El juez José Luis Calama ha dado el primer paso para mandar al banquillo por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal a Álvaro Romillo, el empresario en criptomonedas que confesó haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña al Parlamento Europeo. Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha concluido la instrucción de un caso que se ha alargado más de un año y ha procesado a Romillo y a otras nueve personas por presuntamente estafar a más de 3.000 inversores a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC). El dinero supuestamente timado por los ahora procesados asciende a 185 millones de euros. El juez, en un auto fechado este lunes, ha emplazado a las partes para comunicarles en el plazo de 10 días la apertura del juicio oral.
La Audiencia Nacional atribuye a Álvaro Romillo, líder de Madeira Invest Club, un delito de estafa masiva contra más de 3.000 inversores
El juez José Luis Calama ha dado el primer paso para mandar al banquillo por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y organización criminal a Álvaro Romillo, el empresario en criptomonedas que confesó haber entregado 100.000 euros a Alvise Pérez para financiar su campaña al Parlamento Europeo. Calama, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, ha concluido la instrucción de un caso que se ha alargado más de un año y ha procesado a Romillo y a otras nueve personas por presuntamente estafar a más de 3.000 inversores a través de la plataforma Madeira Invest Club (MIC). El dinero supuestamente timado por los ahora procesados asciende a 185 millones de euros. El juez, en un auto fechado este lunes, ha emplazado a las partes para comunicarles en el plazo de 10 días la apertura del juicio oral.
El empresario está en prisión provisional desde el 6 de noviembre, después de que la Guardia Civil lo detuvo al inferir que podía existir riesgo de fuga a las puertas de su declaración judicial.
“La resolución supone un paso procesal decisivo en una causa que comenzó formalmente en octubre de 2024 y que, por el número de afectados, el volumen económico investigado, la conexidad con ciertos políticos y destacados empresarios, así como la complejidad del entramado societario y financiero examinado, se ha convertido en uno de los procedimientos por estafa de mayor repercusión pública de los últimos años”, asegura el bufete Aránguez Abogados, que presentó la primera denuncia por estafa contra el entramado de Romillo.
La Audiencia Nacional imputó a finales del año pasado a Romillo, también conocido como Cryptospain, por poner en marcha una estructura jerarquizada en la que él, desde la cima y “movido por el ánimo de lucro”, utilizó su plataforma digital MIC como un “club privado” que ofrecía altas rentabilidades en un gran abanico de inversiones: inmuebles, vehículos de lujo, embarcaciones de recreo, whisky, oro, criptomonedas y obras de arte digitales de las que prometía la recompra en un plazo determinado con unos beneficios preestablecidos.
MIC era, según la investigación judicial, un instrumento de fraude y ocultación de los beneficios obtenidos. Calama, en el auto donde imputó a Romillo y sus compinches, detalló que el objetivo de la organización era apropiarse sistemáticamente del dinero invertido a través del portal Madeirainvest.com que “aparentaba ser una plataforma de inversión segura y rentable”. Romillo, destacó en ese documento Calama, ejercía un control directo sobre las operaciones: coordinaba la captación de fondos, la manipulación de la información que difundía el sitio web y la distribución de los beneficios ilícitos entre el resto de los integrantes de la organización.
Romillo manejaba las redes sociales como TikTok o YouTube, publicando vídeos donde anunciaba productos financieros, criptomonedas, elusión fiscal o aspectos fiscales nacionales e internacionales. Dentro de su estrategia de marketing, apuntó también Calama, organizaba eventos multitudinarios con invitados famosos. En uno de ellos, celebrado en el Hipódromo de la Zarzuela (Madrid), participó el eurodiputado Alvise Pérez.
El delito que la Audiencia atribuye a los procesados es de estafa en masa, del tipo piramidal, en la que canalizaban “todo el capital recibido a otras mercantiles diseñadas con el fin de distraerlo, es decir, el modelo de negocio ofrecido se basaba en un fraude”.
Así describe Calama el papel de su líder: “El comportamiento de Álvaro Romillo Castillo fue engañoso y su intencionalidad respecto de los capitales transferidos por los compradores fue desde el inicio meramente captatoria”. El entramado societario que Romillo diseñó es laberíntico: 52 sociedades, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles y embarcaciones, todo ello repartido por al menos 15 jurisdicciones.
Alvise Pérez y los acuerdos de financiación
El caso estalló mediáticamente en septiembre de 2024. Tres semanas después de que Romillo echara el cierre de su plataforma, dejando en el aire a miles de inversores, presentó un escrito ante la Fiscalía General del Estado en el que admitía haber pagado 100.000 euros en metálico a Alvise Pérez para que este financiara la campaña de su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) a las elecciones europeas de ese año, en la que finalmente obtuvo tres diputados con más de 800.000 votos. Como respuesta, el ministerio fiscal envió al Tribunal Supremo una denuncia por financiación ilegal contra Alvise, al estar aforado por su posición de eurodiputado.
Hasta el cierre del negocio de presuntas inversiones de Romillo, Alvise Pérez había sido defensor y padrino político del proyecto. Lo cierto es que había un interés detrás, según un intercambio de mensajes entre ambos. “Con un buen acuerdo de colaboración, tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal”, aparece en el escrito que Romillo envió a la Fiscalía.
Esas comunicaciones apuntan a que Alvise propuso un acuerdo: a cambio de promocionar los negocios presuntamente fraudulentos de Romillo, este le garantizaba una financiación opaca para su campaña para las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. El empresario de criptomonedas reveló al ministerio público en ese escrito que el ahora eurodiputado le confesó que necesitaba entre 300.000 y 360.000 euros para su campaña electoral en “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas”. Pero Romillo solo le entregó 100.000 a cambio de que Alvise promocionara su proyecto entre los miles de sus seguidores en las redes sociales.
La Fiscalía también tiene en su poder audios intercambiados entre el eurodiputado y Romillo en los que el primero le alertaba en septiembre de 2024 de que la Guardia Civil lo investigaba por una denuncia ante la CNMV. Finalmente, este mayo la Eurocámara levantó la inmunidad de Alvise por presunta financiación irregular de su partido y este julio el Supremo ya solicitó al Tribunal de Cuentas y al partido de Alvise toda la información sobre su financiación.
