Hace más de dos años que Francesc Augé (56 años) tiene el beneplácito de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña —el órgano independiente formado por juristas, médicos y expertos en bioética— para recibir la eutanasia, programada para septiembre de 2025 sin que se llevara a cabo. Su caso está encallado en los juzgados, con posicionamiento incluido del Tribunal Supremo, por la oposición ejercida por su padre. Pero las cosas han cambiado. El progenitor, fatigado por esa lucha a sus 96 años de edad, ha decidido tirar la toalla y no continuar con la batalla. Deja vía libre a su hijo para que reprenda el camino de la ayuda a morir.
El abogado explica que no seguirá con el proceso judicial pese a la sentencia del Supremo que le legitimaba
El abogado explica que no seguirá con el proceso judicial pese a la sentencia del Supremo que le legitimaba
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Hace más de dos años que Francesc Augé (56 años) tiene el beneplácito de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña —el órgano independiente formado por juristas, médicos y expertos en bioética— para recibir la eutanasia, programada para septiembre de 2025 sin que se llevara a cabo. Su caso está encallado en los juzgados, con posicionamiento incluido del Tribunal Supremo, por la oposición ejercida por su padre. Pero las cosas han cambiado. El progenitor, fatigado por esa lucha a sus 96 años de edad, ha decidido tirar la toalla y no continuar con la batalla. Deja vía libre a su hijo para que reprenda el camino de la ayuda a morir.
Una sentencia del Tribunal Supremo acordó en mayo pasado que la concesión de la eutanasia no era solo una decisión del solicitante y que aquellas personas “con una vinculación especialmente estrecha” podían intervenir en la decisión hasta el punto de pararla. Ese fallo era una respuesta al caso precisamente de Augé y habilitaba a su padre a presentar un escrito en el juzgado e instar la reobertura del juicio, tal y como explica su abogado Valentín Gómez, para paralizar de forma definitiva la petición. Pero no lo hará, según ha avanzado eldiario.es. “El padre está fatigado y ha decidido retirarse de la partida”, explica Gómez a EL PAÍS, satisfecho de que el Supremo haya aclarado antes la reivindicación de su cliente: la legitimidad de un padre para decidir sobre la eutanasia de su hijo.
El abogado del padre de Francesc Augé considera que la relación de este con su hijo no se ha visto afectada por la oposición efectuada en los juzgados para frenar la muerte asistida. Debido a los cuidados de los que requiere, víctima de dos infartos y cuatro ictus, Francesc Augé ha abandonado la residencia paterna y se ha instalado con unos familiares. Este diario no ha podido recabar qué pasos judiciales prevé dar en este nuevo contexto, en el que cuenta con el respaldo de la Generalitat pero no con el de la Fiscalía.
La batalla ha sido larga y tesiosa. Augé afirmaba en 2025 con sarcasmo: “Hasta para morirse necesita uno abogados. ¡Quiero irme ya!”. A la parálisis inicial judicial de la ayuda a morir lke siguió una sentencia en primera instancia que validaba la petición sosteniendo que la relación familiar no otorga por sí sola legitimación al padre para frenar esa decisión. Hubo recurso ante el TSJC, que le dio la razón y que volvía a poner a prueba las costuras de la ley de la eutanasia avalando el interés legítimo de los padres. Es última decisión es la que llevó a plenario el Tribunal Supremo en mayo, volviendo a dar la razón al padre de Augé.
Su fallo señalaba que se tienen que tener en cuenta diversos factores para discernir sobre la “proximidad afectiva” necesaria para poder paralizar una eutanasia: la convivencia “en el núcleo familiar o residencial”, la duración de dicha convivencia, la ”posible empatía entre ambos”, “el interés o preocupación que el recurrente haya mostrado anteriormente por la situación del solicitante de la prestación” y, sobre todo, “si le ha hecho partícipe, de alguna manera, de sus reflexiones previas a su decisión de que le sea aplicada” la aplicación de la ayuda a morir.
La puerta que el Supremo sí cerraba es que nadie ni ninguna institución intermedia se arrogara ese derecho, como sí sucedió en el caso de Noelia Castillo, la joven parapléjica que sufría fuertes dolores que pidió la muerte asistida y no la recibió hasta 600 días después por la batalla judicial que abrió la asociación ultra Abogados Cristianos en nombre de su padre.
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