El ático de 485 metros cuadrados que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) compró hace tres meses a través de la empresa pública Planifica Madrid para usar como “oficinas” costó 6,3 millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS dos fuentes cercanas a la operación. El piso, situado en el número 35 del paseo del General Martínez Campos y que la Comunidad de Madrid anunció que vendería día y medio después de que este periódico revelara la semana pasada la extraña compra, lo vendió una exclusiva inmobiliaria de lujo de La Moraleja que se llevó una comisión del 3%: 189.000 euros a cargo del vendedor.
La operación incluyó además una comisión del 3% a la inmobiliaria de lujo que gestionó la operación, equivalente a 189.000 euros a cargo del vendedor
El ático de 485 metros cuadrados que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (PP) compró hace tres meses a través de la empresa pública Planifica Madrid para usar como “oficinas” costó 6,3 millones de euros, según han confirmado a EL PAÍS dos fuentes cercanas a la operación. El piso, situado en el número 35 del paseo del General Martínez Campos y que la Comunidad de Madrid anunció que vendería día y medio después de que este periódico revelara la semana pasada la extraña compra, lo vendió una exclusiva inmobiliaria de lujo de La Moraleja que se llevó una comisión del 3%: 189.000 euros a cargo del vendedor.
La empresa pública Planifica Madrid, que depende de la consejería de Presidencia, adquirió el ático con una terraza de 200 metros cuadrados el 14 de abril y la operación no consta ni en el portal de transparencia, ni en las cuentas anuales de la compañía. Tampoco hay disponible para consulta una memoria justificativa ni una ampliación presupuestaria, como sí la ha habido para compras de otros inmuebles. De hecho, el precio final de la venta no había trascendido y las veces que se ha preguntado por ello a Ayuso, ha eludido la cuestión.
Promora, la inmobiliaria de lujo que intermedió en la venta y que está afincada en La Moraleja, publicó un anuncio con el ático a finales de enero y el precio de venta era de 6,6 millones. Finalmente, el apartamento costó 300.000 euros menos. Esta compañía se dedica al mercado de pisos y casas de lujo en toda la región y tuvo que firmar un acuerdo de confidencialidad y le pidieron “privacidad” y discreción durante toda la operación.
La decisión de canalizar la compra a través de Planifica Madrid también encareció la operación. A los 6,3 millones que costó el ático, hay que sumar otros 378.000 euros en concepto de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), tributo cedido a las comunidades autónomas.
Este último desembolso deriva de que la compra no la realizó directamente la Comunidad de Madrid, sino una sociedad mercantil de capital público. La legislación reconoce determinadas exenciones fiscales a la Administración autonómica, aunque esas exenciones no se aplican automáticamente a las sociedades mercantiles públicas que tributan con carácter general como cualquier otra sociedad, salvo previsión legal específica. Como el tributo se paga a la Comunidad, a nivel contable se abona el impuesto, pero en términos presupuestarios ese dinero vuelve a las arcas autonómicas.
Preguntada sobre por qué la compra se hizo a través de Planifica Madrid, una portavoz responde que la empresa pública “tiene por objeto la gestión del patrimonio inmobiliario de la Comunidad de Madrid” y que “está dentro de sus competencias de gestión patrimonial”.
En el anuncio publicado en las redes de Promora se describe el ático como un piso de “lujo absoluto”, con cinco habitaciones, seis baños y vistas panorámicas al skyline madrileño. También incluye montajes realizados con inteligencia artificial de cómo quedaría la casa si se quisiera utilizar como vivienda: un diseño del cuarto principal, del salón con salida a la terraza y de un hipotético despacho. “Diseño contemporáneo, domótica, dos plazas de garaje y dos trasteros. Privacidad, amplitud y una forma de vivir Madrid desde lo más alto”.
De la compra todavía hay varias incógnitas que ni la presidenta autonómica ni el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, que también preside el consejo de administración de Planifica Madrid, han resuelto. “Todas las operaciones que realice esta empresa y cualquiera otra también estarán en sus memorias de actividades. Nosotros sí que rendimos cuentas, nosotros sí que somos transparentes”, dijo Martín durante una visita a la zona devastada por los incendios la semana pasada. Y fue él quien anunció, día y medio después de que este periódico destapara la adquisición del piso, que lo venderían junto con otros cuatro inmuebles en la Gran Vía para ayudar a la “reconstrucción” de la Sierra Oeste de Madrid, que quedó arrasada por el fuego. En total, esperan obtener entre 20 y 22 millones de euros, aseguró.
“Se eligió el camino más caro. También el menos visible. Nadie paga de más por casualidad”, opina el abogado Javier Flores, que ha interpuesto una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para que investigue una posible responsabilidad contable por menoscabo de fondos públicos derivada de la compra y posterior venta del ático. Esto es, un supuesto perjuicio de los costes irreversibles derivados de adquirir y luego deshacerse de un inmueble que no ha llegado siquiera a usarse, como los gastos notariales y registrales o los honorarios a la inmobiliaria.
La operación se ha articulado por una vía que, a su juicio, es más costosa y menos garantista que el procedimiento ordinario. Cuando la Administración necesita un inmueble para uso público ―sería el caso del ático, según las explicaciones del Gobierno regional―, el procedimiento habitual pasa por la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda y exige la tramitación de un expediente administrativo completo. Ese expediente incluiría, entre otros, una propuesta razonada que justifique la necesidad de las nuevas dependencias y un informe de la propia Dirección General de Patrimonio, explica Flores por teléfono y alude a la ley de Patrimonio de la región.
Además, cuando la compra se hace de forma directa y por razones de urgencia, la legislación exige una autorización expresa del consejero de Hacienda y una motivación de las circunstancias excepcionales. Y la normativa, detalla el letrado, solo contempla este tipo de adquisiciones directas en supuestos muy concretos, como la existencia de una urgencia acreditada, la escasez de oferta en el mercado inmobiliario, la singularidad del inmueble o la necesidad de adquirir exactamente ese bien y no otro. “Sobre todo, se daría cuenta en el Parlamento Autonómico. De esto nos hemos enterado por la prensa, pero, en condiciones normales, lo habríamos sabido hace meses y en la Asamblea de Madrid todos los grupos habrían tenido la información”, concluye Flores.
