Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este martes en la Audiencia Nacional en presencia del juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, un segundo clonado ―lo que se conoce coloquialmente como volcado― del contenido del teléfono móvil de uno de los imputados, Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Serrano, al que la investigación implica en las presuntas “tramas” urdidas para el amaño de contratos públicos y para “desestabilizar” procedimientos judiciales “que afectaban” a su partido y al Gobierno, había cuestionado el primer volcado al no estar presentes ni él ni su abogado durante el mismo, y había presentado un recurso en el que solicitaba que se invalidase la propia incautación del terminal al considerar que se hizo sin autorización del juez, ya que el 27 de mayo, cuando le fue intervenido, aún no tenía la condición de investigado.
Juan Manuel Serrano, antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE, cuestionó la legalidad de la intervención de su teléfono por la UCO en mayo
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han iniciado este martes en la Audiencia Nacional en presencia del juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, un segundo clonado ―lo que se conoce coloquialmente como volcado― del contenido del teléfono móvil de uno de los imputados, Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Serrano, al que la investigación implica en las presuntas “tramas” urdidas para el amaño de contratos públicos y para “desestabilizar” procedimientos judiciales “que afectaban” a su partido y al Gobierno, había cuestionado el primer volcado al no estar presentes ni él ni su abogado durante el mismo, y había presentado un recurso en el que solicitaba que se invalidase la propia incautación del terminal al considerar que se hizo sin autorización del juez, ya que el 27 de mayo, cuando le fue intervenido, aún no tenía la condición de investigado.
Según detallan fuentes jurídicas presentes en la sede judicial, el clonado se ha iniciado sobre las once de la mañana, pero ante la larga duración del proceso ―entre ocho y nueve horas― se ha optado por dejar el dispositivo informático que lo está realizando de manera automática en una sala de la Audiencia Nacional que se ha precintado hasta este miércoles, cuando se procederá a extraer la copia obtenida. El juez ha citado a Serrano a comparecer de nuevo a las 10.30. Con este volcado, Pedraz intenta despejar cualquier duda sobre la validez legal tanto de la intervención del móvil como del material supuestamente incriminatorio que se localice en su interior. Por ello, en el escrito en el que citaba al exdirectivo de la empresa pública, destacaba que el proceso se iba a iniciar en su presencia “a efectos de su incorporación” al sumario del caso Leire Díez con el fin de “asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.
En concreto, los agentes han realizado una nueva copia exacta y fidedigna del contenido del terminal telefónico para que los investigadores puedan trabajar con él en busca de indicios del delito que se investiga sin tener que manipular posteriormente el propio teléfono. Aunque el juez puede delimitar lo que se busca a archivos o carpetas muy concretas ―lo que se conoce como “copia selectiva”—, lo habitual es realizar lo que en jerga policial se conoce como “clonado bit a bit”, es decir, de toda la memoria del dispositivo, incluidas aquellas partes que pudieran estar vacías. Esta parte aparentemente sin información se vuelca en busca del rastro de documentos que hubieran sido borrados.
Para ello, los agentes utilizan los denominadores clonadores, dispositivos que cuentan con una sofisticada herramienta informática forense ―el más empleado es uno desarrollado por la empresa israelí Cellebrite― que permite trasladar copias exactas de los equipos informáticos a discos duros externos acompañados de un código alfanumérico único conocido como hash que garantiza que su contenido no puede ser manipulado. Si se intenta modificar, ese código cambia. Este software también permite hacer lo que se conoce como “rooteo” ―Pedraz cita esta figura expresamente en el auto por el que autorizó los registros de mayo― para poder acceder a toda la información del dispositivo, también la que se almacena en aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps de geolocalización o las de mensajería instantánea como WhatsApp. Se trata, según describen expertos policiales, de entrar “por la puerta de atrás” de la carpeta del sistema del teléfono móvil para hacer visible mucha más información de la que tiene acceso un usuario convencional.
El móvil de Serrano fue intervenido el mismo día que la UCO acudió a la sede federal de los socialistas en la calle Ferraz y se registraron los domicilios, entre otros, del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Entonces, Pedraz se mostró cauto y no imputó a Serrano, a pesar de que en una resolución judicial ya apuntaba a la existencia de “indicios” de que “colaboró con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”; pero sí autorizó la intervención de su teléfono. Este no pudo ser clonado en el acto y se precintó para su traslado a dependencias judiciales, donde más adelante se realizó este procedimiento técnico del que se obtiene una copia a partir de la cual los agentes realizan sus investigaciones.
Finalmente, el pasado julio, Pedraz imputó a Serrano tras recibir un informe de la Guardia Civil en el que se apuntaba que el exjefe de gabinete de Sánchez tuvo “una participación preeminente” en la presunta trama y, en concreto, en el desembarco de la exmilitante del PSOE Leire Díez a finales de 2021 en Correos, la empresa pública que presidía. Los agentes entienden que este movimiento “habría permitido a los miembros” de la red “posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública”, “siendo aprovechado en su propio beneficio o el de terceros”.
Las pesquisas también implican al expresidente de Correos en maniobras para boicotear causas judiciales que salpican al PSOE y al Ejecutivo. La UCO lo sitúa en varias reuniones bajo sospecha y afirma que, por ejemplo, Díez le mantuvo al tanto de sus encuentros con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que se referían como “el de la boina”. “El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe”, le dijo la entonces aún militante.
