El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas tiende a reducirse, pero está lejos de desaparecer y Cataluña sigue manteniendo una dinámica desproporcionada con respecto al resto de comunidades autónomas. El año pasado las denuncias por la vía penal cayeron un 15%, pero sigue siendo la autonomía donde el problema es mayor con mucha diferencia: con 5.913 demandas, concentra el 39,7% de las de toda España (su población representa el 16%) y sus cuatro provincias son las que cuentan con mayor proporción por cada 100.000 habitantes, según los datos de usurpación y allanamientos de inmuebles que elabora el Ministerio del Interior. En los juzgados de lo civil se efectuaron otras 377 denuncias por haber ocupado un piso sin consentimiento del titular en 2025. Esas estadísticas, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran que son un 18,6% menos que un año antes y representan una de cada cinco de las que se producen en todo el Estado.
Las medidas preventivas ante la alarma social y la mediación obligada antes de denunciar en los tribunales de lo civil reducen las denuncias
El fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas tiende a reducirse, pero está lejos de desaparecer y Cataluña sigue manteniendo una dinámica desproporcionada con respecto al resto de comunidades autónomas. El año pasado las denuncias por la vía penal cayeron un 15%, pero sigue siendo la autonomía donde el problema es mayor con mucha diferencia: con 5.913 demandas, concentra el 39,7% de las de toda España (su población representa el 16%) y sus cuatro provincias son las que cuentan con mayor proporción por cada 100.000 habitantes, según los datos de usurpación y allanamientos de inmuebles que elabora el Ministerio del Interior. En los juzgados de lo civil se efectuaron otras 377 denuncias por haber ocupado un piso sin consentimiento del titular en 2025. Esas estadísticas, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), muestran que son un 18,6% menos que un año antes y representan una de cada cinco de las que se producen en todo el Estado.
Esas estadísticas nada tienen que ver con el desahucio que el pasado 26 de junio sufrieron Jordi Galí y su familia, que tras 22 años tuvieron que abandonar, desahuciados, su vivienda en la calle de Marina de Barcelona. Su caso, decidido también en los juzgados, estaba motivado por el impago del alquiler por su incapacidad económica. La ocupación ilegal, en cambio, se refiere a la entrada en una vivienda sin contrato ni permiso de los propietarios, no al incumplimiento o a la finalización de contratos.
La mejora de la situación que muestran las estadísticas responde a motivos diversos, según coinciden diferentes fuentes consultadas. En el caso de las usurpaciones de pisos vacíos y allanamientos de viviendas no vacías (son primeras o segundas residencias y representan en torno a un 10% del total de los casos), la razón se encuentra en que los propietarios cada vez adoptan mayores medidas de seguridad ante la alarma social que genera el fenómeno en Cataluña. También en España, donde la cifra ha caído un 9%.
En el caso de las ocupaciones denunciadas por lo civil, que es la estadística que más tienen en cuenta las entidades sociales para explicar las ocupaciones de familias vulnerables, la caída podría tener su explicación en la entrada en vigor en abril pasado de los medios adecuados de solución de controversias (más conocidos por sus siglas MASC), un mecanismo que obliga, con mediación, a buscar un pacto entre litigantes antes de presentar denuncia en los juzgados. Las estadísticas trimestrales del pasado año muestran cómo en el segundo y el tercer trimestre cayeron significativamente las denuncias, si bien en los últimos tres meses de 2025 estas volvieron a aumentar. Esa explicación, sin embargo, queda ligeramente desvirtuada por los datos del primer trimestre de 2026, cuando se produjeron solo 88 casos respecto a los 122 del mismo periodo de un año antes, otra caída.
Las entidades sociales especializadas en el ámbito de la vivienda consideran que los datos de 2025 no significan una reducción del problema, ya que las personas vulnerables siguen sin solución a su desamparo habitacional. Además, alertan de que “es muy previsible que en 2026 los datos aumenten, y no porque la gente ocupe más, sino debido a que el PP y Junts tumbaron la moratoria antidesahucios [un escudo social desplegado durante la pandemia], y subirán los desahucios ejecutados de ocupación y también los alquileres”, explica Guillem Domingo, técnico de Vivienda y Ciudad del Observatorio Desca.
“Ahora la gente está mucho más concienciada”, afirma Miquel Serra, vocal de la sección de Derecho Civil del ICAB, sobre las medidas para evitar las ocupaciones, sobre todo ante la complejidad de recuperar una posesión, que el Consejo General del Poder Judicial cifra en unos 20 meses de promedio. Serra explica cuál puede ser el motivo para denunciar por la vía civil o la penal. Por ejemplo, por la primera solo pueden acudir personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas, y es el camino que se acostumbra a seguir si se acredita que la ocupación no se ha prolongado durante más de cinco días. En el caso de que los Mossos d’Esquadra detecten una ocupación ilegal rápidamente, Serra optaría por denunciar por la vía penal. La policía ha detectado la proliferación de ocupaciones ilegales para usos ilícitos, como la instalación de plantaciones de marihuana.
Según las estadísticas del Portal Estadístico de Criminalidad, el problema de Cataluña se extiende a sus cuatro provincias. Si bien Barcelona es la provincia con un mayor número de casos de ocupaciones, es en Girona donde proporcionalmente es mayor: casi 89 casos por cada 100.000 habitantes, por los 76 de Barcelona.
El partido judicial de Girona es el cuarto de los 40 existentes en Cataluña donde se practicaron más lanzamientos el año pasado: 363, según las fuentes oficiales. Vanesa Morejón, directora del Servei Comú Processal de Girona, es la encargada de coordinar todos los que llegan de los juzgados de su jurisdicción, que ejecutan dos personas con una experiencia dilatada en ese trabajo. Lo cierto es que al servicio llegaron el pasado año 936 solicitudes, pero apenas un 38% de ellas acabaron siendo positivas: se desocupó el inmueble. Más de las mitad (un 57%) acabaron suspendidas a petición del mismo juzgado por la vulnerabilidad de las personas que residían en el piso, porque se cerró algún acuerdo o porque los ocupantes habían abandonado antes la vivienda.
“Intentamos coordinarnos con servicios sociales y Mossos d’Esquadra, que hacen el acompañamiento y miran si puede existir algún problema en el desalojo”, dice Morejón, que sostiene que los fondos de inversión llegan en muchas ocasiones a acuerdos con los moradores [a cambio de algún tipo de transacción económica] para que entreguen las llaves antes de que llegue la comitiva judicial. La oficina, pionera en Cataluña, tarda dos meses de promedio para ejecutar los lanzamientos.
Los casos que llegan a la oficina de Morejón no son solo los de ocupaciones ilegales, también les llegan casos de impagos o finalizaciones e incumplimientos de contratos. De hecho, estos supuestos son muy mayoritarios entre los que llegan por la vía civil, según los datos del Poder Judicial: el 97%.
