Una de las promesas electorales estelares de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fue la apertura de cinco supermercados públicos que vendieran bienes esenciales (como carne, leche, pan, fruta) hasta un 30% más baratos que el sector privado. Ninguno de esos centros ha abierto todavía sus puertas (el primero lo hará, si se cumplen los plazos, a finales de 2027), pero en su mero diseño ya afloran agujeros que deberían haber resultado obvios desde el comienzo. Y es que esa prometida rebaja de precios del 30% no procede ni de una gestión pública más eficiente ni de una renuncia al ánimo de lucro: procede de un subsidio municipal encubierto.Y es que el ayuntamiento renunciará a cobrar alquiler por el suelo público donde se instalarán las tiendas, las eximirá del impuesto sobre bienes inmuebles e incluso sufragará las obras iniciales. Tan es así que, en el concurso para operarlas en régimen de concesión, los candidatos compiten por reclamar la menor subvención posible. Quien conozca los márgenes con los que trabaja cualquier supermercado del planeta (entre el 2% y el 4% sobre el precio final) ya sabrá que resulta imposible abaratar en promedio un 30% los precios sin vender a pérdida: una pérdida que, en este caso, se come el contribuyente neoyorquino.Hasta aquí, empero, estaríamos ante un problema menor para el Ayuntamiento: una redistribución de la renta disfrazada propagandísticamente de gestión virtuosa. El problema los desborda en otro frente: si esos supermercados públicos venden a pérdida, inflan artificialmente la demanda, tanto la final como la especulativa. ¿Qué impide, por ejemplo, que rentas medias o altas (o directamente revendedores profesionales) acaparen el stock subsidiado por esos supermercados para revenderlo con ganancia en el mercado privado? ¿Qué impide que residentes de fuera de Nueva York carguen allí su compra a costa del erario municipal? Si tal cosa sucediera, la redistribución podría terminar operando de pobres a ricos: los primeros pagarían los impuestos locales que subsidiarían el negocio de los segundos.Preguntado por este flanco, el consistorio deslizó primero que exigiría alguna identificación a los compradores para que acreditaran arraigo municipal: incoherencia morrocotuda en un alcalde que se opone a exigir identificación para votar, por lo que hubo de desdecirse en apenas 24 horas. La solución definitiva todavía está pendiente de definir pero parece que consistirá en una «tarjeta de fidelización» que discriminará quiénes pueden comprar en esos supermercados y cuántas unidades «subsidiadas» podrá llevarse a casa. Es decir, el equivalente neoyorquino de la libreta de abastecimiento cubana: subsidio de ciertas cantidades de ciertos productos para ciertas personas y, a partir de ahí, al mercado privado (o, en las economías socialistas que ensayaron el sistema, al mercado negro).Mamdani no está inventando nada: replica recetas ya fracasadas. La prosperidad no se genera gestionando y agravando la escasez, sino fomentando la abundancia productiva que permita a todos consumir más. Pero como las políticas estatistas que persiguen la riqueza no promueven esa abundancia generalizada, sólo les queda redistribuir, y racionar, la miseria que sí generan. Una de las promesas electorales estelares de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fue la apertura de cinco supermercados públicos que vendieran bienes esenciales (como carne, leche, pan, fruta) hasta un 30% más baratos que el sector privado. Ninguno de esos centros ha abierto todavía sus puertas (el primero lo hará, si se cumplen los plazos, a finales de 2027), pero en su mero diseño ya afloran agujeros que deberían haber resultado obvios desde el comienzo. Y es que esa prometida rebaja de precios del 30% no procede ni de una gestión pública más eficiente ni de una renuncia al ánimo de lucro: procede de un subsidio municipal encubierto.Y es que el ayuntamiento renunciará a cobrar alquiler por el suelo público donde se instalarán las tiendas, las eximirá del impuesto sobre bienes inmuebles e incluso sufragará las obras iniciales. Tan es así que, en el concurso para operarlas en régimen de concesión, los candidatos compiten por reclamar la menor subvención posible. Quien conozca los márgenes con los que trabaja cualquier supermercado del planeta (entre el 2% y el 4% sobre el precio final) ya sabrá que resulta imposible abaratar en promedio un 30% los precios sin vender a pérdida: una pérdida que, en este caso, se come el contribuyente neoyorquino.Hasta aquí, empero, estaríamos ante un problema menor para el Ayuntamiento: una redistribución de la renta disfrazada propagandísticamente de gestión virtuosa. El problema los desborda en otro frente: si esos supermercados públicos venden a pérdida, inflan artificialmente la demanda, tanto la final como la especulativa. ¿Qué impide, por ejemplo, que rentas medias o altas (o directamente revendedores profesionales) acaparen el stock subsidiado por esos supermercados para revenderlo con ganancia en el mercado privado? ¿Qué impide que residentes de fuera de Nueva York carguen allí su compra a costa del erario municipal? Si tal cosa sucediera, la redistribución podría terminar operando de pobres a ricos: los primeros pagarían los impuestos locales que subsidiarían el negocio de los segundos.Preguntado por este flanco, el consistorio deslizó primero que exigiría alguna identificación a los compradores para que acreditaran arraigo municipal: incoherencia morrocotuda en un alcalde que se opone a exigir identificación para votar, por lo que hubo de desdecirse en apenas 24 horas. La solución definitiva todavía está pendiente de definir pero parece que consistirá en una «tarjeta de fidelización» que discriminará quiénes pueden comprar en esos supermercados y cuántas unidades «subsidiadas» podrá llevarse a casa. Es decir, el equivalente neoyorquino de la libreta de abastecimiento cubana: subsidio de ciertas cantidades de ciertos productos para ciertas personas y, a partir de ahí, al mercado privado (o, en las economías socialistas que ensayaron el sistema, al mercado negro).Mamdani no está inventando nada: replica recetas ya fracasadas. La prosperidad no se genera gestionando y agravando la escasez, sino fomentando la abundancia productiva que permita a todos consumir más. Pero como las políticas estatistas que persiguen la riqueza no promueven esa abundancia generalizada, sólo les queda redistribuir, y racionar, la miseria que sí generan.
Una de las promesas electorales estelares de Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, fue la apertura de cinco supermercados públicos que vendieran bienes esenciales (como carne, leche, pan, fruta) hasta un 30% más baratos que el sector privado. Ninguno de esos centros ha abierto … todavía sus puertas (el primero lo hará, si se cumplen los plazos, a finales de 2027), pero en su mero diseño ya afloran agujeros que deberían haber resultado obvios desde el comienzo. Y es que esa prometida rebaja de precios del 30% no procede ni de una gestión pública más eficiente ni de una renuncia al ánimo de lucro: procede de un subsidio municipal encubierto.
Y es que el ayuntamiento renunciará a cobrar alquiler por el suelo público donde se instalarán las tiendas, las eximirá del impuesto sobre bienes inmuebles e incluso sufragará las obras iniciales. Tan es así que, en el concurso para operarlas en régimen de concesión, los candidatos compiten por reclamar la menor subvención posible. Quien conozca los márgenes con los que trabaja cualquier supermercado del planeta (entre el 2% y el 4% sobre el precio final) ya sabrá que resulta imposible abaratar en promedio un 30% los precios sin vender a pérdida: una pérdida que, en este caso, se come el contribuyente neoyorquino.
Hasta aquí, empero, estaríamos ante un problema menor para el Ayuntamiento: una redistribución de la renta disfrazada propagandísticamente de gestión virtuosa. El problema los desborda en otro frente: si esos supermercados públicos venden a pérdida, inflan artificialmente la demanda, tanto la final como la especulativa. ¿Qué impide, por ejemplo, que rentas medias o altas (o directamente revendedores profesionales) acaparen el stock subsidiado por esos supermercados para revenderlo con ganancia en el mercado privado? ¿Qué impide que residentes de fuera de Nueva York carguen allí su compra a costa del erario municipal? Si tal cosa sucediera, la redistribución podría terminar operando de pobres a ricos: los primeros pagarían los impuestos locales que subsidiarían el negocio de los segundos.
Preguntado por este flanco, el consistorio deslizó primero que exigiría alguna identificación a los compradores para que acreditaran arraigo municipal: incoherencia morrocotuda en un alcalde que se opone a exigir identificación para votar, por lo que hubo de desdecirse en apenas 24 horas. La solución definitiva todavía está pendiente de definir pero parece que consistirá en una «tarjeta de fidelización» que discriminará quiénes pueden comprar en esos supermercados y cuántas unidades «subsidiadas» podrá llevarse a casa. Es decir, el equivalente neoyorquino de la libreta de abastecimiento cubana: subsidio de ciertas cantidades de ciertos productos para ciertas personas y, a partir de ahí, al mercado privado (o, en las economías socialistas que ensayaron el sistema, al mercado negro).
Mamdani no está inventando nada: replica recetas ya fracasadas. La prosperidad no se genera gestionando y agravando la escasez, sino fomentando la abundancia productiva que permita a todos consumir más. Pero como las políticas estatistas que persiguen la riqueza no promueven esa abundancia generalizada, sólo les queda redistribuir, y racionar, la miseria que sí generan.
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