La previsible Diputación Permanente del Congreso de todos los veranos ha servido este miércoles para ratificar que el Congreso sigue transformado en un ring de acoso político en el que el PP ha requerido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros, sobre la crisis de Ceuta y otras que afectan al Ejecutivo, que ya estaban previstas y aprobadas y que se solapan con las nueve ya programadas. El jefe del Ejecutivo acudirá el 3 de septiembre a ofrecer su versión de lo sucedido en Ceuta en un pleno monográfico, que será extraordinario pese a los intentos del Gobierno de situarlo en una sesión normal una semana más tarde. La oposición del PP y Vox y la mayoría de los aliados del Gobierno concordaron en que esa presencia llega en cualquier caso tarde y que la gestión realizada hasta ahora no ha sido la adecuada. Las peticiones sobre los ministros fueron derrotadas.
El presidente adelanta al 3 de septiembre sus explicaciones en un pleno monográfico que la mayoría de grupos creen que llega tarde
La previsible Diputación Permanente del Congreso de todos los veranos ha servido este miércoles para ratificar que el Congreso sigue transformado en un ring de acoso político en el que el PP ha requerido la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y cuatro ministros, sobre la crisis de Ceuta y otras que afectan al Ejecutivo, que ya estaban previstas y aprobadas y que se solapan con las nueve ya programadas. El jefe del Ejecutivo acudirá el 3 de septiembre a ofrecer su versión de lo sucedido en Ceuta en un pleno monográfico, que será extraordinario pese a los intentos del Gobierno de situarlo en una sesión normal una semana más tarde. La oposición del PP y Vox y la mayoría de los aliados del Gobierno concordaron en que esa presencia llega en cualquier caso tarde y que la gestión realizada hasta ahora no ha sido la adecuada. Las peticiones sobre los ministros fueron derrotadas.
El Gobierno y el PSOE entablaron en las últimas horas negociaciones con sus socios en el Parlamento, como reveló el PNV, para acordar la presencia del presidente ante la Cámara para ofrecer su versión de todo lo que ha pasado y está pasando en Ceuta. El Ejecutivo pretendía que esa sesión se desarrollara en un pleno ordinario, el primero de septiembre, que será el día 9. Pero al final se aceptó la reclamación mayoritaria de que esa audición fuera lo antes posible y se incrustará en la agenda de la semana que viene, el día 3, tras acabar la caravana de comparecencias sobre Ceuta de nueve ministros ya cerrada.
El PP y Vox llevan días denunciando de manera personalizada que Sánchez ha abandonado a Ceuta, tras marcharse de vacaciones después de visitar la ciudad autónoma el 1 de agosto. En la Diputación Permanente de este miércoles, el órgano de trabajo del Parlamento que se suele forzar en verano para tratar asuntos en teoría de urgencia fuera del periodo normal de sesiones, la derecha y la ultraderecha agravaron esos ataques tras conocer que el presidente tiene previsto acudir este próximo fin de semana con su familia de asueto a Andorra.
Los populares habían registrado antes en la Diputación Permanente un debate específico sobre ese punto, que sí se produjo, pese a que la propuesta no llegó a votarse porque ya se había fijado la sesión a petición del propio Sánchez en la Junta de Portavoces. La discusión en cualquier caso se completó sobre el guion observado el día anterior ante la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. La portavoz popular, Ester Muñoz, reiteró el argumentario del PP sobre que, ante la que catalogan como la invasión que atacó la integridad territorial de España y ante el panorama que se tensa en Ceuta día a día, el Gobierno de Sánchez ni previó nada ni ha hecho nada después. Muñoz resumió lo que sufrió Ceuta aquella jornada como “el mayor fracaso de esta democracia” y volvió a enumerar las preguntas sin respuesta que le formuló ella a Robles el día anterior sobre las causas, inacción y descoordinación o caos entre los miembros del Gobierno.
Las explicaciones urgentes de Sánchez fueron consignadas por casi todos los demás partidos que fijaron posición, empezando por Ione Belarra, de Podemos, que acentuó mucho más su preocupación por el trato dispensado en esta crisis humanitaria a los migrantes llegados a Ceuta que sobre lo que sienten ahora los ceutíes. El PNV justificó su apoyo a esa presencia por “la trascendencia extraordinaria internacional” del conflicto en la frontera ceutí. Oskar Matute, de EH Bildu, quiso recordar el calado humanitario de las 140 muertes computadas. Teresa Jordá, de ERC, refrendó la necesidad de explicaciones, pero sobre todo pidió que éstas sean “útiles” y sirvan para que el presidente y los ministros respondan y no hagan como la jornada anterior la ministra Robles. Sumar arremetió contra la hipocresía del PP y sus olvidos. Y la portavoz de Vox, Pepa Millán, repitió que ante “la desaparición del estado de derecho” en el “asedio” a la ciudad por los migrantes, requieren el apoyo de diputados del PP para solicitar el juicio al presidente por traición.
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, desmontó con datos las “memeces, mentiras y bulos” con los que el PP y Vox remachan que Sánchez y los ministros han abandonado Ceuta. Y enumeró todas las visitas realizadas en estas semanas y recordó que con los ejecutivos populares se produjeron episodios tan dramáticos como las falsas repatriaciones de cadáveres del Yak 42, las manipulaciones del 11-M, la inacción de Carlos Mazón en la dana o los hilillos de plastilina con que Mariano Rajoy definió el desastre causado por el Prestige. “Chao pescao”, culminó Mínguez, en alusión a la expresión utilizada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para eludir las preguntas sobre el ático comprado por la Comunidad para sus actos de representación.
La Diputación Permanente sirvió, además, para alargarse durante casi cuatro horas sobre seis puntos en los que el PP exigía la presencia inmediata este mes de agosto de hasta cuatro ministros, dos de ellos vicepresidentes, para recuperar asuntos tan polémicos para el Gobierno y el PSOE como el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes aprobado y solicitado por más de medio millón de firmas en una Iniciativa Legislativa Popular apoyada por centenares de asociaciones, algunas de la Iglesia católica. No prosperó porque sumó 34 votos frente a 35 que la rechazaron.
PP, Vox y Junts se aliaron en considerar esa regularización como un “desastre” y “un efecto llamada” que ha desbordado las previsiones, por lo que piden que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acuda a la cámara. El Gobierno pensó que iban a producirse alrededor de medio millón de peticiones de regularización, pero han llegado 1,2 millones. La mayoría no se ha resuelto aún. PNV, EH Bildu, Sumar y PSOE desmontaron esa exigencia, porque Marlaska ya estará este viernes ante una comisión para hablar sobre Ceuta que se extenderá a otros asuntos, y en el caso de los partidos de izquierdas, porque entienden, como argumentó el diputado socialista inmigrante, Luc Andre Diouf, que la inmigración debe abordarse como una oportunidad de integración, crecimiento y avance del país.
El PP intentó, en esa estrategia de precipitar la exposición de los ministros en el Congreso, que Grande-Marlaska y Robles ―que, como se ha visto, tienen posiciones más que encontradas sobre Ceuta— acudieran a una comisión conjunta para enfrentarles públicamente en el Parlamento formalmente sobre una de las derivadas del caso cloacas del PSOE, el que afecta a la exmilitante Leire Díez y que mantiene imputados a la actual directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo de la Policía. Tampoco triunfó con el mismo resultado: 34-35. La representante de Junts, Marta Mádrenas, sí la respaldó con el objetivo de “no perder ninguna oportunidad de que se visualicen las pautas más corruptas del Estado y sus cloacas al servicio de los intereses partidistas”.
Los populares apuntaron al final hacia la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para citarla con el pretexto de los incendios de este verano y la decisión de prorrogar la vida de la central nuclear de Almaraz. Tampoco salió adelante, aunque algunos grupos aliados sí creen que habría que preparar debates serios, pero ordinarios, sobre temas tan candentes. En el último punto del día, el PP pidió que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, fuera ya a la cámara para indicar qué ha pasado con una nueva modificación del calendario de los fondos Next Generation. Esa urgencia tampoco funcionó.
