“Estados Unidos nunca aceptó un tribunal mundial que pudiera prevalecer sobre nuestras propias cortes y la Constitución”, escribió el 13 de julio Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en The Wall Street Journal. Se refería al Tribunal Penal Internacional (TPI), del que EE UU no es miembro pero que se ha propuesto “desmantelar”.
Marco Rubio aumenta la presión sobre la institución y su personal, y reclama a los aliados de Washington que le den también la espalda
“Estados Unidos nunca aceptó un tribunal mundial que pudiera prevalecer sobre nuestras propias cortes y la Constitución”, escribió el 13 de julio Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, en The Wall Street Journal. Se refería al Tribunal Penal Internacional (TPI), del que EE UU no es miembro pero que se ha propuesto “desmantelar”.
“Esto es solo el comienzo. Utilizando todas las herramientas a disposición de nuestro Gobierno, trabajando codo a codo con cada aliado con quien podamos unir fuerzas, desmantelaremos el TPI, ladrillo a ladrillo si es necesario”, añadió Rubio en ese artículo. Juristas consultados por EL PAÍS interpretan que el auténtico objetivo de Washington no es otro que garantizarse la “impunidad” ante su propia política, basada en la fuerza.
El TPI, creado en 2002 por el Estatuto de Roma con alcance mundial y con 125 países firmantes, es el organismo que persigue a los máximos responsables de delitos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión militar. Aunque tanto el tribunal como su Fiscalía declinan hacer declaraciones sobre los desprecios y las amenazas de la Administración de Donald Trump, Tomoko Akane, presidenta del TPI, aprovechó el 17 de julio la celebración del Día de la Justicia Penal Internacional para mandar un par de recordatorios. Remarcó que este tribunal se creó “para acabar con la impunidad de los autores de los peores delitos” y añadió que la búsqueda de la justicia “es una responsabilidad compartida”.
A pesar de las dificultades, el trabajo sigue adelante en una institución que opera desde La Haya (Países Bajos) y que tiene a ocho de sus 18 jueces y a sus tres fiscales sancionados económicamente por Washington desde el año pasado.
“La propaganda [de Marco Rubio] no se fundamenta en la coherencia de los argumentos sino en el poder”, explica Asier Garrido Muñoz, que fue letrado del TPI, en una conversación telefónica con EL PAÍS. De ahí, en su opinión, “la disonancia entre lo que le critican al tribunal [el alcance internacional de sus investigaciones] y lo que ellos hacen por la fuerza y unilateralmente en otros países”. Por ejemplo, el secuestro del entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado para juzgarlo en Estados Unidos.
Para el jurista español, la censura de Washington al TPI se fundamenta “en la falacia de que solo un juez nacional puede juzgar a un ciudadano propio”. Y pone un sencillo ejemplo para demostrar que no es así: “Es como afirmar que un estadounidense tiene derecho a pasearse impunemente por las calles de Pamplona, cometiendo delitos, durante los Sanfermines”. Le parece que Rubio usa “todo el arsenal retórico del populismo para afirmar que este tribunal está librando una guerra contra el pueblo estadounidense, basada no en armas sino en estatutos y normas”.
Reed Brody, abogado estadounidense especializado en crímenes de guerra, es tajante a la hora de calificar la nueva campaña de Washington contra el TPI. “Que nadie se engañe. No se trata de [defender su] soberanía, se trata de impunidad”, escribe por WhatsApp.
Según él, Marco Rubio sabe perfectamente “que bombardear Irán fue un acto de agresión y que atacar embarcaciones en el Caribe y matar a sus ocupantes sin juicio constituye un asesinato». Por eso, prosigue, la andanada del secretario de Estado contra el TPI pretende ser en realidad “una póliza de seguro” para evitar en el futuro “la rendición de cuentas por crímenes que la Administración Trump está cometiendo a plena luz del día”. Rubio sabe también, agrega Brody, que “sancionar a jueces y fiscales por hacer su trabajo es, en sí mismo, obstrucción a la Justicia”.
Las sanciones impuestas en 2025 por Trump a 11 juristas miembros del TPI no solo les impiden llevar una vida normal —desde pagar con una tarjeta de crédito a reservar un hotel—. Alcanza a su vez a todas las entidades que colaboren con ellos. Y en el renovado desafío de Rubio se barajan más prohibiciones de entrada en Estados Unidos para el personal del tribunal, incluida la suspensión de visados, según apuntó ese mismo 13 de julio el Departamento de Estado en un comunicado. En él se propone también presionar a los 125 Estados miembros del TPI para que se retiren de la institución.
“Es un acto de propaganda y forma parte de la guerra cultural que la Administración del presidente Trump, y la extrema derecha, han declarado a todo lo que suene a cooperación internacional”, afirma el exletrado Garrido Muñoz. Él responde a la imagen de Rubio de desmontar el TPI “ladrillo a ladrillo” con otra de resistencia: “Afortunadamente, el edificio es de cemento, metal y cristal”, bromea.
Paradójicamente, Washington contribuyó en los años noventa a la creación de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, donde se produjeron sendos genocidios. La experiencia se trasladó luego al TPI para el enjuiciamiento de crímenes internacionales, y en esa institución han delegado la competencia para investigar esos delitos los 125 Estados que forman parte del Estatuto de Roma. Pero EE UU no reconoce la potestad del TPI.
La postura estadounidense ha sido siempre conflictiva, aunque con momentos de cierta calma. La administración del demócrata Bill Clinton (1993-2001) participó en la redacción del Estatuto de Roma, aunque no lo ratificó, y en la etapa del también demócrata Joe Biden (2021-2025) se trabajó con el tribunal sin hacerlo público, incluso en el aspecto financiero.
“El TPI simboliza la atribución de un poder ligado por tradición a la soberanía nacional, que es el de enjuiciar”, señala Garrido Muñoz. Indica que ese es “un poder del orden liberal al que la Administración Trump ataca por considerarlo nefasto para sus intereses nacionales, que incluyen la actuación impune en cualquier parte del planeta”. Y acaba aseverando que el TPI “es una pieza de caza mayor para esta Administración”.
El TPI, única institución permanente para juzgar el genocidio, los crímenes de guerra y contra la humanidad y el delito de agresión entendido como uso de la fuerza armada contra un país soberano, solo se pone en marcha cuando un Estado no puede o no quiere hacerlo por sí mismo. Pero está facultado para perseguir a los ciudadanos de países que no formen parte del tribunal cuando aquellos hayan delinquido en el territorio de un país que sí lo sea.
Así, por ejemplo, el tribunal tiene una orden de arresto dictada contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Gaza —ya que Palestina es miembro del TPI desde 2015, tres años después de ser calificado como Estado Observador por la ONU—; y otra contra el ruso Vladímir Putin por crímenes contra la humanidad en la deportación de niños ucranios a Rusia.
“Por eso es absurdo el razonamiento de Rubio”, dice Garrido Muñoz. “La competencia en Derecho Internacional no es solo la de un Estado sobre sus propios ciudadanos, sino también territorial”. Esa es la razón por la cual, ”si ese sujeto del que hablábamos antes delinque en Pamplona, puede ser juzgado en España por sus actos”. Y si el delito que comete es de genocidio, crímenes de guerra o agresión militar, España puede delegar la competencia en el TPI.
A pesar de las sanciones y los nuevos desafíos, la labor del TPI sigue su curso y el pasado jueves los jueces confirmaron por unanimidad los 17 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad presentados por la Fiscalía contra Khaled Mohamed Ali El Hishri, exmiembro de la milicia libia Al Radaa (Fuerza Especial de Disuasión). Se le acusa de haber supervisado o cometido los delitos en la prisión Mitiga, en Libia, entre 2014 y 2020. Para noviembre se espera también la apertura del juicio contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en su lucha contra las drogas.
Más que nunca en sus 24 años de existencia, el futuro del tribunal depende del grado de compromiso de los países que lo apoyan. Porque, además de los provocados por EE UU, hay otros temblores: tres países africanos del Sahel —Níger, Malí y Burkina Faso—, todos ellos marcados por la violencia terrorista y con graves abusos de los derechos humanos, han iniciado un procedimiento para retirarse del Estatuto de Roma. Tal vez haya otras bajas. Es posible que, en función de su dependencia de EE UU, algunos Estados piensen en reducir las contribuciones al presupuesto que mantiene el tribunal abierto.
“Hasta 2024, el TPI persiguió casi exclusivamente a africanos y enemigos de Occidente, como el presidente ruso, Vladímir Putin. Y Occidente aplaudió”, recuerda Reed Brody. “Cuando se aplicó la misma ley a un aliado de Estados Unidos [en referencia a Netanyahu] Washington decidió estrangular al tribunal”, subraya. Al TPI, declara, “no se le castiga por sus fracasos sino por su imparcialidad”.
Al final de su mensaje del Día de la Justicia Penal Internacional, la presidenta Akane aseguró: “El TPI se mantiene firme en su misión de hacer justicia a las víctimas de los mayores crímenes, incluso en los momentos más difíciles”.
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