“Es una vergüenza, una auténtica barbaridad”. Con estas palabras, la diputada socialista y responsable de Políticas Sociales de este partido en la Asamblea de Madrid, Silvia Monterrubio, denuncia que 3.047 personas esperan plaza a día de hoy en una residencia pública de la comunidad ―el año pasado por estas fechas eran solo 2.165―, que otras 2.794 están pendientes de acceder a un centro de día y que 16.780 más aguardan el servicio de ayuda a domicilio. La Consejería de Asuntos Sociales, a preguntas de este diario, no valora las cifras, que publica el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.
“No puede ser que otras comunidades con menos recursos atiendan mejor y más rápido a sus mayores”, critica el PSOE
“Es una vergüenza, una auténtica barbaridad”. Con estas palabras, la diputada socialista y responsable de Políticas Sociales de este partido en la Asamblea de Madrid, Silvia Monterrubio, denuncia que 3.047 personas esperan plaza a día de hoy en una residencia pública de la comunidad ―el año pasado por estas fechas eran solo 2.165―, que otras 2.794 están pendientes de acceder a un centro de día y que 16.780 más aguardan el servicio de ayuda a domicilio. La Consejería de Asuntos Sociales, a preguntas de este diario, no valora las cifras, que publica el propio Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Aunque Monterrubio admite que las listas de espera, año tras año, “son malas a nivel nacional” y que en otras regiones como Murcia o Andalucía son aún peores, el problema de Madrid es que “aumentan en lugar de reducirse” y que se da la paradoja de que, mientras el Gobierno de España transfiere 680 millones de euros a financiar la dependencia, el regional “recorta 32,1 de la Agencia Madrileña de Atención Social” (AMAS), un montante que ha ido, según denuncia Laura Muñoz, secretaria de Políticas Sociales de UGT, a evitar la quiebra del hospital de La Paz. “No puede ser que otras comunidades con menos recursos atiendan mejor y más rápido a sus mayores y no puede ser que el Observatorio Estatal de la Dependencia se queje de que Madrid sea la que menos datos y menos reales facilita”, señala la diputada.
En la región hay 1.211.324 personas mayores de 65 años según los últimos datos censales disponibles, lo que supone el 17,28% de la población. De ellos, más de 276.000 viven solos en sus domicilios y 55.300, en 500 residencias, un negocio eminentemente privado ya que solo 25 de ellas son 100% públicas. El perfil del usuario es el de una persona de 80 años, en el 71 % de los casos mujer, y la mayoría requiere cuidados especializados debido a algún grado de dependencia física o mental.
A la hora de pedir ayuda, el gran problema de los mayores es que se topan con el muro de unos plazos inadmisibles. ¿Cuánto se espera de media en Madrid desde que se solicita una valoración de dependencia para acceder a un centro de día, a una residencia o a ayuda domiciliaria hasta que se recibe? El portavoz de la consejería tampoco da esta cifra y se limita a responder que la comunidad “presenta un tiempo medio 19 días inferior a la media nacional”, pero no cuadra. La espera en Madrid ahora mismo es de 330 días, “la misma cifra que en 2025″, aclara la responsable de UGT también según los datos que publica el Gobierno regional. La media nacional es de 314 días, según informó en julio el Ministerio de Derechos Sociales, por lo que Madrid está 16 días por encima. En Ceuta, donde menos se espera, son 82 días; en Aragón, 117; y en Castilla y León, 120. El máximo que marca la normativa es de 180 días (seis meses).
Sin embargo, los 330 días que figuran de espera tienen “trampas y trucos”, según critican el PSOE y UGT, porque el verdadero tapón está antes de lograr entrar en las listas. La diputada socialista asegura que “miles y miles de familias” tienen que esperar “casi dos años” para que su padre o madre reciban los servicios que ya tienen reconocidos. “El tiempo medio de tramitación supera en realidad los 500 días, ya que pasan 200 desde que se logra cita para presentar la solicitud y se valora y se concede y otros 300 hasta que llega la prestación”, asegura Monterrubio, que critica la desigualdad territorial a la hora de lograr cita: en distritos del sur se puede tardar hasta dos meses.
Por su parte, Muñoz subraya que la cifra de los que esperan es “infinitamente mayor que la reconocida”, ya que “se tarda un año de calvario solo para que se valore al mayor y 20 días más para elaborar el informe (PIA)” y ahí “ofrecen la prestación económica o cheque social para que se busque residencia o centro de día o ayuda a domicilio privadas”. “Si se acepta, aunque sea temporalmente hasta que exista el recurso público, el mayor no entra en la lista”, explica la sindicalista.
Estos plazos son una eternidad para un mayor. “El Gobierno de Madrid sigue dilatando y dilatando los procesos, lo que hace es que cada año se nos muera más gente por el camino”, denuncia la diputada, que cifra en 3.700 los mayores dependientes fallecidos en 2025 sin recibir la atención solicitada ―2.200 aguardando la prestación y otros 1.500 que ya tenían reconocido el derecho― según el último informe del Observatorio Estatal de la Dependencia. El drama es que determinadas listas “no descienden porque las solicitudes hayan sido atendidas, sino porque los solicitantes mueren” durante la tramitación. Para Muñoz, la Comunidad debería invertir “más recursos económicos y humanos” para contratar a más valoradores y pagarles mejor, “lo que reduciría drásticamente las listas”. “Para esto no hay dinero, pero para comprar un ático de 6,3 millones sí. Los millones están ahí, pero no van a donde deberían, es una cuestión política”, lamenta.
Francisca Gómez, secretaria de Políticas Sociales de CC OO Madrid, también incide en que “las listas de espera de dependencia en la Comunidad de Madrid son ”consecuencia de una insuficiente financiación por parte del Gobierno regional, al que exige ”una mejora sustancial de las condiciones laborales del sector y un notable incremento de las ratios de personal». En este punto, PSOE, UGT y CC OO acusan al Gobierno de Ayuso de transferir otros 61, 5 millones de euros de remanentes de la AMAS a pagar la deuda con el grupo Quirón.
Pero una vez que se accede a una residencia pública, el drama continúa con centros “abandonados” y “saturados”, salas “masificadas” y dormitorios “sin climatización”, con plantillas “absolutamente desbordadas” y plazas laborales que “no se cubren” por las condiciones ofrecidas por el Gobierno de Ayuso, según describe la responsable socialista de Asuntos Sociales. Según Monterrubio, este panorama desolador deja a las familias “absolutamente desesperadas” y, a las personas mayores y dependientes sin recibir, “la dignidad ni los derechos que les corresponden por ley”. “Vuelven a demostrar lo poco que les preocupa realmente resolver los problemas reales”, sentencia.
Frente a estas críticas, la consejería saca pecho de su gestión con una batería de cifras. El portavoz asegura que, a 31 de julio, Madrid atiende a más de 225.000 dependientes, lo que supone que en lo que va de legislatura se está auxiliando a 56.000 más. “Solo en los siete primeros meses del año se han incorporado al sistema una media mensual de 2.180 personas”, destaca. Desde 2023, ha creado más de 2.200 nuevas plazas para mayores dependientes: 1.106 residenciales y 1.112 de atención diurna, “cifra que seguirá incrementándose en los próximos meses”. Además, se han aumentado en este mismo periodo más de 2.300 prestaciones vinculadas al servicio de atención residencial. “Todo esto a pesar de la deuda de 3.400 millones de euros que el Gobierno de Pedro Sánchez debe a la región en dependencia”, afirma.
A renglón seguido, el portavoz reivindica el Plan 40 40, “que permitirá la construcción de 40 residencias y 40 centros de día con 8.000 nuevas plazas, 6.000 residenciales y 2.000 de atención diurna” y para el que, según critica el PSOE, no hay plazos. “Solo se ha licitado una residencia y centro de día en el distrito de San Blas de la capital y estamos seguros de que no estará terminada ninguna a final de la legislatura”, asegura Monterrubio, para añadir que el 60% de dichas plazas será privada. “Es un jugoso negocio con cesión de terreno público gratis, para que lo exploten empresas sin más limitación en su actividad que la existencia de las plazas concertadas, minoritarias frente a las privadas”, añade CC OO. Según el cálculo del PSOE, el beneficio “será de 2.400 millones de euros para las empresas concesionarias”.
