El Gobierno quiere que se hable de la España de los 22 millones de afiliados, tanto es así que hace ahora un mes el presidente Sánchez vendió la piel del oso antes de cazarlo al dejarse ver en ‘X’ con una camiseta de la selección que lucía el número 22; el dorsal pretendía ser una referencia a las altas laborales registradas en marzo, pero el uso de la estadística fue un tanto forzado porque Moncloa recurrió al dato desestacionalizado, cuando lo habitual es utilizar el no-desestacionalizado, que arroja un resultado de 21.882.147 afiliaciones el mes pasado.Sea como fuere, si las cifras de las que presume el Ejecutivo tienen algún ‘pero’, no es este, pues los datos de la Seguridad Social son de récord y es probable que muy pronto rebasen los 22 millones de trabajadores y hagan buena la camiseta de Pedro Sánchez. Más bien, el problema está en la naturaleza de esa creación de empleo, pues descansa sobre cimientos menos robustos de lo deseable. Aquí cabe hablar de los contratos fijos-discontinuos, que encubren un buen porcentaje de precariedad encubierta, o de la doble-contratación, pues entre esos casi 22 millones de afiliados se calcula que hay más de 800.000 que están repetidos, dado que la Seguridad Social toma los contratos como muestra y no las personas. La lista sigue con la inmigración, ya que más de un 40% de los nuevos puestos creados en el último año fueron ocupados por extranjeros, o el excesivo peso del sector público como generador de empleo. Noticia relacionada general No No CAOS EN LA OPOSICIONES El Gobierno reacciona y los funcionarios elegirán plaza a final de mes o principios de junio Susana AlcelayEn un artículo publicado ayer, Fedea pone el acento en esto último, un fenómeno preocupante por el efecto potencial que tendrá sobre el déficit, en caso de que el mercado laboral privado empiece a renquear. Entre 2019, medio ño después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y el pasado ejercicio, las empresas privadas han generado 1.799.176 nuevos afiliados en nuestro país -medidos en términos de afiliación media anual e incluyendo autónomos-, hasta sumar 18.531.717 altas de media en 2025, un 10,8% más. En el mismo período, por su parte, las Administraciones públicas sumaron 558.199 ocupados, hasta totalizar una media de 3.103.477 a lo largo del año pasado, un sensacional 21,9% más que en 2019. Esto significa que la tasa de contratación en el sector público dobla la del privado. Según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social, este avance se explica principalmente por las comunidades autónomas -nada extraño, dado que tienen transferidas las competencias en sanidad y educación-, con 389.184 nuevas altas en los últimos seis años, hasta un total de 1,8 millones de afiliados. Sigue la Administración central, con 128.799 altas en el período (hasta sumar 470.111), y los ayuntamientos, con 40.215 más (hasta 747.181 afiliados). Nótese que en el Estado central la ocupación ha crecido un 37,7% entre 2019 y 2025, frente a un 26% en las CC.AA. y un 5,7% en los ayuntamientos, una cifra que parece indicar una mayor contratación por parte del Gobierno central, pero no es el caso. Como explica a ABC el economista Miguel Ángel García Díaz , autor del informe de Fedea, hay que tener en cuenta que desde 2011 los nuevos trabajadores que entran en la función pública lo hacen en el Régimen General y ya no en Clases Pasivas; puesto que la estadística de la Seguridad Social no incluye las afiliaciones en Clases Pasivas, se deduce que el sensacional crecimiento de la ocupación en la AGE se debe a la jubilación de los empleados contratados antes de 2011 y la entrada de nuevo personal a partir de esa fecha, que ya está incluido en el registro dado que pertenece al Régimen General. El dato verdaderamente útil es el que figura en el Registro Central de Personal (RCP), una estadística de Función Pública que toma la plantilla de cada administración en lugar de las afiliaciones, y de cuya lectura se desprende que el empleo público ha crecido en una cifra similar a la apuntada por la Seguridad Social, 514.620 puestos de trabajo, un 19,8%. Sin embargo, a diferencia de las cifras de la Seguridad Social, según este registro el gran empleador dentro del sector público son las autonomías. Según esta base de datos, entre julio de 2019 y julio de 2025 la plantilla de la AGE aumentó poco más de un 6% y la de los ayuntamientos un 8%, mientras que la de los gobiernos autonómicos lo hizo un 29%.Profesores y médicos +29% Las CC.AA. lideran la contratación Los gobiernos autonómicos han sumado 435.000 empleados en los últimos seis años, lo que supone un incremento de casi el 30%Paradójicamente, el gran generador de ocupados es también el gran generador de precariedad, pues buena parte del casi medio millón de contratados por los gobiernos autonómicos desde 2019 ( 435.031 , según el RCP) son interinos. De hecho, la tasa de temporalidad en las empresas privadas es de apenas el 12%, mientras que en la Administración roza el 30%, un problema que ya le ha costado a España una sanción por parte de la Comisión Europea y la amenaza de llevar a nuestro país ante la justicia comunitaria. El Gobierno quiere que se hable de la España de los 22 millones de afiliados, tanto es así que hace ahora un mes el presidente Sánchez vendió la piel del oso antes de cazarlo al dejarse ver en ‘X’ con una camiseta de la selección que lucía el número 22; el dorsal pretendía ser una referencia a las altas laborales registradas en marzo, pero el uso de la estadística fue un tanto forzado porque Moncloa recurrió al dato desestacionalizado, cuando lo habitual es utilizar el no-desestacionalizado, que arroja un resultado de 21.882.147 afiliaciones el mes pasado.Sea como fuere, si las cifras de las que presume el Ejecutivo tienen algún ‘pero’, no es este, pues los datos de la Seguridad Social son de récord y es probable que muy pronto rebasen los 22 millones de trabajadores y hagan buena la camiseta de Pedro Sánchez. Más bien, el problema está en la naturaleza de esa creación de empleo, pues descansa sobre cimientos menos robustos de lo deseable. Aquí cabe hablar de los contratos fijos-discontinuos, que encubren un buen porcentaje de precariedad encubierta, o de la doble-contratación, pues entre esos casi 22 millones de afiliados se calcula que hay más de 800.000 que están repetidos, dado que la Seguridad Social toma los contratos como muestra y no las personas. La lista sigue con la inmigración, ya que más de un 40% de los nuevos puestos creados en el último año fueron ocupados por extranjeros, o el excesivo peso del sector público como generador de empleo. Noticia relacionada general No No CAOS EN LA OPOSICIONES El Gobierno reacciona y los funcionarios elegirán plaza a final de mes o principios de junio Susana AlcelayEn un artículo publicado ayer, Fedea pone el acento en esto último, un fenómeno preocupante por el efecto potencial que tendrá sobre el déficit, en caso de que el mercado laboral privado empiece a renquear. Entre 2019, medio ño después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y el pasado ejercicio, las empresas privadas han generado 1.799.176 nuevos afiliados en nuestro país -medidos en términos de afiliación media anual e incluyendo autónomos-, hasta sumar 18.531.717 altas de media en 2025, un 10,8% más. En el mismo período, por su parte, las Administraciones públicas sumaron 558.199 ocupados, hasta totalizar una media de 3.103.477 a lo largo del año pasado, un sensacional 21,9% más que en 2019. Esto significa que la tasa de contratación en el sector público dobla la del privado. Según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social, este avance se explica principalmente por las comunidades autónomas -nada extraño, dado que tienen transferidas las competencias en sanidad y educación-, con 389.184 nuevas altas en los últimos seis años, hasta un total de 1,8 millones de afiliados. Sigue la Administración central, con 128.799 altas en el período (hasta sumar 470.111), y los ayuntamientos, con 40.215 más (hasta 747.181 afiliados). Nótese que en el Estado central la ocupación ha crecido un 37,7% entre 2019 y 2025, frente a un 26% en las CC.AA. y un 5,7% en los ayuntamientos, una cifra que parece indicar una mayor contratación por parte del Gobierno central, pero no es el caso. Como explica a ABC el economista Miguel Ángel García Díaz , autor del informe de Fedea, hay que tener en cuenta que desde 2011 los nuevos trabajadores que entran en la función pública lo hacen en el Régimen General y ya no en Clases Pasivas; puesto que la estadística de la Seguridad Social no incluye las afiliaciones en Clases Pasivas, se deduce que el sensacional crecimiento de la ocupación en la AGE se debe a la jubilación de los empleados contratados antes de 2011 y la entrada de nuevo personal a partir de esa fecha, que ya está incluido en el registro dado que pertenece al Régimen General. El dato verdaderamente útil es el que figura en el Registro Central de Personal (RCP), una estadística de Función Pública que toma la plantilla de cada administración en lugar de las afiliaciones, y de cuya lectura se desprende que el empleo público ha crecido en una cifra similar a la apuntada por la Seguridad Social, 514.620 puestos de trabajo, un 19,8%. Sin embargo, a diferencia de las cifras de la Seguridad Social, según este registro el gran empleador dentro del sector público son las autonomías. Según esta base de datos, entre julio de 2019 y julio de 2025 la plantilla de la AGE aumentó poco más de un 6% y la de los ayuntamientos un 8%, mientras que la de los gobiernos autonómicos lo hizo un 29%.Profesores y médicos +29% Las CC.AA. lideran la contratación Los gobiernos autonómicos han sumado 435.000 empleados en los últimos seis años, lo que supone un incremento de casi el 30%Paradójicamente, el gran generador de ocupados es también el gran generador de precariedad, pues buena parte del casi medio millón de contratados por los gobiernos autonómicos desde 2019 ( 435.031 , según el RCP) son interinos. De hecho, la tasa de temporalidad en las empresas privadas es de apenas el 12%, mientras que en la Administración roza el 30%, un problema que ya le ha costado a España una sanción por parte de la Comisión Europea y la amenaza de llevar a nuestro país ante la justicia comunitaria.
El Gobierno quiere que se hable de la España de los 22 millones de afiliados, tanto es así que hace ahora un mes el presidente Sánchez vendió la piel del oso antes de cazarlo al dejarse ver en ‘X’ con una camiseta de la selección … que lucía el número 22; el dorsal pretendía ser una referencia a las altas laborales registradas en marzo, pero el uso de la estadística fue un tanto forzado porque Moncloa recurrió al dato desestacionalizado, cuando lo habitual es utilizar el no-desestacionalizado, que arroja un resultado de 21.882.147 afiliaciones el mes pasado.
Sea como fuere, si las cifras de las que presume el Ejecutivo tienen algún ‘pero’, no es este, pues los datos de la Seguridad Social son de récord y es probable que muy pronto rebasen los 22 millones de trabajadores y hagan buena la camiseta de Pedro Sánchez. Más bien, el problema está en la naturaleza de esa creación de empleo, pues descansa sobre cimientos menos robustos de lo deseable.
Aquí cabe hablar de los contratos fijos-discontinuos, que encubren un buen porcentaje de precariedad encubierta, o de la doble-contratación, pues entre esos casi 22 millones de afiliados se calcula que hay más de 800.000 que están repetidos, dado que la Seguridad Social toma los contratos como muestra y no las personas. La lista sigue con la inmigración, ya que más de un 40% de los nuevos puestos creados en el último año fueron ocupados por extranjeros, o el excesivo peso del sector público como generador de empleo.
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CAOS EN LA OPOSICIONES
Susana Alcelay
En un artículo publicado ayer, Fedea pone el acento en esto último, un fenómeno preocupante por el efecto potencial que tendrá sobre el déficit, en caso de que el mercado laboral privado empiece a renquear. Entre 2019, medio ño después de que Pedro Sánchez llegara a la Moncloa, y el pasado ejercicio, las empresas privadas han generado 1.799.176 nuevos afiliados en nuestro país -medidos en términos de afiliación media anual e incluyendo autónomos-, hasta sumar 18.531.717 altas de media en 2025, un 10,8% más. En el mismo período, por su parte, las Administraciones públicas sumaron 558.199 ocupados, hasta totalizar una media de 3.103.477 a lo largo del año pasado, un sensacional 21,9% más que en 2019.
Esto significa que la tasa de contratación en el sector público dobla la del privado. Según se desprende de los datos publicados por la Seguridad Social, este avance se explica principalmente por las comunidades autónomas -nada extraño, dado que tienen transferidas las competencias en sanidad y educación-, con 389.184 nuevas altas en los últimos seis años, hasta un total de 1,8 millones de afiliados. Sigue la Administración central, con 128.799 altas en el período (hasta sumar 470.111), y los ayuntamientos, con 40.215 más (hasta 747.181 afiliados).
Afiliaciones a la Seguridad
Social por regímenes
En millones de trabajadores
(entre paréntesis incremento
2019-2025 en porcentaje)
Sector Privado
+1,79
(+10,8%)
Admin. Públicas
+0,55
(+21,9%)
Variación en la
Admin. Pública
+37,7%
Admin. General
del Estado
Comunidades
Autónomas
Corporaciones
Locales
Fuente:Seguridad Social/ ABC
Afiliaciones a la Seguridad Social por regímenes
En millones de trabajadores
(entre paréntesis incremento 2019-2025 en porcentaje)
Variación en la
Admin. Pública
Sector Privado
Admin. Públicas
+1,79
(+10,8%)
+37,7%
Admin. General
del Estado
Comunidades
Autónomas
+0,55
(+21,9%)
Corporaciones
Locales
Fuente:Seguridad Social/ ABC
Nótese que en el Estado central la ocupación ha crecido un 37,7% entre 2019 y 2025, frente a un 26% en las CC.AA. y un 5,7% en los ayuntamientos, una cifra que parece indicar una mayor contratación por parte del Gobierno central, pero no es el caso. Como explica a ABC el economista Miguel Ángel García Díaz, autor del informe de Fedea, hay que tener en cuenta que desde 2011 los nuevos trabajadores que entran en la función pública lo hacen en el Régimen General y ya no en Clases Pasivas; puesto que la estadística de la Seguridad Social no incluye las afiliaciones en Clases Pasivas, se deduce que el sensacional crecimiento de la ocupación en la AGE se debe a la jubilación de los empleados contratados antes de 2011 y la entrada de nuevo personal a partir de esa fecha, que ya está incluido en el registro dado que pertenece al Régimen General.
El dato verdaderamente útil es el que figura en el Registro Central de Personal (RCP), una estadística de Función Pública que toma la plantilla de cada administración en lugar de las afiliaciones, y de cuya lectura se desprende que el empleo público ha crecido en una cifra similar a la apuntada por la Seguridad Social, 514.620 puestos de trabajo, un 19,8%. Sin embargo, a diferencia de las cifras de la Seguridad Social, según este registro el gran empleador dentro del sector público son las autonomías. Según esta base de datos, entre julio de 2019 y julio de 2025 la plantilla de la AGE aumentó poco más de un 6% y la de los ayuntamientos un 8%, mientras que la de los gobiernos autonómicos lo hizo un 29%.
Profesores y médicos
+29%
Las CC.AA. lideran la contratación
Los gobiernos autonómicos han sumado 435.000 empleados en los últimos seis años, lo que supone un incremento de casi el 30%
Paradójicamente, el gran generador de ocupados es también el gran generador de precariedad, pues buena parte del casi medio millón de contratados por los gobiernos autonómicos desde 2019 (435.031, según el RCP) son interinos. De hecho, la tasa de temporalidad en las empresas privadas es de apenas el 12%, mientras que en la Administración roza el 30%, un problema que ya le ha costado a España una sanción por parte de la Comisión Europea y la amenaza de llevar a nuestro país ante la justicia comunitaria.
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