La familia Sicardo Carderera lleva más de un año lidiando con la burocracia del Ministerio de Cultura para que el departamento que dirige Ernest Urtasun acceda a restituir dos obras que se han localizado en las colecciones del Museo del Romanticismo. Los cuadros están identificados y reconocidos, la documentación ha sido aportada, según los abogados de la familia, pero el caso sigue bloqueado. «Nos cuesta comprender por qué», dicen desde Cremades & Calvo-Sotelo. Este despacho cuenta con un inventario de medio centenar de cuadros que en su día pertenecieron al coronel republicano José Sicardo y a su esposa Mariana Carderera ; entre ellos, obras que pudieron pintar Goya y Sorolla, y quizás algún Velázquez, Madrazo o Van Dyck. Pero los herederos no saben dónde se encuentran la mayoría de esas piezas ni a quién reclamarlas. Si recuperar las dos obras que Cultura ha admitido que tiene está siendo complicado, dar con el resto de la colección se plantea como un laberinto de difícil solución.El caso de los Sicardo Carderera ilustra como pocos las dificultades que plantea hoy la restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo, pese al mandato de la ley de Memoria Democrática. El coronel Sicardo fue un militar que se mantuvo fiel a la República y estuvo casado con Mariana Carderera. El pintor y coleccionista Valentín Carderera era su tío bisabuelo. Ambos atesoraron una importante colección artística, que incluía un centenar de pinturas, una biblioteca de 2.500 ejemplares, un busto del general Weyler hecho por Benlliure, un bastón de mando de dicho general y objetos diversos como relojes, jarrones, tallas o piezas de plata. Cuando las tropas franquistas tomaron Madrid, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional entró en Moreto 1, «casa propiedad de don José Sicardo, jefe militar rojo», como figura en el acta de incautación, y arrambló con todos los bienes. Mayo de 1939.Durante la contienda, el Gobierno republicano había creado la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para custodiar el patrimonio en peligro, depositándolo en lugares seguros como el Museo del Prado. Tras la victoria franquista, se constituyó el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), encargado de gestionar esos bienes. Pero, en lugar de devolverlos a sus legítimos dueños, muchos acabaron repartidos entre museos, instituciones públicas y colecciones privadas, en un proceso sin transparencia ni control. Noticia Relacionada Devolución de cuadros expoliados estandar Si Más allá de la foto de Urtasun: «Es insuficiente, queda mucho por hacer» Jaime G. Mora¿Dónde están hoy esas obras? La única administración que ha reconocido tener algunas es el Ministerio de Cultura; en concreto, una ‘Fiesta goyesca’ de Roberto Domingo Fallola y un ‘Retrato de Doña María Cristina de Borbón’ de Valentín Carderera, ambos en el Museo del Romanticismo. El resto de la colección Sicardo Carderera fue a parar a otras instituciones y manos privadas. Arturo Colorado , investigador de referencia en esta materia, ha localizado cinco pinturas en la Catedral de Segorbe, tres en el Ministerio de Hacienda, una en el Museo de Bellas Artes de Asturias, tres en el Real Conservatorio de Música y un posible Goya temprano que habría acabado en un convento de clausura. La biblioteca fue entregada en julio de 1939 a la Universidad Complutense de Madrid, donde permanece en la actualidad. En total, hubo entre 15 y 17 destinatarios. Una de ellas fue la falsa marquesa de Arnuossa , que consiguió dos obras de la familia. Jurando por Dios y prometiendo por su honor, llegó a hacerse con 72 lotes incautados a otras víctimas. Colorado define a María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada como una «acaparadora profesional».Cultura ha localizado en sus fondos dos cuadros incautados: un ‘Retrato de Doña María Cristina de Borbón’ de Valentín Carderera y una ‘Fiesta goyesca’ (en la foto) de Roberto Domingo Fallola ABCSi hoy los herederos tienen esta información es gracias al trabajo de investigadores, no a la voluntad del Estado. Y eso que la ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas de la dictadura, incluyendo el reconocimiento del expolio económico. La ley daba un plazo de un año al Estado para elaborar un inventario de bienes incautados; pero, hasta la fecha, el único ministerio que lo ha hecho público ha sido el de Cultura , y con ocho meses de retraso. También recogía la obligación de desarrollar un reglamento en seis meses, pero el Ministerio de Memoria Democrática aún no lo ha aprobado. Las pocas restituciones que se han aprobado esta legislatura han sido posibles gracias a un informe de la Abogacía del Estado que habilita la vía civil para ejecutarlas.Cremades & Calvo-Sotelo, el despacho que representa a los ocho herederos de la familia Sicardo Carderera, presentó en abril de 2024 una reclamación administrativa ante el Ministerio de Cultura pidiendo el reconocimiento formal de los herederos como víctimas del expolio artístico y la devolución de las obras incautadas o, en su defecto, una compensación económica. Tuvieron que pasar varios meses hasta que la Dirección General de Bellas Artes acusó recibo de la reclamación. Cuando lo hizo, informó de que había localizado dos obras en el Museo del Romanticismo -uno de los 16 museos estatales cuya gestión depende del ministerio- y pidió más documentación, que según el despacho «ya fue aportada con suficiente claridad».Noticia Relacionada estandar Si Urtasun abre la vía para devolver cuadros expoliados al margen de Memoria Democrática El Ministerio de Cultura publica con ocho meses de retraso el inventario de bienes incautados por el franquismo«El Ministerio de Cultura, hasta el momento, ha mostrado buena actitud y voluntad de entendimiento», dice el despacho. Pero le «cuesta comprender» por qué a día de hoy no se ha reconocido la condición de víctimas a los herederos ni se ha procedido a la restitución de las dos obras que han sido identificadas y reconocidas. «Manifestamos también nuestra preocupación por la falta de un reglamento que facilite la aplicación efectiva de la ley, así como por la ausencia de respuesta a la reclamación presentada por los cauces ordinarios del procedimiento administrativo», añade Cremades & Calvo-Sotelo. «Reiteramos nuestra voluntad de colaboración para que este asunto pueda resolverse del modo más justo y eficaz posible».Ante estas dificultades -ausencia de un desarrollo reglamentario, falta de un procedimiento específico, dificultad para localizar obras, descoordinación institucional…-, el bufete cree que el proceso de localización no debe recaer únicamente en los técnicos del ministerio. Propone que se constituya una unidad mixta de trabajo que incluya a representantes de las familias afectadas, despachos jurídicos especializados y expertos independientes. Y que se articule un canal directo de interlocución con los reclamantes. Hay demasiadas trabas en un ministerio cuyo titular, Ernest Urtasun, fijó las restituciones como una «prioridad».«En la zona centro hubo unas 25.000 obras incautadas, y aproximadamente el 35 por ciento de ellas fueron desviadas. Solo una investigación de un equipo potente resolvería esta cuestión»En el caso de los Sicardo Carderera, identificar la trazabilidad de las obras es especialmente complicado porque, a diferencia de las incautaciones realizadas por el Gobierno republicano -que sí dejaban constancia detallada del contenido-, las actas franquistas se limitaban a recoger fórmulas genéricas como «ciento tres cuadros de diferentes autores y épocas» y «veintinueve cuadritos pintados sobre madera». Para localizarlos hoy, 86 años después, hay que recurrir a los expedientes de entrega, lo cual complica mucho la empresa. «La Administración cuenta con más información que los investigadores», dice Arturo Colorado. «Solo una investigación de un equipo potente resolvería esta cuestión. El Ministerio de Cultura se está limitando a los museos estatales. En la zona centro hubo unas 25.000 obras incautadas, y aproximadamente el 35 por ciento de ellas fueron desviadas».Investigación incompleta«Hay muchas administraciones, museos provinciales e instituciones eclesiásticas con obras confiscadas», añade Colorado. Además de Cultura, están Hacienda, Justicia, Defensa, paradores nacionales… También hay universidades (Complutense, Alcalá, Valladolid, Murcia…), centros educativos como el Ramiro de Maeztu con una colección importante de pinturas y tapices… Y la Iglesia, y particulares que recibieron obras que no eran suyas. «Dada la dificultad para localizar las obras en su actual ubicación, y la dispersión de miles de bienes, si el ministerio no asume esta tarea a un nivel global, la investigación quedará incompleta».Hasta ahora, lo que Colorado ha encontrado en la mayoría de administraciones es opacidad. «He escrito a varios ministerios, y habitualmente la respuesta es de absoluta opacidad. Hay una resistencia a dar datos. Incluso algunas universidades también se resisten a dar información», explica. La propia Universidad Complutense de Madrid sigue sin asumir la investigación que le toca sobre la biblioteca de los Sicardo Carderera. Sin reglamento, sin protocolos claros, sin medios suficientes y con una administración fragmentada, argumenta Colorado, el mandato de la ley de Memoria Democrática se convierte en un laberinto: «Queda todavía muchísimo por investigar y muchísimo por rescatar y por devolver».Urtasun, en el Museo del Prado, durante la restitución de cuaros incautados a Pedro Rico José Ramón Ladra El Ministerio de Cultura admite nueve reclamaciones en trámite Ha pasado un mes desde que Urtasun se hiciera su primera gran foto de restitución de obras incautadas por el franquismo. Con permiso de la devolución a la Fundación Giner de los Ríos de un cuadro que perteneció a la Institución Libre de Enseñanza, la devolución de siete cuadros a los herederos de Pedro Rico, alcalde en el Madrid republicano, es el principal hito del ministro en este ámbito. Urtasun se fotografió en el Prado con las obras, saludó a los dos nietos de Rico y dijo que era «uno de los actos más emocionantes» que había presidido. Podría presidir muchos más, pero la burocracia de su ministerio -ha tardado más de dos años en resolver el expediente- y su resistencia a colaborar con otros ministerios se lo impiden. En la actualidad, el Ministerio de Cultura es el único que ha hecho público un inventario. Lo hizo con ocho meses de retraso respecto a la obligación legal, pero al menos lo ha hecho. Identifica más de 6.000 piezas dentro de sus colecciones, aunque según Arturo Colorado, es «parcial e hinchado»: contabiliza individualmente objetos de un mismo conjunto, como cubiertos o monedas. El grueso del listado no son pinturas. Según Colorado, hay más ministerios con obras incautadas; entre ellos, Justicia, Hacienda o Defensa. Justicia, en cambio, en una respuesta a través del Portal de Transparencia, asegura que en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y en el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial no hay ninguno de estos cuadros. El Ministerio de Cultura ha recibido diez solicitudes de devolución, «de las cuales una ha sido resuelta y nueve se encuentran en trámite». La Subdirección General de Museos Estatales ha recibido seis, «todas ellas en tramitación y una de ellas ya ha sido resuelta». El Museo del Prado, que se adelantó al Ministerio de Cultura publicando un inventario propio, ha recibido cuatro: «Tres de ellas se encuentran en fase de tramitación y una de ellas ya ha sido resuelta». «Las solicitudes resueltas han dado como resultado la devolución de siete cuadros a los herederos de Pedro Rico», dice Cultura. ABC solicitó los títulos y autores de las obras reclamadas, pero el ministerio ha ocultado esta información. El Cabildo de Gran Canaria también ha devuelto cinco cuadros incautados durante la Guerra Civil a la familia del exalcalde republicano de Madrid. El Ayuntamiento de Burgos (mayo de 2023) y el Ministerio de Industria y Turismo (agosto de 2022) procedieron igualmente a la restitución de tres cuadros a la familia del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano. Recientemente, la Universidad de Barcelona ha organizado una exposición que explica la historia y el destino de las obras de arte que fueron confiscadas y luego depositadas en la institución. La familia Sicardo Carderera lleva más de un año lidiando con la burocracia del Ministerio de Cultura para que el departamento que dirige Ernest Urtasun acceda a restituir dos obras que se han localizado en las colecciones del Museo del Romanticismo. Los cuadros están identificados y reconocidos, la documentación ha sido aportada, según los abogados de la familia, pero el caso sigue bloqueado. «Nos cuesta comprender por qué», dicen desde Cremades & Calvo-Sotelo. Este despacho cuenta con un inventario de medio centenar de cuadros que en su día pertenecieron al coronel republicano José Sicardo y a su esposa Mariana Carderera ; entre ellos, obras que pudieron pintar Goya y Sorolla, y quizás algún Velázquez, Madrazo o Van Dyck. Pero los herederos no saben dónde se encuentran la mayoría de esas piezas ni a quién reclamarlas. Si recuperar las dos obras que Cultura ha admitido que tiene está siendo complicado, dar con el resto de la colección se plantea como un laberinto de difícil solución.El caso de los Sicardo Carderera ilustra como pocos las dificultades que plantea hoy la restitución de bienes incautados durante la Guerra Civil y el franquismo, pese al mandato de la ley de Memoria Democrática. El coronel Sicardo fue un militar que se mantuvo fiel a la República y estuvo casado con Mariana Carderera. El pintor y coleccionista Valentín Carderera era su tío bisabuelo. Ambos atesoraron una importante colección artística, que incluía un centenar de pinturas, una biblioteca de 2.500 ejemplares, un busto del general Weyler hecho por Benlliure, un bastón de mando de dicho general y objetos diversos como relojes, jarrones, tallas o piezas de plata. Cuando las tropas franquistas tomaron Madrid, el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional entró en Moreto 1, «casa propiedad de don José Sicardo, jefe militar rojo», como figura en el acta de incautación, y arrambló con todos los bienes. Mayo de 1939.Durante la contienda, el Gobierno republicano había creado la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico para custodiar el patrimonio en peligro, depositándolo en lugares seguros como el Museo del Prado. Tras la victoria franquista, se constituyó el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional (Sdpan), encargado de gestionar esos bienes. Pero, en lugar de devolverlos a sus legítimos dueños, muchos acabaron repartidos entre museos, instituciones públicas y colecciones privadas, en un proceso sin transparencia ni control. Noticia Relacionada Devolución de cuadros expoliados estandar Si Más allá de la foto de Urtasun: «Es insuficiente, queda mucho por hacer» Jaime G. Mora¿Dónde están hoy esas obras? La única administración que ha reconocido tener algunas es el Ministerio de Cultura; en concreto, una ‘Fiesta goyesca’ de Roberto Domingo Fallola y un ‘Retrato de Doña María Cristina de Borbón’ de Valentín Carderera, ambos en el Museo del Romanticismo. El resto de la colección Sicardo Carderera fue a parar a otras instituciones y manos privadas. Arturo Colorado , investigador de referencia en esta materia, ha localizado cinco pinturas en la Catedral de Segorbe, tres en el Ministerio de Hacienda, una en el Museo de Bellas Artes de Asturias, tres en el Real Conservatorio de Música y un posible Goya temprano que habría acabado en un convento de clausura. La biblioteca fue entregada en julio de 1939 a la Universidad Complutense de Madrid, donde permanece en la actualidad. En total, hubo entre 15 y 17 destinatarios. Una de ellas fue la falsa marquesa de Arnuossa , que consiguió dos obras de la familia. Jurando por Dios y prometiendo por su honor, llegó a hacerse con 72 lotes incautados a otras víctimas. Colorado define a María Teresa Álvarez y Herreros de Tejada como una «acaparadora profesional».Cultura ha localizado en sus fondos dos cuadros incautados: un ‘Retrato de Doña María Cristina de Borbón’ de Valentín Carderera y una ‘Fiesta goyesca’ (en la foto) de Roberto Domingo Fallola ABCSi hoy los herederos tienen esta información es gracias al trabajo de investigadores, no a la voluntad del Estado. Y eso que la ley de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, reconoce el derecho a la reparación integral de las víctimas de la dictadura, incluyendo el reconocimiento del expolio económico. La ley daba un plazo de un año al Estado para elaborar un inventario de bienes incautados; pero, hasta la fecha, el único ministerio que lo ha hecho público ha sido el de Cultura , y con ocho meses de retraso. También recogía la obligación de desarrollar un reglamento en seis meses, pero el Ministerio de Memoria Democrática aún no lo ha aprobado. Las pocas restituciones que se han aprobado esta legislatura han sido posibles gracias a un informe de la Abogacía del Estado que habilita la vía civil para ejecutarlas.Cremades & Calvo-Sotelo, el despacho que representa a los ocho herederos de la familia Sicardo Carderera, presentó en abril de 2024 una reclamación administrativa ante el Ministerio de Cultura pidiendo el reconocimiento formal de los herederos como víctimas del expolio artístico y la devolución de las obras incautadas o, en su defecto, una compensación económica. Tuvieron que pasar varios meses hasta que la Dirección General de Bellas Artes acusó recibo de la reclamación. Cuando lo hizo, informó de que había localizado dos obras en el Museo del Romanticismo -uno de los 16 museos estatales cuya gestión depende del ministerio- y pidió más documentación, que según el despacho «ya fue aportada con suficiente claridad».Noticia Relacionada estandar Si Urtasun abre la vía para devolver cuadros expoliados al margen de Memoria Democrática El Ministerio de Cultura publica con ocho meses de retraso el inventario de bienes incautados por el franquismo«El Ministerio de Cultura, hasta el momento, ha mostrado buena actitud y voluntad de entendimiento», dice el despacho. Pero le «cuesta comprender» por qué a día de hoy no se ha reconocido la condición de víctimas a los herederos ni se ha procedido a la restitución de las dos obras que han sido identificadas y reconocidas. «Manifestamos también nuestra preocupación por la falta de un reglamento que facilite la aplicación efectiva de la ley, así como por la ausencia de respuesta a la reclamación presentada por los cauces ordinarios del procedimiento administrativo», añade Cremades & Calvo-Sotelo. «Reiteramos nuestra voluntad de colaboración para que este asunto pueda resolverse del modo más justo y eficaz posible».Ante estas dificultades -ausencia de un desarrollo reglamentario, falta de un procedimiento específico, dificultad para localizar obras, descoordinación institucional…-, el bufete cree que el proceso de localización no debe recaer únicamente en los técnicos del ministerio. Propone que se constituya una unidad mixta de trabajo que incluya a representantes de las familias afectadas, despachos jurídicos especializados y expertos independientes. Y que se articule un canal directo de interlocución con los reclamantes. Hay demasiadas trabas en un ministerio cuyo titular, Ernest Urtasun, fijó las restituciones como una «prioridad».«En la zona centro hubo unas 25.000 obras incautadas, y aproximadamente el 35 por ciento de ellas fueron desviadas. Solo una investigación de un equipo potente resolvería esta cuestión»En el caso de los Sicardo Carderera, identificar la trazabilidad de las obras es especialmente complicado porque, a diferencia de las incautaciones realizadas por el Gobierno republicano -que sí dejaban constancia detallada del contenido-, las actas franquistas se limitaban a recoger fórmulas genéricas como «ciento tres cuadros de diferentes autores y épocas» y «veintinueve cuadritos pintados sobre madera». Para localizarlos hoy, 86 años después, hay que recurrir a los expedientes de entrega, lo cual complica mucho la empresa. «La Administración cuenta con más información que los investigadores», dice Arturo Colorado. «Solo una investigación de un equipo potente resolvería esta cuestión. El Ministerio de Cultura se está limitando a los museos estatales. En la zona centro hubo unas 25.000 obras incautadas, y aproximadamente el 35 por ciento de ellas fueron desviadas».Investigación incompleta«Hay muchas administraciones, museos provinciales e instituciones eclesiásticas con obras confiscadas», añade Colorado. Además de Cultura, están Hacienda, Justicia, Defensa, paradores nacionales… También hay universidades (Complutense, Alcalá, Valladolid, Murcia…), centros educativos como el Ramiro de Maeztu con una colección importante de pinturas y tapices… Y la Iglesia, y particulares que recibieron obras que no eran suyas. «Dada la dificultad para localizar las obras en su actual ubicación, y la dispersión de miles de bienes, si el ministerio no asume esta tarea a un nivel global, la investigación quedará incompleta».Hasta ahora, lo que Colorado ha encontrado en la mayoría de administraciones es opacidad. «He escrito a varios ministerios, y habitualmente la respuesta es de absoluta opacidad. Hay una resistencia a dar datos. Incluso algunas universidades también se resisten a dar información», explica. La propia Universidad Complutense de Madrid sigue sin asumir la investigación que le toca sobre la biblioteca de los Sicardo Carderera. Sin reglamento, sin protocolos claros, sin medios suficientes y con una administración fragmentada, argumenta Colorado, el mandato de la ley de Memoria Democrática se convierte en un laberinto: «Queda todavía muchísimo por investigar y muchísimo por rescatar y por devolver».Urtasun, en el Museo del Prado, durante la restitución de cuaros incautados a Pedro Rico José Ramón Ladra El Ministerio de Cultura admite nueve reclamaciones en trámite Ha pasado un mes desde que Urtasun se hiciera su primera gran foto de restitución de obras incautadas por el franquismo. Con permiso de la devolución a la Fundación Giner de los Ríos de un cuadro que perteneció a la Institución Libre de Enseñanza, la devolución de siete cuadros a los herederos de Pedro Rico, alcalde en el Madrid republicano, es el principal hito del ministro en este ámbito. Urtasun se fotografió en el Prado con las obras, saludó a los dos nietos de Rico y dijo que era «uno de los actos más emocionantes» que había presidido. Podría presidir muchos más, pero la burocracia de su ministerio -ha tardado más de dos años en resolver el expediente- y su resistencia a colaborar con otros ministerios se lo impiden. En la actualidad, el Ministerio de Cultura es el único que ha hecho público un inventario. Lo hizo con ocho meses de retraso respecto a la obligación legal, pero al menos lo ha hecho. Identifica más de 6.000 piezas dentro de sus colecciones, aunque según Arturo Colorado, es «parcial e hinchado»: contabiliza individualmente objetos de un mismo conjunto, como cubiertos o monedas. El grueso del listado no son pinturas. Según Colorado, hay más ministerios con obras incautadas; entre ellos, Justicia, Hacienda o Defensa. Justicia, en cambio, en una respuesta a través del Portal de Transparencia, asegura que en el ámbito de la Presidencia del Gobierno y en el Organismo Autónomo Mutualidad General Judicial no hay ninguno de estos cuadros. El Ministerio de Cultura ha recibido diez solicitudes de devolución, «de las cuales una ha sido resuelta y nueve se encuentran en trámite». La Subdirección General de Museos Estatales ha recibido seis, «todas ellas en tramitación y una de ellas ya ha sido resuelta». El Museo del Prado, que se adelantó al Ministerio de Cultura publicando un inventario propio, ha recibido cuatro: «Tres de ellas se encuentran en fase de tramitación y una de ellas ya ha sido resuelta». «Las solicitudes resueltas han dado como resultado la devolución de siete cuadros a los herederos de Pedro Rico», dice Cultura. ABC solicitó los títulos y autores de las obras reclamadas, pero el ministerio ha ocultado esta información. El Cabildo de Gran Canaria también ha devuelto cinco cuadros incautados durante la Guerra Civil a la familia del exalcalde republicano de Madrid. El Ayuntamiento de Burgos (mayo de 2023) y el Ministerio de Industria y Turismo (agosto de 2022) procedieron igualmente a la restitución de tres cuadros a la familia del empresario vasco Ramón de la Sota y Llano. Recientemente, la Universidad de Barcelona ha organizado una exposición que explica la historia y el destino de las obras de arte que fueron confiscadas y luego depositadas en la institución.
RSS de noticias de cultura
