“Para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores (…) han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero”. El juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra señala al expresidente del Gobierno como el hombre de las gestiones para conseguir crudo de Venezuela. Antes de siquiera conocer el tipo de combustible que iban a adquirir, la trama emplazaba a los interesados a enviar una carta de intenciones al exlíder socialista. Para el instructor José Luis Calama, ello “evidencia” la “participación e influencia determinante” del exmandatario y su “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”, también en el Gobierno venezolano.
El instructor José Luis Calama sostiene que la trama emplazaba a los “potenciales compradores” de crudo a enviar una carta al expresidente
“Para acceder a la operativa de compraventa de petróleo, los potenciales compradores (…) han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero”. El juez de la Audiencia Nacional a cargo del caso Plus Ultra señala al expresidente del Gobierno como el hombre de las gestiones para conseguir crudo de Venezuela. Antes de siquiera conocer el tipo de combustible que iban a adquirir, la trama emplazaba a los interesados a enviar una carta de intenciones al exlíder socialista. Para el instructor José Luis Calama, ello “evidencia” la “participación e influencia determinante” del exmandatario y su “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”, también en el Gobierno venezolano.
La afirmación del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 se apoya en las conversaciones intervenidas a uno de los principales investigados de la presunta trama: Julio Martínez Martínez, un empresario alicantino y amigo de Zapatero que figura como administrador de Análisis Relevante. Se trata de la consultora que está en el epicentro de la causa por cobrar dinero de Plus Ultra y abonar hasta 490.780 euros al expresidente del Gobierno entre 2020 y 2025. El juez sitúa al exmandatario socialista como el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para “la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros”, principalmente de la compañía aérea que da nombre a la investigación, Plus Ultra.
Al analizar las conversaciones, Calama hace un repaso de los mensajes intercambiados entre Martínez Martínez y Domingo Arnaldo Amaro Chacón, un empresario venezolano que consta como uno de los administradores de Inteligencia Prospectiva SL. El juez considera que esta sociedad constituye un “punto de entrada de fondos extranjeros, simulados como ampliaciones de capital, que posteriormente se redistribuyen” hacia Análisis Relevante, Whathefav (la empresa de comunicación y marketing de las hijas de Zapatero) y Gate Center (organización vinculada al expresidente) mediante “contratos ficticios”.
A raíz de los mensajes intervenidos, el juez ve evidente que quienes estaban interesados en “acceder a la operativa de compraventa de petróleo” debían “canalizar necesariamente la gestión a través de la red de influencia articulada”. En concreto, “han de dirigirse a José Luis Rodríguez Zapatero mediante la preceptiva Letter of Intent (una carta de intenciones, LOI, por sus siglas en inglés)”.
Delcy Rodríguez, “la Dama” que “maneja la asignación” de los buques petroleros
En la resolución en la que acuerda la imputación de Zapatero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez destaca un mensaje en el que Martínez Martínez indica al empresario venezolano que debe preparar dicha carta de intenciones. “Preparen LOI”, apunta. Y menciona a su vez otra comunicación —de 23 de enero de 2024— en la que Amaro Chacón le traslada que Philippe Apikian, presidente de la sociedad Swissoil Trading SA, y “los chinos” están “listos para comprar barcos”. “Listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro Petróleo”, añade, sin precisar en ese momento a quiénes se refiere. Del resto de mensajes intervenidos, el juez sostiene que los interlocutores identifican a la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, como “la Dama” que “maneja la asignación directa de los barcos”.
Calama recalca que en dichas comunicaciones también consta que los empresarios en un principio desconocen el tipo de crudo que van a adquirir: señalan que “necesitan la información sobre qué producto se hace la carta de intención”. Y subraya que, tras recibir las indicaciones del amigo de Zapatero, el empresario venezolano remite finalmente una carta de intenciones en la que “constan los datos de contacto de José y la dirección postal designada para su envío”. Para el juez, esto “evidencia el modo de proceder y pone de manifiesto la participación e influencia determinante de José Luis Rodríguez Zapatero”, que dispone de “acceso directo a personas situadas en los más altos niveles de responsabilidad política”.
Además, incide en que el hecho de que los interlocutores manifiesten que deben “tener claro” qué van a ofertar porque involucra a una “empresa que depende del Partido Comunista Chino” revela la “implicación o participación de actores de relevancia estatal en la operativa del negocio”. Esto, sostiene el juez, refuerza la conclusión de que la actividad descrita “trasciende con mucho el ámbito propio de una transacción mercantil ordinaria”.
Otra carta a la “Oficina del presidente Zapatero”
Al margen de la carta de intenciones remitida por parte del empresario venezolano, Calama señala la existencia de otra misiva enviada meses antes (el 30 de octubre de 2023) por otra sociedad (“China International Cultural Technology Resources Group CO LTD”) a la “Oficina del presidente Zapatero”, en concreto a la atención del exmandatario.
El juez asegura que la presunta trama corrupta se valía de la “intervención directa” del exlíder de los socialistas en operaciones internacionales de alto valor económico, como las relativas al petcoke (un subproducto del refinamiento de petróleo usado como combustible), oro, compraventa de acciones o divisas».
En este sentido, sostiene que hay indicios suficientes de que los clientes de la organización —entre ellos los empresarios venezolanos de Inteligencia Prospectiva— “abonaban cantidades significativas por servicios de asesoría inexistentes”. Estos fondos, apunta, fueron “posteriormente redistribuidos” hacia el entorno de Zapatero y Martínez Martínez. El instructor cifra en 1,95 millones de euros las comisiones irregulares que el expresidente y su círculo cercano pudieron recibir en el marco de la supuesta trama.
Según Calama, las comunicaciones intervenidas “revelan” que la red actuaba tanto en España como en el extranjero y que mantenía “contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países” con el objetivo de “influir en decisiones administrativas” o “facilitar operaciones comerciales de gran escala”.
