No hay medios suficientes para controlar y fiscalizar internamente todos los gastos de los grandes ayuntamientos de Madrid. Así lo denuncian los propios interventores de estos municipios, que llegan a superar los 200.000 habitantes (Móstoles y Alcalá de Henares) o los 100.000 (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Torrejón de Ardoz), a través de una información recabada por la Cámara de Cuentas autonómica que deja una preocupante conclusión: solo Madrid capital se declara pertrechada con las armas adecuadas para combatir plenamente el mal uso del dinero público. Así, el problema afecta a gobiernos de todo color político y tamaño: el 82,1% de los órganos de intervención que remitieron información a la Cámara de Cuentas afirmó que carece de medios personales y materiales suficientes para ejercer sus funciones. De estos, el 72,8% había trasladado a los plenos de sus respectivos ayuntamientos esta circunstancia.
Solo la capital se considera pertrechada con las armas adecuadas para combatir plenamente el mal uso del dinero público
Solo la capital se considera pertrechada con las armas adecuadas para combatir plenamente el mal uso del dinero público
El audio de esta noticia utiliza una voz sintética generada por Inteligencia Artificial y podría tener algunas inconsistencias.
No hay medios suficientes para controlar y fiscalizar internamente todos los gastos de los grandes ayuntamientos de Madrid. Así lo denuncian los propios interventores de estos municipios, que llegan a superar los 200.000 habitantes (Móstoles y Alcalá de Henares) o los 100.000 (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés o Torrejón de Ardoz), a través de una información recabada por la Cámara de Cuentas autonómica que deja una preocupante conclusión: solo Madrid capital se declara pertrechada con las armas adecuadas para combatir plenamente el mal uso del dinero público. Así, el problema afecta a gobiernos de todo color político y tamaño: el 82,1% de los órganos de intervención que remitieron información a la Cámara de Cuentas afirmó que carece de medios personales y materiales suficientes para ejercer sus funciones. De estos, el 72,8% había trasladado a los plenos de sus respectivos ayuntamientos esta circunstancia.
El mejor resumen es una queja. “No existe ningún personal ni A1, ni A2 [categorías de funcionario] que pueda colaborar en la realización del control interno, el personal es escasísimo y no se ha aumentado en los últimos 20 años, aunque los trabajos a realizar son más del doble, y el presupuesto municipal ha pasado a ser casi el doble, además de gestionar Fondos Europeos Next Generation”, se lamentan sobre su situación los especialistas del Ayuntamiento de Pinto (57.000 habitantes), donde el titular es un funcionario habilitado nacional que accedió al cargo por concurso y cuya toma de posesión tuvo lugar el 2 de diciembre de 1996, hace 30 años, según se apunta en el informe.
Y esa falta de medios humanos tiene consecuencias prácticas. Por ejemplo, este municipio no remitió a la Cámara de Cuentas la información de control interno de los ejercicios 2023 y 2024 en el plazo legalmente establecido, según el organismo fiscalizador. Los motivos que expuso como justificación fueron la falta de recursos humanos suficientes en el área de intervención. La situación general es más grave, pues la escasez de recursos llevó en 2025 a que solo el 49,1% de los órganos de intervención que remitieron información elaborara el informe anual de control interno; apenas el 22,3% hizo el plan anual de control financiero; y únicamente el 11,6% aprobó planes de acción para corregir deficiencias.
“Hay que establecer las medidas necesarias para asegurar una dotación de efectivos suficiente en los órganos de control interno de las entidades locales, tanto de funcionarios de habilitación nacional, cuya selección corresponde a la Administración general del Estado, como de personal de apoyo, para que la función interventora y la de control financiero puedan llevarse a cabo de manera efectiva”, reclama el informe de la Cámara de Cuentas. “Es necesario fortalecer la independencia, la capacidad técnica y la efectividad del órgano de control de las entidades locales, a fin de garantizar la fiscalización de las actividades de la entidad y la toma de decisiones, cumpliendo con el plazo y con todo el contenido y exactitud requerido normativamente”, añade.
Si se excluye al Ayuntamiento de Madrid del cálculo, el número medio de integrantes de las unidades de intervención sería de cinco personas. Sin embargo, casi el 20% de las plazas disponibles estaban vacantes cuando se aportaron los datos. Entre los ayuntamientos que tienen menos puestos ocupados y mayor población destacan los de Leganés (195.734 habitantes) con 11 puestos y seis ocupados, Pozuelo de Alarcón (89.770 habitantes) con nueve puestos y cuatro plazas ocupadas y Getafe (193.238 habitantes) con 14 puestos y nueve ocupados.
Por ello, la Cámara de Cuentas urge a tomar medidas, y recuerda: “Debería aplicarse lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, que prevé un instrumento de colaboración orientado a facilitar el desarrollo de las funciones de control interno en el sector público local, abriendo la posibilidad a que las entidades locales puedan suscribir convenios con la Intervención General de la Administración del Estado como mecanismo de apoyo y asistencia a los órganos de control de las corporaciones locales”.
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos
Archivado En
