La Plataforma Denaria ha celebrado hoy en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) la jornada «Efectivo y Resiliencia: garantía de funcionamiento social en un entorno digital», con motivo del primer aniversario del apagón que el 28 de abril de 2025 puso en evidencia la fragilidad del sistema de pagos digital. La jornada, inaugurada por Isabel Valldecabres, directora-gerente de la FNMT, y por Javier Rupérez, presidente de Denaria, ha puesto el foco en un argumento que la plataforma respaldará con datos en un informe próximo: garantizar el acceso al efectivo en España es extraordinariamente barato comparado con el coste de no tenerlo. El informe, actualmente en elaboración, analiza tres escenarios de cobertura. El conservador —400 municipios, 60 % de financiación pública— supone 4,8 millones de euros anuales. El intermedio (600 municipios, 80 % de financiación pública) se sitúa en torno a los 12 millones. El más ambicioso, con cobertura completa de 800 municipios, alcanza los 25,6 millones al año. La asociación española sin ánimo de lucro dedicada a defender el dinero en efectivo como un bien público esencial adelanta que todas las cifras están validadas con contratos públicos reales de despliegue de cajeros en Guadalajara, Badajoz y Córdoba, e incluyen únicamente costes de instalación, operación y mantenimiento; la supervisión y la gobernanza recaerían sobre el Banco de España y las entidades obligadas, sin impacto presupuestario adicional relevante. Si comparamos estas cifras con el coste total del apagón, pone en valor el coste mínimo que representa tener una infraestructura de acceso al efectivo. Noticia relacionada general No No Las comisiones bancarias dificultan la retirada gratis de efectivo en cajeros María Jesús PérezSegún un informe de CaixaBank Research, la pérdida de compras autorizadas a través del sistema de pagos ascendió a 400 millones de euros solo en ese día; el impacto total para la economía se estima entre 800 y 1.600 millones. Asegurar una infraestructura resiliente de acceso al efectivo costaría, en el peor de los casos, menos del 3 % de lo que puede perderse en una única jornada de disrupción digital. La pregunta, por tanto, no es si España puede permitirse esta infraestructura, sino si puede permitirse no tenerla. «Incluso en el escenario más amplio, el impacto presupuestario anual resulta modesto en relación con el presupuesto público agregado y claramente inferior a los costes económicos y sociales asociados a la exclusión financiera, la pérdida de cohesión territorial o la falta de resiliencia del sistema de pagos ante disrupciones», afirmó Rupérez durante su intervención.Rupérez añadió que «estar preparados no es otra cosa que asegurar el acceso al efectivo de forma ágil, sin coste y de manera constante, siempre y en todo lugar». A la vista de estos datos, Denaria opina que crear un marco regulatorio para garantizar el acceso y el uso del efectivo en España produce un impacto presupuestario acotado, gradual y compatible con los principios de proporcionalidad y buena regulación. «Así, asegurar un uso estable del efectivo y el mantenimiento de su infraestructura en tiempos de estabilidad —condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis— es económicamente viable y coherente con las prácticas regulatorias observadas en el entorno europeo», manifestó Rupérez. Dos mesas de debateLa jornada ha articulado el debate en torno a dos mesas. La primera, moderada por Victoria Arnau, presentadora en Antena 3, ha reunido al director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, José Luis Pérez Pajuelo; al consultor internacional Javier Martínez Sanchíz, exfuncionario jurídico de Naciones Unidas; y a Zaida Cantera de Castro, exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su análisis se ha centrado en el efectivo como sistema autónomo ante caídas de red y disrupciones energéticas. La segunda mesa, moderada por la corresponsal económica de ABC, María Jesús Pérez, ha abordado las experiencias concretas de municipios y provincias para garantizar el acceso al efectivo en territorios afectados por el cierre de sucursales. Han participado Miguel Padilla (secretario general de COAG), Agustín Matía (director gerente de Down España), Rita Mateos Robles (secretaria general de la Confederación Nacional de Federaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER) y José Manuel Fernández (coordinador de Comercio de Madrid Foro Empresarial). La segunda mesa fue seguida de un diálogo entre Javier Rupérez y Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial mientras que la clausura estuvo a cargo de María Menéndez Becker, vocal asesora en la subdireccción General de Finanzas Sostenibles y Digitales. El efectivo como derecho e infraestructura crítica Denaria defiende que el euro físico, como moneda de curso legal, constituye un derecho reconocido cuyo acceso garantiza la inclusión financiera de todos los colectivos. En un contexto de digitalización acelerada, la organización considera que la infraestructura de distribución del efectivo debe reconocerse explícitamente como infraestructura crítica, con un marco normativo que asegure su aceptación en todo el territorio europeo. «Precisamente porque el uso del efectivo sigue siendo elevado en amplios segmentos de la población, una eventual pérdida de su infraestructura de acceso y aceptación tendría un impacto abrupto y no gradual sobre la actividad económica y la inclusión financiera», subrayó Rupérez, que recalcó la necesidad de un «enfoque preventivo» que preserve la operatividad del efectivo en tiempos ordinarios como condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis. La Plataforma Denaria ha celebrado hoy en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) la jornada «Efectivo y Resiliencia: garantía de funcionamiento social en un entorno digital», con motivo del primer aniversario del apagón que el 28 de abril de 2025 puso en evidencia la fragilidad del sistema de pagos digital. La jornada, inaugurada por Isabel Valldecabres, directora-gerente de la FNMT, y por Javier Rupérez, presidente de Denaria, ha puesto el foco en un argumento que la plataforma respaldará con datos en un informe próximo: garantizar el acceso al efectivo en España es extraordinariamente barato comparado con el coste de no tenerlo. El informe, actualmente en elaboración, analiza tres escenarios de cobertura. El conservador —400 municipios, 60 % de financiación pública— supone 4,8 millones de euros anuales. El intermedio (600 municipios, 80 % de financiación pública) se sitúa en torno a los 12 millones. El más ambicioso, con cobertura completa de 800 municipios, alcanza los 25,6 millones al año. La asociación española sin ánimo de lucro dedicada a defender el dinero en efectivo como un bien público esencial adelanta que todas las cifras están validadas con contratos públicos reales de despliegue de cajeros en Guadalajara, Badajoz y Córdoba, e incluyen únicamente costes de instalación, operación y mantenimiento; la supervisión y la gobernanza recaerían sobre el Banco de España y las entidades obligadas, sin impacto presupuestario adicional relevante. Si comparamos estas cifras con el coste total del apagón, pone en valor el coste mínimo que representa tener una infraestructura de acceso al efectivo. Noticia relacionada general No No Las comisiones bancarias dificultan la retirada gratis de efectivo en cajeros María Jesús PérezSegún un informe de CaixaBank Research, la pérdida de compras autorizadas a través del sistema de pagos ascendió a 400 millones de euros solo en ese día; el impacto total para la economía se estima entre 800 y 1.600 millones. Asegurar una infraestructura resiliente de acceso al efectivo costaría, en el peor de los casos, menos del 3 % de lo que puede perderse en una única jornada de disrupción digital. La pregunta, por tanto, no es si España puede permitirse esta infraestructura, sino si puede permitirse no tenerla. «Incluso en el escenario más amplio, el impacto presupuestario anual resulta modesto en relación con el presupuesto público agregado y claramente inferior a los costes económicos y sociales asociados a la exclusión financiera, la pérdida de cohesión territorial o la falta de resiliencia del sistema de pagos ante disrupciones», afirmó Rupérez durante su intervención.Rupérez añadió que «estar preparados no es otra cosa que asegurar el acceso al efectivo de forma ágil, sin coste y de manera constante, siempre y en todo lugar». A la vista de estos datos, Denaria opina que crear un marco regulatorio para garantizar el acceso y el uso del efectivo en España produce un impacto presupuestario acotado, gradual y compatible con los principios de proporcionalidad y buena regulación. «Así, asegurar un uso estable del efectivo y el mantenimiento de su infraestructura en tiempos de estabilidad —condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis— es económicamente viable y coherente con las prácticas regulatorias observadas en el entorno europeo», manifestó Rupérez. Dos mesas de debateLa jornada ha articulado el debate en torno a dos mesas. La primera, moderada por Victoria Arnau, presentadora en Antena 3, ha reunido al director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, José Luis Pérez Pajuelo; al consultor internacional Javier Martínez Sanchíz, exfuncionario jurídico de Naciones Unidas; y a Zaida Cantera de Castro, exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su análisis se ha centrado en el efectivo como sistema autónomo ante caídas de red y disrupciones energéticas. La segunda mesa, moderada por la corresponsal económica de ABC, María Jesús Pérez, ha abordado las experiencias concretas de municipios y provincias para garantizar el acceso al efectivo en territorios afectados por el cierre de sucursales. Han participado Miguel Padilla (secretario general de COAG), Agustín Matía (director gerente de Down España), Rita Mateos Robles (secretaria general de la Confederación Nacional de Federaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER) y José Manuel Fernández (coordinador de Comercio de Madrid Foro Empresarial). La segunda mesa fue seguida de un diálogo entre Javier Rupérez y Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial mientras que la clausura estuvo a cargo de María Menéndez Becker, vocal asesora en la subdireccción General de Finanzas Sostenibles y Digitales. El efectivo como derecho e infraestructura crítica Denaria defiende que el euro físico, como moneda de curso legal, constituye un derecho reconocido cuyo acceso garantiza la inclusión financiera de todos los colectivos. En un contexto de digitalización acelerada, la organización considera que la infraestructura de distribución del efectivo debe reconocerse explícitamente como infraestructura crítica, con un marco normativo que asegure su aceptación en todo el territorio europeo. «Precisamente porque el uso del efectivo sigue siendo elevado en amplios segmentos de la población, una eventual pérdida de su infraestructura de acceso y aceptación tendría un impacto abrupto y no gradual sobre la actividad económica y la inclusión financiera», subrayó Rupérez, que recalcó la necesidad de un «enfoque preventivo» que preserve la operatividad del efectivo en tiempos ordinarios como condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis.
La Plataforma Denaria ha celebrado hoy en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) la jornada «Efectivo y Resiliencia: garantía de funcionamiento social en un entorno digital», con motivo del primer aniversario del apagón que el 28 de abril de 2025 puso en … evidencia la fragilidad del sistema de pagos digital. La jornada, inaugurada por Isabel Valldecabres, directora-gerente de la FNMT, y por Javier Rupérez, presidente de Denaria, ha puesto el foco en un argumento que la plataforma respaldará con datos en un informe próximo: garantizar el acceso al efectivo en España es extraordinariamente barato comparado con el coste de no tenerlo.
El informe, actualmente en elaboración, analiza tres escenarios de cobertura. El conservador —400 municipios, 60 % de financiación pública— supone 4,8 millones de euros anuales. El intermedio (600 municipios, 80 % de financiación pública) se sitúa en torno a los 12 millones. El más ambicioso, con cobertura completa de 800 municipios, alcanza los 25,6 millones al año.
La asociación española sin ánimo de lucro dedicada a defender el dinero en efectivo como un bien público esencial adelanta que todas las cifras están validadas con contratos públicos reales de despliegue de cajeros en Guadalajara, Badajoz y Córdoba, e incluyen únicamente costes de instalación, operación y mantenimiento; la supervisión y la gobernanza recaerían sobre el Banco de España y las entidades obligadas, sin impacto presupuestario adicional relevante. Si comparamos estas cifras con el coste total del apagón, pone en valor el coste mínimo que representa tener una infraestructura de acceso al efectivo.
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Según un informe de CaixaBank Research, la pérdida de compras autorizadas a través del sistema de pagos ascendió a 400 millones de euros solo en ese día; el impacto total para la economía se estima entre 800 y 1.600 millones. Asegurar una infraestructura resiliente de acceso al efectivo costaría, en el peor de los casos, menos del 3 % de lo que puede perderse en una única jornada de disrupción digital. La pregunta, por tanto, no es si España puede permitirse esta infraestructura, sino si puede permitirse no tenerla. «Incluso en el escenario más amplio, el impacto presupuestario anual resulta modesto en relación con el presupuesto público agregado y claramente inferior a los costes económicos y sociales asociados a la exclusión financiera, la pérdida de cohesión territorial o la falta de resiliencia del sistema de pagos ante disrupciones», afirmó Rupérez durante su intervención.
Rupérez añadió que «estar preparados no es otra cosa que asegurar el acceso al efectivo de forma ágil, sin coste y de manera constante, siempre y en todo lugar».
A la vista de estos datos, Denaria opina que crear un marco regulatorio para garantizar el acceso y el uso del efectivo en España produce un impacto presupuestario acotado, gradual y compatible con los principios de proporcionalidad y buena regulación. «Así, asegurar un uso estable del efectivo y el mantenimiento de su infraestructura en tiempos de estabilidad —condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis— es económicamente viable y coherente con las prácticas regulatorias observadas en el entorno europeo», manifestó Rupérez.
Dos mesas de debate
La jornada ha articulado el debate en torno a dos mesas. La primera, moderada por Victoria Arnau, presentadora en Antena 3, ha reunido al director del Centro Nacional para la Protección de Infraestructuras Críticas, José Luis Pérez Pajuelo; al consultor internacional Javier Martínez Sanchíz, exfuncionario jurídico de Naciones Unidas; y a Zaida Cantera de Castro, exvicepresidenta de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Su análisis se ha centrado en el efectivo como sistema autónomo ante caídas de red y disrupciones energéticas.
La segunda mesa, moderada por la corresponsal económica de ABC, María Jesús Pérez, ha abordado las experiencias concretas de municipios y provincias para garantizar el acceso al efectivo en territorios afectados por el cierre de sucursales. Han participado Miguel Padilla (secretario general de COAG), Agustín Matía (director gerente de Down España), Rita Mateos Robles (secretaria general de la Confederación Nacional de Federaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural, AFAMMER) y José Manuel Fernández (coordinador de Comercio de Madrid Foro Empresarial).
La segunda mesa fue seguida de un diálogo entre Javier Rupérez y Carlos Sánchez, director adjunto de El Confidencial mientras que la clausura estuvo a cargo de María Menéndez Becker, vocal asesora en la subdireccción General de Finanzas Sostenibles y Digitales.
El efectivo como derecho e infraestructura crítica
Denaria defiende que el euro físico, como moneda de curso legal, constituye un derecho reconocido cuyo acceso garantiza la inclusión financiera de todos los colectivos. En un contexto de digitalización acelerada, la organización considera que la infraestructura de distribución del efectivo debe reconocerse explícitamente como infraestructura crítica, con un marco normativo que asegure su aceptación en todo el territorio europeo.
«Precisamente porque el uso del efectivo sigue siendo elevado en amplios segmentos de la población, una eventual pérdida de su infraestructura de acceso y aceptación tendría un impacto abrupto y no gradual sobre la actividad económica y la inclusión financiera», subrayó Rupérez, que recalcó la necesidad de un «enfoque preventivo» que preserve la operatividad del efectivo en tiempos ordinarios como condición indispensable para su disponibilidad en situaciones de crisis.
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