El real decreto de vivienda, la medida estrella con la que el Gobierno pensaba cerrar el curso político, no irá en el Consejo de Ministros de este martes. El Ejecutivo ha decidido retrasarlo para después de verano tras constatar que no cuenta con los apoyos para su aprobación en el Congreso debido a la división de los socios del bloque de la investidura, avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.
El Ejecutivo decide su retraso a septiembre debido a la división de los socios de la investidura
El Ejecutivo decide su retraso a septiembre debido a la división de los socios de la investidura
El real decreto de vivienda, la medida estrella con la que el Gobierno pensaba cerrar el curso político, no irá en el Consejo de Ministros de este martes. El Ejecutivo ha decidido retrasarlo para después de verano tras constatar que no cuenta con los apoyos para su aprobación en el Congreso debido a la división de los socios del bloque de la investidura, avanzan fuentes gubernamentales a EL PAÍS.
Sumar adelantó el miércoles de la semana pasada que el Gobierno ya había consensuado el contenido del futuro decreto de vivienda, con el que La Moncloa pretendía dar respuesta a la crisis habitacional que se ha convertido en uno de los principales problemas para la ciudadanía, según reflejan todas las encuestas. El borrador incluía, entre otras medidas, la congelación del precio de los alquileres durante dos años, que podría solicitarse hasta el 30 de junio de 2028. El anuncio evidenció que el pacto no tenía los apoyos garantizados, como dejaron patente Podemos y Junts.
El Gobierno se había volcado en el tramo final de curso en un gran decreto de vivienda como colofón a los últimos meses en los que ha estado condicionado por el frente judicial que afecta al PSOE y le impide lucir su agenda social. El intento no era nuevo. La prórroga de alquileres, medida estrella de Sumar, ya decayó el 28 de abril tras el rechazo de Junts, PP y Vox. Por eso el nuevo texto había ampliado su contenido para lograr su convalidación, contentando a las distintas partes.
Para lograrlo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, había promovido un paquete flexible para contentar a grupos tan dispares como PNV, Junts, ERC, Bildu y Podemos, confiando en la urgencia social del problema.
De este modo, el Gobierno había adoptado la visión del PNV para equiparar el alquiler de habitaciones al de vivienda habitual, con contratos de cinco a siete años y topes de precio en zonas tensionadas. En cambio, lamoratoria de alquileres era el mayor escollo.Esta medida, que ya fue tumbada en abril, fue modificada e incluía bonificaciones en el IRPF para los caseros que congelen o bajen las rentas, una petición de Junts que, sin embargo, no convence a Podemos. Fuentes gubernamentales explicaban que el borrador incluía una batería fiscal.
Podemos exigió la semana pasada, tras conocerse el acuerdo entre Sumar y PSOE -que a diferencia de su socio minoritario ha sido mucho más precavido-, que el Gobierno eliminase del borrador los artículos que reforman la ley del suelo como condición para sentarse a negociar cualquier paquete de medidas. El PNV dejó claro que la modificación de la ley del suelo para “dar mayor seguridad jurídica, agilizar planeamientos y evitar bloqueos” debía estar incluida en el decreto, lo mismo que la regulación del alquiler de temporada y la garantía del respeto a las competencias autonómicas. Unas diferencias que han decidido a La Moncloa a retrasar la aprobación del decreto para evitar otra derrota en el inicio del próximo y último curso de la legislatura.
[Noticia en desarrollo, habrá ampliación]
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
