Los indicios de prevaricación y de malversación en la adjudicación de un centro comercial de Melilla, inaugurado en 2017, por parte del Gobierno del PP surgieron a raíz de otra investigación: la que indaga sobre la supuesta trama de compra de voto por correo en la ciudad autónoma durante las elecciones autonómicas de mayo de 2023. La instrucción de la macrocausa bautizada como caso Santiago-Rusadir, que se alarga ya tres años, está a cargo de la magistrada Carmen María Perles, del juzgado de Instrucción Número 2, con el foco puesto sobre el partido Coalición por Melilla como investigado. Las pesquisas continúan todavía y fue durante un registro domiciliario relacionado con la presunta trama criminal cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron un documento no relacionado con ese proceso, sino que hacía referencia a otro asunto y cuyo contenido levantó sus sospechas: la construcción del Parque Murias durante el quinto mandato del popular Juan José Imbroda.
La jueza de la causa abrió diligencias el pasado mayo tras recibir el informe de la UDEF sobre el centro comercial Parque Murias. El presidente Imbroda comparece y niega los hechos en rueda de prensa
Los indicios de prevaricación y de malversación en la adjudicación de un centro comercial de Melilla, inaugurado en 2017, por parte del Gobierno del PP surgieron a raíz de otra investigación: la que indaga sobre la supuesta trama de compra de voto por correo en la ciudad autónoma durante las elecciones autonómicas de mayo de 2023. La instrucción de la macrocausa bautizada como caso Santiago-Rusadir, que se alarga ya tres años, está a cargo de la magistrada Carmen María Perles, del juzgado de Instrucción Número 2, con el foco puesto sobre el partido Coalición por Melilla como investigado. Las pesquisas continúan todavía y fue durante un registro domiciliario relacionado con la presunta trama criminal cuando los agentes de la Policía Nacional encontraron un documento no relacionado con ese proceso, sino que hacía referencia a otro asunto y cuyo contenido levantó sus sospechas: la construcción del Parque Murias durante el quinto mandato del popular Juan José Imbroda.
El presidente de la ciudad autónoma convocó este miércoles a los medios y compareció para negar con rotundidad el contenido del informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional. En el documento, fechado el 4 de marzo y adelantado este martes por EL PAÍS, los agentes pusieron en conocimiento de la jueza Perles “unos hechos presuntamente delictivos, que la autoridad judicial podría calificar como prevaricación, malversación de caudales públicos y otras tipologías delictivas asociadas” y mencionan en concreto tanto al presidente Imbroda como a otros cargos políticos de su Gobierno de entre 2015 y 2019. También a una consejera del Ejecutivo posterior, del partido Coalición por Melilla.
La magistrada Perles recibió el informe y lo incorporó a través de un auto del 7 de mayo, al que ha accedido EL PAÍS. “En fecha 19/02/2026, una fuente confidencial facilita a los investigadores una información de interés, que estaría vinculada con el documento intervenido, consistente en un presunto fraude acontecido durante el transcurso de la construcción del centro comercial Parque Murias, levantado en los terrenos del antiguo cuartel de Valenzuela, proyecto que la fuente denomina como Operación Valenzuela”, señala la jueza en el auto. Está por ver ahora si tiene o no recorrido como pieza separada.
El PP sostiene que detrás de las acusaciones está la mano de quienes quieren derrocarle tras seis legislaturas al frente del Ejecutivo. “El Gobierno del Partido Popular de Melilla es el más honrado de todos”, se defendió este miércoles el presidente de la ciudad autónoma. “[Un Gobierno] que lleva 26 años ganando todas las elecciones, que han intentado tumbar con veinte mil operaciones y que no lo han conseguido…”, añadió Imbroda. “Los melillenses saben que somos gente honesta y que trabajamos por la ciudad. Esta es una más”, remachó el barón del PP, que relató el proceso de adjudicación del Parque Murias asegurando que se siguió un camino administrativo limpio. En frente, el PSOE pide explicaciones. “Unos terrenos que debían servir al interés general acabaron teniendo un uso privado”, afirmó la secretaria general de los socialistas en la ciudad autónoma, Sabrina Moh, este martes.
El popular Imbroda se defendió este miércoles sosteniendo en su mano una hoja manuscrita que aparece en el informe de la UDEF. Ese esquema fue el que apareció en el registro domiciliario practicado al empresario melillense Abdelmayid Belkasen Mohamed en el seno de la investigación de la supuesta trama de la compra de voto por correo, aunque el autor del papel de las notas es desconocido para los agentes. Ese documento y su cruce con el relato de una fuente confidencial que “estaría vinculada”, según la UDEF, es “de especial relevancia” para los agentes. La Brigada melillense infirió luego los posibles delitos de prevaricación y malversación en la adjudicación, por parte del Gobierno de Melilla (entre 2015 y 2019), a un grupo empresarial la construcción del primer parque comercial de la ciudad, inaugurado en 2017.
Una causa de tres años
La magistrada del Juzgado Número 2 de Melilla recibió el informe de la UDEF y abrió diligencias a través de un auto el pasado 7 de mayo, al que ha accedido este periódico, donde se incorporan sendas pruebas. La jueza Perles está a cargo de la instrucción de la investigación sobre la presunta compra de voto por correo en los comicios autonómicos de 2023, que supuso un gran revuelo en la ciudad autónoma durante las urnas de aquel año, y cuyas indagaciones duran ya tres años. Según fuentes judiciales, los registros relacionados con el proceso se han repetido con frecuencia durante los últimos meses.
Para la magistrada, hay “indicios suficientes de la existencia de una organización criminal que utilizando la estructura de un partido político, en concreto, bajo las siglas Coalición por Melilla, de forma organizada y planificada, existiendo una distribución de funciones entre las personas involucradas, habría configurado todo un entramado delictivo para alcanzar el poder y mantenerse en el mismo mediante la compra del voto solicitado por correspondencia, principalmente”. Ciudadanos, PSOE y Coalición por Melilla gobernaron en tripartito entre 2019 y 2023 con el líder de CS de entonces, Eduardo de Castro, como presidente de la ciudad autónoma. Tras los agitados comicios, el PP recuperó el bastón de mando por mayoría absoluta.
