La Fiscalía pide al Supremo que permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ en las elecciones del 29 de noviembre

La Fiscalía ha reclamado al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del voto de los nacionalizados por la ley de nietos para las elecciones generales del 29 de noviembre. Fuentes fiscales señalan que el ministerio público ha planteado esta petición al considerar que, tras el adelanto electoral, hay “serias dificultades” para cumplir con la suspensión cautelar del sufragio decretada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado 8 de septiembre. La Fiscalía, además, reclama que la Sala de lo Contencioso-Administrativo ofrezca a los afectados la oportunidad de personarse en el procedimiento para que puedan defender sus intereses.

La Fiscalía se ha opuesto desde el principio a la suspensión cautelar del derecho al sufragio de miles de españoles que han obtenido la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática, que permite optar a la nacionalidad a los hijos y nietos del exilio. El Supremo suspendió ese derecho el pasado 8 de septiembre, cuando no había elecciones convocadas y pretendía dictar sentencia antes de los próximos comicios, una posibilidad que ahora es imposible por cuestión de plazos.

El mismo día del adelanto electoral, Vox y Iustitia reclamaron al tribunal medidas urgentes para garantizar que la suspensión del voto se aplique en las elecciones del 29 de noviembre y la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso, la encargada del caso, dio 48 horas a las partes para que se pronunciaran sobre esa petición y sobre si el tribunal debería emplazar a personarse en la causa a los miles de afectados, 163.020 según los datos de la Abogacía del Estado. El plazo se cumplió este jueves y la Fiscalía, según las fuentes consultadas, ha advertido al tribunal que la convocatoria electoral debería llevar a los jueces a replantearse su decisión. El ministerio público recuerda que el censo que se utiliza para estos comicios está cerrado a 1 de agosto, con mínimas posibilidades de modificación, mientras que la ejecución de la medida cautelar impuesta por la sala puede generar una “continua y progresiva suspensión de altas” en el censo desde este momento hasta el de las elecciones y con posterioridad.

Según la Fiscalía, esta nueva situación puede haber cambiado “el escenario de ponderación de intereses en conflicto” que deben tenerse en cuenta para adoptar medidas cautelares, por lo que el ministerio público pide que se “sopese la posibilidad de no llevar a cabo esas acciones de revisión del censo al menos durante este proceso electoral”.