Durante las últimas semanas, una multitud de analistas han venido anticipando que la inflación escalaría más allá del 4% hacia el final del verano, una vez roto el frágil preacuerdo de paz firmado entre EE.UU. e Irán el pasado ocho de julio y coincidiendo con la desaparición del grueso de las rebajas fiscales previstas en el primer paquete anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a ese conflicto. Acertaron, pues este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha situado en el 4,3% el avance interanual del IPC durante este mes de agosto, un resultado que está más de dos puntos por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable y que sin duda dará argumentos a su consejo de gobierno para endurecer aún más la política monetaria en los próximos meses. Es el dato más alto desde el 6% de febrero de 2023, cuando nuestra economía aún estaba inserta en lo peor de la espiral inflacionista que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Y hoy como ayer, la razón del incremento de precios vuelve a estar en el petróleo y el gas natural. Mientras Irán y los EE.UU. insisten en mantener el estrecho de Ormuz bloqueado, este viernes el barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cotizaba en los 88 dólares, un 22% por encima del valor previo al estallido del conflicto. El gas natural, por su parte, supera los 67 dólares el megavatio hora en el mercado holandés, un 120% más. Las familias pierden poder adquisitivoLa energía vuelve a ser la principal vía de contagio de la crisis a la economía española, con las consecuencias que esto tendrá para las familias de nuestro país, que ya venían de soportar una inflación acumulada del 23,5% entre el 2020 y el 2025 que apenas se ha visto compensada por la evolución de los salarios, que en el mismo período aumentaron un 24,4% (según la encuesta de coste laboral del INE). Añádase a esto la negativa del Gobierno a adaptar los tramos del IRPF a la evolución de los precios en todo este tiempo (ningún Ejecutivo lo ha hecho desde 2015), y se dibuja un escenario de erosión de la riqueza de los hogares. Estadística no ha ofrecido aún las cifras actualizadas de costes laborales hasta agosto de este año, pero según datos del Ministerio de Trabajo, hasta julio la revalorización de las nóminas pactadas en convenio estuvo en una media del 3% anual, casi un punto y medio por debajo de la última lectura de la inflación. La nota más o menos positiva la ofrece la inflación subyacente, un indicador que excluye del análisis los elementos más volátiles del paquete (alimentos no elaborados y energía) para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de la realidad. En el octavo mes del año, el alza de este índice se ha moderado una décima, hasta el 2,9% interanual , un hecho que puede leerse como un síntoma de que la crisis energética aún se resiste a trasladarse a otras partidas de gasto. Sin embargo, el impacto llegará, y son numerosos los datos que van en esa línea. Hace apenas unos días, Estadística dio a conocer que los precios de los bienes industriales se habían encarecido un 9,2% interanual en julio, hecho que -visto que el IPC general solo subió un 3,6% ese mes- equivale a decir que las empresas aún no han trasladado ese sobrecoste a sus clientes. Como ya se ha avanzado, los analistas ya predijeron que la desaparición gradual al inicio del verano de las medidas incluidas en el primer Real Decreto ‘anticrisis’, que incluía rebajas del IVA de la luz, el gas y los combustibles (pasó del 21 al 10% en todos los casos), generaría un efecto escalón. En junio, coincidiendo con la recuperación de la fiscalidad habitual para la luz y el gas, el IPC se mantuvo en el 3,2%, y ya entonces Estadística advirtió de que la factura eléctrica contribuyó a evitar una moderación. Un mes después le tocaría a los combustibles, que recuperaron el IVA del 21%, hecho que arrastró el transporte de bienes y personas a un encarecimiento de más de seis puntos y, correlativamente, llevó la inflación a un 3,6%. En julio ya estaba en vigor el segundo escudo anticrisis, que el Gobierno tuvo que diseñar con un enfoque mucho más quirúrgico en un contexto de críticas desde Bruselas por el excesivo alcance de las primeras medidas; la tesis de la Comisión Europea es que hay que evitar las bonificaciones generalizadas del IVA porque espolean el déficit y, más importante aún, el consumo y la inflación. En sustitución de las ayudas al consumo, en julio se empezó a aplicar un esquema de reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, además de ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura -ya contempladas en el primer paquete- y, en el caso de los carburantes, una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH) , con sendas bonificaciones de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.Sin embargo, el abultado resultado de la inflación de julio obligó al Ejecutivo a desplegar el mecanismo de salvaguardia previsto en ese segundo Real Decreto y a recuperar la bonificación de 20 céntimos para el gasóleo a partir de septiembre. No sucede lo mismo con la gasolina, dado que los precios de este insumo no superaron un alza de quince puntos interanuales, que era el umbral fijado en la norma. En lo que respecta a la electricidad, por el momento el esquema fiscal se mantiene tal y como está, aunque está por ver que sucede en las próximas semanas , pues también en este caso existe un mecanismo de salvaguardia que llevará el IVA de nuevo al 10% si la factura se encarece más de un 15% interanual. Durante las últimas semanas, una multitud de analistas han venido anticipando que la inflación escalaría más allá del 4% hacia el final del verano, una vez roto el frágil preacuerdo de paz firmado entre EE.UU. e Irán el pasado ocho de julio y coincidiendo con la desaparición del grueso de las rebajas fiscales previstas en el primer paquete anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a ese conflicto. Acertaron, pues este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha situado en el 4,3% el avance interanual del IPC durante este mes de agosto, un resultado que está más de dos puntos por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable y que sin duda dará argumentos a su consejo de gobierno para endurecer aún más la política monetaria en los próximos meses. Es el dato más alto desde el 6% de febrero de 2023, cuando nuestra economía aún estaba inserta en lo peor de la espiral inflacionista que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Y hoy como ayer, la razón del incremento de precios vuelve a estar en el petróleo y el gas natural. Mientras Irán y los EE.UU. insisten en mantener el estrecho de Ormuz bloqueado, este viernes el barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cotizaba en los 88 dólares, un 22% por encima del valor previo al estallido del conflicto. El gas natural, por su parte, supera los 67 dólares el megavatio hora en el mercado holandés, un 120% más. Las familias pierden poder adquisitivoLa energía vuelve a ser la principal vía de contagio de la crisis a la economía española, con las consecuencias que esto tendrá para las familias de nuestro país, que ya venían de soportar una inflación acumulada del 23,5% entre el 2020 y el 2025 que apenas se ha visto compensada por la evolución de los salarios, que en el mismo período aumentaron un 24,4% (según la encuesta de coste laboral del INE). Añádase a esto la negativa del Gobierno a adaptar los tramos del IRPF a la evolución de los precios en todo este tiempo (ningún Ejecutivo lo ha hecho desde 2015), y se dibuja un escenario de erosión de la riqueza de los hogares. Estadística no ha ofrecido aún las cifras actualizadas de costes laborales hasta agosto de este año, pero según datos del Ministerio de Trabajo, hasta julio la revalorización de las nóminas pactadas en convenio estuvo en una media del 3% anual, casi un punto y medio por debajo de la última lectura de la inflación. La nota más o menos positiva la ofrece la inflación subyacente, un indicador que excluye del análisis los elementos más volátiles del paquete (alimentos no elaborados y energía) para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de la realidad. En el octavo mes del año, el alza de este índice se ha moderado una décima, hasta el 2,9% interanual , un hecho que puede leerse como un síntoma de que la crisis energética aún se resiste a trasladarse a otras partidas de gasto. Sin embargo, el impacto llegará, y son numerosos los datos que van en esa línea. Hace apenas unos días, Estadística dio a conocer que los precios de los bienes industriales se habían encarecido un 9,2% interanual en julio, hecho que -visto que el IPC general solo subió un 3,6% ese mes- equivale a decir que las empresas aún no han trasladado ese sobrecoste a sus clientes. Como ya se ha avanzado, los analistas ya predijeron que la desaparición gradual al inicio del verano de las medidas incluidas en el primer Real Decreto ‘anticrisis’, que incluía rebajas del IVA de la luz, el gas y los combustibles (pasó del 21 al 10% en todos los casos), generaría un efecto escalón. En junio, coincidiendo con la recuperación de la fiscalidad habitual para la luz y el gas, el IPC se mantuvo en el 3,2%, y ya entonces Estadística advirtió de que la factura eléctrica contribuyó a evitar una moderación. Un mes después le tocaría a los combustibles, que recuperaron el IVA del 21%, hecho que arrastró el transporte de bienes y personas a un encarecimiento de más de seis puntos y, correlativamente, llevó la inflación a un 3,6%. En julio ya estaba en vigor el segundo escudo anticrisis, que el Gobierno tuvo que diseñar con un enfoque mucho más quirúrgico en un contexto de críticas desde Bruselas por el excesivo alcance de las primeras medidas; la tesis de la Comisión Europea es que hay que evitar las bonificaciones generalizadas del IVA porque espolean el déficit y, más importante aún, el consumo y la inflación. En sustitución de las ayudas al consumo, en julio se empezó a aplicar un esquema de reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, además de ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura -ya contempladas en el primer paquete- y, en el caso de los carburantes, una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH) , con sendas bonificaciones de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.Sin embargo, el abultado resultado de la inflación de julio obligó al Ejecutivo a desplegar el mecanismo de salvaguardia previsto en ese segundo Real Decreto y a recuperar la bonificación de 20 céntimos para el gasóleo a partir de septiembre. No sucede lo mismo con la gasolina, dado que los precios de este insumo no superaron un alza de quince puntos interanuales, que era el umbral fijado en la norma. En lo que respecta a la electricidad, por el momento el esquema fiscal se mantiene tal y como está, aunque está por ver que sucede en las próximas semanas , pues también en este caso existe un mecanismo de salvaguardia que llevará el IVA de nuevo al 10% si la factura se encarece más de un 15% interanual.
Durante las últimas semanas, una multitud de analistas han venido anticipando que la inflación escalaría más allá de los cuatro puntos hacia el final del verano, una vez roto el frágil preacuerdo de paz firmado entre EE.UU. e Irán el pasado ocho de julio … y coincidiendo con la desaparición del grueso de las rebajas fiscales previstas en el primer paquete anticrisis aprobado por el Gobierno para hacer frente a ese conflicto. Acertaron, pues este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha situado en el 4,3% el avance interanual del IPC durante este mes de agosto, un resultado que está más de dos puntos por encima de ese 2% que el Banco Central Europeo (BCE) considera recomendable y que sin duda dará argumentos a su consejo de gobierno para endurecer aún más la política monetaria en los próximos meses.
Es el dato más alto desde el 6% de febrero de 2023, cuando nuestra economía aún estaba inserta en lo peor de la espiral inflacionista que siguió a la invasión rusa de Ucrania. Y hoy como ayer, la razón del incremento de precios vuelve a estar en el petróleo y el gas natural. Mientras Irán y los EE.UU. insisten en mantener el estrecho de Ormuz bloqueado, este viernes el barril de crudo Brent -el de referencia en Europa- cotiza en los 88 dólares, un 22% por encima del valor previo al estallido del conflicto. El gas natural, por su parte, supera los 67 dólares el megavatio hora en el mercado holandés, un 120% más.
Las familias pierden poder adquisitivo
La energía vuelve a ser la principal vía de contagio de la crisis a la economía española, con las consecuencias que esto tendrá para las familias de nuestro país, que ya venían de soportar una inflación acumulada del 23,5% entre el 2020 y el 2025 que apenas se ha visto compensada por la evolución de los salarios, que en el mismo período aumentaron un 24,4% (según la encuesta de coste laboral del INE). Añádase a esto la negativa del Gobierno a adaptar los tramos del IRPF a la evolución de los precios en todo este tiempo (ningún Ejecutivo lo ha hecho desde 2015), y se dibuja un escenario de erosión de la riqueza de los hogares. Estadística no ha ofrecido aún las cifras actualizadas de costes laborales hasta agosto de este año, pero según datos del Ministerio de Trabajo, hasta julio la revalorización de las nóminas pactadas en convenio estuvo en una media del 3% anual, casi un punto y medio por debajo de la última lectura de la inflación.
La nota más o menos positiva la ofrece el IPC subyacente, un indicador que excluye del análisis los elementos más volátiles del paquete (alimentos no elaborados y energía) para ofrecer una fotografía más ‘estructural’ de la realidad. En el octavo mes del año, el alza de este índice se ha moderado una décima, hasta el 2,9% interanual, un hecho que puede leerse como un síntoma de que la crisis energética aún se resiste a trasladarse a otras partidas de gasto. Sin embargo, el impacto llegará, y son numerosos los datos que van en esa línea. Hace apenas unos días, Estadística dio a conocer que los precios de los bienes industriales se habían encarecido un 9,2% interanual en julio, hecho que -visto que el IPC general solo subió un 3,6% ese mes- equivale a decir que las empresas aún no han trasladado ese sobrecoste a sus clientes.
Como ya se ha avanzado, los analistas ya predijeron que la desaparición gradual al inicio del verano de las medidas incluidas en el primer Real Decreto ‘anticrisis’, que incluía rebajas del IVA de la luz, el gas y los combustibles (pasó del 21 al 10% en todos los casos), generaría un efecto escalón. En junio, coincidiendo con la recuperación de la fiscalidad habitual para la luz y el gas, el IPC se mantuvo en el 3,2%, y ya entonces Estadística advirtió de que la factura eléctrica contribuyó a evitar una moderación. Un mes después le tocaría a los combustibles, que recuperaron el IVA del 21%, hecho que arrastró el transporte de bienes y personas a un encarecimiento de más de seis puntos y, correlativamente, llevó la inflación a un 3,6%.
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José María Camarero
En julio ya estaba en vigor el segundo escudo anticrisis, que el Gobierno tuvo que diseñar con un enfoque mucho más quirúrgico en un contexto de críticas desde Bruselas por el excesivo alcance de las primeras medidas; la tesis de la Comisión Europea es que hay que evitar las bonificaciones generalizadas del IVA porque espolean el déficit y, más importante aún, el consumo y la inflación.
En sustitución de las ayudas al consumo, en julio se empezó a aplicar un esquema de reducción gradual -hasta su eliminación en 2028- del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, además de ayudas específicas para sectores como el transporte o la agricultura -ya contempladas en el primer paquete- y, en el caso de los carburantes, una recuperación escalonada de la fiscalidad normal del Impuesto de Hidrocarburos (IEH), con sendas bonificaciones de 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.
Sin embargo, el abultado resultado de la inflación de julio obligó al Ejecutivo a desplegar el mecanismo de salvaguardia previsto en ese segundo Real Decreto y a recuperar la bonificación de 20 céntimos para el gasóleo a partir de septiembre. No sucede lo mismo con la gasolina, dado que los precios de este insumo no superaron un alza de quince puntos interanuales, que era el umbral fijado en la norma. En lo que respecta a la electricidad, por el momento el esquema fiscal se mantiene tal y como está, aunque está por ver que sucede en las próximas semanas, pues también en este caso existe un mecanismo de salvaguardia que llevará el IVA de nuevo al 10% si la factura se encarece más de un 15% interanual.
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