De manera demostrativa, las autoridades rusas intensificaron este lunes la represión contra Yábloko, el único partido pacifista registrado en el país, mediante dos severas sentencias judiciales que suponen un duro golpe para esta formación moderada y humanista fundada en 1993 y también una advertencia para quienes se oponen públicamente a la guerra contra Ucrania. Las decisiones judiciales de ayer indican que Rusia mantiene su línea dura en lo que se refiere al fin de las hostilidades.
El político Lev Schlosberg, del partido Yábloko, condenado a 11 años de cárcel por manifestarse contra la guerra
De manera demostrativa, las autoridades rusas intensificaron este lunes la represión contra Yábloko, el único partido pacifista registrado en el país, mediante dos severas sentencias judiciales que suponen un duro golpe para esta formación moderada y humanista fundada en 1993 y también una advertencia para quienes se oponen públicamente a la guerra contra Ucrania. Las decisiones judiciales de ayer indican que Rusia mantiene su línea dura en lo que se refiere al fin de las hostilidades.
Por una parte, en Moscú, una cámara de apelación del Tribunal Supremo confirmó la sentencia, ya dictada por el alto tribunal el 10 de agosto, que excluía a Yábloko de los comicios parlamentarios del próximo septiembre. El partido, sin representación en la Duma Estatal (Cámara baja del Parlamento ruso) desde 2003, ya había recibido el visto bueno de la Comisión Electoral Central pero, tras su registro, su popularidad comenzó a crecer en las encuestas. Como resultado de la denuncia de un contrincante electoral (el partido Ródina), las autoridades rusas reconsideraron la decisión de permitirle competir con otras diez fuerzas, todas las cuales aprueban el rumbo militarista del Kremlin. Entre los motivos por los que Yábloko ha sido excluido está el haber transgredido la legislación sobre derechos de autor, al reproducir unas estrofas de una popular canción soviética.
Por otra parte, un tribunal municipal en la ciudad de Pskov (a 730 kilómetros al noroeste de Moscú) condenó el lunes a once años y un mes de prisión a Lev Schlosberg, de 63 años, periodista, historiador y vicepresidente de Yábloko. Schlosberg, que fue un brillante parlamentario en el parlamento regional de Pskov, fue declarado culpable de “desacreditar repetidamente al Ejército” y también de difundir bulos sobre esta institución. Los hechos por los que le han juzgado son, por una parte, la difusión de una caricatura aparecida en el diario británico Daily Mail en la que se representaba al presidente Vladímir Putin asiendo a una mujer ensangrentada (supuestamente Ucrania) con el lema “La sangre de ella; las manos de él”. Además, Schlosberg fue declarado culpable de haberse manifestado a favor del alto el fuego y de negociaciones inmediatas para concluir con el derramamiento de sangre y la guerra en Ucrania, durante un debate radiofónico. Se da la circunstancia de que la caricatura apareció antes de que entraran en vigor, en marzo de 2022, las enmiendas legislativas que permiten al aparato de Justicia ruso castigar las manifestaciones pacifistas con penas administrativas y de prisión.
En Moscú, durante la apelación en el Tribunal Supremo la policía dispersó a jóvenes que se habían concentrado en la calle en espera del veredicto definitivo. A lo largo de la jornada, se practicaron unas 70 detenciones, según datos de Yábloko.
En Pskov, la sentencia contra Schlosberg fue recibida con gritos de “vergüenza”, “vergüenza”. El presidente de Yábloko, Nikolái Ribakov, y el fundador del partido, Grigori Yavlinski, consideraron la decisión judicial como “la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna”. Desde Francia, adonde huyó recientemente, el político ruso Boris Nadezhdin ha dicho que “muchos asesinos y violadores reciben sentencias más cortas”. Nadezhdin, que ha sido declarado “agente extranjero” y privado así de la posibilidad de competir en las legislativas (por distrito mayoritario) no consiguió registrarse como candidato a la presidencia del Estado en enero de 2024 pese a las multitudes que lo apoyaban.
El caso de Yábloko repite pautas que se dieron en el caso de Nadezhdin, a saber, el reflejo hostil de la Administración rusa cuando un contrincante aceptado inicialmente como inofensivo pasa a ser percibido como un peligro por quienes controlan hoy el Estado. En ambos casos hay que deslindar el miedo a perder el control y a correr riesgos de los poderosos y el peligro real que para ellos representan quienes los desafían.
Las últimas palabras de Schlosberg ante el tribunal que le juzgaba el pasado viernes, fueron un alegato a favor del alto el fuego inmediato y del inicio de negociaciones en la guerra contra Ucrania. Sus palabras fueron también la denuncia de un sistema donde los órganos de seguridad han tomado el poder y recurren a leyes anticonstitucionales para mantenerlo y para reprimir la disidencia pacífica y sembrar el miedo en la sociedad, incluidos los jueces. “Desde 2021, los organismos de seguridad del país han recibido de hecho las competencias del poder político, lo que ha provocado un fuerte aumento de la anarquía, la ausencia de garantías legales y la arbitrariedad”, dijo. “La entrega de poder político a las fuerzas de seguridad y su derecho de hecho a tomar decisiones políticas han privado a los tribunales rusos de su independencia”, agregó. “Privar a los tribunales de su independencia lleva a la destrucción del poder judicial como rama suprema del poder”, sentenció el acusado, que era interrumpido una y otra vez por la presidenta del tribunal, Victoria Maliamova, quien intentaba impedirle que hablara de la guerra y transformara el juicio en un alegato contra el sistema dirigido por Vladímir Putin y contra el tribunal que le juzgaba, en tanto que parte de ese sistema.
Según Schlosberg, nunca en toda la época postsoviética en Rusia la “ley” y el “derecho” habían estado tan distanciados como hoy y las leyes se han convertido en “armas para la persecución ilegal de los ciudadanos por parte del Estado”. “Las leyes ilegales destruyen el Estado más deprisa que la corrosión destruye el metal”. “Nos encontramos en un proceso político incoado contra mí por encargo de personas que tienen poder político y que actúan por motivaciones personales, políticas, ideológicas y cuyo fin es acabar con mi actividad política en interés de los ciudadanos de Rusia y de nuestro mismo Estado”, señaló, para concluir que “este no es un asunto del tribunal municipal de Pskov o de los tribunales regionales de Pskov, sino un proceso penal político de toda Rusia que indicará en qué dirección se mueve Rusia como país en el futuro próximo”.
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