirigida por el sector privado pero el accionariado se reparte entre las empresas y las Administraciones públicas. Banco Santander, Telefónica y ACS tendrán el 15,67% del capital cada uno, y la vasca Multiverse Computing tendrá el 4%. Eso suma un 51% de participación privada. Del lado público, la SEPI digital ostentará el 48% de la sociedad y el 1% restante lo tendrá la Generalitat de Cataluña . A finales de julio la Comisión anunció el lanzamiento de la licitación para que los distintos interesados pudieran presentarse. Ya de antes el Gobierno español y las empresas habían mostrado su intención de acudir. Está previsto que este mes de septiembre ya formalicen oficialmente la candidatura para el proyecto, aunque existe de plazo hasta mediados de noviembre. En cualquier caso, Bruselas resolverá a principios de 2027 quién se queda con los proyectos. España tiene vía libre para optar a una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere levantar en el territorio comunitario. La Comisión ha aprobado la creación de una empresa conjunta entre Banco Santander, Telefónica, ACS y la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT, comúnmente conocida como la SEPI digital) al entender que no genera problemas de competencia. «La operación se refiere principalmente a servicios de coinserción en centros de datos para terceros en España y contribuye a la estrategia de soberanía tecnológica de la UE orientada a reforzar y ampliar las infraestructuras soberanas de nube e inteligencia artificial en Europa, como parte de la iniciativa de gigafactorías de IA de la UE», recoge el comunicado de Bruselas, que no detecta trabas a nivel de competencia «dadas las limitadas posiciones de mercado de las empresas resultantes de la transacción propuesta».Optar a una de estas gigafactorías supondría un impulso enorme a nivel de país y, en concreto, para las dos regiones que captarían la inversión, que sería de unos 5.000 millones de euros más los puestos de trabajo y riqueza que se crearía en las zonas implicadas. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.Fue el pasado junio cuando el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 719 millones de euros para ponerlos en esta sociedad conjunta de reciente creación. «La SETT realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech», dijo el Gobierno, en referencia a que para ello utilizará fondos europeos. «La aportación del Gobierno al proyecto busca situar a España a la vanguardia de las infraestructuras europeas de inteligencia artificial, con un enfoque especial en sostenibilidad», añadió el Ejecutivo.La sociedad estará controlada y dirigida por el sector privado pero el accionariado se reparte entre las empresas y las Administraciones públicas. Banco Santander, Telefónica y ACS tendrán el 15,67% del capital cada uno, y la vasca Multiverse Computing tendrá el 4%. Eso suma un 51% de participación privada. Del lado público, la SEPI digital ostentará el 48% de la sociedad y el 1% restante lo tendrá la Generalitat de Cataluña . A finales de julio la Comisión anunció el lanzamiento de la licitación para que los distintos interesados pudieran presentarse. Ya de antes el Gobierno español y las empresas habían mostrado su intención de acudir. Está previsto que este mes de septiembre ya formalicen oficialmente la candidatura para el proyecto, aunque existe de plazo hasta mediados de noviembre. En cualquier caso, Bruselas resolverá a principios de 2027 quién se queda con los proyectos.
España tiene vía libre para optar a una de las siete gigafactorías de inteligencia artificial que la Unión Europea quiere levantar en el territorio comunitario. La Comisión ha aprobado la creación de una empresa conjunta entre Banco Santander, Telefónica, ACS y la Sociedad Española … para la Transformación Tecnológica (SETT, comúnmente conocida como la SEPI digital) al entender que no genera problemas de competencia.
«La operación se refiere principalmente a servicios de coinserción en centros de datos para terceros en España y contribuye a la estrategia de soberanía tecnológica de la UE orientada a reforzar y ampliar las infraestructuras soberanas de nube e inteligencia artificial en Europa, como parte de la iniciativa de gigafactorías de IA de la UE», recoge el comunicado de Bruselas, que no detecta trabas a nivel de competencia «dadas las limitadas posiciones de mercado de las empresas resultantes de la transacción propuesta».
Optar a una de estas gigafactorías supondría un impulso enorme a nivel de país y, en concreto, para las dos regiones que captarían la inversión, que sería de unos 5.000 millones de euros más los puestos de trabajo y riqueza que se crearía en las zonas implicadas. El proyecto español concurrirá con una candidatura multisede que incluye las ubicaciones de Móra la Nova, en Tarragona, y San Fernando de Henares, en Madrid.
Fue el pasado junio cuando el Consejo de Ministros autorizó una inversión de 719 millones de euros para ponerlos en esta sociedad conjunta de reciente creación. «La SETT realiza esta operación mediante la facilidad Next Tech», dijo el Gobierno, en referencia a que para ello utilizará fondos europeos. «La aportación del Gobierno al proyecto busca situar a España a la vanguardia de las infraestructuras europeas de inteligencia artificial, con un enfoque especial en sostenibilidad», añadió el Ejecutivo.
La sociedad estará controlada y dirigida por el sector privado pero el accionariado se reparte entre las empresas y las Administraciones públicas. Banco Santander, Telefónica y ACS tendrán el 15,67% del capital cada uno, y la vasca Multiverse Computing tendrá el 4%. Eso suma un 51% de participación privada. Del lado público, la SEPI digital ostentará el 48% de la sociedad y el 1% restante lo tendrá la Generalitat de Cataluña.
A finales de julio la Comisión anunció el lanzamiento de la licitación para que los distintos interesados pudieran presentarse. Ya de antes el Gobierno español y las empresas habían mostrado su intención de acudir. Está previsto que este mes de septiembre ya formalicen oficialmente la candidatura para el proyecto, aunque existe de plazo hasta mediados de noviembre. En cualquier caso, Bruselas resolverá a principios de 2027 quién se queda con los proyectos.
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