Más de nueve millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste que roza los 34.000 millones anuales han convertido la gestión de la incapacidad temporal en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social y en el quebradero de cabeza de los gestores públicos y también de las empresas. Fracasados los intentos de controlar los desembolsos, y cerrada la puerta a que las mutuas puedan dar altas médicas, el Gobierno vuelve a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración.En la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan. Desde 2024 las empresas deben remitir este tipo de información al INSS a través del sistema RED con el objetivo último de facilitar las labores del médico y su valoración del paciente y con ello asegurar que el mantenimiento de la baja o el alta del trabajador esté lo más ajustado a la realidad. La Administración piensa que por esta vía es posible reducir los procesos y con ello el coste económico. En esta última oleada de envíos, la Seguridad Social afea a las empresas que sólo el 70% de los procesos de baja fueron informados el año pasado y que en algunos de los casos los datos que llegaron a la Administración fueron incompletos.Es una queja recurrente de los gestores de la Seguridad Social el hecho de que muchas empresas no envían ningún tipo de información adicional y de que cumplimentan descripciones generales que no aportan valor alguno para el médico que debe examinar al paciente. Se recuerda en este sentido que es información básica que permite al facultativo realizar un diagnóstico más preciso sobre la limitación o no del trabajador para el desempeño de la actividad laboral habitual.Entre tanto, las cifras no paran de engordar mientras el Gobierno no logra consensuar con los agentes sociales medidas para recortar el desequilibrio ni sacar adelante la fórmula de las altas progresivas, que permitirían trabajar la mitad de la jornada habitual con la percepción de la parte correspondiente del salario y cobrar, de forma paralela, una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad por la mitad de la jornada que no trabaja. No gusta ni a empresarios ni a sindicatos y solo se están aplicando en algunos procesos oncológicos. Tampoco despegan los convenios con las autonomías que se concibieron para que gestionaran parcialmente las bajas vinculadas a procesos traumatológicos, siempre que el trabajador lo autorizara, y bajo la supervisión del INSS, y con el objetivo último de descongestionar la sanidad pública, agilizar los diagnósticos y con todo ello rebajar el coste millonario de la incapacidad. Se mantienen en sólo cinco las regiones han dado el paso: Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, además de Ceuta y Melilla. El Gobierno sigue paralizado y los agentes sociales no logran acuerdos, mientras organismos como la Airef o la OCDE dan la voz de alarma sobre el absentismo La voz de alarma sobre el absentismo desbocado ha sido objeto de atención por diversos organismos, uno de ellos, la Airef. Esta denunció la «deficiencia estructural» de la gestión de las bajas en España y advirtió del riesgo de «prolongaciones innecesarias». El último organismo en pronunciarse en este sentido ha sido la OCDE, a la que el Gobierno había pedido asesoramiento, para criticar la falta de incentivos para la vuelta al trabajo y reclamar una mejor gestión y diseño de las políticas . El organismo subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso, que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible. Para indicar el camino de las reformas, la OCDE comparó nuestro sistema con el de otros países con sistemas generosos similares y con enfoques innovadores, como es el caso de Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia. Todos ellos están muy por debajo de España en resultados y los cinco se sitúan aproximadamente entre 2,5 y 3,5 semanas de baja por empleado al año, por debajo de España, aunque por encima de la media de la OCDE dentro del grupo de países con sistemas de amplia cobertura. En 2024 España registró 4,9 semanas de ausencia por enfermedad por empleado al año, el tercer país con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE, solo por detrás de Noruega y Finlandia.Dejar de pagar y complementarEn estos momentos casi 1,6 millones de trabajadores no acuden ni un solo día a su puesto de trabajo, el 7% de los ocupados. Y en una década la incapacidad temporal ha crecido un 132%, hasta superar los 9,2 millones de bajas al cierre de 2025, evolución que ha elevado un 230% los desembolsos en este periodo, un quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios, que abonan la prestación económica entre el 4º y el 15º día , el periodo con mayor crecimiento. Estos siguen alertando sobre el daño a la productividad y han propuesto medidas como dejar de pagar cotizaciones sociales durante las bajas laborales o acabar con los complementos que se incluyen en los convenios colectivos, que llegan a cubrir hasta el 100% del salario del trabajador que está ausente. Más de nueve millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste que roza los 34.000 millones anuales han convertido la gestión de la incapacidad temporal en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social y en el quebradero de cabeza de los gestores públicos y también de las empresas. Fracasados los intentos de controlar los desembolsos, y cerrada la puerta a que las mutuas puedan dar altas médicas, el Gobierno vuelve a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración.En la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan. Desde 2024 las empresas deben remitir este tipo de información al INSS a través del sistema RED con el objetivo último de facilitar las labores del médico y su valoración del paciente y con ello asegurar que el mantenimiento de la baja o el alta del trabajador esté lo más ajustado a la realidad. La Administración piensa que por esta vía es posible reducir los procesos y con ello el coste económico. En esta última oleada de envíos, la Seguridad Social afea a las empresas que sólo el 70% de los procesos de baja fueron informados el año pasado y que en algunos de los casos los datos que llegaron a la Administración fueron incompletos.Es una queja recurrente de los gestores de la Seguridad Social el hecho de que muchas empresas no envían ningún tipo de información adicional y de que cumplimentan descripciones generales que no aportan valor alguno para el médico que debe examinar al paciente. Se recuerda en este sentido que es información básica que permite al facultativo realizar un diagnóstico más preciso sobre la limitación o no del trabajador para el desempeño de la actividad laboral habitual.Entre tanto, las cifras no paran de engordar mientras el Gobierno no logra consensuar con los agentes sociales medidas para recortar el desequilibrio ni sacar adelante la fórmula de las altas progresivas, que permitirían trabajar la mitad de la jornada habitual con la percepción de la parte correspondiente del salario y cobrar, de forma paralela, una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad por la mitad de la jornada que no trabaja. No gusta ni a empresarios ni a sindicatos y solo se están aplicando en algunos procesos oncológicos. Tampoco despegan los convenios con las autonomías que se concibieron para que gestionaran parcialmente las bajas vinculadas a procesos traumatológicos, siempre que el trabajador lo autorizara, y bajo la supervisión del INSS, y con el objetivo último de descongestionar la sanidad pública, agilizar los diagnósticos y con todo ello rebajar el coste millonario de la incapacidad. Se mantienen en sólo cinco las regiones han dado el paso: Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, además de Ceuta y Melilla. El Gobierno sigue paralizado y los agentes sociales no logran acuerdos, mientras organismos como la Airef o la OCDE dan la voz de alarma sobre el absentismo La voz de alarma sobre el absentismo desbocado ha sido objeto de atención por diversos organismos, uno de ellos, la Airef. Esta denunció la «deficiencia estructural» de la gestión de las bajas en España y advirtió del riesgo de «prolongaciones innecesarias». El último organismo en pronunciarse en este sentido ha sido la OCDE, a la que el Gobierno había pedido asesoramiento, para criticar la falta de incentivos para la vuelta al trabajo y reclamar una mejor gestión y diseño de las políticas . El organismo subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso, que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible. Para indicar el camino de las reformas, la OCDE comparó nuestro sistema con el de otros países con sistemas generosos similares y con enfoques innovadores, como es el caso de Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia. Todos ellos están muy por debajo de España en resultados y los cinco se sitúan aproximadamente entre 2,5 y 3,5 semanas de baja por empleado al año, por debajo de España, aunque por encima de la media de la OCDE dentro del grupo de países con sistemas de amplia cobertura. En 2024 España registró 4,9 semanas de ausencia por enfermedad por empleado al año, el tercer país con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE, solo por detrás de Noruega y Finlandia.Dejar de pagar y complementarEn estos momentos casi 1,6 millones de trabajadores no acuden ni un solo día a su puesto de trabajo, el 7% de los ocupados. Y en una década la incapacidad temporal ha crecido un 132%, hasta superar los 9,2 millones de bajas al cierre de 2025, evolución que ha elevado un 230% los desembolsos en este periodo, un quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios, que abonan la prestación económica entre el 4º y el 15º día , el periodo con mayor crecimiento. Estos siguen alertando sobre el daño a la productividad y han propuesto medidas como dejar de pagar cotizaciones sociales durante las bajas laborales o acabar con los complementos que se incluyen en los convenios colectivos, que llegan a cubrir hasta el 100% del salario del trabajador que está ausente.
Más de nueve millones de bajas por enfermedad el pasado año y un coste que roza los 34.000 millones anuales han convertido la gestión de la incapacidad temporal en el segundo gasto más elevado de la Seguridad Social y en el quebradero de … cabeza de los gestores públicos y también de las empresas. Fracasados los intentos de controlar los desembolsos, y cerrada la puerta a que las mutuas puedan dar altas médicas, el Gobierno vuelve a reclamar a las empresas datos complementarios sobre los trabajadores como una vía de control, tras afearles su escasa colaboración.
En la última oleada de envíos masivos de cartas a las empresas el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) solicita que los partes de baja incluyan datos detallados sobre el trabajador, el puesto que desempeña y una descripción de las funciones que realiza en la empresa, al objeto de que el médico pueda comprender mejor las limitaciones derivadas de su patología y establecer de esta forma una relación más precisa entre su estado de salud y sus funciones laborales. Es una información que la Administración considera esencial para que tanto los servicios públicos de salud como el INSS puedan llevar a cabo un control adecuado de las situaciones de baja y, con ello, facilitar la altas médicas cuando procedan.
Desde 2024 las empresas deben remitir este tipo de información al INSS a través del sistema RED con el objetivo último de facilitar las labores del médico y su valoración del paciente y con ello asegurar que el mantenimiento de la baja o el alta del trabajador esté lo más ajustado a la realidad. La Administración piensa que por esta vía es posible reducir los procesos y con ello el coste económico. En esta última oleada de envíos, la Seguridad Social afea a las empresas que sólo el 70% de los procesos de baja fueron informados el año pasado y que en algunos de los casos los datos que llegaron a la Administración fueron incompletos.
Es una queja recurrente de los gestores de la Seguridad Social el hecho de que muchas empresas no envían ningún tipo de información adicional y de que cumplimentan descripciones generales que no aportan valor alguno para el médico que debe examinar al paciente. Se recuerda en este sentido que es información básica que permite al facultativo realizar un diagnóstico más preciso sobre la limitación o no del trabajador para el desempeño de la actividad laboral habitual.
Entre tanto, las cifras no paran de engordar mientras el Gobierno no logra consensuar con los agentes sociales medidas para recortar el desequilibrio ni sacar adelante la fórmula de las altas progresivas, que permitirían trabajar la mitad de la jornada habitual con la percepción de la parte correspondiente del salario y cobrar, de forma paralela, una prestación equivalente al 50% de la prestación por incapacidad por la mitad de la jornada que no trabaja. No gusta ni a empresarios ni a sindicatos y solo se están aplicando en algunos procesos oncológicos.
Tampoco despegan los convenios con las autonomías que se concibieron para que gestionaran parcialmente las bajas vinculadas a procesos traumatológicos, siempre que el trabajador lo autorizara, y bajo la supervisión del INSS, y con el objetivo último de descongestionar la sanidad pública, agilizar los diagnósticos y con todo ello rebajar el coste millonario de la incapacidad. Se mantienen en sólo cinco las regiones han dado el paso: Cataluña, Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha y Cantabria, además de Ceuta y Melilla.
El Gobierno sigue paralizado y los agentes sociales no logran acuerdos, mientras organismos como la Airef o la OCDE dan la voz de alarma sobre el absentismo
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La voz de alarma sobre el absentismo desbocado ha sido objeto de atención por diversos organismos, uno de ellos, la Airef. Esta denunció la «deficiencia estructural» de la gestión de las bajas en España y advirtió del riesgo de «prolongaciones innecesarias». El último organismo en pronunciarse en este sentido ha sido la OCDE, a la que el Gobierno había pedido asesoramiento, para criticar la falta de incentivos para la vuelta al trabajo y reclamar una mejor gestión y diseño de las políticas. El organismo subrayó que nuestro país tiene un sistema muy generoso, que el desequilibrio lleva 12 años aumentando, y que no se trata de recortar prestaciones sino de hacer el sistema más sostenible.
Para indicar el camino de las reformas, la OCDE comparó nuestro sistema con el de otros países con sistemas generosos similares y con enfoques innovadores, como es el caso de Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos y Suecia. Todos ellos están muy por debajo de España en resultados y los cinco se sitúan aproximadamente entre 2,5 y 3,5 semanas de baja por empleado al año, por debajo de España, aunque por encima de la media de la OCDE dentro del grupo de países con sistemas de amplia cobertura. En 2024 España registró 4,9 semanas de ausencia por enfermedad por empleado al año, el tercer país con peores resultados tanto de la OCDE como de la UE, solo por detrás de Noruega y Finlandia.
Dejar de pagar y complementar
En estos momentos casi 1,6 millones de trabajadores no acuden ni un solo día a su puesto de trabajo, el 7% de los ocupados. Y en una década la incapacidad temporal ha crecido un 132%, hasta superar los 9,2 millones de bajas al cierre de 2025, evolución que ha elevado un 230% los desembolsos en este periodo, un quebradero de cabeza de los gestores públicos y de los empresarios, que abonan la prestación económica entre el 4º y el 15º día, el periodo con mayor crecimiento. Estos siguen alertando sobre el daño a la productividad y han propuesto medidas como dejar de pagar cotizaciones sociales durante las bajas laborales o acabar con los complementos que se incluyen en los convenios colectivos, que llegan a cubrir hasta el 100% del salario del trabajador que está ausente.
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