Junts, la hegemonía y el pragmatismo

El retorno de Puigdemont es un acicate para Junts, pero hay serias dudas de que sea suficiente para que el partido remonte en las encuestas, le dispute la primogenitura del independentismo a Esquerra y logre frenar la sangría que supone el ascenso de Aliança Catalana. El hecho que los de Sílvia Orriols no concurran a las próximas elecciones generales puede redundar en beneficio del partido del de Waterloo, aunque también puede favorecer a Vox o al PP. No hay que olvidar que, por ejemplo, el voto a Junts en las municipales en la zona alta de Barcelona –donde residirá Puigdemont– pasa en buena parte al partido de Feijóo en las generales. Y en ese mapa endemoniado de ultraderechistas, xenófobos e independentistas de orden en general queda mucho por escribir. Los comicios del próximo 29-N serán un banco de pruebas y Puigdemont puede comenzar su particular y publicitada randonnée para conocer –tal como avanzó– la realidad catalana con unas elecciones que no comprometen mucho a su formación.

La principal baza de Junts siempre ha sido su nacionalismo, que ha oscilado entre la izquierda y, en los últimos tiempos, su inquebrantable fidelidad a la patronal y a los grandes poderes hasta el punto de provocar la caída del Gobierno de Pedro Sánchez por los decretos de la vivienda. En ese contexto, es difícil imaginar el retorno, como recordaba Marc Rovira hace unos días en estas páginas, a proclamaciones unilaterales de independencia, aunque sean inferiores a los célebres ocho segundos de República Catalana. Pero no hay que descartar nada si el guion lo exige y la situación lo permite.

Junts acampa ahora con toda la impedimenta en los terrenos la derecha de toda la vida, a la búsqueda de la hegemonía perdida. La sociedad se ha movido hacia ahí y hay que explotar el filón. Los de Puigdemont ponen trabas a los derechos de los inmigrantes en los ayuntamientos, votan con PP y Vox contra las garantías a los arrendatarios, rechazan las tasas a los oligopolios eléctricos, piden la supresión de impuesto de sucesiones o la rebaja sustancial del IRPF. Se acabaron las épocas en que Junts se oponía a los desahucios por parte de los grandes tenedores o combatía la pobreza energética, como hicieron apoyando entusiastas la ley 24/2015, impulsada nada menos que por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Entonces había que reivindicar la justicia social y competir por el centroizquierda nacionalista.

Desde sus inicios, el agitado mundo pospujolista ha obtenido rentas políticas sobresalientes parasitando a otros partidos. Así, pactó con el PP presupuestos y recortes durante la primera presidencia de Artur Mas, en 2011 y 2012. Luego, hasta el 2016, hizo el gran salto adelante soberanista, que coincidió con el estallido de los casos de corrupción en Convergència y la disolución del histórico partido. La víctima fue Esquerra. Para no perder comba, volver a presidir la Generalitat y esconder unas siglas sinónimo de corrupción, los de Artur Mas arrastraron a la competencia política directa (ERC) a la coalición Junts pel Sí (2016-2017). Una aparente simbiosis. Mientras Esquerra estuvo de subalterna, la formación heredera de Convergència gobernó la Generalitat (2018-2020). Pero en 2021 cuando los republicanos obtuvieron más votos que Junts, las cosas cambiaron. Los de Puigdemont duraron un año en el Gobierno de Pere Aragonès (de mayo de 2021 a octubre de 2022).

Ahora, Junts sigue a la búsqueda de la hegemonía perdida con ese pragmatismo a ultranza, a veces desvergonzado, que da bandazos a uno y otro lado del espectro político. Siempre en nombre de la pureza del independentismo.