La ley del Tercer Sector Social, largamente esperada por las cerca de 3.000 entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio público en el ámbito social en Cataluña y que atienden a unas dos millones de personas, ya es una realidad. El Parlament ha debatido esta propuesta de ley en la tarde de este miércoles y la ha aprobado con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, las abstenciones de PP, Vox y la CUP, y los votos en contra de Aliança Catalana. Las entidades han celebrado la aprobación, ya que esta normativa es el primer marco legal estable con el que puede contar el sector social, y debe servir para reconocer su tarea esencial, regular el sector y garantizar su seguridad, y también para darles más entidad, que puedan diseñar las políticas públicas conjuntamente con la administración, y que los trámites se agilicen, según explican la Taula del Tercer Sector y la patronal La Confederació.
La normativa, que llega con cuatro años de retraso, supone el primer marco legal estable para las organizaciones que prestan servicio público en el ámbito social
La ley del Tercer Sector Social, largamente esperada por las cerca de 3.000 entidades sin ánimo de lucro que prestan servicio público en el ámbito social en Cataluña y que atienden a unas dos millones de personas, ya es una realidad. El Parlament ha debatido esta propuesta de ley en la tarde de este miércoles y la ha aprobado con los votos a favor de PSC-Units, Junts, ERC y Comuns, las abstenciones de PP, Vox y la CUP, y los votos en contra de Aliança Catalana. Las entidades han celebrado la aprobación, ya que esta normativa es el primer marco legal estable con el que puede contar el sector social, y debe servir para reconocer su tarea esencial, regular el sector y garantizar su seguridad, y también para darles más entidad, que puedan diseñar las políticas públicas conjuntamente con la administración, y que los trámites se agilicen, según explican la Taula del Tercer Sector y la patronal La Confederació.
La tramitación de la ley se ha alargado durante cuatro años. El texto se registró por primera vez en 2022, pero decayó dos años después con la convocatoria de elecciones anticipadas, pese a que se habían completado casi todos los procesos parlamentarios. En marzo de 2025 se volvió a registrar la proposición. La proposición de ley ha sido impulsada por la Taula d’Entitats del Tercer Sector y por la patronal del sector, La Confederació. En un comunicado, ambas organizaciones han destacado que el sector social tiene más de 120.000 profesionales y se nutre de miles de personas voluntarias, y han recordado que en Cataluña una de cada cuatro personas recibe en algún momento el apoyo de una entidad social catalana, resaltando el carácter transversal de la norma. Esta ley, ha dicho el presidente de la Confederació, Jordi Roman, “sobre todo representa el reconocimiento a la sociedad civil organizada”.
El objetivo de la ley, que ahora deberá desplegarse en su reglamento, es dar más seguridad y continuidad a la actividad de las entidades sociales, para mejorar la atención a las personas que lo necesitan. La ley llega precisamente en el mismo mes en el que se ha alcanzado otro hito en el ámbito social, y que va en la misma dirección: el acuerdo entre Generalitat, sindicatos y patronales para subir las tarifas públicas que reciben las entidades, garantizando que estas tarifas repercutan en subidas salariales para los trabajadores. Este acuerdo intenta poner remedio a uno de los lastres que arrastra el sector: las precarias condiciones laborales, la diferencia salarial que existe entre un trabajador de una entidad y un trabajador público que hace la misma tarea, y la alta rotación que sufren los equipos, lo que impide dar continuidad a los proyectos.
La Ley del Tercer Sector, en primer lugar, define cómo tienen que ser las entidades que entren dentro de este marco. Establece que las entidades tengan personalidad jurídica propia, sean de naturaleza privada, sin ánimo de lucro y con sede en Cataluña y que hayan surgido de la iniciativa ciudadana. También define sus principios rectores, como la transparencia o el hecho de que desarrollen actividades de interés generales, así como las actividades que se incluyen en el paraguas del tercer sector y los instrumentos de colaboración con la Administración pública, destacando preferentemente la acción concertada social y la gestión delegada.
Uno de los puntos destacados de la ley es el reconocimiento del derecho de las entidades a participar en la elaboración de políticas públicas, lo que permitirá aportar “conocimiento y experiencia en todas las fases, desde el diseño hasta la evaluación”, según destaca el comunicado. En este respecto, la ley incluye la creación del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña como mecanismo de interlocución del tercer sector con el Govern. Además, en el mismo sentido, el texto posibilita que las entidades del tercer sector puedan participar en el Consejo de Trabajo Económico y Social y en el Consejo del Asociacionismo y Voluntariado de Cataluña. “Deberemos tener más capacidad de poder pronunciarnos e influir en relación a políticas públicas que afectan a toda la ciudadanía”, ha apuntado Xavier Trabado, presidente de la Taula del Tercer Sector.
Las organizaciones que han impulsado la ley explican que la normativa no fija una dotación económica concreta para mejorar la financiación de las entidades, pero sí que incorpora herramientas para “avanzar hacia un sector más estable y sostenible, reforzando la financiación, la estabilidad económica y las estructuras del sector”, a la vez que apuesta por mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia la equiparación salarial con la función pública. Finalmente, la normativa reconoce que la concertación es la fórmula preferente de colaboración con el tercer sector social, aunque la regulación de los servicios sociales y de los mecanismos de provisión o gestión de los servicios públicos deberán desarrollarse en la futura Ley de Instrumentos de Provisión del sistema Público de Servicios Sociales. La futura Ley de la Economía Social y Solidaria también debería complementar la ley que se aprueba este miércoles.
La norma también incorpora una disposición adicional para que el Govern apruebe la fecha de promulgación de esta ley como Día del Tercer Sector Social de Cataluña y que se conmemore anualmente. Al final del debate, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha destacado que la importancia de aprobar una ley largamente esperada por el sector y que “no nace de un despacho, sino de décadas de trabajo cotidiano de miles de entidades”. También ha recordado el impulso del expresidente de la Taula del Tercer Sector Enric Morist y el expresidente de Fundesplai Josep Gassó, ambos fallecidos el año pasado.
