La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha dejado de ser únicamente una decisión sobre el futuro de los dos reactores cacereños. Para la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC), representa una oportunidad para abrir una discusión de mayor alcance: si una central puede continuar operando con garantías de seguridad, el mismo criterio debería poder aplicarse al resto del parque nuclear español.El presidente de la plataforma, Juan Pedro Sánchez, ha difundido una carta tras la decisión del Gobierno en que insta a abrir «un debate más amplio sobre el futuro energético de nuestro país» tras mostrar su satisfacción por la decisión adoptada en relación a Almaraz. El Ejecutivo aprobó la continuidad de Almaraz después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el 16 de julio un informe favorable. El nuevo horizonte fija el funcionamiento de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.Para AMAC, que la decisión se haya adoptado tras una evaluación técnica es clave. «Se ha reconocido, después de un proceso técnico y administrativo riguroso, que una instalación nuclear puede seguir aportando energía con las garantías de seguridad exigibles», sostiene Sánchez.El precedente resulta relevante porque el resto del parque nuclear español mantiene, por ahora, el calendario de cierre pactado en 2019. Ascó I tiene previsto cesar su actividad en octubre de 2030 y Ascó II en octubre de 2031, mientras que Cofrentes tiene fijado el final de su explotación para noviembre de 2030. Vandellós II tiene como horizonte febrero de 2035 y Trillo mayo de ese mismo año. Almaraz es la primera pieza que se mueve de forma efectiva en ese calendario de apagón nuclear, que se prevé culminar en 2035. Esa modificación abre una ventana para quienes defienden que las demás centrales puedan seguir el mismo camino si superan las evaluaciones de seguridad y existe necesidad de mantener su producción.La propia AMAC evita plantearlo como una reivindicación exclusivamente empresarial. «Desde AMAC hemos defendido siempre que la continuidad de las centrales nucleares debe decidirse sobre esa base: seguridad, rigor técnico y necesidad energética», afirma su presidente.La cuestión afecta, en primer lugar, a las compañías propietarias, que deben valorar el coste de las inversiones necesarias para prolongar la operación y la rentabilidad de las plantas. Pero el debate trasciende los intereses de Iberdrola, Endesa o Naturgy. La energía nuclear aporta generación firme y baja en emisiones al sistema eléctrico y permite complementar una generación renovable cada vez mayor, en un momento de crecimiento de la demanda asociado a la electrificación de la economía, recuerdan sus defensores.Los municipios piden vozEl argumento adquiere además una dimensión territorial que, según AMAC, suele quedar relegada en el debate nacional. «Detrás de cada central nuclear hay un territorio», recuerda Sánchez. «Hay municipios, comarcas, trabajadores, empresas, familias y generaciones enteras que han construido parte de su futuro alrededor de estas instalaciones».La asociación representa a 60 municipios cuyo término municipal, o parte del mismo, se encuentra dentro de un radio de diez kilómetros de una central nuclear o instalación vinculada al almacenamiento de residuos radiactivos. Para estos pueblos, una central no constituye únicamente una infraestructura energética situada en las proximidades. Es uno de los principales motores económicos de su entorno. Genera empleo directo y actividad para empresas auxiliares, mantiene profesionales altamente cualificados, impulsa servicios y contribuye a fijar población en territorios que, en muchos casos, afrontan problemas de envejecimiento y pérdida demográfica.El impacto territorial permite dimensionar lo que está en juego. Solo el cierre de Almaraz habría supuesto la pérdida de más de 2.100 empleos en su entorno, según un estudio de impacto socioeconómico elaborado para AMAC, además de 124 millones de euros anuales de actividad económica. Otras estimaciones elevan a unos 3.000-4.000 los empleos directos e indirectos vinculados a la planta, a los que se suman alrededor de 1.200 trabajadores durante las paradas de recarga.El peso en el territorio «La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subrayan en la AMAC «La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subraya Sánchez en su carta. Y añade una advertencia sobre el conocimiento acumulado durante décadas: «nuestro país no debería desaprovecharlo».De ahí que AMAC reivindique participar en la discusión sobre el futuro del parque nuclear. «Los municipios nucleares no pedimos privilegios. Pedimos que se nos escuche», afirma Sánchez. Su posición pasa por evaluar cada reactor individualmente y no dar por descontado su cierre cuando todavía pueda continuar operando de forma segura.La prórroga de Almaraz permite, además, plantear el debate en términos distintos a los de hace unos años. Europa ha incorporado progresivamente la nuclear a su estrategia de seguridad energética y descarbonización, mientras España afronta una creciente demanda eléctrica y la necesidad de ampliar redes, almacenamiento, interconexiones y generación.«España necesita renovables, almacenamiento, redes, interconexiones y todas aquellas tecnologías capaces de garantizar un sistema energético competitivo, seguro y sostenible», reconoce AMAC. Pero, al mismo tiempo, reclama «aprovechar al máximo aquellas instalaciones nucleares que puedan continuar funcionando de forma segura y eficiente».La decisión sobre Almaraz no implica por sí sola que vaya a modificarse el resto del calendario. El Gobierno mantiene formalmente el plan de cierre del parque nuclear. Pero sí introduce un precedente: una central inicialmente abocada a desaparecer en 2027-2028 continuará funcionando hasta 2030 después de que el organismo regulador haya acreditado que puede hacerlo con garantías. Para AMAC, esa es precisamente la oportunidad. «La prórroga de Almaraz debe ser también un punto de partida», concluye Sánchez. La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha dejado de ser únicamente una decisión sobre el futuro de los dos reactores cacereños. Para la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC), representa una oportunidad para abrir una discusión de mayor alcance: si una central puede continuar operando con garantías de seguridad, el mismo criterio debería poder aplicarse al resto del parque nuclear español.El presidente de la plataforma, Juan Pedro Sánchez, ha difundido una carta tras la decisión del Gobierno en que insta a abrir «un debate más amplio sobre el futuro energético de nuestro país» tras mostrar su satisfacción por la decisión adoptada en relación a Almaraz. El Ejecutivo aprobó la continuidad de Almaraz después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el 16 de julio un informe favorable. El nuevo horizonte fija el funcionamiento de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030.Para AMAC, que la decisión se haya adoptado tras una evaluación técnica es clave. «Se ha reconocido, después de un proceso técnico y administrativo riguroso, que una instalación nuclear puede seguir aportando energía con las garantías de seguridad exigibles», sostiene Sánchez.El precedente resulta relevante porque el resto del parque nuclear español mantiene, por ahora, el calendario de cierre pactado en 2019. Ascó I tiene previsto cesar su actividad en octubre de 2030 y Ascó II en octubre de 2031, mientras que Cofrentes tiene fijado el final de su explotación para noviembre de 2030. Vandellós II tiene como horizonte febrero de 2035 y Trillo mayo de ese mismo año. Almaraz es la primera pieza que se mueve de forma efectiva en ese calendario de apagón nuclear, que se prevé culminar en 2035. Esa modificación abre una ventana para quienes defienden que las demás centrales puedan seguir el mismo camino si superan las evaluaciones de seguridad y existe necesidad de mantener su producción.La propia AMAC evita plantearlo como una reivindicación exclusivamente empresarial. «Desde AMAC hemos defendido siempre que la continuidad de las centrales nucleares debe decidirse sobre esa base: seguridad, rigor técnico y necesidad energética», afirma su presidente.La cuestión afecta, en primer lugar, a las compañías propietarias, que deben valorar el coste de las inversiones necesarias para prolongar la operación y la rentabilidad de las plantas. Pero el debate trasciende los intereses de Iberdrola, Endesa o Naturgy. La energía nuclear aporta generación firme y baja en emisiones al sistema eléctrico y permite complementar una generación renovable cada vez mayor, en un momento de crecimiento de la demanda asociado a la electrificación de la economía, recuerdan sus defensores.Los municipios piden vozEl argumento adquiere además una dimensión territorial que, según AMAC, suele quedar relegada en el debate nacional. «Detrás de cada central nuclear hay un territorio», recuerda Sánchez. «Hay municipios, comarcas, trabajadores, empresas, familias y generaciones enteras que han construido parte de su futuro alrededor de estas instalaciones».La asociación representa a 60 municipios cuyo término municipal, o parte del mismo, se encuentra dentro de un radio de diez kilómetros de una central nuclear o instalación vinculada al almacenamiento de residuos radiactivos. Para estos pueblos, una central no constituye únicamente una infraestructura energética situada en las proximidades. Es uno de los principales motores económicos de su entorno. Genera empleo directo y actividad para empresas auxiliares, mantiene profesionales altamente cualificados, impulsa servicios y contribuye a fijar población en territorios que, en muchos casos, afrontan problemas de envejecimiento y pérdida demográfica.El impacto territorial permite dimensionar lo que está en juego. Solo el cierre de Almaraz habría supuesto la pérdida de más de 2.100 empleos en su entorno, según un estudio de impacto socioeconómico elaborado para AMAC, además de 124 millones de euros anuales de actividad económica. Otras estimaciones elevan a unos 3.000-4.000 los empleos directos e indirectos vinculados a la planta, a los que se suman alrededor de 1.200 trabajadores durante las paradas de recarga.El peso en el territorio «La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subrayan en la AMAC «La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subraya Sánchez en su carta. Y añade una advertencia sobre el conocimiento acumulado durante décadas: «nuestro país no debería desaprovecharlo».De ahí que AMAC reivindique participar en la discusión sobre el futuro del parque nuclear. «Los municipios nucleares no pedimos privilegios. Pedimos que se nos escuche», afirma Sánchez. Su posición pasa por evaluar cada reactor individualmente y no dar por descontado su cierre cuando todavía pueda continuar operando de forma segura.La prórroga de Almaraz permite, además, plantear el debate en términos distintos a los de hace unos años. Europa ha incorporado progresivamente la nuclear a su estrategia de seguridad energética y descarbonización, mientras España afronta una creciente demanda eléctrica y la necesidad de ampliar redes, almacenamiento, interconexiones y generación.«España necesita renovables, almacenamiento, redes, interconexiones y todas aquellas tecnologías capaces de garantizar un sistema energético competitivo, seguro y sostenible», reconoce AMAC. Pero, al mismo tiempo, reclama «aprovechar al máximo aquellas instalaciones nucleares que puedan continuar funcionando de forma segura y eficiente».La decisión sobre Almaraz no implica por sí sola que vaya a modificarse el resto del calendario. El Gobierno mantiene formalmente el plan de cierre del parque nuclear. Pero sí introduce un precedente: una central inicialmente abocada a desaparecer en 2027-2028 continuará funcionando hasta 2030 después de que el organismo regulador haya acreditado que puede hacerlo con garantías. Para AMAC, esa es precisamente la oportunidad. «La prórroga de Almaraz debe ser también un punto de partida», concluye Sánchez.
La prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta junio de 2030 ha dejado de ser únicamente una decisión sobre el futuro de los dos reactores cacereños. Para la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC), representa … una oportunidad para abrir una discusión de mayor alcance: si una central puede continuar operando con garantías de seguridad, el mismo criterio debería poder aplicarse al resto del parque nuclear español.
Así lo plantea su presidente, Juan Pedro Sánchez, en una carta difundida tras la decisión del Gobierno, apuntando que tras la «satisfacción» tras el indulto parcial a Almaraz debe abrirse «un debate más amplio sobre el futuro energético de nuestro país».
El Ejecutivo aprobó la continuidad de Almaraz después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) emitiera el pasado 16 de julio un informe favorable, con condiciones, tras analizar la seguridad de la instalación. El nuevo horizonte fija el funcionamiento de las dos unidades hasta el 8 de junio de 2030. El calendario anterior establecía el cierre de Almaraz I el 1 de noviembre de 2027 y el de Almaraz II el 31 de octubre de 2028.
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Para AMAC, el dato esencial es precisamente que la decisión se ha adoptado después de una evaluación técnica. «Se ha reconocido, después de un proceso técnico y administrativo riguroso, que una instalación nuclear puede seguir aportando energía con las garantías de seguridad exigibles», sostiene Sánchez.
El precedente resulta especialmente relevante porque el resto del parque nuclear español mantiene, por ahora, el calendario de cierre pactado en 2019. Ascó I tiene previsto cesar su actividad en octubre de 2030 y Ascó II en octubre de 2031, mientras que Cofrentes tiene fijado el final de su explotación para noviembre de 2030. Vandellós II tiene como horizonte febrero de 2035 y Trillo mayo de ese mismo año.
Almaraz, por tanto, es la primera pieza que se mueve de forma efectiva en ese calendario de apagón nuclear, que tiene previsto culminar en 2035. Y esa modificación abre una ventana para quienes defienden que las demás centrales puedan seguir el mismo camino si superan las evaluaciones de seguridad y existe necesidad de mantener su producción.
La propia AMAC evita plantearlo como una reivindicación exclusivamente empresarial. «Desde AMAC hemos defendido siempre que la continuidad de las centrales nucleares debe decidirse sobre esa base: seguridad, rigor técnico y necesidad energética», afirma su presidente.
La cuestión afecta, en primer lugar, a las compañías propietarias, que deben valorar el coste de las inversiones necesarias para prolongar la operación y la rentabilidad de las plantas. Pero el debate trasciende los intereses de Iberdrola, Endesa, Naturgy. La energía nuclear aporta generación firme y baja en emisiones al sistema eléctrico y permite complementar una generación renovable cada vez mayor, en un momento de crecimiento de la demanda asociado a la electrificación de la economía, recuerdan sus defensores.
Los municipios piden voz
El argumento adquiere además una dimensión territorial que, según AMAC, suele quedar relegada en el debate nacional. «Detrás de cada central nuclear hay un territorio», recuerda Sánchez. «Hay municipios, comarcas, trabajadores, empresas, familias y generaciones enteras que han construido parte de su futuro alrededor de estas instalaciones».
La asociación representa a 60 municipios cuyo término municipal, o parte del mismo, se encuentra dentro de un radio de diez kilómetros de una central nuclear o instalación vinculada al almacenamiento de residuos radiactivos. Para estos pueblos, una central no constituye únicamente una infraestructura energética situada en las proximidades. Es uno de los principales motores económicos de su entorno. Genera empleo directo y actividad para empresas auxiliares, mantiene profesionales altamente cualificados, impulsa servicios y contribuye a fijar población en territorios que, en muchos casos, afrontan problemas de envejecimiento y pérdida demográfica.
El impacto territorial permite dimensionar lo que está en juego. Solo el cierre de Almaraz habría supuesto la pérdida de más de 2.100 empleos en su entorno, según un estudio de impacto socioeconómico elaborado para AMAC, además de 124 millones de euros anuales de actividad económica. Otras estimaciones elevan a unos 3.000-4.000 los empleos directos e indirectos vinculados a la planta, a los que se suman alrededor de 1.200 trabajadores durante las paradas de recarga.
El peso en el territorio
«La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subrayan en la AMAC
«La central no es únicamente una instalación industrial. Es empleo, actividad económica, conocimiento especializado, oportunidades para las empresas locales y estabilidad para una comarca», subraya Sánchez en su carta. Y añade una advertencia sobre el conocimiento acumulado durante décadas: «nuestro país no debería desaprovecharlo».
De ahí que AMAC reivindique participar en la discusión sobre el futuro del parque nuclear. «Los municipios nucleares no pedimos privilegios. Pedimos que se nos escuche», afirma Sánchez. Su posición pasa por evaluar cada reactor individualmente y no dar por descontado su cierre cuando todavía pueda continuar operando de forma segura.
La prórroga de Almaraz permite, además, plantear el debate en términos distintos a los de hace unos años. Europa ha incorporado progresivamente la nuclear a sus estrategias de seguridad energética y descarbonización, mientras España afronta una creciente demanda eléctrica y la necesidad de ampliar redes, almacenamiento, interconexiones y generación.
«España necesita renovables, almacenamiento, redes, interconexiones y todas aquellas tecnologías capaces de garantizar un sistema energético competitivo, seguro y sostenible», reconoce AMAC. Pero, al mismo tiempo, reclama «aprovechar al máximo aquellas instalaciones nucleares que puedan continuar funcionando de forma segura y eficiente».
La decisión sobre Almaraz no implica por sí sola que vaya a modificarse el resto del calendario. El Gobierno mantiene formalmente el plan de cierre del parque nuclear. Pero sí introduce un precedente: una central inicialmente abocada a desaparecer en 2027-2028 continuará funcionando hasta 2030 después de que el organismo regulador haya acreditado que puede hacerlo con garantías. Para AMAC, esa es precisamente la oportunidad. «La prórroga de Almaraz debe ser también un punto de partida», concluye Sánchez.
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